Jennifer Andrea Ramos Bustillos

Expediente 1164/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1164/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/12/2019

Partes del expediente

  • Jennifer Andrea Ramos Bustillos

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 795/2019-P.3, con el que remite copia certificada de la resolución pronunciada en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en autos del toca 232/2019, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por María del Carmen Bustillos González, por conducto de su tutora definitiva Jennifer Andrea Ramos Bustillos, parte quejosa en el presente juicio, en contra del acuerdo de treinta de agosto del presente año dictado en estos autos, en el que se desechó la demanda de amparo promovida. Resolución de la que se desprende que en su único punto resolutivo, dicha Superioridad declaró infundado el aludido recurso. Acúsese recibo al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que sin haberse decidido en lo principal, se dio por concluido y por tanto, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a este expediente el oficio 8978/2019 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del proveído de treinta de agosto del año en curso, dictado en el presente expediente. Circunstancia de la cual este juzgado federal queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta signado por la parte quejosa *********, en su carácter de tutor definitivo de *********, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve. Asimismo, téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******. Con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos una copia del escrito de expresión de agravios. Ríndase el informe sobre la materia de la queja en el sentido de que SI ES CIERTO que por auto de treinta de agosto de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo que promovió la citada parte quejosa. Envíese el original del escrito de expresión de agravios, junto con copia certificada de las constancias que conforman este expediente, al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente resolver al respecto. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO D ELISTA DE OCOFMRIDAD CON OS ARITUCLOS 27 Y 29 D E LA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por *******, quien se ostenta tutor definitivo de *********, en contra de los actos que reclama de la Junta Federal Número Veintiuno de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; en efecto, fórmese expediente, regístrese con el número 1164/2019-IV-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Ahora bien, con la demanda de amparo se tiene a Jennifer Andrea Ramos Bustillos, en su carácter de tutor definitivo de María del Carmen Bustillos González, solicitando la protección constitucional, contra el acto que hace consistir esencialmente en: El proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado por la Junta responsable, en el juicio ordinario laboral 150/2017 de su índice, en el cual se pronunció en relación con las pruebas ofrecidas por las partes. Ahora bien, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. A criterio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. En efecto, los preceptos legales antes relacionados, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los artículos transcritos se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos en el procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En la especie, el acto reclamado a las autoridades responsables, se hace consistir en el proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, dictado por la Junta responsable, en el juicio ordinario laboral 150/2017 de su índice, en el cual se pronunció en relación con las pruebas ofrecidas por las partes, aduciendo que admitió las probanzas de su contraparte, pero que la autoridad omitió pronunciarse respecto de los medios de convicción que ofreció el veintiocho de enero de dos mil diecinueve. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el proveído del que se duele la parte quejosa no afecta de manera cierta e inmediata sus derechos sustantivos. En efecto, se puntualiza que existe una ejecución de imposible reparación si las consecuencias del acto reclamado son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los derechos fundamentales del hombre que tutela la Constitución y los tratados, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, el domicilio, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen aun con el hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus intereses. Así las cosas, cuando la violación aducida repercute en cuestiones de trámite durante la sustanciación del juicio del orden común, no se está en el caso de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, que genere efectos materiales sobre los derechos sustantivos del gobernado, sino sólo tiene efectos de carácter intraprocesal. De esta suerte, independientemente de que el acto reclamado pueda afectar derechos fundamentales, lo cierto es que tal circunstancia no determina que cause un gravamen de imposible reparación a la parte quejosa, ya que para ello, como se expuso, se requiere que exista afectación de manera directa e inmediata a derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y los tratados, tales como la vida, la libertad, la propiedad u otro análogo, lo que no acontece en el caso. Así es, el acto reclamado en esta vía no está en pugna con la vida del quejoso, con sus propiedades o con la libertad de disposición de sus bienes, etcétera, ya que el tema relacionado con la admisión y desahogo de pruebas dentro de un juicio laboral, por regla general no constituye un acto que vulnere derechos sustantivos, sino meramente adjetivos porque los efectos que produce son intraprocesales, ya que si bien es un acto verificado dentro del juicio, puede repararse a través de una resolución o laudo favorable en el procedimiento, y que por lo mismo no se ha consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Por tanto, como el acto reclamado no repercute en una afectación a derechos sustantivos consagrados por la Constitución y los tratados internacionales, la parte inconforme tendrá que esperar a que la Junta Federal Número Veintiuno de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad dicte el laudo correspondiente, para impugnar las violaciones que ahora plantea pero a través del amparo directo o en su caso el adhesivo. Debe precisarse que la determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, debe atender a su naturaleza sustantiva, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues si ese fuera el caso se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, dado que bastaría que le imputara al acto una transgresión a sus derechos fundamentales para que procediera el juicio de amparo. En apoyo de lo expuesto, se cita la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, con número de registro 2006338, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Común, Tesis IV.2o.C. J/2 (10a.), en la página 1539, cuyo rubro y texto señalan: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Y en lo conducente, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 438, del Tomo II, Segunda Parte-2, de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, EN JUICIO LABORAL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. El desechamiento de una prueba a la parte demandada en un juicio laboral, no es un acto de imposible reparación, que haga procedente el amparo indirecto conforme a los artículos 107 de la Constitución Federal y 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que debe reclamarse en amparo directo conforme a la fracción III del artículo 159 de dicha ley, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento cuando no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido el quejoso, las que deben reclamarse en amparo directo que se promueve contra el laudo que ponga fin al juicio, ya que aquél, puede ser favorable al quejoso, en cuyo caso no le causaría perjuicio alguno". En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por Jennifer Andrea Ramos Bustillos, en su carácter de tutor definitivo de María del Carmen Bustillos González, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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