Jenny Ichel García Hechavarría

Expediente 628/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
628/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Raúl Campos Osorio
  • Jenny Ichel García Hechavarría

Actuaciones

  1. Principal

    :. Visto el estado que guarda el presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el cinco de julio de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se concedió la suspensión de plano; se determina que es susceptible su depuración dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general.

  2. Principal

    En cinco de julio de dos mil veintidós, la secretaria Diana Alejandra Ángel Zarate, certifica: que obran los informes justificados de las autoridades responsables, no hay pruebas por preparar y ninguna de las partes solicitó el diferimiento de la audiencia constitucional, en términos del artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Doy fe. La secretaria En Cancún, Quintana Roo, siendo las ocho horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 628/2022-III, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Diana Alejandra Ángel Zárate, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentra los informes justificados rendidos por las autoridades responsables en el sentido que enseguida se enlista: # Autoridades responsables Sentido 1. Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración No es cierto 2. i) Encargado de Despacho de la Estación Provisional, por si y en representación a los ii) Agentes Migratorios de adscripción del Instituto Nacional de Migración No es cierto 3. Cancún, Quintana Roo Asimismo, da cuenta con la promoción con número de registro 11555, en consecuencia, el Juez acuerda: agréguese a los autos la promoción con número de registro 11555, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación, ténganse por hechas sus manifestaciones y, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo en la etapa correspondiente de esta audiencia. Asimismo, expídase a la fiscal Federal adscrita la copia certificada que solicita, previa constancia de su recibo que obre para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que los quejosos ofrecieron pruebas documentales, mientras que las demás partes no ofrecieron algún medio de prueba; el Juez provee: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por admitidas y desahogadas las pruebas documentales ofrecidas por los quejosos, sin necesidad de mayor diligencia dada su especial naturaleza; finalmente, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción formuló pedimento; luego, el Juez acuerda: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; con lo anterior, se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y, al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. V I S T O para resolver el juicio de amparo 628/2022-III, promovido por Jenny Ichel García Hechavarria, Rodolfo Galán Ferrera y Raúl Campos Osorio, todos por propio derecho, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Quintana Roo y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, Jenny Ichel García Hechavarria, Rodolfo Galán Ferrera y Raúl Campos Osorio, todos por propio derecho, solicitan el amparo y protección de la justicia federal contra actos de las siguientes autoridades responsables: Autoridades responsables 1 Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo (denominación correcta) 2 Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo 3 Agentes Migratorios adscritos a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Cancún, Quintana Roo Cancún, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 8, 11, 14, 16, 18, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "4. ACTOS RECLAMADOS. - - - De las autoridades que señalamos como responsables, ya sea que obren por si o por medio de sus subordinados, y en especial de los agentes del Instituto Nacional de Migración de la estación migratoria Cancún (o Benito Juárez), por la declarada voluntad tendiente a privarnos ilegalmente de nuestra libertad personal, en tanto nos regularizamos en México, separamos de nuestra menor hija o hacernos sufrir a uno o todos los tres, alguna pena de las prohibidas por el art. 22 de la Constitución Mexicana. - - - De igual forma, reclamamos por el cumplimiento y ejecución que pretenden realizar todas las autoridades señaladas como ordenador, por si o por medio de sus subordinados, para el efecto de privar nuestra libertad a la menor y sus padres en comento, con sus consecuencias inherentes, desatendiendo la protección integral y el interés superior de la niñez." SEGUNDO. Radicación de demanda y admisión. Turnada que fue la demanda de amparo el veintitrés de junio de dos mil veintidós, en este juzgado de distrito, por razón de guardia de asuntos de tramitación urgente, por auto de esa misma fecha, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 628/2022-III; se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados, se admitió la demanda de amparo; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento número 534/2022, en el sentido de sobreseer el juicio; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se señaló fecha y hora para verificar la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia, y; C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se trata de un asunto en el que se reclaman actos que pueden tener ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hacen consistir en: a) La orden de deportación decretada en contra Jenny Ichel García Hechavarria, Rodolfo Galán Ferrera y Raúl Campos Osorio, todos por propio derecho. b) La detención de la parte quejosa fuera de procedimiento. No pasa inadvertido que en el capítulo de actos reclamados la parte promovente plantee diversas cuestiones relacionadas con los actos previamente fijados; sin embargo, no serán considerados como actos reclamados destacados, pues de su propia redacción se advierte que conforman planteamientos a manera de conceptos de violación, que en todo caso, serán materia de estudio al dictar la sentencia correspondiente. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables que enseguida se enlistan, negaron la existencia de la totalidad de los actos que se les reclaman, según se advierte del contenido de sus informes justificados: # Autoridades responsables Sentido 1. Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración No es cierto 2. i) Encargado de Despacho de la Estación Provisional, por si y en representación a los ii) Agentes Migratorios de adscripción del Instituto Nacional de Migración No es cierto 3. Cancún, Quintana Roo Negativa de las autoridades responsables que no se desvirtúa con el material de convicción ofrecido por los quejosos que obran en el presente sumario, que son los siguientes: Anexos Archivo digitalizado sin certificar correspondiente al pasaporte número K557336, expedido por la República de Cuba en favor de Rodolfo Galán Ferrera Archivo digitalizado sin certificar correspondiente al carné de identidad número 85102526947, expedido por la República de Cuba en favor de Rodolfo Galán Ferrera Archivo digitalizado sin certificar correspondiente al pasaporte número K568005, expedido por la República de Cuba en favor de Jenny Ichel García Hechavarria Archivo digitalizado sin certificar correspondiente al carné de identidad número 81111423671, expedido por la República de Cuba en favor de Jenny Ichel García Hechavarria Archivo digitalizado sin certificar correspondiente al pasaporte número K389286, expedido por la República de Cuba en favor de Raúl Campos Osorio. Archivo digitalizado sin certificar correspondiente al carné de identidad número 66070327880, expedido por la República de Cuba en favor de Raúl Campos Osorio Archivo digitalizado sin certificar correspondiente al pasaporte número L438238, expedido por la República de Cuba en favor de Yamilet del Sol Santiesteban. Archivo digitalizado sin certificar correspondiente al carné de identidad número 71090603356 expedido por la República de Cuba en favor de Yamilet del Sol Santiesteban. Documentales que cuentan con valor probatorio en términos de los artículos 207, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2° de la Ley de Amparo, la cual por sí mismas, únicamente prueban que probablemente sean una reproducción de su original. Luego, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia, por lo que es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento correspondiente al no haberse demostrado tal extremo. En ese orden, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la afirmación de las autoridades señaladas como responsables, tal como lo solicita la fiscal adscrita; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de los actos reclamados por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: "Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Jenny Ichel García Hechavarria, Rodolfo Galán Ferrera y Raúl Campos Osorio, todos por propio derecho, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisados en el considerando tercero en términos de lo expuesto en el cuarto de esta sentencia.

  3. Principal

    :. I. Informes de suspensión de plano Agréguense a los autos para que obren como correspondan las promociones de cuenta a través de las cuales las autoridades responsables siguientes, rinden su informe respecto de la suspensión de plano decretada en autos: # Número de oficio Autoridades responsables Promoción 1 4232/2022-III Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración 10837 2 4233/2022-III i) Encargado de Despacho de la Estación Provisional, por si y en representación a los Agentes Migratorios de adscripción del Instituto Nacional de Migración 10869 3 4234/2022-III Cancún, Quintana Roo Circunstancia de la cual queda enterado este órgano jurisdiccional. Por tal motivo, dese vista a la parte quejosa con los oficios de cuenta a fin de que manifieste lo que a su interés convenga, con relación a su contenido. De igual manera, téngase a la primera autoridad responsable señalando como cuentas de correos electrónicos y numero telefonico, el que índica en el ocurso de cuenta, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. II. informe justificado Agréguense a los autos para que obren como correspondan las promociones de cuenta mediante las cuales las siguientes autoridades, rinden su informe justificado: # Número de oficio Autoridades responsables Promoción 1 4232/2022-III Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración 10838 2 4233/2022-III i) Encargado de Despacho de la Estación Provisional, por si y en representación a los Agentes Migratorios de adscripción del Instituto Nacional de Migración 10868 3 4234/2022-III Cancún, Quintana Roo En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pónganse a la vista de las partes, para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional.

  4. Principal

    :. I. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica sin evidencia criptográfica por Jenny Ichel Garcia Hechavarria, Rodolfo Galan Ferrera y Raúl Campos Osorio, todos por propio derecho, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Quintana Roo y otras autoridades. II. Creación de expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el libro de control de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 628/2022-III. III. Decisión sobre la acción de amparo. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. IV. Suspensión de plano. Ahora, de la lectura integral de la demanda se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: a) La orden de deportación decretada en contra de Jenny Ichel Garcia Hechavarria, Rodolfo Galan Ferrera y Raúl Campos Osorio, todos por propio derecho. b) La detención de la parte quejosa fuera de procedimiento. No pasa inadvertido que en el capítulo de actos reclamados la parte promovente plantee diversas cuestiones relacionadas con los actos previamente fijados; sin embargo, no serán considerados como actos reclamados destacados, pues de su propia redacción se advierte que conforman planteamientos a manera de conceptos de violación, que en todo caso, serán materia de estudio al momento de dictar la sentencia correspondiente. i. La orden de deportación. En lo inherente al acto reclamado precisado en el inciso a), consistente la orden de deportación decretada en contra de Jenny Ichel Garcia Hechavarria, Rodolfo Galan Ferrera y Raúl Campos Osorio, todos por propio derecho, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que no se ejecute y queden en el lugar donde se encuentren a disposición de este órgano jurisdiccional en lo que se refiere a su libertad personal. Apoya lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia que se cita a continuación: "Época: Novena Época Registro: 170578 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Materia(s): Administrativa Tesis: P./J. 80/2007 Página: 15 SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." ii. Detención fuera de procedimiento. En relación con los actos reclamados precisados en el inciso b), consistentes en la detención de la parte quejosa fuera de procedimiento, con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para los siguientes efectos:  Si el acto impugnado obedece a la comisión de un delito, sin demora se ponga a la parte quejosa a disposición del Ministerio Público competente.  Cabe señalar que si dicho acto no se relaciona con la comisión de un delito, la concesión de la suspensión es para que cese sin demora la detención, poniéndolos inmediatamente en libertad.  En el entendido que si la privación de la libertad tiene relación con un procedimiento migratorio, la medida cautelar no surte efecto alguno, pues ese pronunciamiento correspondería -en todo caso- en los cuadernos incidentales que se abren por lo que corresponde a la suspensión a petición de parte. En ese orden de ideas, la autoridad responsable deberá informar a este juzgado dentro del improrrogable término de VEINTICUATRO HORAS, sobre las medidas que adopten para dar cumplimiento a la suspensión de plano, anexando al efecto, en su caso, copia certificada de las constancias que acrediten la estancia legal de la parte quejosa en el lugar en que se ubique; en la inteligencia de que la violación a esta medida cautelar entraña la de del delito de desobediencia a un auto de suspensión, conforme a lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por lo que de consumarse, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que haya lugar. Para que las autoridades responsables estén en aptitud de rendir el informe solicitado, remítaseles fotocopia sin certificar de la demanda de amparo. En el entendido de que el informe de cumplimiento a la suspensión de plano decretada en este auto, es distinto al informe justificado que deberá(n) rendir en los términos precisados en líneas subsecuentes. V. Límites de la suspensión de plano. Por otro lado, tomando en consideración que la suspensión de oficio es una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que se decreta en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pusieran en peligro la vida de la parte quejosa, ataques a la libertad fuera de procedimiento, permitiera su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas en el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el suscrito Juzgador, quien debe examinar si entre los hechos denunciados en favor de la parte agraviada y el resultado dañino temido por éstos, existe una relación tal que justifique la adopción de la medida cautelar. Apoya lo anterior por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia y tesis que se citan a continuación: "Octava Época Registro: 229397 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1989 Materia(s): Administrativa Tesis: I. 3o. A. J/7 Página: 951 Genealogía: Gaceta número 13-15, Enero-Marzo de 1989, página 88. SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." "Quinta Época Registro: 334093 Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XLIX Materia(s): Administrativa, Común Tesis: Página: 1698 SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE. La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 124 de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio." VI. Audiencia constitucional. Se señalan las ocho horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. VII. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: Jenny Ichel Garcia Hechavarria, Rodolfo Galan Ferrera y Raúl Campos Osorio, todos por propio derecho a. Autorizados. Vista la certificación de cuenta, ténganse por autorizados de la parte quejosa únicamente para oír y recibir notificaciones a Gabriela Ivonne Acosta Méndez, Manuela Estrada Correa y a José Alejandro Castresana Campos, hasta en tanto acredite su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, o demuestre encontrarse autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. b. Autorización de consulta y notificaciones vía electrónica. Atendiendo a lo solicitado y vista la certificación secretarial de cuenta, con apoyo en los artículos 3° y 30, fracción II de la Ley de Amparo, 6, 16, 34 a 37, 55 a 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a José Alejandro Castresana Campos, bajo el usuario "AlejandroC", y que se realicen las notificaciones personales vía electrónica a ese usuario. c. Datos de contacto. Ténganse a la parte quejosa señalando la cuenta de correo electrónico y el número telefónico que indica, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en que este órgano jurisdiccional lo estime necesario, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. d. Representante común. Toda vez que los quejosos omitieron designar representante común en el presente juicio, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa con tal carácter a Jenny Ichel Garcia Hechavarria, sin perjuicio de que la parte respectiva lo substituya por otro. 2. Autoridad(es) responsable(s). a. Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en el plazo de quince días rinda(n) su informe con justificación, apercibida(s) que no hacerlo se le(s) impondrá multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. b. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en caso de que tenga conocimiento o con su conducta provoque la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique de inmediato a este juzgado de distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la ley de la materia. c. Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que remita en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resulta necesario para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. 3. Tercero(s) interesado(s) a. Quién. De una lectura integral de la demanda, no se desprende dato que actualice en relación con una persona concreta alguno de los supuestos del artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo cual se determina que a la fecha no existe tercero interesado, sin perjuicio de que con posterioridad se pueda reconocer ese carácter a alguna persona, una vez que obren datos que comprueben esa situación. 4. Representación social Con apoyo en los artículos 5, fracción IV, y 26 fracción II de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que por proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, dictado en el cuaderno de varios administrativo 2022 del propio índice, se determinó que a partir de esa fecha se autorizaría la consulta de todos los expedientes que se radiquen en este órgano jurisdiccional a Aracely Noemí Oxte Chimal, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, bajo el nombre de usuario "ARACELY.OXTE" y que las notificaciones personales en esos expedientes, se le realizarían vía electrónica, a través de ese usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a partir de la siguiente notificación del auto de admisión correspondiente, la cual deberá verificarse de manera personal. Por tanto, con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 6, 16, 34 a 37 y 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a Aracely Noemí Oxte Chimal, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, bajo el nombre de usuario "ARACELY.OXTE" y que las notificaciones personales en el presente juicio de amparo, se le realicen vía electrónica, a través de ese usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a partir de la siguiente notificación del presente acuerdo, la cual deberá verificarse personalmente. En la inteligencia que la autorización contenida en este acuerdo surtirá efectos siempre y cuando la mencionada fiscal se encuentre adscrita a este órgano jurisdiccional; de lo contrario, sin necesidad de dictar ulterior acuerdo, se revocará dicha autorización. VIII. Incidente de suspensión Sin que haya lugar aperturar el incidente de suspensión, debido a que en líneas precedentes se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados consistentes en la orden de deportación y detención fuera de procedimiento decretados en contra de la parte quejosa. Por tanto, con apoyo en el artículo 116 de la Ley de Amparo, remítase a la(s) autoridad(es) responsable(s) fotocopia sin certificar de la demanda de amparo para que estén en aptitud de rendir su informe justificado. IX. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha reanudado la operatividad total de los órganos jurisdiccionales, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, con fundamento en los artículos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de ser posible se exhorta a todas las partes para que transiten a la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea" para salvaguardar su salud y la del personal de este órgano jurisdiccional. De igual manera se solicita a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, presenten cualquier comunicación dirigida a este Juzgado a través de medios que permitan privilegiar el esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx) o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea) haciendo uso de la firma electrónica. Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación haciendo uso de la firma electrónica. X. Requerimiento de contacto a las partes y solicitud de propuestas para mejorar la comunicación con ellas. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se solicita a las partes del presente asunto, que para entablar comunicaciones no procesales, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. XI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. XII. Notificaciones a autoridad(es) responsable(s). Con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se indica que únicamente se harán las notificaciones a la(s) autoridad(es) mediante oficio de aquellas determinaciones cuyo contenido incida en algún aspecto en su esfera de derechos, practicándose las demás mediante lista que se fija en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." XIII. Corrección de denominación de autoridades responsables. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en el supuesto de que este órgano jurisdiccional advierta que la denominación de alguna de las autoridades que señaló como responsables sea inexacta, pero se pueda identificar o individualizar, se corregirá oficiosamente ese error y se tendrá por señalada con su denominación correcta, incluso si eso se advierte durante el trámite del juicio, lo anterior debido a que conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Es aplicable la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006401 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: XXVII.3o.17 K (10a.) Página: 1933 AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." XIV. Apercibimiento a las autoridades. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir su respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 245 de la Ley de Amparo. XV. Transparencia y aviso de privacidad. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · 12,649 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano