Jerazano González Bibiana

Expediente 655/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
655/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Jerazano González Bibiana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta se advierte que ya concluyó el plazo de diez días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho medio de impugnación. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio constitucional ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio constitucional carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que en la sentencia dictada en el presente sumario se sobreseyó se considera que este expediente de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General citado, encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del referido acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte en el presente asunto se encontraban suspendidos los plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha circular tuvo como objetivo el salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del citado Consejo, en la cual se determinó adoptar como medida especial el regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero pasado, lo cual ya aconteció; por ende, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo. En ese tenor, es necesario destacar que de conformidad a lo establecido en dicha circular, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; es decir, los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En el entendido de que la reanudación de plazos y términos decretada, operará hasta que se notifique la presente determinación. Finalmente, se hace la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión se decretó en la ya citada circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, que se publicó en la página oficial del Consejo de la Judicatura Federal y obedeció a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reanudan los términos y plazos procesales en este juicio de amparo y se reactiva el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, con las salvedades ahí expuestas. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes (correo electrónico y servicios de mensajería instantánea), pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que de existir esa vía de contacto con las partes, se conmina al actuario judicial adscrito, levante la razón correspondiente para que se agregue a los autos. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    "V I S T O S los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo ***, promovido por ***, contra actos de Auditoria Superior, actualmente Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiséis de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, turnado ese mismo día a este Juzgado Quinto de Distrito, ***, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. 1) Auditoria Superior del Estado de Oaxaca, actualmente denominado Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; 2) Coordinadora de Cobro Coactivo dependiente de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. IV.- ACTOS RECLAMADOS.  "La resolución de fecha 7 de febrero de 2017, dictada en el expediente de número ***del índice de esa Auditoría Superior del Estado.  La notificación de fecha 23 de febrero de 2017, mediante la cual es notificada al suscrito la resolución de fecha 7 de febrero de 2017, dictada en el expediente número ***.  EL MANDAMIENTO DE EJECUCION NÚMERO ***, emitido en REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAX, A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2020 por la LIC. SAMANYHA IVONNE CORTES FLORES, COORDINADORA DE COBRO COACTIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE INGRESOS Y RECAUDACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, en contra del suscrito en mi calidad de REGIDOR DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, DISTRITO DE TUXTEPEC, OAXACA, derivado del crédito número ***, por motivo de la RESOLUCIÓN DETERMINANTE: *** dictada el 7 DE FEBRERO DE 2017, por la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO." SEGUNDO. Derechos Humanos Vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, y señaló como derechos fundamentales violados los contemplados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, TERCERO. Tramitación del juicio. En proveído de veintisiete de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo quedando registrada con el número de expediente ***; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; otorgó intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por una autoridad residente en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En esa tesitura, del contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclamó:  1) La resolución de siete de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente número ***, y su notificación de veintitrés de febrero de ese mismo año; y, como consecuencia,  2) El mandamiento de ejecución número ***, de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, derivado del crédito fiscal ***. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, el tribunal que conozca, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse alguna, es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración la jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, el Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del citado Órgano, y la Coordinadora de Cobro Coactivo dependiente de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto del Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la citada Secretaría de Finanzas, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron el acto se les reclama, manifestación expresa que basta para tener a dicha conducta por plenamente evidenciada, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia , que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que además se fortalece con las copias certificadas allegadas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, relativas al expediente ***, formado con motivo de la auditoria por no presentar en tiempo informe de avance de gestión financiera del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, que contiene la resolución de imposición de multa de siete de febrero de dos mil diecisiete, a *** y otros; y la notificación de veintitrés de febrero de ese mismo año; asimismo, el mandamiento de ejecución con número de control *** de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, derivado del crédito fiscal ***, y el acta de requerimiento de pago de cinco de octubre siguiente. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. QUINTO. Estudio de causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio. En ese sentido, destaca que las autoridades responsables, el Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del citado Órgano, y la Coordinadora de Cobro Coactivo dependiente de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por conducto del Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la citada Secretaría de Finanzas, al rendir su informe justificado refirieron que en el presente asunto se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XII, XIII y XXIII del artículo 61, y la última fracción en relación con el 107, fracción III, a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Empero, en atención a que este Juzgado de Distrito advierte que se actualizan las diversas causales previstas en las fracciones XIV y XXIII, del artículo 61, ésta última en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, únicamente serán objeto de análisis, pues a nada práctico conduciría pronunciarse de las restantes, si finalmente el sentido del fallo será el mismo. Respalda dicho aserto, la jurisprudencia 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expresa: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución".  Causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por lo que atañe al acto reclamado al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, sintetizado en el inciso a), consistente en la resolución de siete de febrero de dos mil diecisiete, que impuso una multa como sanción administrativa pecuniaria a la quejosa, dentro del expediente ***, formado con motivo de la auditoria por no presentar dentro de los plazos establecidos por el Código Fiscal, el segundo, tercero y cuarto avance de gestión financiera del ejercicio fiscal dos mil quince; y, primero y segundo informe de avances de gestión financiera del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, cuando fungía como regidor de Hacienda del Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, el suscrito juzgador, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]". Sobre ese tenor, conviene traer a colación los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De los dispositivos antes transcritos se advierte con toda claridad, que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente: a) al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe indefectiblemente plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, luego, si no obstante tener conocimiento de la existencia de un acto afectatorio, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la Ley de Amparo, tal conducta, a criterio del legislador debe tomarse como manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Ahora bien, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta, como ya se adelantó deviene improcedente al haberse presentado la demanda de manera extemporánea; pues el cómputo de quince días para su promoción empezó a correr a partir del día siguiente a aquél en el que el quejoso tuvo conocimiento de la resolución de imposición de multa de siete de febrero de dos mil diecisiete, lo cual sucedió el veintitrés de febrero de ese mismo año, como se corrobora con el acuse de recibo certificado del servicio postal mexicano, en el que obra el nombre y firma de la destinataria, aquí quejosa ***, mediante el cual (correo) se le notificó el oficio número ***, que contenía la notificación de la citada resolución de siete de febrero dos mil diecisiete, signado por la Auditoria Superior del Estado de Guerrero. Notificación que resulta legal de conformidad con el precepto legal 134, fracción I, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en su última reforma publicada el siete de enero de dos mil diecisiete, que establece, "Artículo 134.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán: I. Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo en el buzón tributario, cuando se trate de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes y de actos administrativos que puedan ser recurridos. [.]." De ahí que, si la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, el término de quince días para instar el juicio de amparo transcurrió del veintisiete de febrero al diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, descontándose los días veinticinco y veintiséis de febrero, cuatro, cinco, once y doce de marzo de esa misma anualidad, por ser días inhábiles. Por lo que, es indudable que a la fecha de presentación de la demanda (veintiséis de octubre de dos mil veinte), ya había fenecido el plazo que otorgan los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo; en consecuencia, el acto reclamado identificado en el inciso a), fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Sin que en el caso se actualice alguna de las hipótesis que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para exceptuar al impetrante del término de quince días a que se alude, dado que no se está en el caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, mucho menos una sentencia definitiva en materia penal, el acto no tiene por efecto privar de derechos agrarios a algún núcleo de población, y tampoco implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.  Causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, en torno al acto detallado en el inciso b), que se hace consistir en el mandamiento de ejecución número ***, de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, derivado del crédito fiscal ***; este órgano de control constitucional oficiosamente advierte que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, que expresan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. [.] La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito". Como preámbulo, conviene decir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, pueden derivar también de diversas disposiciones de la propia Ley de Amparo, distintas a las previstas en dicho numeral, así como también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de ese numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma, que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que los juicios de amparo deben estimarse improcedentes. En realidad, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61, supuestos que, como se dijo, pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Sobre esos parámetros, este juzgado estima que tocante al acto reclamado, se actualiza un motivo de improcedencia que tiene su génesis en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". De la jurisprudencia transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra de aquellos actos que tienen como antecedente directo e inmediato uno diverso que fue consentido por la parte quejosa; por lo que para que opere la causa de improcedencia en estudio se requieren dos supuestos: 1. Un acto previo en contra del cual no se promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que se haya consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; y, 2. Que el acto en contra del cual se promueva el juicio de amparo sólo sea la consecuencia legal, directa o forzosa del primero. Cabe precisar que el análisis del consentimiento, no debe hacerse en forma aislada, sino que debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, con anterioridad a los reclamados y que, a su vez, exista vinculación entre ellos. Por tanto, para determinar si un acto deriva de otro que fue consentido, debe establecerse una relación de causalidad. Al respecto, es aplicable, por identidad de razón, la tesis 11 K, del Primer Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito , que señala: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales". Pues bien, el primero de los requisitos antes aludidos, consistente en que exista un acto previo en contra del cual no se promueva medio de defensa legal alguno, o bien, que se haya consentido expresamente o existan manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, se actualiza plenamente, como se expone a continuación: Existencia de acto previo consentido: Resolución de siete de febrero de dos mil diecisiete, emitida por el Auditor Superior, actualmente denominado Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, que impuso multa a la quejosa como sanción administrativa pecuniaria, dentro del expediente ***, formado con motivo de la auditoria por no presentar dentro de los plazos establecidos por el Código Fiscal, el segundo, tercero y cuarto avance de gestión financiera del ejercicio fiscal dos mil quince; y primero y segundo informe de avances de gestión financiera del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, cuando fungía como regidor de Hacienda del Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca. Acto reclamado derivado del consentido: El mandamiento de ejecución número *** de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, ordenado por la Coordinadora de Cobro Coactivo dependiente de la Dirección de Ingresos y Recaudación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, el cual se requirió mediante acta de requerimiento de pago de cinco de octubre de dos mil veinte, a la quejosa. Una vez precisadas ambas hipótesis, se evidencia que la resolución de siete de febrero de dos mil diecisiete que impuso una multa a la quejosa en el expediente ***; fue consentida tácitamente ya que contra la misma, la promovente del amparo no interpuso ningún recurso ordinario ni extraordinario dentro de los plazos legales previstos; de modo que tal situación apuntada constituye una manifestación de voluntad que entraña el consentimiento de los actos reclamados. Respecto del segundo de los requisitos en estudio, consistente en que el acto en contra del cual se promueva el juicio, sea la consecuencia legal o directa del acto previo, también se cumple, puesto que como ya fue señalado, el mandamiento de ejecución número *** de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, derivado del crédito número ***, es una consecuencia natural de la resolución de siete de febrero de dos mil diecisiete, emitida por el Auditor Superior, actualmente en su denominación Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, que impuso multa a la quejosa como sanción administrativa pecuniaria, dentro del expediente ***, formado con motivo de la auditoría que se realizó por no presentar en tiempo el informe de avance de gestión financiera del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, cuando fungía como regidor de Hacienda del Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, Distrito de Tuxtepec, Oaxaca, y que la impetrante de amparo no recurrió en la instancia de origen, y además fue impugnada de manera extemporánea mediante juicio de amparo. Luego, la confronta de todo lo anterior permite concluir que existe una clara relación de causa y efecto, por lo cual es evidente que se trata de un acto consentido, porque no se impugnó a través de algún medio ordinario o extraordinario de defensa dentro de los plazos legalmente previstos; entonces, el acto reclamado precisado en el inciso b), consistente en el mandamiento de ejecución número *** de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, que ordena el requerimiento de pago de la multa impuesta en resolución de siete de febrero de dos mil diecisiete, constituye un acto derivado de otro consentido. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 44, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito , del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados". VII. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, al evidenciarse plenamente la actualización de las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIV y XXIII, del artículo 61, ésta última en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo; se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción V , del mismo ordenamiento legal. Por lo expuesto, y además con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de este fallo, y por las razones expuestas en el quinto considerando de esta sentencia. Notifíquese."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a los autos los informes justificados que rinde el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, y Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de la Fiscalización del Estado, y en representación del Titular de dicho Órgano, y anexos que acompañan; con éste y los documentos que se reciben, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. En otro orden, con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades responsables, a las personas que mencionan, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado como domicilio para recibir notificaciones el que indican. De igual manera, se tiene a la primera de las citadas autoridades, proporcionando correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que dicho dato será únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Por otra parte, respecto a las causales de improcedencia y sobreseimiento que hacen valer, dígaseles que en el momento procesal oportuno se acordará lo procedente. NOTIFÍQUESE.

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