Jesica Monserrat Sanchez Lopez
Expediente 1459/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1459/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesica Monserrat Sanchez Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinticuatro de febrero al dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 16 DE febrero DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 53 a 67), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa Jessica Monserrat Sánchez López, para los siguientes efectos: "(.)En las relatadas condiciones, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Jesica Monserrat Sánchez López, para que, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla realice lo siguiente: 1. En cuanto se le solicite el cumplimiento de esta sentencia, deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el proceso 420/2016, de su índice; y, 2. Con libertad de jurisdicción, dicte una nueva determinación, debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: 2.1 Deberá estudiar y valorar de manera pormenorizada las pruebas de descargo que ofreció la inculpada, aquí quejosa, durante la averiguación previa, consistentes en las declaraciones de los testigos de descargo Erick Jonathan Munguía Conde y Yolanda Conde Meléndez; así como el interrogatorio que el Agente del Ministerio Público le formuló, al rendir declaración preparatoria." (fojas 66 vuelta y 67). Resolución que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 90 a 91). Ahora bien, mediante oficio 327/2017/SRIA-PAR de veintisiete de enero de dos mil diecisiete (fojas 93 a 102), el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 420/2016, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el proceso 420/2016, de su índice; y, 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, resolvió nuevamente la situación jurídica de la quejosa Jesica Monserrat Sánchez López, decretándole auto de formal prisión por el delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I; 377 y 380, fracción XVIII, en agravio de la persona moral denominada "Bodega Aurrera", sucursal Margarita denunciado por Ricardo Hernández Gutiérrez. Resolución de la cual se advierte que tomó en consideración las pruebas de descargo que ofreció la inculpada, aquí quejosa, durante la averiguación previa, consistentes en las declaraciones de los testigos de descargo Erick Jonathan Munguía Conde y Yolanda Conde Meléndez (fojas 101 y 101 vuelta); medios de prueba que valoró en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; sin embargo, estableció que las misma resultan deficientes para desvirtuar la probable responsabilidad penal de la quejosa en la comisión del delito imputado, por las consideraciones que vierte en dicha determinación. Asimismo, tomó en consideración el interrogatorio que el Agente del Ministerio Público le formuló a la aquí quejosa al rendir declaración preparatoria (foja 101); medio de prueba que valoró en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; y del cual corroboró el delito imputado a la amparista. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de la quejosa mediante el cual desahoga la vista que le fue concedida mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, oponiéndose al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por el juez responsable, al referir que no valoró correctamente las pruebas de descargo que se le indicaron en la sentencia de amparo, al no aplicar el principio Pro Persona a su favor, pues dice que con los medios de prueba que aportó sirven para la probable responsabilidad del delito atribuido. Al respecto, son infundadas sus manifestaciones, en atención a que, la forma de valorar los medios de prueba aportados por la amparista y que fueron señalados en la ejecutoria dictada en el presente sumario constitucional, no constituye parte de los efectos de la misma, pues se refieren al fondo del asunto y la sentencia de amparo se concedió por vicios de forma (falta de fundamentación y motivación), por lo cual no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA..."
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA BODEGA AURRERA, SUCURSAL LA MARGARITA, A TRAVES DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE, LA RESOLUCION DE DIECISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 53 a 67), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa Jessica Monserrat Sánchez López, para los siguientes efectos: "(.)En las relatadas condiciones, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la quejosa Jesica Monserrat Sánchez López, para que, con fundamento en lo establecido en el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el Juez Tercero de lo Penal de la Ciudad de Puebla realice lo siguiente: 1. En cuanto se le solicite el cumplimiento de esta sentencia, deje insubsistente el auto de formal prisión de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el proceso 420/2016, de su índice; y, 2. Con libertad de jurisdicción, dicte una nueva determinación, debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decidiera lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: 2.1 Deberá estudiar y valorar de manera pormenorizada las pruebas de descargo que ofreció la inculpada, aquí quejosa, durante la averiguación previa, consistentes en las declaraciones de los testigos de descargo Erick Jonathan Munguía Conde y Yolanda Conde Meléndez; así como el interrogatorio que el Agente del Ministerio Público le formuló, al rendir declaración preparatoria." (fojas 66 vuelta y 67). Resolución que el veintiséis de enero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 90 a 91). Ahora bien, mediante oficio 327/2017/SRIA-PAR de veintisiete de enero de dos mil diecisiete (fojas 93 a 102), el Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal de origen 420/2016, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el proceso 420/2016, de su índice; y, 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue otorgada, resolvió nuevamente la situación jurídica de la quejosa Jesica Monserrat Sánchez López, decretándole auto de formal prisión por el delito de robo agravado, previsto y sancionado por los artículos 373, 374, fracción I; 377 y 380, fracción XVIII, en agravio de la persona moral denominada "Bodega Aurrera", sucursal Margarita denunciado por Ricardo Hernández Gutiérrez. Resolución de la cual se advierte que tomó en consideración las pruebas de descargo que ofreció la inculpada, aquí quejosa, durante la averiguación previa, consistentes en las declaraciones de los testigos de descargo Erick Jonathan Munguía Conde y Yolanda Conde Meléndez (fojas 101 y 101 vuelta); medios de prueba que valoró en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; sin embargo, estableció que las misma resultan deficientes para desvirtuar la probable responsabilidad penal de la quejosa en la comisión del delito imputado, por las consideraciones que vierte en dicha determinación. Asimismo, tomó en consideración el interrogatorio que el Agente del Ministerio Público le formuló a la aquí quejosa al rendir declaración preparatoria (foja 101); medio de prueba que valoró en términos del artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla; y del cual corroboró el delito imputado a la amparista. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito de la quejosa mediante el cual desahoga la vista que le fue concedida mediante proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, oponiéndose al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por el juez responsable, al referir que no valoró correctamente las pruebas de descargo que se le indicaron en la sentencia de amparo, al no aplicar el principio Pro Persona a su favor, pues dice que con los medios de prueba que aportó sirven para la probable responsabilidad del delito atribuido. Al respecto, son infundadas sus manifestaciones, en atención a que, la forma de valorar los medios de prueba aportados por la amparista y que fueron señalados en la ejecutoria dictada en el presente sumario constitucional, no constituye parte de los efectos de la misma, pues se refieren al fondo del asunto y la sentencia de amparo se concedió por vicios de forma (falta de fundamentación y motivación), por lo cual no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Visto, el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes y, en atención a su contenido, téngasele manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con su contenido y anexo, se ordena dar vista a las partes por el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga; apercibidas que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.
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