Jeny Mazaba Jacobo

Expediente 597/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
597/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Jeny Mazaba Jacobo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    :. Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general. Ahora, la autoridad responsable Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitió las fotocopias certificadas del juicio contencioso administrativo 10/2018-SU4-II, en dos tomos (tomo I y II de prueba), los cuales ya no resultan necesarios; por tanto, se ordena su devolución a la citada autoridad.

  2. Principal

    :. En Cancún, Quintana Roo, siendo las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 597/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra el informe justificado de la autoridad responsable; a lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Magistrada Titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad (dos tomos de pruebas), ofrecieron pruebas documentales; asimismo, la parte quejosa ofreció además la instrumental de actuaciones; mientras que ninguna de las demás partes hizo uso de ese derecho; a lo que el Juez, provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas relacionadas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ciérrese la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la autoridad tercera interesada formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez, acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formuladas por la parte tercera interesada; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez, acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 597/2022-III, promovido por Jeny Mazaba Jacobo, por derecho propio, contra un acto de la Magistrada Titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno a este juzgado de distrito el mismo día, Jeny Mazaba Jacobo, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Magistrada Titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. Acto que de cada autoridad se reclama: 1. A la Magistrada de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, le reclamo la resolución que resolvió el recurso de queja planteado en el juicio contencioso administrativo número 10/2018-SU4-II. SEGUNDO. Radicación y admisión. Recibida que fue la demanda de amparo el diecisiete de junio de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por auto de veinte de junio siguiente, se ordenó formar el expediente que fue registrado bajo el número 597/2022-III, se admitió a trámite la demanda; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien no formuló pedimento; se solicitó a la autoridad responsable sus informe con justificación; se reconoció el carácter de tercera interesada al Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Puerto Morelos, Quintana Roo, quien en su oportunidad fue emplazado a juicio y compareció; finalmente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclama un acto de un tribunal judicial en materia administrativa carente de ejecución material y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, escrito aclaratorio y demás constancias de autos, se hace consistir en:  La resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio contencioso administrativo 10/2018-SU4-II de su índice, en el que resolvió el recurso de queja interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, contra el incumplimiento de la sentencia interlocutoria dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en dicho procedimiento. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se ha precisado el acto reclamado por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Magistrada Titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, conviene en la existencia del acto reclamado. Además, su existencia se corrobora con la documental aportada por la magistrada responsable (tomos de pruebas I y II), formados con copia certificada del juicio contencioso administrativo 10/2018-SU4-II de su índice, a la que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que -en lo conducente- se advierte que el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, resolvió el recurso de queja interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, contra el incumplimiento de la interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno -incidente de liquidación de sentencia-, a cargo de la autoridad demandada. Luego, es cierta la resolución reclamada. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia que se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declarada la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Los preceptos mencionados exigen para la impugnación de actos dictados en ejecución de una sentencia, que se reclame la última resolución, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta. En ese sentido, la regla específica de procedencia del juicio de amparo, contenida en la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo, rige porque las resoluciones dictadas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no son la última, tienen como apoyo la existencia de una determinación que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse; así, los actos realizados en ese procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. El propio numeral en cita, a diferencia de lo que sucedía con la Ley de Amparo abrogada, establece qué debe entenderse por última resolución, esto es, (i) aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, (ii) la que ordena el archivo definitivo del expediente o (iii) en caso de procedimientos de remate, la que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados; puntos en que el legislador recogió las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuestas en la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: "No. Registro: 190,035 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Pleno XIII, Abril de 2001 Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Conviene precisar que si bien el Alto Tribunal consideró que en la vía indirecta procede excepcionalmente la aplicación análoga de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo (fracción IV, del artículo 114 de la ley abrogada, sobre la que versa la tesis en cita), en actos de ejecución de sentencia en que se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, el propio cuerpo colegiado estableció que únicamente procederá el amparo pedido ante el Juez de Distrito cuando los mismos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, al considerar lo siguiente: ".con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable." Entonces, se colige que, si un acto es emitido dentro de la fase ejecutiva de un proceso, no obstante pueda afectar derechos sustantivos, el juicio de amparo promovido en su contra será improcedente si no es autónomo de la cosa juzgada que se está ejecutando. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se cita: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al último acto en el procedimiento ejecutivo, al resolver la contradicción de tesis 40/2009 determinó lo siguiente: "[.]cabe señalar que si bien es cierto que los actos dictados en la fase de cumplimiento de la sentencia no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan; también lo es, que la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia se determina no por el aspecto procesal formal de haber dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. En consecuencia, como ya se dijo en líneas precedentes si la ratio legis de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya en la instancia de forzozo cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. En el caso, en los asuntos analizados dentro de la presente denuncia de contradicción de tesis el acto de autoridad materia de reclamo, además de haberse emitido con posterioridad a haber quedado firme la sentencia dictada, se encuentra relacionado con la declaratoria de rebeldía atribuida al quejoso respecto del plazo que le fue concedido para que diera cumplimiento de manera voluntaria a la sentencia dictada en el juicio natural. De manera que en principio debe de sostenerse que por tratarse de un acto de autoridad ejecutado después de concluido el juicio es susceptible de impugnarse en la vía de amparo indirecto, esto es ante el Juez de Distrito; sin embargo, por disponerse así en la fracción III del dispositivo legal antes transcrito, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos relacionados con la ejecución de sentencias, sólo será impugnable la última resolución, aun cuando puedan reclamarse los actos intermedios de manera adicional. Asimismo, cabe señalar que si se trata de un acto dictado en ejecución de sentencia, con independencia de su objeto o efecto procedimental ('formalmente dictado en ejecución de sentencia'); en el cual, por regla general, es también improcedente la acción de garantías para no obstaculizar o dilatar dicho cumplimiento; y, los casos de excepción lo constituyen los actos que estén desvinculados o tengan naturaleza u objeto autónomo de la ejecución. Luego al considerarse como la última resolución tratándose de actos de ejecución aquella que aprueba el cumplimiento de la sentencia o declara la imposibilidad de cumplimentarla material o idénticamente, claro resulta que el acto de autoridad materia de reclamo, además de haberse emitido con posterioridad a que la sentencia dictada quedó firme, al encontrarse relacionado con la declaratoria de rebeldía atribuida al quejoso respecto del plazo que le fue concedido para que diera cumplimiento de manera voluntaria a la sentencia dictada en el juicio natural, consiste en un acto dictado en ejecución de sentencia; y por tanto su impugnación en la vía de amparo sólo será procedente al reclamarse junto con la última resolución que se dicte en ese procedimiento de ejecución de sentencia. Lo anterior es así, porque como ha quedado asentado, dentro de los actos de ejecución o cumplimiento de sentencia no solamente se encuentran considerados los de carácter forzoso, sino también, aquéllos que como en el caso a estudio se consideran como voluntarios." De lo anterior, se puede advertir que una vez que el fallo emitido asciende al rango de cosa juzgada, éste debe cumplimentarse en los términos dictados, iniciando con ello la fase ejecutiva, por lo que deberá considerarse como la última resolución tratándose de actos de ejecución aquella que aprueba el cumplimiento de la sentencia o declara la imposibilidad de cumplimentarla material o idénticamente, quedando dentro de los actos tendientes a la ejecución no solamente los considerados de carácter forzoso, sino también, aquéllos que como en el caso a estudio se consideran como voluntarios. Sobre el tema, resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Novena Época Registro: 164639 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 28/2010 Página: 60 AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En el presente asunto la quejosa reclama la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, dictada en autos del juicio contencioso administrativo 10/2018-SU4-II de su índice, en el que resolvió el recurso de queja interpuesto por la parte actora, aquí quejosa, contra el incumplimiento de la sentencia interlocutoria dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en dicho procedimiento. Ahora, de las constancias integrantes del procedimiento contencioso administrativo natural, se advierten, en lo que interesa, las siguientes actuaciones: ? Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil dieciocho, por Jeny Mazaba Jacobo demandó la nulidad del acto del Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Puerto Morelos, Quintana Roo que determinó su remoción como elemento del citado cuerpo policiaco. ? De dicha demanda correspondió conocer, por cuestión de competencia territorial, a la Magistrada Titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, quien lo radicó el veintisiete de febrero siguiente. ? Substanciada la secuela procesal, el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se declaró la nulidad del acto impugnado y se reconoció el derecho subjetivo de la actora a la indemnización constitucional y se condenó a la autoridad demandada al pago indemnizatorio correspondiente. ? La anterior determinación fue declarada firme el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho y se inició el cómputo para el plazo otorgado a la responsable para su cumplimiento. ? Por resolución de incidente de liquidación de sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se aprobaron las cantidades a las que ascendían las prestaciones condenadas en la sentencia de nulidad, se reconocieron las cantidades que ya habían sido cubiertas a la parte actora y se dio el plazo de tres días a la autoridad demandada a fin de que cubriera aquellas que no habían sido enteradas. ? Previa substanciación de la fase de ejecución de sentencia, por resolución de liquidación de sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se aprobó la cantidad de $99,268.31 (noventa y nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos 31/100 moneda nacional) por concepto de la cantidad pendiente por pagar en el período comprendido del treinta y uno de diciembre al veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, sin perjuicio de aquellas cantidades que se siguieran causando hasta el total pago de lo condenado. Asimismo, otorgó el plazo de tres días a la autoridad demandada para hacer el pago del monto cuantificado en dicho período. ? Se interpone queja. Por escrito recibido el ocho de octubre de dos mil veintiuno, la parte actora por conducto de su autorizado, interpuso recurso de queja en términos del artículo 167, fracción II, inciso a), punto 3 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, contra el incumplimiento de la interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en virtud que había transcurrido el plazo de tres días otorgado a la autoridad demandada sin que efectuara el pago ahí indicado. ? Se admite queja. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió el medio ordinario de defensa interpuesto y se requirió el informe correspondiente a la autoridad demandada. ? Resolución del recurso de queja. El veintitrés de mayo de dos mil veintidós (fojas 527 a 535), la Magistrada Titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, resolvió el recurso de queja interpuesto, en los siguientes términos: Acto reclamado De la lectura de la resolución reclamada se obtiene que la autoridad responsable, en esencia, estableció que la queja presentada por la parte actora, respecto al incumplimiento de la autoridad demandada a lo ordenado en la resolución de liquidación de sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, pese a que había transcurrido el plazo de tres días ahí otorgado para tal fin, había quedado sin materia pues la demandada había acreditado haber entregado a la actora el cheque 0001313 de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por la cantidad de $99,268.31 (noventa y nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos 31/100 moneda nacional). Asimismo, determinó que era desacertado el argumento de la actora respecto a que el hecho de haber enterado la cantidad cuantificada en la interlocutoria correspondiente fuera del plazo conferido no obstaba para tener a la demandada cumpliendo con lo ahí ordenado pues había acreditado las gestiones correspondientes para exhibir la cantidad ordenada. Por lo anterior, concluyó que la responsable había cumplido en sus términos con la interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente administrativo de origen y ordenó el archivo del incidente en cuestión. De todo lo anterior, puede obtenerse que el acto reclamado en esta instancia constitucional fue dictado dentro de la fase de ejecución de la sentencia de nulidad dictada en el juicio contencioso administrativo de origen, que no constituye la última resolución, entendida éste, como aquélla que reconoce o aprueba el cumplimiento total de la cosa juzgada o declara la imposibilidad jurídica o material de cumplirlo. Pues en dicha determinación la magistrada responsable se pronunció sobre la queja interpuesta por la parte actora sobre el incumplimiento de la interlocutoria de liquidación dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, y nada determinó sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, ni ordenó el archivo del expediente principal como asunto totalmente concluido. Tampoco se trata de una resolución que dirimiera cuestiones ajenas a la cosa juzgada en el juicio de origen, que afecten de manera directa derechos sustantivos de la quejosa, porque precisamente la materia de dicho incidente es verificar si la autoridad demandada acató o no el requerimiento de pago ordenado en la interlocutoria de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se cuantificaron diversas prestaciones condenadas en la sentencia definitiva; luego, no se ocupa de cuestiones ajenas a la cosa juzgada. En todo caso, de considerar la parte quejosa que el pago tardío de las condenas cuantificadas en el procedimiento de ejecución de sentencia actualizaron diversos montos que no han quedado cubiertos, ello corresponde dilucidarse a través de diverso incidente de liquidación de sentencia o en aquél auto en que la autoridad responsable se pronuncie en definitiva respecto a si la demandada ha cumplido o no la totalidad de la condena dictada en el contradictorio natural; pero escapa a la litis del recurso de queja interpuesto contra la falta de cumplimiento de la resolución de liquidación de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que interpuso la actora y que concluyó con la resolución aquí reclamada. En consecuencia, al ser la resolución reclamada una determinación intermedia en la etapa de ejecución de sentencia dictada en el juicio contencioso 10/2018-SU4-II, que no constituye la última resolución en esa fase o archiva el juicio de origen, ni se trata de cuestiones ajenas a la cosa juzgada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jeny Mazaba Jacobo contra el acto reclamado a la Magistrada Titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando tercero de esta sentencia. Se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por la tercera interesada toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "No. Registro: 205,449 Jurisprudencia Materia(s): Común Octava Época Instancia: Pleno Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 80, Agosto de 1994 Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 43, página 27. ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Jeny Mazaba Jacobo, por derecho propio, contra un acto reclamado de la Magistrada Titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, precisado en el considerando tercero, por las razones expuestas en el quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    :. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, firmada por el Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, en su carácter de tercero interesado; mediante la cual se apersona al presente juicio. a. Delegados. Ténganse como delegados de la autoridad tercera interesada en términos del numeral 9° de la Ley de Amparo, a las personas que señala en la promoción de cuenta. b. Medios electrónicos. Luego, como lo solicita dicha tercera interesada, permítase a sus delegados imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. c. Alegatos. Ténganse por hechas las manifestaciones vertidas en el ocurso de cuenta y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con las mismas al momento de desahogar la audiencia constitucional. d. Datos de contacto. De igual forma, se toma conocimiento del correo electrónico y número telefónico proporcionado, a fin de establecer comunicaciones no procesales.

  4. Principal

    Agréguese a los autos la promoción de cuenta con registro 12237 signada por Miguel Ángel Reyes Vázquez, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo; en atención a su contenido se provee: No ha lugar a tener por autorizado el usuario "MiguelAngelReyesVazquez" para la consulta del expediente electrónico ni la realización de las notificaciones a dicho usuario, pues de autos se advierte que la parte quejosa únicamente lo autorizó en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se haya establecido expresamente que cuenta con facultad para solicitar la consulta del expediente electrónico ni para señalar o solicitar que las notificaciones personales se lleven a cabo vía electrónica, como lo dispone el artículo 55, en relación con el diverso 35, párrafo segundo, ambos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014379 Tesis: XXVII.3o.118 K (10a.) Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 2017 NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA CARECE DE FACULTADES PARA SOLICITAR QUE AQUÉLLAS SE REALICEN POR ESA VÍA, AL CORRESPONDER DICHA DECISIÓN DIRECTAMENTE A LAS PARTES O SUS REPRESENTANTES. Conforme a los artículos 24, 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las notificaciones en los juicios de amparo se harán electrónicamente a las partes o a sus representantes que expresamente así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica, sin que se faculte para solicitar la práctica de las notificaciones por esa vía a los autorizados en términos amplios conforme al artículo 12 de la citada ley, pues dicha figura no constituye una representación legal; además, sólo se les permite llevar a cabo actos en el juicio tendentes a lograr una adecuada defensa de los intereses del autorizante, dentro de las cuales no se encuentra la solicitud en cita, por tratarse de una cuestión personalísima de las partes o sus representantes."

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