Jeovany Rivera Téllez Girón

Expediente 621/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
621/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Jeovany Rivera Téllez Girón

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: CAUSA ESTADO De la certificación secretarial de cuenta, se desprende que dentro de plazo legal de que disponía la parte quejosa, no impugnó el auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye a la Secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria Ana Bertha Bravo Duarte, quien da fe.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio 22190/2023, proveniente del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, al que adjunta el cuadernillo de incompetencia ********************de su índice, del que se desprende que dicho órgano se declaró legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta defensor particular del quejoso directo ********************, contra actos del Director del Centro Federal Readaptación Social Número 17 "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, y otras autoridades. REGISTRO Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número ********************/2023. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En virtud de que, por auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se advierte que el Juzgado declinante estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, con apoyo en el artículo 48, de la Ley de Amparo, por compartir las consideraciones expuestas por la autoridad declinante, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Ahora, en el caso, se aprecia que el peticionario de amparo, comparece ante esta instancia constitucional a dolerse de, lo siguiente: "(.) 1. DIRECTOR DEL EL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NO. 17 "CPS MICHOACÁN": a) Se reclama la negativa de atención médica urgente por el padecimiento de varios padecimientos médicos. b) La negativa de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar mi padecimiento, mismo que se encuentra dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos del consejo de salubridad general que debe proporcionarse por parte de la seguridad social que se tiene derecho como ser humano. c) La falta de otorgar el tratamiento médico urgente e inmediato. 2. JUEZ DE LO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL DE ESTA CIUDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA d) Se reclama la negativa de atención médica urgente por el padecimiento de varios padecimientos médicos. e) La negativa de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar mi padecimiento, mismo que se encuentra dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos del consejo de salubridad general que debe proporcionarse por parte de la seguridad social que se tiene derecho como A ser humano. f) "La falta de otorgar el tratamiento médico urgente e inmediato. 3. JUEZ DE CONTROL ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA CON SEDE EN LA CIUDAD DE TECATE g) Se reclama la negativa de atención médica urgente por el padecimiento de varios padecimientos médicos. h) La negativa de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar mi padecimiento, mismo que se encuentra dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos del consejo de salubridad general que debe proporcionarse por parte de la seguridad social que se tiene derecho como ser humano. i) La falta de otorgar el tratamiento médico urgente e inmediato. (.)" No obstante la presunción de la certeza del acto reclamado, este Órgano de Control Constitucional, de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El dispositivo en mención, establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Dicho precepto alude, al principio de definitividad, al establecer que el juicio de amparo, es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales administrativos o del trabajo, cuando: A. Deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o bien, B. Proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En el entendido de que la última hipótesis opera siempre y cuando conforme a las leyes que rijan los actos tildados de inconstitucionales, se suspendan sus efectos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la legislación de la materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la invocada normatividad. Al respecto, el mecanismo establecido en la legislación aplicable al particular, dispone la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por las autoridades penitenciarias, como se precisará párrafos posteriores e incluso, si la parte quejosa, desea que su acto sea suspendido, tiene la posibilidad de acudir directamente al Juez que corresponda a presentar su petición, quien ordenará de oficio y de inmediato la suspensión del acto, a fin de que cese la omisión, por lo que dicha suspensión establecida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, tiene los mismos alcances que la regulada por la Ley de Amparo, dado que no exige mayores requisitos que los que ésta requiere, ni tampoco mayor plazo para su otorgamiento. Ahora, de los artículos 107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116 y 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que dicha legislación prevé el Procedimiento Administrativo, mediante el cual las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esa ley pueden interponerlo a su favor sin mayores formalidades y auxiliadas por la propia autoridad carcelaria, en el que pueden formular por escrito peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cual tiene la obligación de atender tal petición dentro de las veinticuatro horas siguientes y una vez allegada de la información necesaria, resolverá sobre el fondo de la cuestión planteada dentro del término de cinco días. Incluso, si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario o si ésta no fue resuelta dentro del término legal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el interno puede formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución recurrida. Además, si el reclamo se relaciona con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, la persona legitimada puede acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición, supuesto en el cual el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva y, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Asimismo, se destaca que la Ley Nacional de Ejecución Penal es aplicable a las personas privadas de la libertad, con motivo de la prisión preventiva o en cumplimiento de una sentencia, cuyo origen indistintamente provenga del sistema tradicional o mixto, o conforme con el nuevo sistema penal acusatorio. Ahora en el caso en particular, de la demanda de amparo, se evidencia que el quejoso directo, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista Tomatlan, Michoacán y reclama sustancialmente la falta de atención médica, así como la negativa de brindarle ésta y todos y cada uno de los medicamentos para tratar varios padecimientos médicos que presenta. De lo anterior se concluye que este juicio es improcedente porque el promovente antes de acudir a la instancia de amparo debió agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que a través del mismo, es posible lograr que las autoridades responsables se pronuncien respecto de los actos reclamados analizados en este apartado y, en su caso, formular controversia ante el juez de ejecución, pues no se actualiza algún caso de excepción al citado principio de definitividad. Cobra aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad". Además, la legislación en cita, también regula la atención de ese tipo de casos apremiantes, en los que el quejoso podrá solicitar la suspensión de inmediato de las omisiones reclamadas, por lo que no se actualiza alguna causa de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Es así, ya que la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que, en actos, urgentes, el Juez de Ejecución de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motive la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley en cita. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia número I.13º.A. J/6, visible en la página 1631, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que sostiene: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO PROCESAL Téngase a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena practicar las notificaciones que le resulten a través de del usuario "********************"; para lo cual, se instruye al Actuario de la adscripción darle de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), asimismo, deberá habilitarse la consulta del expediente electrónico. CORREO ELECTRÓNICO En cuanto al correo electrónico que proporciona, manténgase bajo resguardo a fin de que sea utilizado únicamente como medio especial y expedito de contacto de carácter no procesal; toda vez que no se encuentra previsto por la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se le tiene a la parte promovente autorizando en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica en su escrito de demanda, dado que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que los acredita como licenciados en derecho. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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