Jeremias Lòpez Miguel

Expediente 1137/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1137/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Jeremias Lòpez Miguel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por la titular de la Delegación en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio del cual, en atención a lo solicitado en proveído de quince de noviembre del año en curso, informa que designó al asesor jurídico ********************, como como representante especial de los menores quejosos de identidad reservada ********************y ********************. de identidades reservadas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, se requiere a la citado defensor-por conducto de la delegada en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública- para que dentro del término de tres días siguientes, presente escrito por el que acepte el cargo e intervenga en el juicio como especial de los citados menores o en su defecto comparezca a este recinto judicial para aceptar y protestar el cargo que le fue conferido. Se invita a dicho representante para que peticione que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, mediante la utilización de la firma electrónica, ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva, de conformidad con lo previsto en los numerales 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Debido a que la titular de la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública solicita el acceso a la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, por medio del Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación -a la asesora que designa- en consecuencia, se procede a la autorización respectiva, para lo cual se hace del conocimiento a la oficial judicial "A" a fin que realice el alta del mismo con el nombre de usuario ********************. En ese sentido, debido a que en párrafo que antecede se autorizó la consulta del expediente electrónico de este asunto al asesor jurídico ********************, se le da vista con las constancias que obran en aquél; lo anterior, para que haga valer lo que a su derecho convenga. Por último, en relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, se toma nota como medios de localización. Notifíquese.

  2. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL RELATIVA AL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1137/2023 En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las diez horas con veinticinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Rodrigo Courtois Yannini, junto con el secretario de acuerdos, Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la presente audiencia incidental, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1137/2023, entre las que se encuentran las siguientes: (i) copia simple de la demanda de amparo, (ii) acuerdo de quince de noviembre del año en curso, donde se acordó el escrito de demanda y se proveyó sobre la suspensión provisional solicitada, y (iii) acuerdo de veintidós de los corrientes, en el que se acordó los alegatos de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito. Por otra parte, doy cuenta al Juez con el escrito con firma autógrafa de signado por la tercera interesada ***, y con un oficio signado por el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, registrados con los folios 12893 y 12897. Asimismo, hago constar que la autoridad responsable Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, no ha rendido su informe previo. Acto seguido, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias; asimismo, se ordena agregar a esta audiencia el escrito de la tercera interesada ****, y se le tiene formulando sus alegatos, asimismo, se glosa el oficio signado por el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el cual rinde su informe previo, en términos de los artículos 144 y 140 de la Ley de Amparo. Igualmente, téngase a la citada autoridad señalando como delegados a las personas que menciona de conformidad con el numeral 9 de la ley de la materia. Etapa probatoria. El secretario da cuenta con las documentales que adjuntó el quejoso a su escrito de demanda. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las referidas pruebas, mismas que se desahogan dada su naturaleza jurídica, por lo que se cierra el período probatorio, para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa se hace constar que únicamente la tercera interesada **** los formuló, mismos que se tienen por reproducidos; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: RESOLUCIÓN 1. Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 1137/2023, promovido por Jeremías López Miguel, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. R E S U L T A N D O S : I. ANTECEDENTES 2. Según consta en autos, la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables la medida provisional, la fijación por concepto de pensión alimenticia provisional, el apercibimiento, orden de inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos y la vista al Agente del Ministerio Público adscrita a ese juzgado, con la falta de pago o pago parcial de la pensión alimenticia provisional, decretados en trece de octubre de dos mil veintitrés en autos del expediente familiar ***/***, así como, la iniciación, discusión, aprobación, sanción, promulgación, refrendo, expedición y la publicación respectiva del Código Familiar para el Estado de Oaxaca. 3. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 22 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE 4. La demanda de amparo fue recibida en la oficialía de partes de este juzgado, el trece de noviembre del año en curso. La quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro: "La medida provisional de que me abstenga de realizar actos u omisiones que tienda a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica a la actora ******, y las personas menores de edad de nombres *.*.*. y *.*.*., y su apercibimiento que de no cumplir con esta medida se procederá a dar vista a la agente del Ministerio Público adscrita para que actúe conforme a sus atribuciones, medio de apremio que se consideró idóneo para que su cumpla con el referido requerimiento. La fijación por concepto de pensión alimenticia provisional diaria a favor de las personas menores de edad en el equivalente al sesenta y seis punto sesenta y siete (66.67%) por ciento, de un valor de un salario mínimo vigente en el Estado de Oaxaca al momento en que se actualice la obligación, correspondiente a cada acreedor alimentario el equivalente al treinta y tres punto treinta y tres por ciento (33.33%) del salario mínimo general, que dice se debe exhibir de forma por el suscrito en forma quincenal por quincenas adelantadas. El apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento a lo que cumpla en forma parcial con el mismo por un periodo de treinta días naturales se: Ordenará la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. Se dará vista al Agente del Ministerio Público adscrita a ese juzgado, con la falta de pago o pago parcial de la pensión alimenticia provisional impuesta." Congreso del Estado de Oaxaca. La iniciación, discusión, aprobación, sanción, promulgación, refrendo, expedición y la publicación respectiva del Código Familiar para el Estado de Oaxaca, en lo referente al artículo 173 de dicho código y artículo 413 del Código Penal del Estado de Oaxaca, por violar el principio de progresividad de los derechos humanos del suscrito y violar la prohibición de imponer penas inusitadas, trascendentales y de infamia en perjuicio de mis derechos humanos". 5. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 1039/2023 y fue admitida el quince de noviembre del año en curso. 6. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se negó la medida provisional solicitada. 7. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S : I.COMPETENCIA 8. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. II.FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 9. El artículo 146 de la Ley de Amparo establece que la resolución que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener, entre otras cosas, la fijación clara y precisa del acto reclamado. 10. En ese sentido, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva únicamente respecto de los actos emitidos en el proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente ***/*** del índice de la autoridad responsable, para los efectos siguientes: No se apliqué la determinación de realizar actos u omisiones que tienda a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica a la actora Patricia Santana Echeverría, y las personas menores de edad de nombres *.*.*. y *.*.* Se suspenda la pensión alimenticia provisional en los términos en que le fue fijada. Se abstenga de hacer efectivos los apercibimientos consistentes en la vista al ministerio público y la inscripción en el registro de deudores alimentario (efectos y consecuencia) III. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. 11. El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, aceptó la existencia del acto reclamado. 12. Por su parte, la autoridad responsable Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, fue omiso en rendir su informe previo, no obstante que le fue solicitado oportunamente mediante el oficio ***/*** de quince de los corrientes, que fue recibido el diecisiete siguiente, como se corrobora con la constancia que obra en autos y en el expediente electrónico. 13. En consecuencia, de conformidad con el numeral 142 de la Ley de Amparo, se tienen como ciertos los actos atribuidos a la citada autoridad responsable. IV. ANÁLISIS SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA 14. En la presente interlocutoria debe decirse si se concede o se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados. 15. Tal y como se refirió en el considerando respectivo, la parte quejosa reclama de la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro lo siguiente: 16. El auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, emitido en el expediente ***/***, donde: Se emitió en su contra, la medida provisional de que se abstenga de realizar actos u omisiones que tienda a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica a Patricia Santana Echeverría, y los menores de edad de nombres *.*.*. y *.*.*. Se le fijó la pensión alimenticia provisional diaria a favor de las personas menores de edad en el equivalente al sesenta y seis punto sesenta y siete por ciento (66.67%) El apercibimiento que de no cumplir con las referidas medidas cautelares dentro de los treinta días siguientes, se procederá a dar vista a la agente del Ministerio Público adscrita para que actúe conforme a sus atribuciones y se ordene su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con fundamento en los artículos 173 del Código Familiar y 413 del Código Penal del Estado de Oaxaca, respectivamente. 17. Ahora, el quejoso solicita la suspensión definitiva para lo siguiente: No se apliqué la determinación de realizar actos u omisiones que tienda a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica a la actora ****, y las personas menores de edad de nombres *.*.*. y *.*.*. Se suspenda la pensión alimenticia provisional en los términos en que le fue fijada. Se abstenga de hacer efectivos los apercibimientos consistentes en la vista al ministerio público y la inscripción en el registro de deudores alimentario. 18. En ese sentido, al ser actos de naturaleza distinta el estudio de la suspensión se realizará de manera separada. VI. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS. 19. Precisado lo anterior, el normativo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 dispone que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. 20. Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el numeral 125 de la Ley de Amparo, la suspensión es una medida cautelar que puede decretarse de oficio o a petición del quejoso; en el segundo caso para que proceda la suspensión del acto reclamado además de que sea solicitada por el disidente es necesario que concurran los requisitos siguientes: El acto combatido sea cierto. El acto impugnado sea susceptible de ser suspendido. Que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 21. La certeza del acto reclamado no es un requisito exigido de manera expresa en los preceptos que regulan a dicha institución; sin embargo, ello obedece a que es un presupuesto lógico, porque no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes. 22. La necesidad de que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, también constituye un presupuesto lógico, pues ningún fin práctico tendría conceder la medida cautelar sobre un acto que por su propia naturaleza no es susceptible de ser suspendido. 23. La exigencia relativa a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público es un requisito que a diferencia de los anteriores sí se encuentra previsto en la ley de la materia, en su ordinal 128 que estatuye: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:- I. Que la solicite el quejoso; y- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.- Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial.- Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva". 24. Por otra parte, el legislador estableció diversos supuestos en los que invariablemente de concederse la suspensión se seguiría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público. 25. En efecto, en el precepto 129 de la Ley de Amparo se establece lo siguiente: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión:- I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;- II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos;- III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;- IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario;- V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país;- VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;- VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense;- VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico;- IX. Se impida el pago de alimentos;- X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional;- XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad;- XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión;- XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". 26. De la inserción anterior se advierte que las hipótesis en las que el legislador consideró que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público sólo son enunciativas, pues al indicar que, entre otros casos, en los supuestos referidos se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público de concederse la suspensión es evidente que el creador de la norma otorgó al Juzgador la libertad de ponderar en qué otros casos se podría perjudicar el interés social o contravenir disposiciones de orden público. 27. En ese orden, la afectación al interés social o a normas de orden público se identifica, por regla general, con que el otorgamiento de la medida suspensional prive a la colectividad de un beneficio que obtendría de no otorgarse la suspensión. 28. A efecto de demostrar lo anterior, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al razonar respecto de las nociones de interés social o público a que alude el artículo 128 de la Ley de Amparo, sostuvo la jurisprudencia en materia común 8, publicada en el Informe 1973, Parte II, séptima época, página 44 y registro 805484, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.". 29. Ahora bien, el otorgamiento de la suspensión está proscrito a aquellos casos en los que con su concesión se transgredan normas de orden público o se lesione el interés social; en principio, la estimación del orden público corresponde al apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin embargo, la ejemplificación que contienen el artículo en cita para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realiza esas contravenciones, revela que se puede razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría. 30. En respaldo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia en materia administrativa I.3o.A. J/16, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, novena época, página 383 y registro 199549, que señala: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." 31. Además, debe tenerse presente que se trata de nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. 32. Por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporten a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. 33. En conclusión de estos razonamientos, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. 34. De manera que la afectación o no del interés púbico no depende de que se justifique o no la apariencia del buen derecho (requisito que se identifica con la existencia real y jurídica del derecho legítimamente reconocido cuya tutela se pretende con la medida cautelar), pues como se dijo esos requisitos involucran temas de estudio diverso que no deben confundirse 35. Ahora bien, del contenido de la demanda y de las documentales aportadas por el quejoso y a presunción de certeza del acto que se le reclama a la juez responsable, ante su falta de rendición de informe previo, consistente en la orden emitida en contra del quejoso para que se abstenga de realizar actos u omisiones que tienda a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica a la actora Patricia Santana Echeverría, y las personas menores de edad de nombres *.*.*. y *.*.*., este Juzgador considera, que no hay elementos suficientes para afirmar la apariencia de la violación alegada. 36. Ello es así, toda vez que del contenido del acuerdo de trece de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***/***, del índice de la responsable que exhibió el quejoso, se aprecia que dicha medida de protección fue emitida en un expediente familiar y para garantizan el bienestar y seguridad de las personas integrantes de un grupo familiar derivadas de la obligación del Estado de proteger la organización y desarrollo de la familia, prevista en el artículo 4o. de la Constitución General. 37. De ahí que lo procedente sea negar la suspensión definitiva solicitada, por no satisfacer el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, al contravenir disposiciones de orden público 38. Ello es así, pues dicha medida de protección al haber sido emitida por una autoridad jurisdiccional en aras de salvaguardar la integridad de los menores y una integrante de la familiar, constituye una disposición de orden público, que garantizan el bienestar y seguridad de las personas integrantes de un grupo familiar, derivadas de la obligación del estado de proteger la organización y desarrollo de la familia, prevista en el artículo 4 de la Constitución, de ahí que sea inviable conceder la suspensión definitiva solicitada. 39. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada pendiente de publicación número II.1o.C.1 K (11ª) Undécima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. DEBE NEGARSE RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS EN UN PROCEDIMIENTO DE VIOLENCIA FAMILIAR, POR NO SATISFACER EL REQUISITO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: El quejoso, a quien se le atribuye ser presunto generador de agresiones en un procedimiento de violencia familiar, al acudir al juicio de amparo solicitó la suspensión de la ejecución de las medidas de protección dictadas en el juicio natural para salvaguardar la integridad de la persona receptora de violencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe negarse la suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto respecto de la ejecución de medidas de protección dictadas en un procedimiento de violencia familiar para salvaguardar la integridad de la persona receptora de violencia, por no satisfacer el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, al contravenir disposiciones de orden público que garantizan el bienestar y seguridad de las personas integrantes de un grupo familiar, derivadas de la obligación del Estado de proteger la organización y desarrollo de la familia, prevista en el artículo 4o. de la Constitución General. Justificación: Lo anterior, porque cuando en un juicio de amparo promovido por quien se le atribuye el carácter de presunto generador de violencia, solicita la suspensión de la ejecución de las medidas de protección decretadas en favor de la persona receptora de violencia en un procedimiento de violencia familiar, no procede conceder la medida cautelar por no satisfacer el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, al contravenir con esa medida disposiciones de orden público en materia de protección a los integrantes de un grupo familiar, pues al disponer el legislador en los distintos ordenamientos normas de protección contra la violencia familiar, reconoce la obligación del Estado de garantizar el bienestar y seguridad de las personas integrantes de un grupo familiar, que materializa a través de la emisión de distintos preceptos que tienen por objeto separar a cualquier integrante de aquel grupo de toda acción, omisión o abuso que afecte su integridad física, psicológica o los distintos tipos de libertad de las personas dentro del mismo grupo, a efecto de garantizar su derecho fundamental a la dignidad humana reconocido en el artículo 1o. constitucional, así como la protección de la organización y el desarrollo de la familia garantizado por el artículo 4o. de la Constitución General; situación que da a estas disposiciones el carácter de orden público". ANÁLISIS SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA FIJADA. 40. Este órgano jurisdiccional considera que respecto a la pensión de alimentos provisional no hay elementos suficientes para afirmar la apariencia de la violación alegada. 41. Sin que el suscrito no desconozca las pruebas que aporta al presente incidente, como lo son las copias simples de un acuerdo de trece de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente familiar **/** del índice del Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro; así como sus manifestaciones de que la autoridad responsable de manera oficiosa determinó fijar una pensión sin antes haberlo escuchado en una audiencia respectiva; empero, al respecto es pertinente transcribir los artículos 128, fracción II, y 129, fracción IX, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [.] IX. Se impida el pago de alimentos; [.] El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". 42. Acorde con tales disposiciones, la suspensión de los actos reclamados se otorgará siempre y cuando no causen perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; considerándose como un caso específico de esto, cuando se impida el pago de alimentos. 43. La disposición así definida no distingue ni limita solo al caso de alimentos que tengan a su favor los menores de edad, sino alude en general a la prestación alimentaria (provisional o definitiva), que acorde con los artículos 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 y 320, todos del Código Civil para la entidad, su finalidad es que aquellas personas que se encuentren en un estado de necesidad sean apoyados por los familiares o personas a quienes el legislador les ha impuesto tal deber, a fin de que sufraguen los gastos necesarios para su subsistencia y educación, por la especial condición que guarden entre sí (progenitores, cónyuges, concubinos, ascendientes paternos y maternos, hijos, hermanos, adoptante y adoptado); por lo que en el caso de los alimentos, la persona acreedora al momento de solicitarlos tiene la presunción de necesitarlos. 44. Cabe citar la tesis 1a. CXXXVI/2014 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal Nacional, localizable en la página 788, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2006163, de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia". 45. Por lo que, los alimentos por sí solos actualizan la hipótesis prevista en la fracción IX del artículo 129 de la Ley de Amparo, la suspensión contra su pago es improcedente precisamente en aras de la protección al interés social y orden público que existe en que se cumplan los alimentos, que es una prestación fundamental y de cotidiano requerimiento por el acreedor alimentista para su subsistencia que de no protegerse, podría ocasionarle daños irreparables, de modo que en el propio juicio de amparo, se tutela en la suspensión el derecho alimentario; por tanto, se niega la suspensión definitiva por lo que hace a dicho acto. ANÁLISIS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LOS APERCIBIMIENTOS DECRETADOS. 46. Finalmente, la parte quejosa se duele de los apercibimientos decretados por la responsable para el caso que de no cumpla con el pago de la pensión alimenticia en forma parcial con el mismo por un periodo de treinta días naturales se ordenará la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos y se dará vista al Agente del Ministerio Público adscrita a ese juzgado, lo anterior, en apoyo a los artículos 173 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca y 413 del Código Penal del Estado de Oaxaca, mismos que son del tenor siguiente: Código Familiar para el Estado de Oaxaca "Artículo 173.- Quien incumpla total o parcialmente, con la obligación alimentaria ordenada provisional o definitivamente por la autoridad judicial o establecida mediante convenio judicial, por un periodo de treinta días naturales se constituirá en deudor alimentario moroso. El Juez de lo Familiar ordenará su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos remitiendo dentro de los tres días copia certificada del auto o sentencia para tal efecto. Serán también objeto de registro los empleadores que incumplan una orden de descuento para alimentos ordenada por el órgano jurisdiccional. El deudor alimentario moroso que acredite ante la autoridad judicial de conocimiento, que se encuentra al corriente del pago de alimentos, podrá previo pago de derechos al estado, solicitar la cancelación de la inscripción correspondiente." Código Penal del Estado de Oaxaca "Artículo 413. A quien sin motivo justificado incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente. Para los efectos de este artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando él o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero. Los alimentos comprenderán la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en caso de enfermedad y, en su caso, los gastos de embarazo y parto. Respecto a los menores de edad, comprende, además, los gastos necesarios para la educación básica y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. También comprenden las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento y en su caso, los gastos de funerales. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor, la Jueza o el Juez determinará el pago de los alimentos o la reparación del daño, con base en la capacidad económica del deudor, el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años; así como del estado de necesidad de los acreedores." 47. Para decidir sobre la procedencia de la suspensión (provisional o definitiva) en el juicio de amparo indirecto el juzgador debe, en primer lugar, examinar si los actos reclamados son ciertos; en segundo, si la naturaleza de los actos permite su paralización y en tercer lugar, si se satisfacen los requisitos exigidos por la Ley de Amparo. 48. Lo anterior implica que para la procedencia de la medida cautelar se requiere que los actos sean ciertos; que sean suspendibles, y que concurran los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo; la falta de cualquiera de los citados requisitos hace improcedente la suspensión. 49. En relación con la naturaleza de los actos reclamados, el Alto Tribunal del País ha sostenido reiteradamente que, por regla general, sólo los actos futuros de inminente realización y no los futuros e inciertos son susceptibles de ser suspendidos, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutará en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones 50. Lo anterior encuentra apoyo en las tesis que a continuación se transcriben: "SANCIONES POR INFRACCIONES ASENTADAS EN ACTA DE VISITA, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LA PROBABLE APLICACION DE. El hecho de que en el acta levantada con motivo de la visita a una negociación se asiente que se han infringido una o varias disposiciones administrativas no tiene como consecuencia, necesaria e inmediata, el que se aplique alguna sanción, ya sea multa, clausura o cancelación de la licencia o del permiso de funcionamiento, si de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico respectivo resulta necesaria la actuación posterior de la autoridad para calificar el acta y establecer, mediante la resolución correspondiente, si debe sancionarse al visitado y, en su caso, determinar el tipo de sanción que le es aplicable y, menos aún, si prevé un procedimiento a través del cual se permite al interesado ser oído y aportar pruebas para desvirtuar lo asentado en el acta, ya que la imposición de sanciones como consecuencia de las infracciones que se le atribuyen en el acta constituye un acto futuro que podría existir o no y, por tanto, dentro del juicio de garantías en que se reclame resulta improcedente decretar su suspensión2 .." "ACTOS FUTUROS INMINENTES.- Habiendo sido considerada la tercera perjudicada como propietaria del inmueble de que se trata; y constando ya su derecho en instrumento público que se anotó en el Registro Público de la Propiedad, seguramente que para completar el procedimiento seguido por el Juez responsable, en el juicio sucesorio, este funcionario tendrá que ordenar que se dé posesión del bien adjudicado a la adjudicataria; de lo que se deduce que al reclamar los quejosos contra esta posesión, no reclaman contra un hecho futuro e incierto, sino de inminente realización, que es susceptible de ser suspendido, porque afectando intereses particulares se encuentran reunidos los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo."3 51. Atento a lo antes expuesto, es dable concluir que contra la ejecución del apercibimiento a la parte quejosa con la imposición de la medida de apremio consistente en la inscripción de deudores alimentarios morosos y dar vista al agente del Ministerio Público de la adscripción, resulta improcedente la suspensión, pues constituyen actos futuros e inciertos, en virtud de que su realización no es segura, sino que dependerá de la conducta que aquél asuma en relación con ese mandato judicial 52. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 14/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 141, Tomo XXXI, Febrero de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA EJECUCIÓN DEL APERCIBIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE UN LAUDO LABORAL, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO. Conforme al criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por regla general sólo los actos futuros de inminente realización y no los futuros e inciertos son susceptibles de suspenderse, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de modo que pueda asegurarse que se ejecutarán en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, ya que su existencia depende de la actividad previa del quejoso o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. En ese tenor, resulta improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del apercibimiento al quejoso con la imposición de una multa en caso de no cumplir con un laudo laboral, pues constituye un acto futuro e incierto, en virtud de que su realización no es segura, por depender de la conducta que aquél asuma en relación con ese mandato judicial." 53. Asimismo, es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia sin número de esta Segunda Sala que se encuentra publicada en la página 55, Volumen 66, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo tenor es el siguiente: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES.- El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo." 54. Corolario a lo anterior, al no estar acreditado en un grado de probabilidad mayor de que se hayan aplicado los artículos 173 del Código Familiar para el Estado de Oaxaca y 413 del Código Penal del Estado de Oaxaca en perjuicio del quejoso, menos aún puede concederse la suspensión de sus efectos y consecuencias, tal y como lo establece el artículo 148 de la Ley de Amparo, pues al no estar acreditada dicha circunstancia (aplicación) no es factible realizar la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público, pues no se cumple con el primer requisito de procedibilidad. 55. Respalda lo anterior, la jurisprudencia XXVII.3o. J/9 (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, página 1726, Materia Común con el número de registro digital: 2008231, y que al efecto es del contenido literal siguientes: SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará "para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión. Conforme a dichas consideraciones, se niega la suspensión definitiva en cuanto a este acto se refiere. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ****. NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, en relación a su contenido, se le tiene formulando sus alegatos en términos del artículo 144 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad con el precepto 2° de la ley de la materia, expídase en su oportunidad, copia certificada de la interlocutoria que se dicte en este incidente de suspensión. Por otra parte, glósese al presente incidente la promoción señalada (folio 12786) en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la tercera interesada ****, se apersona a este incidente, señala domicilio procesal y designa autorizados. Al respecto, se tiene a la referida tercera interesada por incorporada a la relación jurídica procesal entablada en este asunto, por señalado el domicilio procesal que indica en su ocurso y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado *** (cédula profesional ***); asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ***, *** y ***, toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho no aparecen registradas sus cédulas profesionales. Finalmente, se tiene a la cursante señalando el número telefónico y correo electrónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la tercera interesada ****, se apersona a este juicio de amparo, señala domicilio procesal y designa autorizados. Al respecto, se tiene a la referida tercera interesada por incorporada a la relación jurídica procesal entablada en este asunto, por señalado el domicilio procesal que indica en su ocurso y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado *** (cédula profesional ***); asimismo, se tiene como autorizados en términos restringidos de los normativos 12 y 24 de la Ley de Amparo, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ****, *** y ***, toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho no aparecen registradas sus cédulas profesionales. Asimismo, se tiene a la cursante señalando el número telefónico y correo electrónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano