Javier Moreno Barragan
Expediente 620/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 620/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier Moreno Barragan
- Delegada Estatal del IMSS, perteneciente al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán de Ocampo, Morelia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional, emite las determinaciones siguientes: 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades realizaran lo siguiente: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, se concede a Javier Moreno Barragán, el amparo solicitado a efecto que las autoridades responsables Delegada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, perteneciente al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, en su denominación correcta Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán; al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado; al médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado; al Director General del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo; y al Cardiólogo de consulta externa, consultorio 1, de cardiología del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo, todos del Estado de Michoacán de Ocampo: Continúe con el tratamiento que resulte necesario al quejoso, practiquen los estudios médicos oportunos respecto de la patología consistente en: "afectación cardiaca diagnosticada como angina isquemia miocardia"; incluyendo, que en su caso se requiera, consultas, tratamientos e intervenciones posteriores que se relacionen con dicha enfermedad, así como brindar la atención médica necesaria por cualquier eventualidad o dolencia relacionada con dicha patología siempre que lo solicite el peticionario de amparo; y en caso de no contar con los especialistas para tratar el padecimiento; de inmediato canalice al quejoso al nosocomio correspondiente. En el entendido, que quedan expeditos los derechos del amparista para hacer del conocimiento a este órgano de control constitucional, en cualquier tiempo, el incumplimiento en el que incurran las autoridades responsables. Debiendo tener presente las responsables, que con independencia que cuenten o no con los medicamentos que se le prescriban al aquí quejoso, para el tratamiento de su enfermedad, habrán de tomar las medidas que sean necesarias a fin de garantizar el comentado derecho a la salud." 2. Causa ejecutoria. Una vez que dicha sentencia de amparo causó ejecutoria, se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. La apoderada jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán de Ocampo y en representación de las autoridades responsables, informó lo siguiente: Que del Sistema de Información de Medicina Familiar Primer Nivel (SIMF) y del Expediente Clínico Electrónico (ECE), se advierte que el día treinta y uno de octubre del año en curso, se proporcionó al quejoso la última atención médica en el Centro Médico Nacional de Occidente, fecha en la que se le dio de alta por mejoría; sin que a la fecha se hubiere presentado en el Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado y Hospital General de Zona número 4, con sede en Zamora de Hidalgo, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, hizo del conocimiento que en todo tiempo se proporcionó al quejoso la atención médica y el tratamiento que requiere; empero, por mejoría en su salud, el paciente ya no se ha presentado a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, En ese sentido, es evidente que las autoridades responsables, proporcionaron al quejoso el tratamiento necesario, respecto del padecimiento que le aqueja, consistente en afectación cardiaca diagnosticada como angina isquemia miocardia. Sin embargo, ello no exime a las autoridades responsables en lo subsecuente, de salvaguardar a favor del quejoso, el derecho de recibir dicho tratamiento y los medicamentos necesarios para combatir su padecimiento, de acuerdo a la valoración que realice el especialista que lo trate. Ello es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud, deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos. En ese sentido, quedan obligadas a continuar proporcionando al peticionario del amparo el aludido tratamiento; esto, como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en el artículo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el quejoso tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorado y se le proporcione el medicamento correspondiente de forma gratuita; asimismo, quedan expeditos sus derechos para hacer del conocimiento a este Juzgado, en cualquier tiempo, el incumplimiento en el que incurran las autoridades responsables. 4. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 5. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales del quejoso, por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.
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Certificación. El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que en el correo institucional de este órgano jurisdiccional 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibió un oficio signado por la apoderada jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán de Ocampo y en representación de las autoridades responsables: Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en su denominación correcta titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán de Ocampo, Director del Hospital General de Sub Zona/MF 17, Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo, Médico Internista del IMSS de Hospital General de Sub Zona/MF 17, Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo, Director del Hospital General de Zona número 4, Zamora Michoacán de Ocampo, Cardiólogo de Consulta Externa Consultorio número 1 de Cardiología del Hospital General de Zona número 4, Zamora, Michoacán de Ocampo. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Conste.****************************************Cuenta. En esta propia fecha, se da cuenta al Juez, en los autos del juicio de amparo 620/2022, con un oficio registrado con el folio 15832; y, con la certificación secretarial que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, a ocho de diciembre de dos mil veintidós.********************AUTORIDAD RESPONSABLE DESAHOGA REQUERIMIENTO Y SE DA VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la apoderada jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán de Ocampo y en representación de las autoridades responsables: Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en su denominación correcta titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán de Ocampo, Director del Hospital General de Sub Zona/MF 17, Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo, Médico Internista del IMSS de Hospital General de Sub Zona/MF 17, Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo, Director del Hospital General de Zona número 4, Zamora Michoacán de Ocampo, Cardiólogo de Consulta Externa Consultorio número 1 de Cardiología del Hospital General de Zona número 4, Zamora, Michoacán de Ocampo; mediante el cual, en atención a lo solicitado en autos, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por parte de las autoridades responsables; lo anterior, toda vez que de una consulta al Sistema de Información de Medicina Familiar Primer Nivel (SIMF), así como Expediente Clínico Electrónico (ECE), se advierte que desde el treinta y uno de octubre del año en curso, se proporcionó última atención médica al quejoso ********************, en el Centro Médico Nacional de Occidente, fecha en la que se le dio de alta, posterior, a la citada alta por mejoría; sin que a la fecha se hubiere presentado tanto en Primer Nivel, es decir HGSZ c/ MF número 17 en Los Reyes, Michoacán de Ocampo, ni en atención médica de Segundo Nivel, como lo es HGZ número 4 en Zamora, Michoacán de Ocampo; asimismo refiere que nunca se le ha negado la atención médica al quejoso, ni el tratamiento médico, sino que, a la fecha no se ha presentado a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. ********************De ahí que, solicita se les tenga cumpliendo con el fallo de esta autoridad, al realizar todas las gestiones por parte del Instituto para preservar la salud y vida del quejoso, siendo éste por mejoría, ya no se ha presentado ante los respectivos nosocomios para dar continuidad a su tratamiento médico.********************En esas condiciones, dese vista a las partes para que, dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que, este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará con relación al cumplimiento del fallo protector.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
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Certificación. El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que el plazo de diez días de que disponían las partes para recurrir la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, transcurrió para la parte quejosa, del diecisiete de noviembre al uno de diciembre del año en curso, y para las autoridades responsables del dieciséis al treinta de noviembre del presente año, descontando los días inhábiles, toda vez que fueron notificadas por lista y por oficio el pasado quince de noviembre, respectivamente, sin que lo hubieran hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a dos de diciembre de dos mil veintidós. Doy fe.********************Cuenta. En esta propia fecha, se da cuenta al Juez, en los autos del juicio de amparo 620/2022, con el estado que guardan los autos; y, con la certificación secretarial que antecede. Conste.****************************************Uruapan, Michoacán de Ocampo, a dos de diciembre de dos mil veintidós.********************EJECUTORIA. De la certificación secretarial de cuenta, se desprende que no fue impugnada en legal término la sentencia que concedió el amparo y protección a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado; al médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado; al Director General del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo; y al Cardiólogo de consulta externa, consultorio 1, de cardiología del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual se le remitió copia oportunamente.********************No obstante, se le reitera que los efectos de la sentencia amparadora, es para que la autoridad responsable, realice lo siguiente:********************"Continúe con el tratamiento que resulte necesario al quejoso, practiquen los estudios médicos oportunos respecto de la patología consistente en: "afectación cardiaca diagnosticada como angina isquemia miocardia"; incluyendo, que en su caso se requiera, consultas, tratamientos e intervenciones posteriores que se relacionen con dicha enfermedad, así como brindar la atención médica necesaria por cualquier eventualidad o dolencia relacionada con dicha patología siempre que lo solicite el peticionario de amparo; y en caso de no contar con los especialistas para tratar el padecimiento; de inmediato canalice al quejoso al nosocomio correspondiente.********************[.]********************Debiendo tener presente las responsables, que con independencia que cuenten o no con los medicamentos que se le prescriban al aquí quejoso, para el tratamiento de su enfermedad, habrán de tomar las medidas que sean necesarias a fin de garantizar el comentado derecho a la salud."****************************************APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a ********************, en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193, de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente.********************Finalmente, se hace la precisión que quedan expeditos los derechos del amparista para hacer del conocimiento a este órgano de control constitucional, en cualquier tiempo, el incumplimiento en el que incurran las autoridades responsables.********************Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.********************Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las diez horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Iván Paredes Escobar, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 620/2022. El Secretario hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia tampoco acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Posteriormente, da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado. Que guarda estado para dictar sentencia. Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y, Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El juez, acuerda: Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación secretarial que antecede, para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta al juez, con las constancias y un disco compacto exhibidos por la parte quejosa, en su demanda de amparo, así como por las autoridades responsables, al momento de rendir sus informes justificados. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados los medios de convicción en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes fueron omisas en emitirlos. A lo anterior, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tiene a las partes por precluido su derecho de expresar alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la sentencia correspondiente, lo que se hace a continuación. S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo 620/2022, promovido por Javier Moreno Barragán, contra actos de la Delegada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el doce de octubre de dos mil veintidós, ante el Secretario de Guardia de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto de las siguientes autoridades: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como Autoridad Responsable. A la Delegada Estatal del IMSS, perteneciente al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, MARIA LUISA RODEA PIMENTEL, con Domicilio en el número 1200 mil doscientos, de la Avenida Madero Poniente, en Morelia, Michoacán de Ocampo. 1- Al Director General del IMSS, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con domicilio en Calle 16 de septiembre S/N, en los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo, el DR. GUILLERMO MAGAÑA BENITES. 3.- A mi Médico tratante DR. INTERNISTA JAVIER NAVARRO AVALOS, de mi IMSS, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con domicilio en Calle 16 de septiembre S/N, en los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo. 4.- Al Director General del Hospital General de Zona no. 4, MANUEL MONTAÑEZ ESPINOZA, con domicilio en el número 32 treinta y uno, de la Cale Los Almendros, Colonia La Luneta, en Zamora de Hidalgo, Michoacán de Ocampo. 5.- Al Cardiólogo MANUEL GASCON CRUZ, de consulta externa, consultorio 1 de cardiología del Hospital General de Zona no. 4, con domicilio en el número 32 treinta y uno (sic), de la Calle Los Almendros, Colonia la Luneta, en Zamora de Hidalgo, Michoacán de Ocampo. IIl.- ACTO RECLAMADO: La atención médica adecuada, con la realización de los estudios y tratamiento especializado a cargo del IMSS, que solucionen mi problema de salud que está poniendo en peligro mi vida, por la falta de atención y negligencia de estas autoridades. Con esto la actitud de omisión de proporcionar una adecuada atención médica, por ejemplo, al no realizar diversos estudios o procedimientos médicos, clínicos que necesito con urgencia o quirúrgicos, o no suministrar medicamentos, que es un acto negativo que compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, consagrados en nuestra carta magna". La parte quejosa expuso que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 1 párrafo tercero y 25, 4 párrafo tercero, 14, 20, 22 Constitucionales. 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 4.1. De la Convención Americana de Derechos Humanos, Articulo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo que se trata, fue recibida por turno en el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, el doce de octubre de dos mil veintidós; y en auto de esa misma fecha, se ordenó registrarla con el expediente 620/2022, determinó conceder la suspensión de plano al quejoso, derivado de la falta de atención médica reclamada, para el efecto que se le proporcione la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiere, para la atención de los padecimientos que presenta, esto es, la afectación cardiaca diagnosticada como angina isquemia miocardia; además, deberán realizar las gestiones necesarias en caso de no contar con los espacios suficientes e insumos que dichos padecimientos requieren; además, admitió a trámite la demanda promovida, solicitó el informe de suspensión de plano y con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, toda vez que la parte quejosa, reclama omisiones atribuidas a una autoridad administrativa con residencia en la ciudad de Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano de control constitucional, ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Aunado a que debe considerarse que, cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso; sino que, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral. Para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito, no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Cobra aplicación, la tesis I.130.A.4K (10a), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. FACTORES QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR CORRECTAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR SU VIOLACIÓN, CUANDO EN LA DEMANDA O EN SU AMPLIACIÓN SE ENUNCIARON GENÉRICAMENTE. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto en el que reclamó, de manera genérica, diversas omisiones de las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de suministrarle medicamentos e insumos para cada enfermedad que padece, así como la abstención de brindarle los tratamientos e intervenciones quirúrgicas necesarios para corregirlos. El Juez de Distrito concedió el amparo e, inconformes, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para fijar correctamente los actos reclamados enunciados genéricamente en un juicio de amparo indirecto promovido por violación al derecho humano a la salud, el Juez de Distrito no sólo debe atender a la literalidad de la demanda y de su ampliación, sino que debe considerar los factores siguientes: a) su naturaleza; b) sus consecuencias jurídicas y fácticas; c) los informes justificados de las autoridades responsables; y, d) las pruebas exhibidas en el juicio por las partes. Justificación: Lo anterior es así, porque cuando el acto reclamado está directamente relacionado con el derecho humano a la salud, no es factible que se atienda únicamente a la literalidad de la demanda de amparo y a su ampliación, si se impugnan omisiones de suministrar medicamentos, tratamientos o intervenciones quirúrgicas para combatir o corregir los padecimientos que presente el quejoso. Por tanto, es necesario interpretar la pretensión real del quejoso para que, en su caso, las autoridades responsables brinden una atención médica integral; esto es, que sea oportuna, eficaz y suficiente para proteger su vida y su salud, incluida la de aquellos padecimientos que pudiera desarrollar durante la secuela procesal, con la finalidad de brindarle el más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Estimar lo contrario implicaría exigir a la parte quejosa una carga adicional irrazonable, esto es, que identifique los medicamentos, tratamientos o procedimientos quirúrgicos que estima son necesarios para el restablecimiento de su salud; sin embargo, con ello la posibilidad de restaurar eficientemente su salud sería prácticamente nugatoria ante una posible omisión o error en la solicitud del accionante; consecuentemente, se afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva." De la lectura íntegra de la demanda y de las constancias que integran el sumario, se advierte que la parte quejosa Javier Moreno Barragán, reclama: De la Delegada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, perteneciente al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, en su denominación correcta Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán. Del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado. Del médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado. Del Director General del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo; y Del Cardiólogo de consulta externa, consultorio 1, de cardiología del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo. Todos del Estado de Michoacán de Ocampo. La omisión de brindar la atención médica adecuada, con la realización de los estudios o procedimientos médicos, clínicos con urgencia o quirúrgicos, y tratamiento especializado a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de solucionar su problema de salud que está poniendo en peligro su vida, por la falta de atención y negligencia de dichas autoridades, así como la negativa de suministrar medicamentos, para el padecimiento de la afectación cardiaca diagnosticada como angina isquemia miocardia que presenta. TERCERO. CERTEZA DE LA OMISIÓN RECLAMADA. Es cierta la omisión reclamada a las autoridades responsables Delegada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, perteneciente al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, en su denominación correcta Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán; al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado; al médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado; al Director General del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo; y al Cardiólogo de consulta externa, consultorio 1, de cardiología del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo, todos del Estado de Michoacán de Ocampo; pese a que en sus informes de suspensión de plano y justificado (fojas de la 50 a la 60, de la 74 a la 81, de la 88 a la 94; y de la 101 a la 117), el apoderado jurídico, negó la existencia de la omisión reclamada. Al respecto, con relación a la suspensión de plano concedida, indicó en esencia, con los anexos que se adjuntaron, que como lo había indicado el Director de la Unidad del Hospital General de zona número 4, con residencia en Zamora, Michoacán de Ocampo, se estaba gestionando cita para la realización de Ecocardiograma con Dobutamina, para el catorce de octubre del año en curso, para lo cual se realizó solicitud de subrogación de servicios con folio 1031-22. Asimismo, adujo que como lo había mencionado el Director del Hospital General de Sub zona con Medicina Familiar número 17, de Los Reyes, Michoacán, que el paciente Javier Moreno Barragán, con NSS 5368481229 5M1948 PE, había acudido al servicio de urgencias del Hospital General de esa Subzona, el trece de octubre pasado y derivado de la misma atención, había sido trasladado en ambulancia al Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Jalisco; que el Director del Hospital General de Zona No. 4 en Zamora, Michoacán, refirió que al paciente se le vio en esa unidad, por única vez, el cinco de octubre del año en curso, en la consulta externa de cardiología y que desde fecha, el paciente no había solicitado nueva atención médica de urgencia ni consulta externa de esa unidad hospitalaria. De igual manera, precisó que el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Jalisco, era una unidad de tercer grado, motivo por el cual, no se contaba con información, debido a que el quejoso se encontraba internado en diverso centro hospitalario de otra Entidad Federativa; de ahí que carecían de detalles de la atención médica, así como de nota médica del expediente clínico electrónico; por ende, se encontraban imposibilitados, para remitir la información solicitada. Mientras que, al rendir su informe justificado, refirió en lo que interesa, que no era cierto el acto reclamado por el quejoso, en los términos y condiciones que señalaba la parte quejosa, toda vez que a través de las constancias consistentes en oficios, notas médicas de la unidad médica Hospital General de Zona número 4, Zamora, Michoacán, así como del Hospital General de Sub Zona con Medicina Familiar número 17 Los Reyes de Salgado, se corroboraba que se le ha otorgado al quejoso la atención médica que ha requerido, tan es así que se le ordenó el estudio por parte de especialistas Cardiólogo el Eco Dobuta, siendo que dicho estudio se tenía que realizar mediante servicios subrogados, de ahí que se debe realizar trámite para que se entregue dicha solicitud de subrogación ante el Hospital General de Zona número 4, Zamora, sin que se le negara dicho estudio al quejoso; que de lo manifestado por éste, que acudió posteriormente ante el HGSZMF, para que se le realizara el referido estudio, debía decirse, que dicha unidad no contaba con la especialidad de Cardiología, por eso el referido trámite se realiza en el Hospital General de Zona número 4 Zamora, como así lo informó el Director de Los Reyes de Salgado, al ahora quejoso. También, precisó que se le ha otorgado a la parte quejosa, la atención médica, estudios y tratamiento especializados, como él mismo lo refirió anteriormente, por ello se la ha internado tanto en las unidades de Zamora, como se ha otorgado atención médica en el Hospital General de Sub Zona con Medicina Familiar número 17, como se acreditó con el oficio, interconsulta a Especialidad al Centro Médico Nacional de Occidente, Bitácora de Servicios de Ambulancia, nota del traige y nota inicial del servicio de urgencia, mismas que fueron exhibidas mediante correos electrónicos el catorce de octubre de dos mil veintidós, que obran en autos; de ahí que al quejoso, se le ha otorgado en todo momento la atención médica, medicamentos y hospitalaria que ha requerido. De lo expuesto se desprende de manera inconcusa, que aun y cuando las responsables negaron la omisión que se les atribuye, relativo a la omisión de atención médica al quejoso, ésta existe. Tiene aplicación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Aunado a que el hecho de que las responsables exhibieran diversas constancias para acreditar que sí proporcionó al quejoso el servicio médico respecto de la enfermedad y padecimiento reportados, no es suficiente para estimar que sí se le proporcionó, pues dicha cuestión atañe necesariamente al fondo del asunto; de ahí que se desvirtúe la negativa informada. En efecto, debe considerarse que si de los medios probatorios aportados a la presente contienda, se aprecia que efectivamente la solicitante de amparo ha presentado un padecimiento de salud, que está siendo atendida en el Instituto Mexicano del Seguro Social del lugar de su residencia, y que a dicho nosocomio le atribuye la omisión de otorgarle la atención médica adecuada; por tanto, es necesario realizar un estudio de fondo para determinar si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste el acto reclamado, ya que estimar lo contrario, implicaría dejar al quejoso en estado de indefensión, al no poder decidirse si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Es aplicable, la jurisprudencia 3 P, del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO. El Estado es responsable, en su condición de garante, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia; así, en términos del numeral 29 del Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, el área de Servicios Médicos es la responsable de velar por la salud física y mental de los internos, así como de integrar su diagnóstico médico desde el ingreso al Centro Federal, con el fin de establecer el tratamiento médico a seguir y aplicarlo. En ese tenor, cuando el acto reclamado por un interno en el juicio de amparo consiste en la negativa u omisión de proporcionarle atención médica y la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, niega el acto y exhibe diversas constancias para acreditar que sí ha proporcionado al recluso el servicio médico, no procede sobreseer en el juicio de conformidad con en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo por inexistencia del acto reclamado, sino determinar, mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho humano a la salud, al ser éste, precisamente, el acto reclamado, partiendo de la base de que el quejoso, al estar privado de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarlo en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio y en qué condiciones. Esto es, sobreseer con base en la causa referida, aunque sea realizando un estudio periférico o superficial de las constancias para establecer si se le ha prestado o no la atención médica (para determinar la existencia o no del acto), atañe necesariamente al fondo de la cuestión planteada, pues implica tomar en cuenta los padecimientos reportados y la atención médica proporcionada". Además, las autoridades responsables, fueron omisas en acreditar que no tienen el expediente clínico del aquí quejoso; tampoco que no les fue solicitada la atención medica reclamada; no obstante, les correspondía la carga de la prueba para acreditar dicha afirmación, al tratarse de un acto omisivo. Además, soslayaron adjuntar a su informe justificado medio de convicción tendente a acreditar sus afirmaciones relativas a la determinación de continuar brindando atención médica al quejoso, incluso de manera subrogada, tanto para estudios que en su caso llegue a necesitar, como atención médica y medicamentos necesarios para tratar la enfermedad que le aqueja, como lo es la afectación cardiaca diagnosticada como angina isquemia miocardia. De ahí que, se tenga por cierta la omisión reclamada a dichas autoridades. Ilustra, la tesis 1a. XXXVII/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 2023556, de rubro y texto: "CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA. SUPUESTOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE EXCEPCIONALMENTE REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA. Hechos: En un juicio ordinario civil se ejerció la acción de daño moral contra una empresa a partir del fallecimiento de una de sus trabajadoras dentro de sus instalaciones. La parte actora adujo como hecho ilícito el incumplimiento de la empresa a sus deberes de cuidado como patronal. En particular, le atribuyó no proveer la seguridad adecuada de la trabajadora; el retraso injustificado de su personal en la búsqueda y localización oportuna de la trabajadora, así como en dar noticia del deceso a las autoridades; la incertidumbre sobre las verdaderas circunstancias, motivos y lugar del fallecimiento; y, la falta de atención, apoyo e información a los familiares con motivo de los hechos. En primera instancia se tuvo por acreditada la acción; sin embargo, en apelación la Sala civil determinó que la parte actora no probó la conducta ilícita, por lo que absolvió a la empresa demandada. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien en materia de responsabilidad extracontractual por daño moral, por regla general, corresponde a la parte actora probar los hechos constitutivos de los elementos de su acción, excepcionalmente procede invertir esa obligación adjetiva para que sea la parte demandada quien justifique alguno de estos hechos cuando entre las partes existe una relación asimétrica en torno a la proximidad probatoria del hecho. Justificación: La anterior determinación tiene sustento en la garantía del derecho de igualdad de las partes en los juicios, como una manifestación del debido proceso, la cual exige la existencia de un equilibrio procesal entre ellas, de modo que se logre una concurrencia al litigio en un plano de igualdad material y no meramente formal, lo que implica que cualquier situación de facto que impida mantener ese equilibrio debe ser solventada por la autoridad jurisdiccional mediante las herramientas hermenéuticas correspondientes. Por lo tanto, procede invertir la carga de la prueba cuando, derivado de las circunstancias particulares del caso, la parte actora esté imposibilitada o tenga un alto grado de dificultad para acceder a los medios de convicción necesarios a fin de justificarlo y, en contrapartida, la parte demandada cuente con una mayor disponibilidad de los medios de convicción y una mejor facilidad para aportarlos al juicio, a fin de acreditar el hecho contrario. La postura expresada se torna aún más relevante cuando la responsabilidad extracontractual por daño moral se hace derivar de un hecho ilícito conformado por el incumplimiento de deberes tutelares de derechos humanos, lo que resulta aplicable a los particulares siguiendo la doctrina sobre la transversalidad de los derechos humanos sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en estos supuestos la necesidad de mantener el equilibrio procesal entre las partes garantiza, además del debido proceso, los derechos a la dignidad humana y una justa indemnización en favor de las víctimas, lo que justifica la inversión de la carga probatoria para imponer el deber de demostrar el hecho contrario al actuar ilícito a la parte que tiene una mayor proximidad probatoria (facilidad y disponibilidad). CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo fue promovido en tiempo en términos del artículo 17, de la Ley de Amparo, toda vez que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que incide sobre la adecuada atención médica se considera como un acto de carácter negativo, donde la autoridad se ha venido rehusando a obrar conforme a lo requerido por el quejoso, lo cual compromete sus derechos humanos a la salud y la vida, los cuales el Estado está constreñido a proteger y garantizar de manera oportuna y eficaz, así como con calidad. Por ello, la presentación de la demanda de amparo en contra de un acto de tal naturaleza no está sujeta al plazo de quince días impuesto por el citado numeral; atendiendo a que ese acto no se extingue en el momento de presentarse, sino que produce sus efectos día a día, debido a que la parte quejosa no tiene acceso, ni disposición ni atención al tratamiento médico requerido; lo cual implica por sí un peligro a su subsistencia que persiste hasta en tanto se realice la conducta médica positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a la atención médica requerida. De ahí que, pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, acorde a lo establecido en el ordinal 17, fracción IV, de la ley de la materia, toda vez que el plazo para ejercer la acción de amparo comienza a computarse todos los días. Cobra exacta aplicación, la tesis XVII.1o.P.A.12ª (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito de contenido: "OMISIÓN DE PROPORCIONAR UNA ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA. LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PLAZO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. La omisión de proporcionar una adecuada atención médica, por ejemplo, al no realizar diversos estudios o procedimientos médicos, clínicos o quirúrgicos, o no suministrar medicamentos, es un acto negativo que compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, los cuales el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad, pues en esos términos están tutelados en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese sentido, la interposición de la demanda de amparo en su contra no está sujeta al plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues ese acto no se extingue al momento de la negativa, sino que produce efectos día a día, al no tener el quejoso acceso, disposición y atención a los tratamientos y medicamentos, lo que conlleva el peligro de su subsistencia hasta en tanto se realice una conducta positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a los derechos indicados, así como a los relativos a la dignidad humana e, incluso, a la seguridad social, que en su favor protegen los mencionados ordenamientos; de ahí que lo reclamado esté comprendido dentro de la excepción establecida en la fracción IV del numeral 17 mencionado, toda vez que el plazo para ejercer la acción constitucional comienza a computarse todos los días. La conclusión anterior es acorde con la reforma de 10 de junio de 2011 al artículo 1o., en relación con el 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con lo cual se establecen las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución Federal, trascendiendo al juicio de amparo y, por ello, los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, a fin de superar todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los motivos de inconformidad expresados por el promovente de amparo, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, no se advierte de oficio la actualización de causal de improcedencia, de aquí que lo procedente es analizar los conceptos de violación planteados por la parte quejosa. No es obstáculo a lo anterior, que las responsables hayan manifestado que en el particular se advertía la causal de sobreseimiento señalada en el artículo 63 fracciones IV y V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que se evidenciaba la inexistencia del acto reclamado, debido a que no existía omisión de atender al quejoso, respecto al padecimiento que presentaba. Sin embargo, no le asiste la razón jurídica debido a que como se expuso en párrafos anteriores y no obstante que negaron la existencia del acto reclamado, en el particular quedó acreditado que sí existe la omisión reclamada por parte del quejoso, en los términos que fueron precisados; de ahí que no resulta atendible la causal de improcedencia que se invoca -cesación de los efectos del acto reclamado- y por ende, no se está en condiciones de sobreseer el presente juicio, como lo refirieron las responsables. Aunado a que para tener por actualizada dicha causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, es necesario que la insubsistencia de éstos implique la desaparición o destrucción de todos sus efectos de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL", SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia con clave de identificación 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, sustentada por la Segunda 202Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en Materia Común, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE LA OMISIÓN RECLAMADA. El solicitante de amparo refiere, que se transgreden en su perjuicio, entre otros, los artículos 4°, párrafo tercero, 14, 20 y 22 Constitucionales, pues las autoridades responsables se han negado a proporcionarle la atención médica adecuada que requiere para su padecimiento de afectación cardiaca diagnosticada como angina isquemia miocardia. Indicó que, las responsables han sido omisas en brindarle la atención médica adecuada para contrarrestar su padecimiento, así como realizar los estudios clínicos o procedimientos médicos y tratamiento especializados, incluyendo los medicamentos respectivos; con lo que se le trasgrede los preceptos indicados, ya que dicha omisión no le permite acceder a su derecho a la salud y se pone en peligro su vida. El concepto de violación es esencialmente fundado. El artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto al derecho a la salud, establece: "Artículo 4o.- (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." Conforme a la porción normativa recién transcrita, toda persona tiene derecho a la salud, de lo cual, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha signado convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute del citado derecho (salud) y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Sobre el tópico, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otro progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Es ilustrativa, la tesis P.XVI/2011, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN". Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud. El citado Alto Tribunal, ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población y que, por servicios de salud, se deben entender como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Lo anterior, en concordancia con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Es aplicable, la tesis 1a.LXV/2008, emitida por la Primera Sala de nuestro Tribunal constitucional, de contenido: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. Este Alto Tribunal ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población, y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Así, lo anterior es compatible con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y refiere que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; y el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", según el cual toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Así, el derecho a la salud entraña libertades y derechos, entre las primeras, la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; y entre los derechos, el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Asimismo, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obligaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud." Por otro lado, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, refiriendo que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; aunado a ello, el numeral 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud, debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. La prerrogativa fundamental en estudio entraña libertades y derechos, entre las que destaca la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, así como el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; además, las relativas a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Igualmente, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, la obligación estatal de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, así como asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud deba entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. De lo anterior, se desprende que, para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos; esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que lo prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud. Cobra aplicación, la jurisprudencia 1a./J.50/2009, del citado Alto Tribunal, de contenido: "DERECHO A LA SALUD. SU PROTECCIÓN EN EL ARTÍCULO 271, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DE SALUD. El derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como la exigencia de que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, y condiciones sanitarias adecuadas. De lo anterior se desprende que, para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos. Esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Una de estas acciones puede ser el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que los prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud." En esa medida, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 49, titulada: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL", Determinó que la Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, suministra los siguientes servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos: a) Servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal, se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) Servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) Otros, que se prestan de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Por tanto, el referido derecho a la salud, no se limita a la salud física del individuo; es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que, el derecho a la salud, se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Es aplicable, la tesis P.LXVIII/2009 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, de literalidad siguiente: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica". Además, la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, que consagra el artículo 4°, párrafo cuarto de la Carta Magna, en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, señala que tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población. Asimismo, que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; y, por servicios básicos, entre otros: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y, b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Toda vez que, la protección de la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar, en términos de los ordenamientos antes apuntados, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que el derecho fundamental de protección de la salud comprende, esencialmente, la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de enfermedades, de los anteriores argumentos derivó la tesis de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos". En esa tesitura, se observa que el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, que sean apropiadas médica y científicamente; esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, así como las condiciones sanitarias adecuadas. En el escrito de demanda, la parte quejosa expuso que: En el dos mil ocho, presentó una angina de pecho, derivado de ese padecimiento cardiaco, razón por la que lo trasladaron al Instituto Mexicano del Seguro Social de Los Reyes de Salgado, en ambulancia y de allí a la clínica de ese mismo Instituto de Morelia, Michoacán, donde estuvo hospitalizado ocho días en los cuales una vez que lograron estabilizarlo, lo trasladaron en ambulancia al Centro Médico de Occidente, donde estuvo hospitalizado un mes, siendo tratado en el área de cardiología, donde le hicieron entre otros tratamiento un cateterismo y le pusieron un STEM, (una maya de apoyo a la arteria como para sostenerla), desde esa fecha, siguió sin problemas de salud. Que el veintiséis de septiembre del año en curso, a las catorce horas, debido a un dolor torácico (sic) opresivo, del lado izquierdo con síntomas de vómito, mareos y palidez de piel, fue ingresado de urgencia al hospital de Los Reyes, al que pertenece, donde al ser ingresado la Dra. de guardia, que lo recibió le dijo que había sufrido un infarto, por eso estuvo siendo tratado en dicha aérea hasta las tres de la mañana, en que lo pasaron a piso. Que en ese lugar quedó hospitalizado y en tratamiento por seis días, hasta que el sábado uno de octubre siguiente, lo dieron de alta por supuesta mejoría, a pesar de que les indicó que aún se sentía muy mal, por este motivo lo envió el Dr. Internista Javier Navarro Avalos (Cédula Profesional 2815023) a consulta externa de cardiología al Hospital General de Zona no. 4 en Zamora Michoacán de Ocampo, pero como la cita era aún lejana y seguía sintiéndose mal, fue que acudió ahí mismo en Los Reyes, con un Cardiólogo particular llamado Luis Carlos Samayoa (Cédula Profesional 1386839), quien le realizó un electrocardiograma que reflejaba posible infarto inferior y que también le realizó un ultrasonido, con resultados que anexaba en hoja de especificaciones, con su respectivo disco del video -mismo que anexó-; y que esos estudios y resultados no se los han querido recibir las autoridades responsables Que el día de la cita con el Cardiólogo de Zamora, especificadamente el cinco de octubre de dos mli veintidós, a las once horas con cuarenta minutos, fue atendido hasta las trece horas con treinta minutos. Que en esa ocasión fue atendido por el Cardiólogo Manuel Gascón Cruz (Cédula Profesional 4094721), mismo que le indicó que por falta de documentos y estudios médicos del tiempo que estuvo hospitalizado no podía atenderlo así, por que debido a su gravedad debieron de haberlo enviado en ambulancia, con su expediente médico completo; que con ese resumen clínico que llevaba no podía dar un diagnostico cardiaco especializado, razón por la que procedió a darle la orden del estudio de ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA, para que se lo autorizara el Director de ese Hospital; que por ese motivo pasó con dicho funcionario, mismo que le comentó que si lo quería hacer por fuera, porque ya se les había agotado el presupuesto, y que le preguntara al Dr. Manuel Gascón, de que clínica quería el estudio, porque no lo recibía de cualquier lugar, tenía que ser de donde el dijera, para que lo hiciera valido; que esa razón regresaron con el Cardiólogo, quien debido al cambio de turno, ya no se encontraba, por lo que se esperaron al día siguiente en Zamora, para verlo; sin embargo, al día siguiente, nadie los quiso atender sin cita, por este motivo acudieron nuevamente con el Director del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo, DR. Guillermo Magaña Benites (Cédula Profesional 10408363), quien tampoco lo ha querido atender, solucionar su problema de salud, ni trasladarlo nuevamente al Centro médico de occidente en Guadalajara Jalisco, que es donde debió de haberlo remitido desde el primer momento y también el Cardiólogo Manuel Gascón Cruz, del Hospital General de Zona número 4 de Zamora, Michoacán de Ocampo, tal como se sigue en la jerarquía de atención médica en el instituto Mexicano del Seguro Social, y como también lo dicta el protocolo a seguir ante la gravedad de su padecimiento cardiaco, ya que en el Estado no se cuenta con este tratamiento. Que ante toda esta negativa de atención médica adecuada, fue que acudió con Cardiólogo particular al Hospital Fray Juan de San Miguel de esta ciudad de Uruapan; que el Cardiólogo Ulises Zalapa Flores (Cédula Profesional 8380276), le indicó que ese estudio que le ordenó el Cardiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo sus condiciones médicas era muy peligroso, por eso solo le realizó una prueba de esfuerzo que salió positiva a la cardiopatía isquémica; que dicho profesional le comentó que estaba grave de salud que determinó que según el Informe Final Q-Stress, prueba de esfuerzo protocolo bruce modificado positiva para angina isquemia miocardia, debieron de haberlo enviado en ambulancia, desde el día en que estuvo hospitalizado y haber continuado su tratamiento; que necesitaba con urgencia otro cateterismo, porque puedo perder la vida, situación que ha reportado a todos los médicos involucrados, quienes se han limitado a mandarle decir con sus respectivas recepcionistas, que no pueden hacer nada porque en Los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo, que no tienen el equipo ni los especialista para atender su padecimiento, y en el Hospital General de Zona no. 4 en Zamora, Michoacán de Ocampo, no tienen el presupuesto para su tratamiento y traslado, ya que no tienen ambulancias ni dinero. Con la finalidad de acreditar sus afirmaciones exhibió: Copias certificadas de formato de interconsulta a especialidad de cardiología; nota médica prealta/alta; del sistema de traslado de pacientes y solicitud de estudios de radiodiagnóstico del Instituto Mexicano del Seguro Social, a nombre de Javier Moreno Barragán. Radiodiagnóstico (electrocardiograma) del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Cardiodiagnóstico emitido por el Dr. Cardiólogo0 Luis Carlos Samayoa P., del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Informe final Q-Stress, prueba de esfuerzo protocolo bruce modificado positiva para angina isquemia miocardia. Videos del cardio diagnóstico. En mérito de lo anterior, el doce de octubre de dos mil veintidós (fojas 26 a 32), se tuvo por recibida la demanda de amparo, y se concedió la suspensión de plano, para el efecto que se le brindara la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiriera para los padecimiento que presentaba (afectación cardiaca diagnosticada como angina isquemia miocardia); además, para que realizara las gestiones necesarias en caso de no contar con los espacios necesarios e insumos que dichos padecimientos requirieran; por lo que, solicitó el informe de suspensión de plano a las autoridades responsables. En proveído de trece de octubre de dos mil veintidós (foja 61 y 62), se tuvo al apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de las responsables, en cumplimiento a la suspensión de plano, informando que con los anexos que se adjuntaban, el Director de la Unidad del Hospital General de zona número 4, con residencia en Zamora, Michoacán de Ocampo, indicó que se estaba gestionando cita para la realización de Ecocardiograma con Dobutamina, para el catorce de octubre del año en curso, para lo cual se realizó solicitud de subrogación de servicios con folio 1031-22; razón por la cual, el quejoso debería acudir antes a recoger dicha solicitud de subrogación al Hospital General de Zona número 4, de Zamora, Michoacán. Asimismo, en diverso auto del dieciocho de octubre del año en curso, se tuvo al apoderado jurídico citado, indicando que como lo había mencionado el Director del Hospital General de Sub zona con Medicina Familiar número 17, de Los Reyes, Michoacán, el paciente Javier Moreno Barragán, con NSS 5368481229 5M1948 PE, había acudido al servicio de urgencias del Hospital General de esa Subzona, el trece de octubre pasado y derivado de la misma atención, había sido trasladado en ambulancia al Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Jalisco; que el Director del Hospital General de Zona No. 4 en Zamora, Michoacán, refirió que al paciente se le vio en esa unidad, por única vez, el cinco de octubre del año en curso, en la consulta externa de cardiología y que desde fecha, el paciente no había solicitado nueva atención médica de urgencia ni consulta externa de esa unidad hospitalaria. Motivo por el cual, se requirió nuevamente a las responsables, para que dentro del plazo que les fue concedido, informaran cuál ha sido la atención médica que se le ha brindado al quejoso Javier Moreno Barragán, así como los medicamentos que se le han proporcionado y el tratamiento al que esté sujeto, incluyendo estudios y terapias para la atención de los padecimientos que presenta, esto es, la afectación cardiaca diagnosticada como angina isquemia miocardia. Es el caso, que el veintiuno de octubre siguiente, el referido apoderado jurídico, indicó que el quejoso Javier Moreno Barragán, acudió el trece de octubre pasado, al servicio de urgencias del Hospital General de la Sub Zona con Medicina Familiar número 17, de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, el cual fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Nacional Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado Jalisco, sin que tuvieran conocimiento, si el quejoso había sido dado de alta, toda vez que dicho Centro Médico Nacional de Occidente, se localizaba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, mismo que era una unidad de tercer nivel y por ese motivo no se contaba con información relativa a los detalles de la atención médica, ni nota médica del Expediente Clínico Electrónico, por lo que estaban imposibilitados para otorgar la información requerida; motivo por el cual, de nueva cuenta, se les volvió a requerir, para que remitieran la información que se les había requerido. En auto de ocho de noviembre pasado, la apoderada jurídica de las responsables, informó en lo que interesa, que el quejoso Javier Moreno Barragán, del trece al treinta y uno de octubre del presente año, se le otorgó la atención médica requerida, en el Centro Médico Nacional Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado Jalisco; circunstancia que corroboró con las constancias que adjuntó. Asimismo, manifestó que la parte quejosa, no ha acudido al Hospital General de Sub Zona con Medicina Familiar número 17 en los Reyes de Salgado, Michoacán de Ocampo. Cabe precisar, que de las notas médicas y prescripción del treinta y uno de octubre del año en curso, concretamente del resumen clínico que se encuentra contenido en el oficio por el que se remitió la información precisada en los dos párrafos que anteceden, se advierte lo siguiente: "Comentario: Paciente de la octava década de la vida con antecedente de infarto en el 2008 tratado con ICP 1 sient en CD, recientemente con angina inestable, con una prueba de esfuerzo positiva a isquemia, pese a un primer cateterismo cardiaco el 23/10/2022 con hallazgo de enfermedad multivaso con reesianosis atent colocado previamente en ese procedimiento tratan DA con un sient con ICP fallida a CX, por parte del servicio de hemodinamía solicita regionalizar isquemia para decidir intervención posterior, de manera incidental se detecta un aneurismo del septum interatrial, con foramen oval permeable, sin alteraciones de la movilidad segmentari y FEVI del 82 % pasa nuevamente a cateterismo cardiaco el día 30/10/2022 tratando lesiones de circunfleja con un sient y la CD con 3 sients. Actualmente el paciente asintomático, se decide su alta a domicilio, paciente que requiere de seguimiento por altas probabilidades de reestenosis del sient por el antecedente previo y por la cantidad de sients colocados, además de la doble terapia antipiaquetaría, belabloqueador IECA requiere de control estricto de lípidos con LDL menor a 40 mg/dl y dosis baja de anticoagulante". De igual manera, en ese documento se precisa en el apartado de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, lo siguiente: "Receta: tomar Ácido acetilsalicílico 300 mg .5 tabletas; Tartrato de Meloprolol 100 mg .5 tabletas; Clopidogrel Bisulfato de clopidogrel o Bisulfato de clopidogrel (polimorfo forma 2) equivalente a 75 mg de clopidogrel 1 tableta; Atorvastatina 20 MG 2 tabletas; Ezetimiba 10 mg 1 tableta y Rivaroxaban 2.5 ENV 1 Tableta; lo anterior, cada veinticuatro horas, a excepción de la segunda y última que deberá ser cada doce horas, durante treinta días". De la exégesis anterior; y, del análisis de las constancias remitidas por la responsable y el quejoso, las cuales merecen valor probatorio al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concluye que: - El quejoso es derechohabiente de Servicios de Salud, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con número de afiliación 5368 48 12 29 9 5M 1948 PE. - Que desde el dos mil ocho, el quejoso presentó una angina de pecho, derivado de un padecimiento cardiaco, motivo por el cual, se le realizó un cateterismo y le colocaron un STEM (una maya de apoyo a la arteria como para sostenerla). - Que antes que se otorgara la suspensión de plano en el presente juicio de amparo -doce de octubre de dos mil veintidós- fue privado de su derecho fundamental a la salud, en la vertiente del retraso en brindarle la atención médica, practicarle los estudios clínicos necesarios y remitirlo a una clínica especializada a efecto de que le otorgara el tratamiento adecuado a sus padecimientos. Ello es así, pues si bien es cierto que el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, cuando el quejoso ingresó al área de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Los Reyes, Michoacán de Ocampo, debido a que presentaba dolor torácico opresivo del lado izquierdo con síntomas de vómito, mareos y palidez de piel; fue atendido y le suministraron medicamentos tendientes a controlar la sintomatología presentada; asimismo, que fue remitido a interconsulta a especialidad de cardiología, con carácter de urgente a la ciudad de Zamora, de esta propia Entidad Federativa, en donde se ordenaron estudios de ecocardiograma con dobutamina, tal y como de los anexos que se adjuntaron a la demanda de amparo. Sin embargo, del análisis de las constancias se advierte que el quejosa, fue dado de alta del área de urgencia el uno de octubre pasado, a efecto que fuera atendido por interconsulta a especialidad de cardiología, con carácter de urgente a la ciudad de Zamora, Michoacán de Ocampo; sin que le practicaran de inmediato los estudios médicos correspondientes a efecto de determinar el padecimiento presentado, ya que incluso el propio quejoso, tuvo que realizarlos de manera particular, debido a que no existía mejoría en los síntomas presentados. De ahí que no fue sino en cumplimiento la determinación decretada por este órgano de control constitucional, en proveído de doce de octubre de dos mil veintidós (fojas de la 26 a la 32), en que se ordenó a la Delegada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, perteneciente al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán; al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado; al médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado; al Director General del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo; y al Cardiólogo de consulta externa, consultorio 1, de cardiología del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, que se le proporcionara al quejoso la atención médica, medicamentos y tratamiento que requiriera, para la atención de los padecimientos que presentaba, esto es, la afectación cardiaca diagnosticada como angina isquemia miocardia; además, deberían realizar las gestiones necesarias en caso de no contar con los espacios suficientes e insumos que dichos padecimientos requerían. Con motivo de lo anterior, se informó que se habían gestionado cita para la realización del estudio de ecocardiograma con dobutamina, para las nueve horas del catorce de octubre siguiente, en esta ciudad de Uruapan; lo anterior de manera subrogada. No obstante, se hizo también del conocimiento, mediante diverso comunicado que el quejoso, el trece de octubre del año en curso, había acudido al servicio de Urgencia del Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 17 de Los Reyes, Michoacán, razón por la que fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Jalisco, con motivo del padecimiento que ha venido presentando (foja 74). Derivado de ello, el quejoso de mérito, fue valorado a partir del trece de octubre del año en curso hasta el treinta y uno siguiente, en el Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Jalisco, en donde se estableció en su resumen clínico lo siguiente: "Paciente de la octava década de la vida con antecedente de infarto en el 2008 tratado con ICP 1 sient en CD, recientemente con angina inestable, con una prueba de esfuerzo positiva a isquemia, pese a un primer cateterismo cardiaco el 23/10/2022 con hallazgo de enfermedad multivaso con reesianosis atent colocado previamente en ese procedimiento tratan DA con un sient con ICP fallida a CX, por parte del servicio de hemodinamía solicita regionalizar isquemia para decidir intervención posterior, de manera incidental se detecta un aneurismo del septum interatrial, con foramen oval permeable, sin alteraciones de la movilidad segmentari y FEVI del 82 % pasa nuevamente a cateterismo cardiaco el día 30/10/2022 tratando lesiones de circunfleja con un sient y la CD con 3 sients. Actualmente el paciente asintomático, se decide su alta a domicilio, paciente que requiere de seguimiento por altas probabilidades de reestenosis del sient por el antecedente previo y por la cantidad de sients colocados, además de la doble terapia antipiaquetaría, belabloqueador IECA requiere de control estricto de lípidos con LDL menor a 40 mg/dl y dosis baja de anticoagulante". Asimismo, se precisó el tratamiento médico a seguir, así como el tiempo durante el cual, debe consumirlos. En esas condiciones, es evidente que la falta de gestión y expedites en atender la sintomatología presentada por el quejoso, en que incurrieron las responsables indudablemente transgrede en perjuicio del quejoso su derecho a la salud, previsto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instrumentos internacionales y demás leyes reglamentarias referidas, porque como se estudió en líneas anteriores, el derecho fundamental en comento comprende la atención, tratamiento, estudios clínicos, intervenciones quirúrgicas y suministro médico, oportuno, necesario y gratuito, sin importar el tipo de enfermedad. No es óbice para lo anterior, la circunstancia relativa a que a la fecha del dictado de la presente resolución, ya se estableció el diagnostico al quejoso, con lo que se permitió iniciar el tratamiento correspondiente; sin embargo, dicha circunstancia no es suficiente para determinar que el derecho humano que le fue violado y que ocasionó que promoviera este amparo, se encuentre resarcido. Lo anterior es así, pues como se advierte de constancias el quejoso fue diagnosticado con afectación cardiaca diagnosticada como angina isquemia miocardia, razón por la cual, requiere de seguimiento por altas probabilidades de reestenosis del sient por el antecedente previo y por la cantidad de sients colocados, además de la doble terapia antipiaquetaría, belabloqueador IECA requiere de control estricto de lípidos con LDL menor a 40 mg/dl y dosis baja de anticoagulante, como se precisó en su resumen clínico. En ese sentido, no es dable considerar resarcido el derecho a la salud del solicitante de amparo; toda vez que la restitución a ese derecho acontecerá, cuando se constituya a favor del quejoso un derecho que formalmente consolide el tratamiento y servicios que requiere para el padecimiento que a la fecha presenta o los que resulten derivados de la evolución respecto a sus patologías. Cobra puntual aplicación, la tesis (VIII Región) 2°16.L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, que dice: "DERECHO A LA SALUD. AL SER DE NATURALEZA PRESTACIONAL, EL ESTADO DEBE REALIZAR UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LA ASISTENCIA MÉDICA OTORGADA, POR LO QUE EL TRATAMIENTO QUE SE INICIE CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA EN EL AMPARO, NO ES SUFICIENTE PARA SOBRESEER O NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. Cuando el quejoso reclama una violación al derecho a la salud, previsto en el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la omisión de que se le brinde un tratamiento médico, y en el juicio de amparo respectivo se concede la suspensión de plano y luego la definitiva, para que la autoridad responsable cumpla con su obligación de otorgar el servicio médico requerido, no puede considerarse en la sentencia que no existe violación que reparar, por la sola circunstancia de que ya se esté otorgando dicho tratamiento. Esto es así, pues debe analizarse el material probatorio que obra en autos para determinar si el cumplimiento de esa prestación como obligación por parte del Estado de garantizar a la población las condiciones adecuadas para proteger la salud física, mental, emocional y social, fue realizada en respeto a ese derecho humano en sí mismo, o únicamente en acatamiento a la suspensión decretada por el Juez Federal, ya que no debe perderse de vista que los efectos de esta medida sólo permanecen hasta que se dicte resolución en el juicio principal, por lo que no tiene un efecto definitivo. De no atenderse esta circunstancia, el sobreseimiento o la negativa de la protección constitucional solicitada dejaría sin efectos la suspensión concedida en el juicio de amparo, con el riesgo de que al no haber un pronunciamiento firme y definitivo sobre el derecho humano en cuestión, se deja a la discrecionalidad de la autoridad el continuar o no brindando el servicio médico solicitado. Lo anterior, si se considera que los Estados no sólo tienen la obligación de respetar, absteniéndose de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado, pues al tratarse de un derecho de naturaleza prestacional está sujeto a la obligación de hacer del Estado -realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica-, ello bajo los principios de universalidad y progresividad". En consecuencia, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Javier Moreno Barragán. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, se concede a Javier Moreno Barragán, el amparo solicitado a efecto que las autoridades responsables Delegada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, perteneciente al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, en su denominación correcta Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán; al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado; al médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado; al Director General del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo; y al Cardiólogo de consulta externa, consultorio 1, de cardiología del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo, todos del Estado de Michoacán de Ocampo: Continúe con el tratamiento que resulte necesario al quejoso, practiquen los estudios médicos oportunos respecto de la patología consistente en: "afectación cardiaca diagnosticada como angina isquemia miocardia"; incluyendo, que en su caso se requiera, consultas, tratamientos e intervenciones posteriores que se relacionen con dicha enfermedad, así como brindar la atención médica necesaria por cualquier eventualidad o dolencia relacionada con dicha patología siempre que lo solicite el peticionario de amparo; y en caso de no contar con los especialistas para tratar el padecimiento; de inmediato canalice al quejoso al nosocomio correspondiente. En el entendido, que quedan expeditos los derechos del amparista para hacer del conocimiento a este órgano de control constitucional, en cualquier tiempo, el incumplimiento en el que incurran las autoridades responsables. Debiendo tener presente las responsables, que con independencia que cuenten o no con los medicamentos que se le prescriban al aquí quejoso, para el tratamiento de su enfermedad, habrán de tomar las medidas que sean necesarias a fin de garantizar el comentado derecho a la salud. Cobra aplicación, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que la letra dice: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. PARA GARANTIZARLO, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBE SUMINISTRAR A SUS BENEFICIARIOS LOS MEDICAMENTOS QUE SE LES PRESCRIBAN, AUN CUANDO NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD. La protección de la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar; y que está tutelado por los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. No obstante, no debe entenderse como un impedimento o una restricción para los beneficiarios de las dependencias y entidades que prestan el servicio de protección de la salud, el hecho de que algún medicamento no esté incluido en ese cuadro básico, como se advierte del criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XIX/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 112, de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS.". Por tanto, atento a la visión progresiva con la que deben apreciarse los derechos fundamentales del gobernado, dichas dependencias y entidades, entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, deben suministrar a sus beneficiarios esos medicamentos, aun cuando no estén en ese cuadro básico, siempre que exista una prescripción médica que lo avale". NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Javier Moreno Barragán, contra el acto reclamado a la Delegada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, perteneciente al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, en su denominación correcta Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán; al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado; al médico internista del Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Sub Zona /MF 17, con residencia en Los Reyes de Salgado; al Director General del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo; y al Cardiólogo de consulta externa, consultorio 1, de cardiología del Hospital General de Zona no. 4, con residencia en Zamora de Hidalgo, todos del Estado de Michoacán de Ocampo, por los motivos expresados en el considerando séptimo y para los efectos descritos en el correlativo octavo del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando última de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe. El licenciado Iván Paredes Escobar, secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, HACE CONSTAR: Que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo 620/2022, promovido Javier Moreno Barragán, contra el acto reclamado a la Delegada Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, perteneciente al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado Región Michoacán, en su denominación correcta Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Michoacán y otras autoridades, en el que se concedió el amparo solicitado. Conste. El Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: Que el contenido de la presente sentencia coincide íntegramente con el documento firmado electrónicamente en el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Conste. Lic. Iván Paredes Escobar.
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