Jeronimo Cuamatzi Cocoletzi
Expediente 478/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 478/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jeronimo Cuamatzi Cocoletzi
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado de este Circuito Judicial, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 478/2018-V, promovido por Jerónimo Cuamatzi Cocoletzi, Pablo Elías Romano Hernández y Regino Mazatzi Muñoz, y remite copia certificada de la resolución dictada en el recurso de queja 80/2018 de su índice, cuyos puntos resolutivos señalan: "PRIMERO. Se confirma el auto recurrido. SEGUNDO. Se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Jerónimo Cuamatzi Cocoletzi, Pablo Elías Romano Hernández y Regino Mazatzi Muñoz, en contra del acto reclamado de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, consistente en el acuerdo de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, emitido dentro del toca 420/2017.". En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 478/2018-V, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio 7007 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que remitió el juicio de amparo directo 331/2018 de su índice y solicitó el acuse de recibo correspondiente; sin embargo, de autos se desprende que no se expidió el oficio relativo. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones se ordena acusar recibo del citado oficio al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito.
- Principal
Visto el escrito signado por Jerónimo Cuamatzi Cocoletzi, Pablo Elías Romano Hernández y Regino Mazatzi Muñoz; en atención a su contenido, se les tiene interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de mayo del año en curso (fojas 38 a 51), mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito y, por ende, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja, sin que haya lugar a distribuir copias entre las partes, ya que no han sido emplazadas dado el desechamiento de la demanda; manifestando en vía de informe que es cierto el acto impugnado. Por tanto, con diversa copia del escrito de recurso de queja, fórmese el cuaderno de antecedentes relativo al presente asunto; una vez notificado el presente proveído a la parte promovente, remítanse las constancias precisadas dentro del plazo que prevé el artículo 101 de la Ley de Amparo, al citado tribunal colegiado.
- Principal
Téngase por recibido el oficio número 7007 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, al que acompañó el juicio de amparo directo 331/2018, de su índice; por el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de once de mayo de dos mil dieciocho, remite la demanda de amparo promovida por Jerónimo Cuamatzi Cocoletzi, Regino Mazatzi Muñoz y Pablo Elias Romano Hernández. Se acepta competencia En consecuencia, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 478/2018-V. Acúsese el recibo de estilo. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En la especie se actualiza, la causal de improcedencia contenida en el numeral 61, fracción XIX de la Legislación de la materia, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El precepto legal transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo para el supuesto en que la legislación aplicable al acto reclamado conceda algún recurso o medio de impugnación dentro del procedimiento, por el que se pueda modificar, revocar o anular dicho acto, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia. Lo anterior es así, en virtud que el juicio de amparo es un medio de regularidad constitucional que procede contra actos definitivos, es decir, aquéllos contra los cuales no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que de ser procedente, se haya hecho valer oportunamente y lo resuelto en ellos, constituya el acto reclamado de no haberse obtenido la reparación solicitada. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo aludida, en virtud de que el auto reclamado es susceptible de ser revocado, modificado o confirmado, a través del recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. En esta tesitura, es menester que el promovente antes de acudir al juicio de amparo interpusiera el recurso de revocación en contra del auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Civil 420/2017, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante la cual desechó el recurso de queja interpuesto. Para así considerarlo, conviene citar el contenido de los artículos 504, 505, 506, 507 y 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que regula la procedencia del recurso de revocación, que establece: "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos. Artículo 505.- La revocación debe pedirse dentro de los tres días siguientes a la notificación, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto de la violación, sin cuyo requisito se desechará de plano. Artículo 506.- Admitido el recurso, se mandará correr traslado a los colitigantes, para que lo contesten dentro de tres días y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de petición dictará la resolución correspondiente. Artículo 507.- Contra el auto que admite la revocación no procede recurso alguno. Artículo 508.- Contra el auto que niega la admisión de la revocación y contra el que la resuelva, cualquiera que sea su sentido, procede el recurso de queja si fueron dictados por un Juez de Primera Instancia; pero no admiten recurso alguno si fueron dictados en segunda instancia." Del precepto normativo transcrito se desprende que la parte agraviada podrá promover el recurso de revocación en contra de los autos. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el recurso de revocación procede contra los autos; asimismo, dicho recurso deberá tramitarse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que le causa agravio, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto de la violación. Asimismo, una vez admitido el recurso, se mandará correr traslado a los colitigantes, para que lo contesten dentro de tres días y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de petición dictará la resolución correspondiente. De igual manera, resulta de capital importancia, establecer que de conformidad con el artículo 86, de la codificación procesal civil invocada, poseen todas las resoluciones que no sean sentencias, la calidad de autos, pues dicho precepto señala: "Artículo 86. Las resoluciones judiciales son autos y sentencias." Asimismo, el precepto 87, del mencionado Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, establece que las sentencias son definitivas o interlocutorias: Definitivas son las que resuelven un juicio en lo principal. Interlocutorias las que deciden un incidente. De lo antes establecido, se puede concluir que el recurso de revocación procede contra autos, dictados tanto en primera como en segunda instancia, dicha aseveración se realiza en términos del numeral 508, ya transcrito en párrafos precedentes, en virtud de que dicha porción normativa es clara en precisar que si no se admite la revocación en primera instancia, procede el recurso de queja, y si no se admite dicha revocación en segunda instancia no procede recurso alguno; por tanto, tal articulo crea la convicción de que los autos dictados en segunda instancia pueden ser combatidos mediante el recurso de revocación. Precisado lo anterior, como ya se mencionó la quejosa promueve la presente contienda constitucional, reclamando el auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dictada en el Toca Civil 420/2017, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, mediante la cual desechó el recurso de queja interpuesto. Por tanto, con meridiana claridad la determinación de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, no es una sentencia definitiva ni interlocutoria, puesto que ni decide el juicio en lo principal, ni mucho menos resuelve un incidente, en términos del artículo 87, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, por tanto, la determinación que desecha la queja no puede considerarse una sentencia, sino un auto, y por ello, aun en segunda instancia procede el recurso de revocación. Lo anterior tiene sustento en la ejecutora emitida por el Tribunal Colegiado del este circuito judicial -Vigésimo Octavo- al resolver el amparo en revisión (improcedencia) 617/2016, que resolvió el caso concreto en estudio, y en la parte conducente determino lo siguiente: Bajo esa premisa, se itera que lo procedente contra el proveído de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dictado en el toca civil 420/2017, por el cual desecha el recurso de queja propuesto por los ahora quejosos es la interposición del recurso de revocación en términos de lo establecido en los artículos 86, 87, 504 y 508, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala. En esta tesitura, conforme al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, era menester que el promovente antes de acudir al juicio de amparo reclamara a través del recurso revocación, el auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, dictado en el toca civil 420/2017, y, de esa manera, estar en posibilidad de que se le reparara el menoscabo que dice le fue causado por la autoridad responsable, al emitir el acto que tilda de inconstitucional. En ese tenor, es dable sostener que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de ahí que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Lo anterior es así, habida cuenta que el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cierto que existen supuestos de excepción al principio de definitividad como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 61 de la Ley de Amparo, fracciones XIV (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XVII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o cuando se trate de persona extraña al procedimiento) y XX (los administrativos que carezcan de fundamentación, se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación de la parte quejosa de acatar ese principio, habida cuenta que es parte en el procedimiento de origen como lo señala el propio quejoso, por lo que no tiene el carácter de persona extraña; aunado al hecho de que, no se encuentra privado de la libertad, por lo que es evidente que la determinación combatida no afecta su libertad; consecuentemente, estaba obligado a agotar el recurso de apelación mencionado, puesto que la procedencia del juicio de amparo está sujeta a que previamente se agoten los recursos ordinarios que al efecto prevé la legislación de la materia. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica a la parte quejosa, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable a través del medio de impugnación o juicio correspondiente, en tanto se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En suma, al resultar evidente que la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo indirecto debió promover el recurso de revocación en contra de los actos que reclama; por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida, por no haberse agotado el medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado. Domicilio parte promovente Como lo solicita expresamente la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, la lista que se fije en los estrados de este Juzgado, sin que pase inadvertido que en el escrito de demanda, se advierte que proporciona un domicilio particular, en virtud que dicha manifestación es en cumplimiento a lo establecido en la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización firma oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Oposición de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de las actuaciones y resolución que se emitan en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Se ordena formar tomo de pruebas. Por otra parte, dado el volumen de las constancias remitidas por el oficiante, fórmese por separado un tomo de pruebas, a efecto de tener un mejor manejo del presente expediente.
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