Jeronimo Garcia Rocha

Expediente 574/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
574/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Jeronimo Garcia Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde será publicado este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, siete de junio de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por el quejoso *** por derecho propio, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en la Ciudad de Tehuacán, Puebla (sic), y otras autoridades responsables. se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. De entrada, se hace notar que el reclamo planteado en la demanda fue circunscrito a dos actos: la orden de aprehensión librada contra el quejoso, el doce de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal ***, y la ejecución que pretende realizarse. Sin embargo, la mencionada orden de aprehensión fue notificada al quejoso, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en el diverso juicio de amparo *** de este juzgado, también promovido por aquél y que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo. Ello permite visualizar que es improcedente la acción de derechos fundamentales, contra la orden de aprehensión librada el doce de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal **, porque la demanda de este juicio fue presentada fuera del plazo relativo al escenario de oportunidad, motivo por el cual debe imponerse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo la legislación). Para demostrarlo, se hace notar que la invocada fracción determina la improcedencia del juicio de tutela constitucional, respecto de los actos consentidos en forma tácita que se definen de la forma siguiente: aquellos contra los cuales se omite solicitar la protección federal, dentro de los plazos legales establecidos. Esos plazos están previstos en el numeral 17 de la legislación, porque la primera parte de este dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se debe computar bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento de los actos o de su ejecución; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución federal o la incorporación forzosa al ejército o armada nacionales -para estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se obtiene que el juicio de protección de derechos, será improcedente cuando se presente la demanda luego de terminado el plazo de quince días, previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al grado de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos a los que tengan prevista una excepción. Establecidas las premisas anteriores, debe indicarse que la demanda con la cual se origina el presente juicio de amparo, contiene una manifestación del quejoso en los antecedentes, sobre la fecha cuando tuvo conocimiento de la orden de aprehensión librada el doce de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal ***: el uno de junio de dos mil veintiuno, fecha cuando tuvo contacto con el profesionista en derecho que lo asistió en el diverso juicio de amparo **. Sin embargo, la mencionada orden de aprehensión fue notificada al quejoso, el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en el invocado juicio de amparo ** de este juzgado, como se desprende del expediente electrónico respectivo y que constituye un hecho notorio, como se dijo con antelación. Entonces, la fecha que debe utilizarse conforme a la primera hipótesis del artículo 18 de la legislación, es la que corresponde a la notificación de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, realizada en el invocado juicio de amparo *** de este juzgado. Máxime que esa notificación tiene plena vigencia en el terreno procesal, dado que ninguna resolución ha declarado su nulidad; y corresponde a la notificación del quejoso respecto de la orden de aprehensión librada el doce de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal **. Así que para realizar el cómputo del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la legislación, se considera la fecha cuando fue notificado el quejoso de la mencionada orden de aprehensión, en el invocado juicio de amparo *** de este juzgado. Ello, de la forma siguiente: la orden de aprehensión de doce de abril de dos mil veintiuno, fue notificada al quejoso el veintisiete de abril de dos mil veintiuno; y surtió efectos el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, conforme al artículo 31 fracción II, de la Ley de Amparo. De modo que el plazo de quince días que tenía el quejoso para ejercer la acción de tutela constitucional, respecto de la orden de aprehensión librada el doce de abril de dos mil veintiuno, inició el veintinueve de abril de dos mil veintiuno (día siguiente hábil de cuando surtió efectos la notificación), y terminó el veinte de mayo de dos mil veintiuno. A pesar de lo anterior, el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el cuatro de junio de dos mil veintiuno, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Situación que implica una presentación extemporánea de la demanda, porque se hizo después de terminado el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la legislación, respecto de los actos combatidos en el presente juicio: la orden de aprehensión librada el doce de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal **, y la ejecución que pretende realizarse de esta. Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la causal de extemporaneidad, motivo por el cual deben estimarse consentidos los actos de marras, porque la demanda de amparo fue presentada después de terminado el plazo de quince días. Es pertinente agregar que resulta improcedente la manifestación del quejoso, sobre la fecha cuando supo de la orden de aprehensión librada el doce de abril de dos mil veintiuno, esto es, hasta el uno de junio de dos mil veintiuno, fecha cuando tuvo contacto con el profesionista en derecho que lo asistió en el diverso juicio de amparo ***. La improcedencia de esa manifestación obedece, como se dijo, a que ninguna resolución ha declarado la nulidad de la notificación de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, realizada en el invocado juicio de amparo ***. Por consiguiente, esa notificación rige el cómputo del plazo de quince días respecto de la mencionada orden de aprehensión. Máxime que esa notificación permitió a un autorizado en términos amplios del quejoso, presentar un escrito el veintiocho de abril de dos mil veintiuno -acorde a la evidencia criptográfica que acompaña ese escrito-, en el cual expuso diversos argumentos con los cuales trató de mostrar un exceso del juez penal responsable, en la emisión de la orden de aprehensión librada el doce de abril de dos mil veintiuno. Lo cual refuerza el hecho de que la notificación de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, debe regir el cómputo de quince días para solicitar amparo contra la mencionada orden, como se hizo en párrafos anteriores. Más aún, si llegara a considerarse la fecha cuando el autorizado en términos amplios del quejoso, alegó un exceso del juez responsable en la emisión de la orden de aprehensión dictada el doce de abril de dos mil veintiuno, tampoco sería oportuna la demanda que origina el presente juicio. En efecto, el autorizado en términos amplios del quejoso, presentó un escrito en el invocado juicio de amparo ***, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno -acorde a la evidencia criptográfica que acompaña ese escrito-, en el cual expuso diversos argumentos con los cuales trató de mostrar un exceso en la orden de aprehensión librada el doce de abril de dos mil veintiuno. Si el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se tuviera como el día cuando el quejoso conoció la mencionada orden, habría de comenzar el plazo de quince días el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, y terminaría el veinte de mayo de dos mil veintiuno. De modo que la demanda con la cual se originó el presente juicio, resultaría igualmente extemporánea aun cuando se utilizara el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, día cuando su autorizado se manifestó sabedor de la orden de aprehensión, al presentar el mencionado escrito. Por tanto, se concluye que los actos reclamados por el quejoso en la demanda de este juicio, deben subsumirse en la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la legislación, porque el juicio de control extraordinario se promovió después de terminado el plazo establecido en el diverso 17, aun cuando aquél no se ubica en los supuestos de excepción relatados. Sólo resta decir que las violaciones directas a los derechos fundamentales, alegadas en la demanda de amparo, son insuficientes para considerar una excepción a la regla de extemporaneidad. La afirmación previa atiende a un elemento trascendental: la participación del quejoso en el invocado juicio de amparo **, a partir del cual quedó sometido a los efectos procesales que derivaran de las notificaciones realizadas en este juicio, como la efectuada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, y que rige el plazo de quince días para impugnar la orden de aprehensión dictada el doce de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal ***, y la ejecución que pretende realizarse de esta. Sobre todo porque las disposiciones de la Ley de Amparo, carecen de previsiones legislativas que respalden la pretensión del quejoso respecto de la fecha cuando alega haber tenido conocimiento de los actos de marras: el uno de junio de dos mil veintiuno, día cuando afirmó haber sido informado por su abogado de la orden de aprehensión de doce de abril de dos mil veintiuno, librada en la causa indicada. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso ***, porque los actos delimitados en esta pretende combatirlos después de haber terminado el plazo de quince días, previsto en el artículo 17 de la legislación. Desechamiento que se apoya en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Instrucción de agregar copias como respaldo de la causal. Se instruye al secretario encargado del presente juicio, que recabe copias de las actuaciones siguientes del diverso expediente de amparo ***: Copias del oficio y anexo recibidos en el proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno; Proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno; Notificación realizada al quejoso del proveído de marras; Escrito del autorizado en términos amplios del quejoso, recibido en acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno; Acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno; y Proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se declaró cumplida la protección otorgada al quejoso. Todas esas actuaciones del juicio de amparo ***, de este juzgado; y que deben agregarse al presente asunto para respaldar la postura adoptada por esta juzgadora constitucional frente a la demanda del quejoso. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que tiene para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio procesal, consulta del expediente electrónico y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa la notificación vía electrónica y la consulta del expediente electrónico. Entonces, se instruye al secretario encargado del presente juicio que habilite al quejoso la notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario proporcionado por este: ****. Máxime que el citado nombre de usuario fue encontrado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre ***, porque aquél decidió otorgarle facultades amplias y fue encontrada la cédula del nombrado, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. En cambio, las demás personas designadas por el quejoso, quedan autorizadas en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo, porque así lo solicitó. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan al quejoso, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo....sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (vía electrónica); y cúmplase.

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