Jéssica Odily Flores García

Expediente 908/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
908/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2019

Partes del expediente

  • Jéssica Odily Flores García

Actuaciones

  1. Principal

    II)Toluca, Estado de México; veinticinco de julio de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de quince de julio de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, dese vista a la parte quejosa para que, dentro del plazo de noventa días, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que adjuntó a su escrito de demanda; para lo cual se deberá dejar en su lugar copia certificada por el Secretario de este Juzgado; asimismo, quien comparezca a recogerlos, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para debida constancia legal. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de julio de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Jessica Odily Flores Gracia, por derecho propio, contra actos del Director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Calimaya, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 908/2019-II. Desechamiento. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: [...] De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Máxime que el suscrito tiene a la vista las constancias emitidas en el procedimiento administrativo que se tramita bajo el expediente DDE/005/2019, en contra de Leonides García González propietario y/o poseedor, y/o representante legal del establecimiento comercial con razón socia "Mina San José", ubicado en las inmediaciones de la localidad de Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, Estado de México, respecto del cual, la quejosa se ostenta como tercero extraña por equiparación. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: [...] Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y su anexo, se obtiene que la impetrante reclama el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que se tramita bajo el expediente DDE/005/2019, en contra de Leonides García González, respecto del cual se ostenta como tercero extraña por equiparación, así como el cumplimiento y ejecución de dicho procedimiento. Procedimiento respecto de la cual, el presente juicio es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia que establece el artículos 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refieren: [...] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley; (...)". [...] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [...] Del contenido de los artículos trascritos deriva que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, lo cual constituye uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, que se traduce en que éste debe instarse a petición de quien resulte lesionado en sus derechos humanos. Por eso, se promoverá por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. En ese orden de ideas, para que una persona se encuentre legitimada para instar la acción constitucional, deberá justificar que es titular de un derecho o de un interés legítimo, según sea el caso, además que con motivo de ello exista una afectación real y actual. De lo contrario, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. Cabe destacar que existe una estrecha vinculación del interés jurídico con la legitimación, pues el medio de control constitucional puede promoverlo la persona que se vea afectada por la norma o el acto, siempre y cuando exista una afectación real y actual a un derecho o interés, la cual debe ser personal y directa. Apoya lo anterior, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia visible en la página 135, Volumen 199-204, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: [...] Así como la tesis aislada, visible en la página ciento veintitrés, Séptima Época, Volumen 97-102, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el mismo órgano supremo, de texto siguiente: [...] De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que se tenga por acreditado el interés jurídico de la parte promovente, pues para ello es necesario que se demuestre que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Sobre el particular, es aplicable el criterio jurisprudencial 3a./J. 28/90, Octava Época, visible en la página doscientos treinta, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: [...] Así como la jurisprudencia P./J. 50/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, registro 2007921, que indica: [...] Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Tales elementos son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En este sentido, la procedencia requiere además de la demostración de un acto de autoridad posiblemente violatorio de algún derecho, que produzca una afectación real, actual, personal y directa, así como que el peticionario sea titular de ese derecho que según él se pudiera ver afectado por aquél. Esto implica, que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. En este orden de ideas es dable concluir que si bien la agraviada está legitimada para instar la presente acción constitucional porque aun cuando el procedimiento administrativo reclamado (DDE/005/2019), hasta este momento no está dirigido directamente a su persona, según se advierte de las documentales que anexa, en las cuales se observa que la orden de verificación se dirigió a Leonides García González propietario y/o poseedor; lo cierto es que también establece: "y/o representante legal del establecimiento comercial con razón socia "Mina San José", ubicado en las inmediaciones de la localidad de Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, Estado de México.". Destacando que la quejosa exhibe un documento en el que se aprecia que le fue expedida una autorización condicionada en materia de impacto ambiental, personal e intransferible, respecto del proyecto denominado "Mina de San José", consistente en la extracción de tepojal, tepetate, arena y grava, con coordenadas centrales UTM 431,751 E. y 2,118,104 N. (sistema de referencia WGS84), ubicado en las inmediaciones de la localidad de Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, Estado de México, por una vigencia de seis meses prorrogables. Sin embargo, hasta este estadio procesal, dicho procedimiento administrativo no le causa un agravio personal y directo, que se estime pudiese afectar de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, en su perjuicio. Ello es así porque de las documentales anexas al escrito de demanda, consistente en la copia al carbón del acta de visita de verificación, derivada del procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que se tramita bajo el expediente DDE/005/2019, en contra de Leonides García González propietario y/o poseedor, y/o representante legal del establecimiento comercial con razón socia "Mina San José", ubicado en las inmediaciones de la localidad de Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, Estado de México, se obtiene que el referido procedimiento aún está en trámite. Sin que se aprecie alguna actuación en concreto que le depare un agravio personal y directo, tan es así que incluso en la referida vista de verificación, se asentó que la dueña del establecimiento era precisamente la quejosa Jessica Odily Flores García, a quien, de conformidad con el artículo 128 fracción X, se le concedió un plazo de tres días siguientes a la fecha en que se efectuó esa diligencia, para que exhibiera la documentación referida en la orden respectiva que también anexa en original, la cual, si bien contiene diversos apercibimientos para el caso de incumplimiento; lo cierto es que ello dependerá de la conducta que la propia quejosa, decida asumir al respecto. Razón por la cual, es dable concluir que hasta este estadio procesal y conforme a las documentales que la propia quejosa adjuntó, el procedimiento administrativo que reclama e incluso la visita de verificación ya efectuada, por sí mismos, no le causan una afectación real, actual, personal y directa, en su esfera jurídica en la medida que solo se trata de diligencias previas respecto del procedimiento administrativo que se tramita bajo el expediente DDE/005/2019, en contra de Leonides García González propietario y/o poseedor, y/o representante legal del establecimiento comercial con razón socia "Mina San José", ubicado en las inmediaciones de la localidad de Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, Estado de México, máxime que a la fecha no existe una resolución o acto administrativo definitivo que le depare perjuicio. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, al existir disposición expresa que delimita la procedencia del juicio de amparo, en cuanto a los actos de autoridad que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados y no encuadrar el acto reclamado en alguno de esos supuestos. Cabe destacar que de conformidad con la codificación citada en las documentales que la propia quejosa exhibió, se aprecia que el procedimiento administrativo que se sigue ante la responsable, constituye una serie de trámites que realizan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública estatal o municipal, con la finalidad de producir y, en su caso, ejecutar un acto administrativo; el cual será en determinado momento el que podrá causar algún tipo de afectación a la impetrante, pero no así la primera actuación dictada en él, dirigida a su persona. Máxime que en el supuesto sin conceder que ese procedimiento concluyera con un acto administrativo contrario a sus intereses; estará en aptitud de controvertirlo ante la propia autoridad que instaura el procedimiento DDE/005/2019, a través del recurso administrativo de inconformidad, o bien mediante el juicio contencioso administrativo, que prevén los artículo 186, 187 y 229 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, los cuales establecen lo siguiente: [...] Es oportuna referir que si bien el recurso de inconformidad ante la propia autoridad es opcional, respecto del juicio contencioso administrativo existe jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa de este Circuito Judicial, en la que se definió que dicho ordenamiento no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, que los previsto en la Ley de Amparo y, por tanto, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional. Dicho criterio está localizable en la Décima Época, Registro: 2010436, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: PC.II.A. J/3 A (10a.), Página: 2936, con el rubro y texto siguientes: [...] Sin que pase inadvertido para el suscrito que la quejosa afirme tener el carácter de tercero extraña por equiparación al referido procedimiento, toda vez que al resolver la Contradicción de tesis 401/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que carecía de ese carácter quien tuvo conocimiento del procedimiento natural seguido en su contra, antes de la emisión de la sentencia, como en el particular acontece respecto del procedimiento administrativo en comento. En este orden de ideas, si la quejosa es sabedora del procedimiento que se instruye al propietario y/o poseedor, y/o representante legal del establecimiento comercial con razón social "Mina San José", ubicado en las inmediaciones de la localidad de Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, Estado de México, respecto de la cual tiene una autorización condicionada en materia de impacto ambiental, personal e intransferible, por una vigencia de seis meses prorrogables; y, dicho procedimiento se encuentra en trámite; entonces, está en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa. Razón por la cual, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo anterior, que actualmente está contenido en la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo que además es acorde con la Jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), localizable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Constitucional, Tesis: 2a./J. 47/2011 (10a.), Página: 1627, de rubro y texto siguientes: [...] El énfasis es nuestro En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista conforme al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, párrafo primero, 6 y en relación al diverso 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar la presente demanda de amparo promovida por Jessica Odily Flores García, por derecho propio. Domicilio. En términos del artículo 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de su demanda. Autorizados. En otro orden, en atención a la certificación de cuenta y por encontrase registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Sánchez García y, a la restante persona que refiere se tiene por autorizada de conformidad con la parte final del párrafo segundo del citado precepto legal. Habilitación días y horas inhábiles. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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