Jersain Martinez Aguilar
Expediente 647/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jersain Martinez Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el trece de agosto de dos mil diecinueve (fojas 61 a 106), misma que por una parte sobreseyó el juicio y por otra negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que negó el amparo solicitado por la parte quejosa, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que por una parte se concedió y por otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Jesús Enrique Palacios Iniestra, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado consistente en un disco versátil digital (dvd) relativo a la causa penal PUE/386/2019, de su índice (mismo que obra en sobre cerrado agregado al presente expediente a foja cuarenta y cinco), se ordena devolver dicho documento a la autoridad citada; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto de los actos reclamados al 2. Titular de la Vigésima Agencia del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República, de la Delegación Puebla; y, 3. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, en términos del considerando tercero, apartado I, de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jersaín Martínez Aguilar, contra el auto de vinculación reclamado, dictado en su contra por la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, Joanna Karina Perea Cano, en audiencia de doce de junio de dos mil diecinueve, en la causa penal PUE/386/2019, en términos del considerando séptimo, de esta sentencia TERCERO. Publíquese la presente sentencia como se indica en el considerando último de esta resolución.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el informe justificado de la autoridad responsable 2. Titular de la Agencia Vigésima Investigadora en el Estado de Puebla de la Fiscalía General de la República, con el que da cuenta el secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal de autos se aprecia que en proveído de nueve de julio pasado (fojas 47 y 48), se reservó acordar lo conducente respecto de la autoridad tercero interesada, hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad que en esta fecha lo hace; por lo que cumplida dicha condición, no ha lugar a tener con el carácter de autoridad tercera interesada a Jorge Olivares Ángeles, en virtud que del informe que se provee se aprecia que es el Titular de la Agencia Vigésima Investigadora en el Estado de Puebla de la Fiscalía General de la República, misma que fue señalada como responsable; lo anterior, para los efectos legales conducentes. En diverso aspecto, del estado de actuaciones se colige que en proveídos de nueve y diez de julio del actual (fojas 47 y 48; así como 55), se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables; por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar al aquí quejoso los referidos autos, así como el presente acuerdo en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad, corriéndole traslado con copia simple de los informes justificados de las autoridades responsables. Finalmente, del estado procesal que guardan las presentes actuaciones se aprecia que se encuentran señaladas nueve horas con treinta minutos del veintinueve de julio próximo (foja 15 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional; por lo que al ser evidente que no habrán transcurrido los ocho días que deben mediar entre la vista del informe y la fecha de la audiencia constitucional conforme lo prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente, y en su lugar se señala como nueva fecha las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada V.2o.P.A.4 K emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal, misma que a continuación se reproduce: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten. .
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con quince minutos del once de julio de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 647/2019-B (foja 11 vuelto), Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido del secretario Jessed Edoardo Cázares Virgen, con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo presentada por Fidel Martínez Lezama, defensor particular del quejoso Jersaín Martínez Aguilar (fojas 1 a 8), auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve (suspensión provisional, fojas 9 a 13), informe previo rendido por la autoridad responsable ordenadora 1. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y acuerdo que lo tuvo por recibido. Asimismo, se da cuenta con el informe previo rendido por la autoridad responsable 3. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes y, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe previo rendido por la autoridad responsable, para que surta los efectos legales a que haya lugar, el que será tomado en consideración al momento de dictar la presente resolución. Enseguida, se abre el período de pruebas: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció elementos probatorios. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Toda vez que ninguna de las partes ofreció prueba alguna, se tiene por precluido su derecho y, se da por concluido este período. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes fueron omisas al respecto, entre ellas, la agente del Ministerio Público Federal adscrita. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes, para formularlos; se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 647/2019-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Fidel Martínez Lezama, defensor particular del quejoso Jersaín Martínez Aguilar; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil diecinueve (suspensión provisional, fojas 9 a 13), en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Fidel Martínez Lezama, defensor particular del quejoso Jersaín Martínez Aguilar, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional solicitada, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, el acto reclamado en el presente asunto es: - El auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, el doce de junio de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 386/2019, por los hechos que la ley señala como los delitos de: portación de arma de fuego de uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Área; posesión de cartuchos para arma de Fuego de uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Área; y, posesión de cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Aérea. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del acto reclamado, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado - que quedó precisado en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Juez de Distrito Especializad en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Juez de Control y en sustitución de la Juez Joanna Karina Perea Cano (Jesús Enrique Palacios Iniestra). Aceptó 21 2 Titular de la Vigésima Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República de la Delegación Puebla. Omitió -- 3 Director del Centro de Reinserción Social de Puebla. Aceptó 24 Las autoridades responsables ordenadora y ejecutora 1. Juez de Distrito Especializad en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, actuando con carácter de Juez de Control y en sustitución de la Juez Joanna Karina Perea Cano (Jesús Enrique Palacios Iniestra) y 3. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, al rendir sus informes previos, aceptaron la existencia del acto reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso, el doce de junio de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 386/2019, por los hechos que la ley señala como los delitos de: portación de arma de fuego de uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Área; posesión de cartuchos para arma de Fuego de uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Área; y, posesión de cargadores para arma de fuego de uso exclusivo de Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Por lo que dicho acto es cierto en la presente incidencia. Ahora bien, la autoridad responsable ejecutora 2. Titular de la Vigésima Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República de la Delegación Puebla, no ha rendido su informe previo, aun cuando se encuentra debidamente notificado para tal efecto, tal y como consta a foja dieciséis de la presente incidencia. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente cierto el acto que se atribuye a la misma, únicamente para efectos del incidente de suspensión, sin perjuicio de lo que se resuelva en el cuaderno principal del que éste deriva. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, de datos de localización, rubro y texto siguientes: "INFORMES PREVIOS, OMISIÓN DE RENDIRLOS. EFECTOS. Ningún precepto de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito para exigir a las autoridades responsables a que rindan necesariamente sus informes previos, pues, en todo caso, ante la omisión de rendirlos, lo que previene el artículo 132, párrafo tercero, de dicho ordenamiento, es que su falta establece la presunción de ser cierto el acto que se estime violatorio de garantías para el sólo efecto de la suspensión y que, además, hace incurrir a la autoridad responsable omisa en una corrección disciplinaria, que le será impuesta por el mismo Juez de Distrito en la forma que prevengan las leyes para la imposición de esta clase de correcciones, pero de ninguna manera puede obligarse a las autoridades responsables a que necesariamente los rindan." CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Atinente al auto de vinculación a proceso dictado en contra del aquí quejoso el doce de junio de dos mil diecinueve, por la autoridad responsable, se niega la suspensión definitiva solicitada, pues dicho acto tiene por objeto someter a los imputados a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso, esto es, a la investigación formalizada y, el proceso penal como cualquier procedimiento judicial no puede suspenderse, ya que de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, pues es de interés de la sociedad el que se administre justicia de manera pronta y expedita; además, la parte quejosa no acreditó que la continuación del procedimiento respectivo pueda causarle daños y perjuicios de modo irreparable. Resultan aplicables a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga. " QUINTO. Procedencia de la medida cautelar para los efectos solicitados por la parte quejosa. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa manifestó en el capítulo referente a la suspensión del acto que por esta vía reclama, lo siguiente: ".Solicito la suspensión del acto reclamado para efecto de que no sea señalada audiencia intermedia hasta en tanto y no se resuelva el presente juicio." Atento a lo anterior, se procede a proveer sobre la medida cautelar respecto de las consecuencias del citado acto reclamado, de conformidad con la jurisprudencia 2ª./J. 111/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos." Por tanto, se concede la suspensión definitiva para los efectos solicitados por la parte quejosa, por lo que, se hace saber al juez responsable, que en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII segundo párrafo (última parte), de la Ley de Amparo, deberá suspender el procedimiento dentro de la causa penal 386/2019, por lo que hace a la parte quejosa una vez concluida la etapa intermedia, hasta en tanto quede firme la sentencia definitiva que se dicte en el juicio principal del que deriva la presente incidencia. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Fidel Martínez Lezama, defensor particular del quejoso Jersaín Martínez Aguilar, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria, y respecto de las autoridades responsables mencionadas en el diverso tercero. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Fidel Martínez Lezama, defensor particular del quejoso Jersaín Martínez Aguilar, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria, y respecto de las autoridades responsables mencionadas en el diverso tercero.
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