Jenyffer Danae Basto Diaz

Expediente 2179/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2179/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Jenyffer Danae Basto Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diez de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa de lo que informó la autoridad responsable sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así mismo, en el referido auto se apercibió a la quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se le concedió, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Ahora bien, la notificación del acuerdo de mérito, se hizo personalmente a la parte quejosa el once de marzo del año en curso; por lo que, a la fecha ha fenecido el término de tres días hábiles que se le concedió para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hiciera. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En el caso, el diecinueve de enero de dos mil veintidós se dictó sentencia, en la cual, en su primer punto resolutivo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residente en esta capital, para el efecto siguiente: "... en un término no mayor a tres días, emita por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibió el tres de noviembre de dos mil veintiuno, y lo haga del conocimiento de la parte quejosa." Posteriormente, por auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta capital, mediante oficio SSP/DJ/5316/2022, recibido en este Juzgado el dieciséis de del mes y año que transcurre, informó y acreditó que mediante diversa misiva de diez de febrero de dos mil veintidós, dio contestación a la solicitud que le formuló la parte quejosa. Luego, previo análisis de los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de la materia, así como de la lectura y análisis del contenido del citado oficio, que remitió la responsable en relación al cumplimiento de la resolución constitucional, por auto de veinticinco de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional determinó que no se había dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito. Lo anterior, toda vez que del referido oficio se advirtió que si bien, la responsable dio contestación a la solicitud que le formuló la parte quejosa, omitió realizar la notificación correspondiente; por lo que no había atendido en su totalidad, de acuerdo a los puntos relativos a los efectos amparadores que le fueron señalados como directrices bajo las que debía ceñir su actuación. De ahí que se estimara que la responsable, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta capital, no había dado cabal cumplimiento con la ejecutoria del amparo, razón por la cual, se requirió la acatara. En tales condiciones, a fin de cumplir con el requerimiento señalado, la autoridad responsable, mediante oficio SSP/DJ/9357/2022, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitió a este juzgado copia certificada del diverso oficio SSP/DJ/5315/2022 de fecha diez de febrero del presente año, en el cual obra el acuse de recibo, mediante el que notificó a la parte quejosa la contestación a su escrito de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de ahí que se considere destruido el acto que se le atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Lo anterior, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio SSP/DJ/9357/2022, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, junto con el anexo que acompaña, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con lo informado por la autoridad responsable, por el plazo de tres días hábiles siguientes al en que surta sus efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éste Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Yazmín Maribel Galaz Solís, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio, manifestando bajo formal protesta de decir verdad, no ha logrado notificar a la quejosa el contenido del oficio SSP/DJ/5315/2022, debido a que no ha logrado ubicar el domicilio señalado por la parte quejosa, ya que no corresponden las calles señaladas. Ahora bien, de la revisión realizada a los autos se advierte que obran constancias actuariales de dieciocho y veintiocho de febrero del año en curso, de la actuaria adscrita a este Juzgado, en el que consta que se constituyó al domicilio señalado por la parte quejosa, a fin de realizarle unas notificaciones personales, siendo este el predio marcado con el número doscientos once oriente, por treinta y siete y treinta y nueve, de la colonia Leandro Valle de esta ciudad, donde fue atendida por un autorizado de la misma. En consecuencia, requiérase nuevamente al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residente en esta capital, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, informe y acredite, con copia debidamente certificada, de la notificación que realice a la parte quejosa, en relación del contenido del oficio SSP/DJ/5315/2022 de fecha diez de febrero del año en curso, en el predio antes mencionado o en su caso se constituya en el diverso, que se le señaló en acuerdo de veinticinco de febrero del presente año. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 moneda nacional), equivalente al valor de cien unidades de Medidas y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa de lo que informó la autoridad responsable sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así mismo, en el referido auto se apercibió a la quejosa que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se le concedió, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Ahora bien, la notificación del acuerdo de mérito, se hizo personalmente a la parte quejosa el dieciocho de febrero del año en curso; por lo que, a la fecha ha fenecido el término de tres días hábiles que se le concedió para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hiciera. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En el caso, el diecinueve de enero de dos mil veintidós se dictó sentencia, en la cual, en su primer punto resolutivo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residente en esta capital, para el efecto siguiente: "... en un término no mayor a tres días, emita por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibió el tres de noviembre de dos mil veintiuno, y lo haga del conocimiento de la parte quejosa." Posteriormente, por auto de ocho de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta capital, mediante oficio SSP/DJ/5315/2022, recibido en este Juzgado el dieciséis de del mes y año que transcurre, informó y acreditó que mediante diversa misiva de diez de febrero de dos mil veintidós, dio contestación a la solicitud que le formuló la parte quejosa, sin embargo manifestó que no fue posible notificar a la quejosa el contenido del citado oficio, en razón de que el domicilio proporcionado en el escrito de demanda, no coincide con las calle de la colonia Leandro Valle. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable no atendió dicha solicitud, al no notificar al quejoso la respuesta dada al escrito de tres de noviembre de dos mil veintiuno, tal y como se ordenó en la sentencia ejecutoriada dictada en este asunto. En consecuencia, NO es posible resolver en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesora de amparo, razón por la cual se requiere al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residente en esta capital, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la legal notificación del presente proveído, informe y acredite, en su caso con copia debidamente certificada, la notificación que realice a la parte quejosa del oficio SSP/DJ/5315/2022 de fecha diez de febrero del año en curso, en el que atendió la solicitud realizada mediante escrito de tres de noviembre de dos mil veintiuno; en el domicilio señalado en el domicilio en el referido escrito, siendo este el predio marcado con el número ciento sesenta de la calle***, **, Yucatán, . Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 moneda nacional), equivalente al valor de cien unidades de Medidas y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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