Jesica Estrada Santana

Expediente 188/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
188/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Jesica Estrada Santana

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 188/2022-VIII. Puebla, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que los quejosos no interpusieron recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A, que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Se ponen anexos a disposición de los quejosos La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que los quejosos adjuntaron a su demanda dos discos compactos Por tanto, se pone a su disposición, esos discos, para que cualquiera lo recoja dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, alguno deberá obtener una cita en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Así podrá cualquiera recoger los mencionados discos, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma; de todo lo cual se dejará razón de recibo en autos para constancia. Se les apercibe a los quejosos, que de no comparecer en el plazo señalado, los discos que aportaron a este expediente serán destruidos. Lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo los quejosos, porque ningún derecho procesal tienen por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si desearan conocer el estado del presente juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar a los quejosos por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; de forma personal a los quejosos (por lista) y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 188/2022-VIII. En tres de marzo de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta a la jueza con una razón asentada por la actuaria adscrita a este juzgado. Puebla, Puebla, tres de marzo de dos mil veintidós. Se hace efectivo apercibimiento. Se agrega al expediente la razón asentada por la actuaria de la adscripción, de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar el auto de veinticuatro de febrero del año en curso, a los quejosos Jesica Estrada Santana, José Antonio Oloarte Atanasio y David Jiménez García. En consecuencia, con fundamento en el 27, fracción III, inciso a), se ordena notificar por lista el auto referido con antelación, así como las subsecuentes notificaciones de carácter personal a los quejosos, hasta en tanto señalen nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 188/2022-VIII. Puebla, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales Desechamiento. Ahora con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Ahora bien, de una lectura integral a la demanda de amparo, se obtiene que los quejosos reclaman de las autoridades responsables los actos siguientes: ..En relación a los actos descritos previamente, es posible visualizar la actualización de causales de improcedencia como se expone a continuación: Acto que no afecta la libertad personal Como se señaló previamente, del escrito de tutela de derechos fundamentales, se observa que los quejosos reclaman, entre otros actos, una citación para acudir a la audiencia inicial de la causa penal *, para que les sea formulada imputación en su contra. De su narrativa de hechos bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa, refieren: "6. Con fecha 17 de febrero del año 2022, recibimos vía WhatsApp una notificación de un auto de fecha 17 de diciembre del año 2021, de parte del área de Notificaciones del Centro de Justicia Penal, mediante la cual se nos cita para comparecer ante la autoridad responsable, para llevar a cabo una AUDIENCIA de formulación de imputación dentro de la carpeta judicial número por el delito de Robo Agravado, en agravio de **.." De la transcripción previa así como del contenido de la demanda, se reitera que el reclamo inicial de los quejosos al juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla (por su denominación correcta), es la citación para que se les formule imputación en la causa penal De lo anterior, se obtiene que en la especie, por cuanto hace a ese acto reclamado al juez de control responsable, se actualiza una causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos, de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que contra dicho acto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es improcedente la vía constitucional, ya que ese acto (la citación para formular imputación) se constituye como aquellos que "son fuera de juicio y que no afectan la libertad personal de los quejosos". Lo anterior es así, ya que la tanto la citación como la imputación, son meramente actos de comunicación del juez, a petición del ministerio público, en el sentido de que se requiere la presencia de un imputado para el desarrollo de una audiencia en la que se formaliza la investigación seguida en su contra, acto judicial que es emitido fuera de juicio y que no afecta la libertad personal de los aquí quejosos. En dicha audiencia, una vez formulada la imputación, se podrá decidir, previo debate entre las partes, si los imputados aquí quejosos, pueden ser o no vinculados a proceso y ser sometidos a una medida cautelar. No obsta señalar que conforme a la fracción II, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante la falta de comparecencia a la mencionada audiencia, la representación social puede llegar a solicitar al juez de control que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. De ahí que se sostenga que en contra de dicho acto (citación a los quejosos para acudir a una audiencia inicial en la que se les formule imputación), es improcedente el juicio de amparo, pues como se ha reiterado en distintas ocasiones, ese acto es catalogado como aquellos que no afectan la libertad personal de los quejosos. Por tanto, el acto atribuido al juez responsable, consistente en la citación emitida en su contra para acudir a la audiencia inicial de la causa penal 3697/2021, para que les sea formulada imputación, es improcedente en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la IV, del artículo 107, ambos, de la Ley de Amparo. Acto futuro de realización incierta Tal y como se desprende del escrito de tutela constitucional, el segundo acto reclamado al juez de control responsable consistente en la posible imposición de una medida cautelar de prisión preventiva que puede suscitarse en la causa penal *, se advierte la actualización de una diversa causal de improcedencia de forma manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 5, fracción I, primer párrafo primero, y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ...De tal forma que la afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndose de entre los actos intraprocesales que afectan únicamente derechos adjetivos, ya que aquellos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable, sin que generen afectación alguna en la esfera jurídica de los quejosos. Ahora bien, tal como se puede ver de la integridad de la demanda, la medida cautelar que reclaman de manera futura, únicamente podrá materializarse en la vida jurídica, si después de formulada la imputación, se vincula a proceso a los aquí quejosos. Derivado de lo anterior, se obtiene que la supuesta medida cautelar de prisión preventiva reclamada por los quejosos, no afecta su esfera jurídica, puesto que su materialización es un acontecimiento futuro e incierto y no certero, ya que en todo caso, no será sino hasta posterior a la formulación de imputación, donde se pueda determinar si los peticionarios de amparo son susceptibles de ser vinculados o no a proceso, y así, previa solicitud de la fiscalía, discutir sobre la factibilidad de las medidas cautelares que prevé el artículo 1555, del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo la prisión preventiva la medida más grave y excepcional. Por lo expuesto, es evidente que el acto que reclaman no encuadra dentro de la hipótesis prevista en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado, para su procedencia en la vía constitucional, debe producir una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo cual como se explicó previamente, en la especie, no acontece. Por tanto, el acto atribuido al juez responsable, consistente en la posible imposición de una medida cautelar de prisión preventiva que puede suscitarse en la causa penal es improcedente en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5, primer párrafo, ambos, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actos de investigación Ahora bien, por lo que hace al primero de los actos reclamados al ministerio público responsable, consistente en la omisión de hacer de conocimiento de los quejosos los actos de investigación en su contra, es evidente la actualización de una causal de improcedencia de forma manifiesta e indudable, la cual se encuentra prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para mayor claridad, es oportuno citar el mencionado numeral, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". El artículo transcrito refiere que la improcedencia en el amparo se hace manifiesta cuando del acto reclamado por el peticionario de amparo se desprende que aquél carece de una afectación a su interés jurídico. Ello es así, ya que como se ha relatado en el apartado previo, la procedencia del juicio de amparo depende de que el acto u omisión de autoridad, lesione de forma personal y directa sus derechos sustantivos. Situación que en la especie no acontece. Ello es así ya que para la procedencia del juicio constitucional, resulta necesario que éste sea promovido por personas que se encuentren afectadas en sus derechos fundamentales por el acto de autoridad de forma personal y directa, demás aquéllas deben acreditar fehacientemente contar con interés jurídico. Sobre el particular, el máximo tribunal del país ha establecido que el interés jurídico es necesario para promover el amparo solo comprende a bienes jurídicos reales y objeticos, así como las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Consecuentemente, para demostrarse la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho de donde deriva el agravio respectivo...."Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 217. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados." "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." De los numerales transcritos, se obtiene que la investigación en el nuevo sistema penal acusatorio, tiene por objeto que el ministerio público reúna los extremos o datos de prueba suficientes para que ejerza acción penal, por lo que su naturaleza jurídica (investigación) no puede suspenderse. Sobre el particular, los quejosos reclaman que el agente del ministerio público responsable no haya hecho de su conocimiento que se instruye una carpeta de investigación en su contra, por lo que consideran que vulneró en su perjuicio el principio de contradicción, ya que, como aquellos arguyen, desconocen los registros y datos de prueba recabados por la representación social. Contrario a lo señalado por los quejosos, como se dijo previamente, la investigación de los delitos es una facultad constitucional propia del ministerio público, por tanto, es su deber recabar los datos suficientes para que determine si existe o no un hecho con apariencia de delito, y en su momento, solicitar la audiencia inicial para formular imputación y, eventualmente, ejercer la acción penal respectiva. En efecto, la integración de una carpeta de investigación no afecta el interés jurídico de los quejosos, en tanto que aquella no les causa afectación, ya que el acto de investigar del ministerio público, por regla general, está exenta de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso de control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos realizados durante esa etapa, no irrogan perjuicio a la gobernada, dado que no trascienden de forma irreparable a su esfera jurídica debido a que es susceptible de anularse o contrarrestarse cuando la fiscal formule imputación ante el juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la investigación inicial afectan el interés jurídico de la quejosa, se obstaculizaría injustificadamente la potestad de la fiscalía de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito y que existe la probabilidad de que la parte indiciada lo cometió o participó en su comisión. Por ende dichos actos constituyen aquellos reconocidos como de orden público. Además, la vulneración al principio de contradicción a que hacen referencia los quejosos, no se ve vulnerada en este caso, ya que de existir los datos suficientes en la investigación realizada por la representación social, en audiencia inicial, los imputados se encuentran en aptitud de debatir y controvertir los datos obtenidos por el ministerio público. Por tanto, el acto atribuido al ministerio púbico responsable, consistente en la omisión de hacer de su conocimiento que se instruye en contra de los quejosos una carpeta de investigación, es improcedente en términos de la fracción XII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5, primer párrafo, ambos, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Orden de aprehensión o retención emitida por el ministerio público en contra de los impetrantes de amparo Como se contempla de la demanda de amparo, los quejosos reclaman del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la orden de aprehensión o retención emitida en su contra. De modo que el reclamo planteado por los quejosos, está circunscrito a una orden de aprehensión o retención, emitidas por un representante social en una carpeta de investigación, así como su ejecución, lo cual por la fecha en que se dieron los hechos -diecisiete de febrero de dos mil veintidós- hace evidente que esas órdenes se regirían (en su caso) bajo las reglas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. En efecto, esa hipótesis normativa (el desechamiento por una causa de improcedencia) se actualiza frente a los actos que se reclaman al agente del ministerio público responsable, consistente en las órdenes de aprehensión o retención, así como su ejecución. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de aprehensión o retención como las que reclama el quejosos, no pueden ser emitidas por una autoridad ministerial (agente del ministerio público) o de la fiscalía, como las que señala en la demanda de amparo en su carácter de autoridades responsables ordenadoras, porque éstas no tienen facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. De tal manera que con independencia de la denominación que se le dé a esa orden de búsqueda, aprehensión o detención, debe destacarse que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión librada por una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, o inclusive, con la detención ordenada por un agente del ministerio público en tratándose de caso urgente, pero los anteriores constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dicha autoridad ministerial carece de facultades jurídicas para emitir una orden de aprehensión o retención, como tales (es decir, en sí mismas consideradas), contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución federal. Luego, la autoridad ministerial no librarían como tal una orden de aprehensión o retención, sino en su caso serían las diversas autoridades judiciales las que emitirían una orden privativa de la libertad, como alguna de las que prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, con motivo de una orden de aprehensión o retención, no podría obligársele a declarar a los quejosos, pues por el contrario, su comparecencia ante el procedimiento más bien se vería encomendada a la autoridad judicial. Así, el gobernado (verbigracia mediante un acto diverso, no mediante una orden de aprehensión o retención dictadas por un agente del ministerio público) puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con motivo de ello lejos de coartarle algún derecho, la autoridad satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo (en su caso) se apersone, aquél se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. ...Así, cuando se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor probatorio. Incluso, el artículo 113, fracción V, del código invocado, prevé como el momento oportuno para hacerle del conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, no en el citatorio, sino cuando es detenido, o bien, una vez que comparece ante el Ministerio Público. Por tanto, en caso de que se trate de un acto efectuado en la integración de la investigación como tal, éste se escapa al control constitucional. Es así, pues dicho acto de investigación (la citación girada conforme a los artículos 90 y 91 del código adjetivo penal nacional), por regla general, implica una facultad constitucional por parte del agente del ministerio público para la investigación de hechos con apariencia de delito, y como consecuencia, de existir suficientes datos de prueba, ejercer acción penal ante autoridad judicial -si así lo considera la autoridad competente-. Estimar lo contrario, y llevar un estudio de dicho acto reclamado, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al ministerio público. Máxime que la investigación de los delitos es de interés general de la sociedad. Asimismo, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí que se actualizaría sobre ese específico acto, una causal de improcedencia en el presente asunto, aunado a que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las mismas es de oficio por parte del órgano jurisdiccional de amparo. Lo mismo ocurriría en tratándose con la citación prevista en las fracciones I (citatorio) y II (orden de comparecencia) del precepto legal 141 antes mencionado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una diversa citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden dictada afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del ministerio público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, en ese supuesto, se trataría de un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal de los quejosos, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de plano la demanda de amparo de los quejosos, porque los actos que reclaman -orden de aprehensión o retención, y su ejecución-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda, el cual se ubica en la ciudad de Puebla. Por otro lado, se observa que los quejosos solicitan el acceso al expediente electrónico, para lo cual señalan el usuario " ". De ahí que sea procedente ordenar el acceso al expediente electrónico para los quejosos, pues el análisis integral de su demanda permitió visualizar su deseo de acceder a la vía electrónica para el trámite de este juicio. Por consiguiente, se instruye a la secretaria encargada del presente asunto, que habilite a los quejosos el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario indicado en la demanda porque se encuentra desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; en forma personal a los quejosos (en su domicilio procesal, con las medidas de protección); y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 188/2022-VIII. Puebla, Puebla, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales Desechamiento. Ahora con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Ahora bien, de una lectura integral a la demanda de amparo, se obtiene que los quejosos reclaman de las autoridades responsables los actos siguientes: ..En relación a los actos descritos previamente, es posible visualizar la actualización de causales de improcedencia como se expone a continuación: Acto que no afecta la libertad personal Como se señaló previamente, del escrito de tutela de derechos fundamentales, se observa que los quejosos reclaman, entre otros actos, una citación para acudir a la audiencia inicial de la causa penal *, para que les sea formulada imputación en su contra. De su narrativa de hechos bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa, refieren: "6. Con fecha 17 de febrero del año 2022, recibimos vía WhatsApp una notificación de un auto de fecha 17 de diciembre del año 2021, de parte del área de Notificaciones del Centro de Justicia Penal, mediante la cual se nos cita para comparecer ante la autoridad responsable, para llevar a cabo una AUDIENCIA de formulación de imputación dentro de la carpeta judicial número por el delito de Robo Agravado, en agravio de **.." De la transcripción previa así como del contenido de la demanda, se reitera que el reclamo inicial de los quejosos al juez de control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, Puebla (por su denominación correcta), es la citación para que se les formule imputación en la causa penal De lo anterior, se obtiene que en la especie, por cuanto hace a ese acto reclamado al juez de control responsable, se actualiza una causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos, de la Ley de Amparo; lo anterior, en virtud de que contra dicho acto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es improcedente la vía constitucional, ya que ese acto (la citación para formular imputación) se constituye como aquellos que "son fuera de juicio y que no afectan la libertad personal de los quejosos". Lo anterior es así, ya que la tanto la citación como la imputación, son meramente actos de comunicación del juez, a petición del ministerio público, en el sentido de que se requiere la presencia de un imputado para el desarrollo de una audiencia en la que se formaliza la investigación seguida en su contra, acto judicial que es emitido fuera de juicio y que no afecta la libertad personal de los aquí quejosos. En dicha audiencia, una vez formulada la imputación, se podrá decidir, previo debate entre las partes, si los imputados aquí quejosos, pueden ser o no vinculados a proceso y ser sometidos a una medida cautelar. No obsta señalar que conforme a la fracción II, del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante la falta de comparecencia a la mencionada audiencia, la representación social puede llegar a solicitar al juez de control que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública. De ahí que se sostenga que en contra de dicho acto (citación a los quejosos para acudir a una audiencia inicial en la que se les formule imputación), es improcedente el juicio de amparo, pues como se ha reiterado en distintas ocasiones, ese acto es catalogado como aquellos que no afectan la libertad personal de los quejosos. Por tanto, el acto atribuido al juez responsable, consistente en la citación emitida en su contra para acudir a la audiencia inicial de la causa penal 3697/2021, para que les sea formulada imputación, es improcedente en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la IV, del artículo 107, ambos, de la Ley de Amparo. Acto futuro de realización incierta Tal y como se desprende del escrito de tutela constitucional, el segundo acto reclamado al juez de control responsable consistente en la posible imposición de una medida cautelar de prisión preventiva que puede suscitarse en la causa penal *, se advierte la actualización de una diversa causal de improcedencia de forma manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 5, fracción I, primer párrafo primero, y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ...De tal forma que la afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndose de entre los actos intraprocesales que afectan únicamente derechos adjetivos, ya que aquellos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable, sin que generen afectación alguna en la esfera jurídica de los quejosos. Ahora bien, tal como se puede ver de la integridad de la demanda, la medida cautelar que reclaman de manera futura, únicamente podrá materializarse en la vida jurídica, si después de formulada la imputación, se vincula a proceso a los aquí quejosos. Derivado de lo anterior, se obtiene que la supuesta medida cautelar de prisión preventiva reclamada por los quejosos, no afecta su esfera jurídica, puesto que su materialización es un acontecimiento futuro e incierto y no certero, ya que en todo caso, no será sino hasta posterior a la formulación de imputación, donde se pueda determinar si los peticionarios de amparo son susceptibles de ser vinculados o no a proceso, y así, previa solicitud de la fiscalía, discutir sobre la factibilidad de las medidas cautelares que prevé el artículo 1555, del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo la prisión preventiva la medida más grave y excepcional. Por lo expuesto, es evidente que el acto que reclaman no encuadra dentro de la hipótesis prevista en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado, para su procedencia en la vía constitucional, debe producir una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo cual como se explicó previamente, en la especie, no acontece. Por tanto, el acto atribuido al juez responsable, consistente en la posible imposición de una medida cautelar de prisión preventiva que puede suscitarse en la causa penal es improcedente en términos de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5, primer párrafo, ambos, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Actos de investigación Ahora bien, por lo que hace al primero de los actos reclamados al ministerio público responsable, consistente en la omisión de hacer de conocimiento de los quejosos los actos de investigación en su contra, es evidente la actualización de una causal de improcedencia de forma manifiesta e indudable, la cual se encuentra prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para mayor claridad, es oportuno citar el mencionado numeral, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". El artículo transcrito refiere que la improcedencia en el amparo se hace manifiesta cuando del acto reclamado por el peticionario de amparo se desprende que aquél carece de una afectación a su interés jurídico. Ello es así, ya que como se ha relatado en el apartado previo, la procedencia del juicio de amparo depende de que el acto u omisión de autoridad, lesione de forma personal y directa sus derechos sustantivos. Situación que en la especie no acontece. Ello es así ya que para la procedencia del juicio constitucional, resulta necesario que éste sea promovido por personas que se encuentren afectadas en sus derechos fundamentales por el acto de autoridad de forma personal y directa, demás aquéllas deben acreditar fehacientemente contar con interés jurídico. Sobre el particular, el máximo tribunal del país ha establecido que el interés jurídico es necesario para promover el amparo solo comprende a bienes jurídicos reales y objeticos, así como las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Consecuentemente, para demostrarse la afectación del interés jurídico en el amparo, se requiere: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho de donde deriva el agravio respectivo...."Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 217. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados." "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." De los numerales transcritos, se obtiene que la investigación en el nuevo sistema penal acusatorio, tiene por objeto que el ministerio público reúna los extremos o datos de prueba suficientes para que ejerza acción penal, por lo que su naturaleza jurídica (investigación) no puede suspenderse. Sobre el particular, los quejosos reclaman que el agente del ministerio público responsable no haya hecho de su conocimiento que se instruye una carpeta de investigación en su contra, por lo que consideran que vulneró en su perjuicio el principio de contradicción, ya que, como aquellos arguyen, desconocen los registros y datos de prueba recabados por la representación social. Contrario a lo señalado por los quejosos, como se dijo previamente, la investigación de los delitos es una facultad constitucional propia del ministerio público, por tanto, es su deber recabar los datos suficientes para que determine si existe o no un hecho con apariencia de delito, y en su momento, solicitar la audiencia inicial para formular imputación y, eventualmente, ejercer la acción penal respectiva. En efecto, la integración de una carpeta de investigación no afecta el interés jurídico de los quejosos, en tanto que aquella no les causa afectación, ya que el acto de investigar del ministerio público, por regla general, está exenta de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso de control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos realizados durante esa etapa, no irrogan perjuicio a la gobernada, dado que no trascienden de forma irreparable a su esfera jurídica debido a que es susceptible de anularse o contrarrestarse cuando la fiscal formule imputación ante el juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la investigación inicial afectan el interés jurídico de la quejosa, se obstaculizaría injustificadamente la potestad de la fiscalía de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado por la ley como delito y que existe la probabilidad de que la parte indiciada lo cometió o participó en su comisión. Por ende dichos actos constituyen aquellos reconocidos como de orden público. Además, la vulneración al principio de contradicción a que hacen referencia los quejosos, no se ve vulnerada en este caso, ya que de existir los datos suficientes en la investigación realizada por la representación social, en audiencia inicial, los imputados se encuentran en aptitud de debatir y controvertir los datos obtenidos por el ministerio público. Por tanto, el acto atribuido al ministerio púbico responsable, consistente en la omisión de hacer de su conocimiento que se instruye en contra de los quejosos una carpeta de investigación, es improcedente en términos de la fracción XII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5, primer párrafo, ambos, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Orden de aprehensión o retención emitida por el ministerio público en contra de los impetrantes de amparo Como se contempla de la demanda de amparo, los quejosos reclaman del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la orden de aprehensión o retención emitida en su contra. De modo que el reclamo planteado por los quejosos, está circunscrito a una orden de aprehensión o retención, emitidas por un representante social en una carpeta de investigación, así como su ejecución, lo cual por la fecha en que se dieron los hechos -diecisiete de febrero de dos mil veintidós- hace evidente que esas órdenes se regirían (en su caso) bajo las reglas del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial. En efecto, esa hipótesis normativa (el desechamiento por una causa de improcedencia) se actualiza frente a los actos que se reclaman al agente del ministerio público responsable, consistente en las órdenes de aprehensión o retención, así como su ejecución. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de aprehensión o retención como las que reclama el quejosos, no pueden ser emitidas por una autoridad ministerial (agente del ministerio público) o de la fiscalía, como las que señala en la demanda de amparo en su carácter de autoridades responsables ordenadoras, porque éstas no tienen facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. De tal manera que con independencia de la denominación que se le dé a esa orden de búsqueda, aprehensión o detención, debe destacarse que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión librada por una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, o inclusive, con la detención ordenada por un agente del ministerio público en tratándose de caso urgente, pero los anteriores constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dicha autoridad ministerial carece de facultades jurídicas para emitir una orden de aprehensión o retención, como tales (es decir, en sí mismas consideradas), contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. De ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución federal. Luego, la autoridad ministerial no librarían como tal una orden de aprehensión o retención, sino en su caso serían las diversas autoridades judiciales las que emitirían una orden privativa de la libertad, como alguna de las que prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, con motivo de una orden de aprehensión o retención, no podría obligársele a declarar a los quejosos, pues por el contrario, su comparecencia ante el procedimiento más bien se vería encomendada a la autoridad judicial. Así, el gobernado (verbigracia mediante un acto diverso, no mediante una orden de aprehensión o retención dictadas por un agente del ministerio público) puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con motivo de ello lejos de coartarle algún derecho, la autoridad satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo (en su caso) se apersone, aquél se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. ...Así, cuando se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor probatorio. Incluso, el artículo 113, fracción V, del código invocado, prevé como el momento oportuno para hacerle del conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, no en el citatorio, sino cuando es detenido, o bien, una vez que comparece ante el Ministerio Público. Por tanto, en caso de que se trate de un acto efectuado en la integración de la investigación como tal, éste se escapa al control constitucional. Es así, pues dicho acto de investigación (la citación girada conforme a los artículos 90 y 91 del código adjetivo penal nacional), por regla general, implica una facultad constitucional por parte del agente del ministerio público para la investigación de hechos con apariencia de delito, y como consecuencia, de existir suficientes datos de prueba, ejercer acción penal ante autoridad judicial -si así lo considera la autoridad competente-. Estimar lo contrario, y llevar un estudio de dicho acto reclamado, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al ministerio público. Máxime que la investigación de los delitos es de interés general de la sociedad. Asimismo, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí que se actualizaría sobre ese específico acto, una causal de improcedencia en el presente asunto, aunado a que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las mismas es de oficio por parte del órgano jurisdiccional de amparo. Lo mismo ocurriría en tratándose con la citación prevista en las fracciones I (citatorio) y II (orden de comparecencia) del precepto legal 141 antes mencionado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una diversa citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden dictada afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del ministerio público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, en ese supuesto, se trataría de un acto fuera de juicio que no afecta la libertad personal de los quejosos, conforme al artículo 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de plano la demanda de amparo de los quejosos, porque los actos que reclaman -orden de aprehensión o retención, y su ejecución-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda, el cual se ubica en la ciudad de Puebla. Por otro lado, se observa que los quejosos solicitan el acceso al expediente electrónico, para lo cual señalan el usuario " ". De ahí que sea procedente ordenar el acceso al expediente electrónico para los quejosos, pues el análisis integral de su demanda permitió visualizar su deseo de acceder a la vía electrónica para el trámite de este juicio. Por consiguiente, se instruye a la secretaria encargada del presente asunto, que habilite a los quejosos el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario indicado en la demanda porque se encuentra desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; en forma personal a los quejosos (en su domicilio procesal, con las medidas de protección); y cúmplase.

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