Jeri Santibañez Leon
Expediente 486/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jeri Santibañez Leon
- JERI SANTIBAÑEZ LEON y Otros.
- Juez Tercero Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Incidental
Irapuato, Guanajuato, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, el veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se declaró cumplido el fallo protector y se ordenó su archivo como totalmente concluido. Por tanto, resulta innecesaria la retención del billete de depósito *****, expedido por Banco del Bienestar, Institución de Banca de Desarrollo, valioso por la cantidad de ***** (*****), que exhibió la parte quejosa para garantizar la suspensión provisional. Por tanto, se pone a disposición del quejoso, para lo cual deberá comparecer de manera personal a fin de recibirlo, previa identificación oficial y razón que conste en autos. Se hace de su conocimiento que, a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, cuenta con el término de dos años para que comparezca ante el personal actuante de este Juzgado, para que se le haga entrega de dicho título de crédito; apercibido que de no hacerlo, se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 50, párrafo primero, de la Ley de Tesorería de la Federación, que prevé: "Artículo 50. Los depósitos al cuidado o constituidos ante la Tesorería a que se refiere el artículo 29 de esta Ley, inclusive los rendimientos que en su caso generen, prescribirán a favor del erario federal en el plazo de dos años, contados a partir de la fecha en que pudo ser exigida jurídicamente su devolución o entrega por el depositante o por sus legítimos beneficiarios. (.)" En el entendido que la entrega se realizará únicamente los días martes en un horario de las 13:00 a las 14:00 horas. Luego, a fin de que se puedan realizar los trámites necesarios para el endoso correspondiente, una vez obtenida la cita a que se hizo referencia, deberá comunicarse con cuando, con tres días de anticipación al teléfono 462 123 9428, en donde deberá indicar el número del presente incidente, fecha y hora de su cita, en el entendido que puede acudir a recoger el billete la persona facultada para ello, debidamente identificada con documento oficial (pasaporte, credencial para votar, cédula profesional), el cual se entregará debidamente endosado a favor del depositante, (quejoso), una vez que obre la razón respectiva en autos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, once de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite copia de las constancias con las que aduce demostrarlo. En tales condiciones, con copia del oficio de cuenta y sus anexos, córrase traslado a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informa la referida autoridad; apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE ***, EL PROVEÍDO DICTADO EL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL DICE: Irapuato, Guanajuato, once de noviembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remite copia de las constancias con las que aduce demostrarlo. En tales condiciones, con copia del oficio de cuenta y sus anexos, córrase traslado a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informa la referida autoridad; apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Sin que sea necesario realizar el cómputo correspondiente a la responsable, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión; de conformidad con la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 183709 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Julio de 2003 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/2003 Página: 23 "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. En el fallo protector se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable: "a) Deje subsistente el emplazamiento y todas sus consecuencias jurídicas, incluida la sentencia definitiva y su ejecución, emitidos dentro del juicio ordinario mercantil ***** de origen, por lo que respecta a la empresa demandada *****; b) Reponga el juicio ordinario mercantil ***** de origen, únicamente por lo que respecta a dar oportunidad de que el impetrante *****, sea integrado a dicho procedimiento, c) Hecho lo anterior, requiera a la parte actora dentro de juicio ordinario mercantil *****, a fin de manifieste si es su deseo llamar a juicio o ampliar su demanda respecto del aquí quejoso ***** en su carácter de adquirente de buena fe del bien inmueble en litigio, así como para que manifieste lo que a su interés jurídico corresponda respecto de la empresa *****, a quien dicho impetrante arrendó el bien raíz en comento; d) Con libertad de jurisdicción, siga el trámite legal conducente y, en el momento procesal oportuno, resuelva lo que estime pertinente." En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin que pase desapercibido que en la sentencia se refirió que el Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Irapuato, Guanajuato, debía dar cumplimiento a la ejecutoria, sin embargo, se trata de un error mecanográfico, pues de autos se aprecia que a quien corresponde dicho cumplimiento es a la responsable Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se les impondrá a cada uno, una multa equivalente a cien veces de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Civil en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, el Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la tesis P. LVIII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, número de registro 165779, página 12, de rubro y texto: "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores -cualquiera que sea su tipo- llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola". Por otra parte, devuélvase al Juzgado Tercero Civil del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, la copia certificada del expediente *****, en un tomo, que remitió al presente juicio, como apoyo a su informe justificado. Asimismo, devuélvanse al Juzgado Único Menor Mixto de Abasolo, Guanajuato, las copias certificadas de las requisitorias ***** y *****, de su índice cada una, en un tomo, por resultar innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y vía electrónica a la fiscal adscrita.
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