Jessica Alejandra Mendoza Zepeda

Expediente 945/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
945/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Jessica Alejandra Mendoza Zepeda
  • Manuel Meza Cazares
  • MANUEL MEZA CAZARES y Otros.
  • JESSICA ALEJANDRA MENDOZA ZEPEDA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la agente del ministerio público de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, Fiscalía "B" de esta ciudad, a través del cual en atención al requerimiento formulado el once de octubre del año en curso, remite un legajo de copias autenticadas de la carpeta de investigación ********************. En ese tenor, con apoyo en el párrafo segundo del artículo 119, en correlación con el numeral 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la documental en comento, con la que se da vista a las partes para que se impongan de su contenido. MEDIOS DE CONTACTO Asimismo, la autoridad referida proporcionó un correo electrónico, el cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, del legajo de copias autenticadas relativas a la indagatoria de que deriva el acto reclamado, las cuales tienen eficacia probatoria plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones; se advierte que la autoridad responsable el nueve de octubre de octubre del año en curso, dentro de la carpeta de investigación ******************** recabó la entrevista del adolescente aquí quejoso, quien estuvo acompañado de su defensor particular, teniendo acceso a los registros de la indagatoria seguida en su contra, asimismo, en la propia diligencia se autorizaron las copias simples solicitadas por la defensa. Lo cual es jurídicamente relevante en el presente juicio constitucional, pues de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, se aprecia que el acto que reclama en esta vía, consiste en: La negativa verbal de entregar copias de la carpeta de investigación ******************** del índice de la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes de esta ciudad. En esas condiciones, se pone de relieve que han cesado los efectos de dicho acto reclamado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: ". El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La porción normativa transcrita prevé como causal de improcedencia de la acción constitucional, la de cesación de efectos, que se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo que en términos de la fracción XXI del artículo 61 del ordenamiento legal en comento, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, es importante acotar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. De ahí que sea posible colegir, a partir de una interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la ley de la materia, que la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo expuesto, es patente que se actualiza la causal de improcedencia referida, porque como se puso de relieve en párrafos que anteceden, de la documental proporcionada por la autoridad oficiante cuyo valor y alcance probatorio quedó previamente definido, se desprende la entrevista recabada al adolescente ahora quejoso, el nueve de octubre de dos mil veintitrés, quien estuvo acompañado de su defensor particular, obteniendo acceso a los registros de la indagatoria seguida en su contra, asimismo, en la propia diligencia se autorizaron las copias simples solicitadas por la defensa. Consecuentemente, se pone de manifiesto que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que desapareció y se destruyó en forma total la conducta que se reprochó a la autoridad responsable, al restablecerse a la parte quejosa, el pleno goce de su garantía violada, tal como si le hubiere sido concedida la protección constitucional solicitada, en el caso, con el acceso a los registros de la carpeta de investigación, así como la autorización de las copias simples solicitadas. Lo anterior, entraña la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, acorde con el artículo 77 de la ley de la materia, como es el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por los motivos expuestos. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que sea necesario esperar hasta la audiencia constitucional, en tanto que no variaría el sentido; ello, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y al fiscal adscrito a este juzgado.

  2. Incidental

    16/10/2023 ÚNICO. Se niega a *** la suspensión definitiva.

  3. Principal

    El auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés ha causado estado.

  4. Principal

    Se tienen por rendidos los informes justificados requeridos a diversas autoridades responsables, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido. MEDIOS DE CONTACTO Asimismo, la responsable proporcionó un correo electrónico, el cual constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente.

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