Jessica Aguila Tzompantzi

Expediente 742/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 17 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
742/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
12/11/2019

Partes del expediente

  • Jessica Aguila Tzompantzi
  • Jueces que Integran el Sistema de Justicia Penal Oral y Adversarial del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, doce de noviembre de dos mil diecinueve. Autoridad informa. Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito este Órgano jurisdiccional; por el cual informa, que el nueve de octubre del año en curso, remitió las copias certificadas del juicio de amparo que se provee, al Subdelegado en Funciones de Fiscal Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General de la Republica y encargado de la coordinación de amparos, lo anterior a efecto de que se dé inicio a la Carpeta de Investigación correspondiente por el Agente del Ministerio Público de la Federación Mesa de UNAI en turno, mismo que le corresponde el número de Carpeta de Investigación FED/TLAX/DEL TLAX/0001068/2019. De lo cual queda enterado este juzgado, tomando en cuenta que en proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve (foja 62) se ordenó dar vista a esa autoridad ministerial con la discrepancia de firmas en el presente asunto.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 46 a 50), en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena el archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez que transcurra el plazo de cinco años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el original del incidente de suspensión deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Incidente de suspensión Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese copia certificada de este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales ni billetes de depósito al no obrar éstos en autos.

  3. Principal

    Agréguese a los autos la diligencia de ratificación de cuatro de octubre del año en curso, a través de la cual, la quejosa ratifica el escrito presentado el uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 53), en el que solicita copias certificadas de todo lo actuado dentro del presente asunto. Así, atento a que la firma que calza la demanda de amparo y la estampada en el escrito a través del cual se solicitan copias, difieren notablemente, no ha lugar a expedir las copias que solicita; ahora, no se ordena abrir incidente de falsedad de documentos, -el cual tiene como propósito dilucidar si un documento es falso, esto es, que no es auténtico porque, entre otras cosas, las firmas no sean de las personas a quien se dicen pertenecer-, pues ello implica el trámite y desahogo de pruebas periciales que no es factible, dado que el expediente en que se actúa, se encuentra concluido. Sin embargo, la discrepancia de firmas da lugar a una conducta que probablemente podría constituir el delito previsto y sancionado en el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, por parte de la quejosa, y que en todo caso, corresponderá al Agente del Ministerio Público de la Federación competente investigar y, de estimarlo procedente, ejercer la acción penal respectiva por el delito o delitos que considere se cometieron. Por tanto, ante la posible comisión de una conducta antisocial, con copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, dese vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, para que éste a su vez, remita las aludidas constancias al agente investigador que corresponda, para que, conforme a sus facultades legales incoe, de estimarlo necesario, la averiguación previa correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato.".

  4. Incidental

    Agréguese a los autos la diligencia de ratificación de cuatro de octubre del año en curso, a través de la cual, la quejosa ratifica el escrito presentado el uno de octubre de dos mil diecinueve (foja 42), en el que solicita copias certificadas de todo lo actuado dentro del presente asunto. Así, atento a que la firma que calza la demanda de amparo y la estampada en el escrito a través del cual se solicitan copias, difieren notablemente, no ha lugar a expedir las copias que solicita; ahora, no se ordena abrir incidente de falsedad de documentos, -el cual tiene como propósito dilucidar si un documento es falso, esto es, que no es auténtico porque, entre otras cosas, las firmas no sean de las personas a quien se dicen pertenecer-, pues ello implica el trámite y desahogo de pruebas periciales que no es factible, dado que el expediente en que se actúa, se encuentra concluido. Sin embargo, la discrepancia de firmas da lugar a una conducta que probablemente podría constituir el delito previsto y sancionado en el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo, por parte de la quejosa, y que en todo caso, corresponderá al Agente del Ministerio Público de la Federación competente investigar y, de estimarlo procedente, ejercer la acción penal respectiva por el delito o delitos que considere se cometieron. Por tanto, ante la posible comisión de una conducta antisocial, con copia certificada de todo lo actuado en el presente incidente de suspensión, dese vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción, para que éste a su vez, remita las aludidas constancias al agente investigador que corresponda, para que, conforme a sus facultades legales incoe, de estimarlo necesario, la averiguación previa correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título y contenido es: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato.".

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