Jessica Karen Ramírez Martínez
Expediente 223/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 223/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2017
Partes del expediente
- Jessica Karen Ramírez Martínez
Actuaciones
- Principal
VIII. Visto el oficio de cuenta signado por el Administrador de la Administración Regional en Toluca, Estado de México del Consejo de la Judicatura Federal, en atención a los requerimientos formulados en auto cuatro, dieciocho y veintinueve de noviembre, ocho de diciembre de dos mil dieciséis y nueve de enero pasado y exhibe las publicaciones de los edictos en el Diario Oficial de la Federación de trece y veintitrés de febrero, así como el siete de los actuales, asimismo informa que dichas publicaciones están disponibles para su consulta en la página de Internet del periódico Excelsior, así como en el Diario Oficial de la Federación de lo que se toma conocimiento. En atención a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2°., de la Ley de Amparo, se tiene a la parte tercera interesada María Guadalupe González Rodríguez, en su carácter de concubina de Venancio Jauregui Zavala, por notificada de la radicación del presente juicio de amparo y se le concede, el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente hábil al de la última publicación de los edictos referidos en líneas que anteceden, para que comparezca y se apersone al presente juicio de amparo para los efectos legales que a su interés convenga; en la inteligencia que de no hacerlo, se continuará con la prosecución del presente juicio constitucional y las notificaciones, aún las de carácter personal, se le hará por medio de lista que se fije en este juzgado de Distrito. Finalmente, se ordena fijar en la puerta de este órgano jurisdiccional una copia del edicto para los efectos legales conducentes, el cual durará hasta que concluya el plazo de los treinta días antes señalados.
- Principal
VIII. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales correspondientes, los oficios signados por la Presidenta de la Junta Especial Número "1", con residencia en esta ciudad, mediante el cual, con el citado en primer lugar, remite copia certificada del acuerdo de trece de febrero de dos mil diecisiete y constancia de emplazamiento al juicio de amparo del tercero interesado ATENTO SERVICIOS, sociedad anónima de capital variable; y, con el referido en segundo término, rinde informe justificado. Asimismo, a las constancias remitidas se les otorga valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2. Y sirve de soporte a lo anterior la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, este juzgador advierte una causa de improcedencia en el presente asunto, con independencia de que las propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así, este resolutor federal estima que se actualiza la causa de improcedencia invocada por la responsable prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.).". Del precepto reproducido se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando las consecuencias del acto reclamado, causantes de un perjuicio a la esfera jurídica del gobernado, han desparecido, es decir, que se haya extinguido el motivo que originó la transgresión a los derechos de una persona, en virtud de que la autoridad responsable revocó o derogó aquél, volviendo las cosas al estado que tenían antes de esa violación. Ahora, se sostiene la improcedencia del juicio en virtud de que, el quejoso hace consistir el acto reclamado en la omisión para emitir la resolución correspondiente en el expediente laboral J.1/336/2015, dado que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis turnó los autos a dictamen y hasta el nueve de febrero de dos mil diecisiete no lo ha hecho, circunstancia que vulnera en su perjuicio el contenido del artículo 887 de la Ley Federal del Trabajo, debido a que transcurrió con exceso el término de diez días que tenía para pronunciarse en el expediente laboral; por ende, si la Junta responsable, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, en atención al oficio 4336/2017 de diez del propio mes y año citados, a través del cual este Órgano Jurisdiccional hizo de su conocimiento que Jessica Karen Ramírez Martínez promovió juicio de amparo en su contra por la omisión ahí precisada; rindió informe justificado en el que hace del conocimiento que en esa misma data resolvió en definitiva los autos del expediente laboral citado al inicio del presente párrafo, de ahí que resulta inconcuso que la omisión de la que se dolía el impetrante, ha dejado de existir. En efecto, si se ha dictado sentencia definitiva respecto de la cual la quejosa alegaba omisión por parte de la responsable, es de estimarse que en la especie ha operado una cesación de efectos de los actos reclamados, pues la omisión ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y además no marcó la esfera jurídica del particular para que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es de aplicarse al caso, la Tesis II. 1o. C. T. 217 K, visible en la página 313 del Tomo XIV, Octubre de 1994, Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Así mismo, se aplica la Tesis: 2a./J. 59/99, que aparece publica a foja 38 del Tomo IX, Junio de 1999, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, al hacerse evidente la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, a cuya consecuencia, y atento a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V del mismo ordenamiento, procede sobreseer en el presente juicio de amparo biinstancial. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional prevista para su celebración a las diez horas con treinta minutos del trece de marzo de dos mil diecisiete.
- Principal
VIII. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Jessica Karen Ramírez Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 223/2017-VIII; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1°, párrafo primero, 35, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, vigente, se admite a trámite la demanda de amparo de referencia. Intervención del Ministerio Público. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde por lista el presente acuerdo. Apertura del incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión, pues la parte inconforme no lo solicitó expresamente. Requerimiento de informe justificado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase el informe justificado a la responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación. Señalamiento de audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 115 de la Legislación aplicable, se fijan las diez horas con treinta minutos del trece de marzo dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Requerimiento de constancias. De acuerdo a lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Causales de improcedencia. Como lo previene los artículos 61, 62 y 64 del Ordenamiento legal invocado, requiérasele para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado. Prevención de autoridades inexistentes. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que la autoridad señalada como responsable, no exista con la denominación que indica en su demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se le tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirá comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Autorizados. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Julio Iván Ramírez Muñoz y a Enrique Ramírez Muñoz, Oscar Ramírez Nava y Enrique Ramírez Rojas únicamente para los efectos de la última parte del párrafo segundo del citado precepto legal, es decir, para oír y recibir notificaciones y documentos, porque no tienen registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Domicilio. Asimismo, con apoyo en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. Habilitación de días y horas inhábiles. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este Juicio de Garantías; de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Tercero interesado. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se advierte que le asiste el carácter de tercero interesado a Atento Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable. Atento a lo anterior, se ordena su emplazamiento por conducto de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, para lo cual remítase copia simple de la demanda y del presente proveído. Asimismo, deberá hacerle saber por ese medio al tercero interesado de referencia la instauración del presente juicio, el derecho que tiene para apersonarse al mismo y la fecha que se señaló para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con treinta minutos del trece de marzo dos mil diecisiete). De la misma forma, lo requiera para que dentro del plazo de tres días, legalmente computados, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aún los de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en lugar visible de este juzgado, acorde lo previsto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Se invoca por analogía, pues sirve de apoyo a lo anterior lo dispuesto por la tesis II.1o.C.3 K (10a.), con número de registro 2006353, visible en la página 1989, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, Materia Común, que establece: "DOMICILIO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LA INTERPRETACIÓN PROGRESIVA DE SU CONCEPTO, PERMITE COMPRENDER LAS LISTAS Y BOLETINES JUDICIALES, CUANDO UNA DE LAS PARTES (TERCERO INTERESADO) EXPRESAMENTE SEÑALA ESE SITIO CON TAL PROPÓSITO. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, tratándose de la primera notificación al tercero interesado, cuando no conste en autos su domicilio o el señalado es inexacto, siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Ahora bien, si aquél, en lugar de un inmueble que constituyera una casa, despacho u oficina, señala expresamente para recibir notificaciones las listas o el boletín del tribunal responsable, para efectos del juicio de amparo, esa publicación responde al concepto de domicilio, no sólo porque la parte interesada expresa su deseo de que ahí quiere ser notificada, y entonces asume el deber de velar por las determinaciones que en esos instrumentos se publiciten, sino porque dado el avance de la informática en el sistema de justicia, esos boletines o las propias listas de acuerdos de los órganos jurisdiccionales, suelen ser publicadas electrónicamente en los portales o direcciones de internet, lo que facilita su consulta sin necesidad de acudir a la sede del órgano. De ahí que, una interpretación progresiva del concepto domicilio para recibir notificaciones, no debe limitarse a una edificación material, sino también comprender las propias listas o boletines judiciales, cuando una de las partes expresamente señala ese sitio con tal propósito, pues de esta manera se da coherencia a la norma que busca la agilidad en la impartición de justicia desde el momento en que previene que en estos casos, las notificaciones se hagan en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen." Se requiere a la Junta responsable para que en el plazo de tres días computados legalmente, remita las constancias que acrediten el emplazamiento de la parte tercero interesada, con el apercibimiento que de no hacerlo, será acreedor a una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declararan reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, conforme al artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de amparo. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al tercero interesado por conducto de la responsable. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Víctor Manuel Rendón Sosa que autoriza, firma y da fe.
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