Jenny del Ángel Tapia
Expediente 561/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2021
Partes del expediente
- Jenny del Ángel Tapia
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista: la certificación anterior y que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del proveído ocho de julio del año en curso, en el que se desechó su demanda. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara FIRME el proveído de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, de deja acordar lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Ahora, toda vez que del análisis de las documentales que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa anexó diversas constancias a su escrito inicial de demanda, entre la que destaca el "original de la constancia de vigencia de derechos expedida por Subdelegación de Afiliación y Vigencia de le Delegación Chiapas de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), de veinticinco de junio del año en curso"; por tanto, hágasele de conocimiento que cuenta con el plazo de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, a efecto de que ocurra a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para recogerlas, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese término, las mismas serán destruidas, de conformidad con lo estipulado en el numeral 18, párrafo segundo, del Acuerdo General en comento. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se hace del conocimiento de la parte quejosa que para recibir los documentos que se dejan a su disposición, será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. ?MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES? Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de julio de dos mil veintiuno. Vista: la certificación anterior y que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara en contra del proveído ocho de julio del año en curso, en el que se desechó su demanda. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara FIRME el proveído de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, de deja acordar lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Ahora, toda vez que del análisis de las documentales que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa anexó diversas constancias a su escrito inicial de demanda, entre la que destaca el "original de la constancia de vigencia de derechos expedida por Subdelegación de Afiliación y Vigencia de le Delegación Chiapas de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), de veinticinco de junio del año en curso"; por tanto, hágasele de conocimiento que cuenta con el plazo de NOVENTA DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, a efecto de que ocurra a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para recogerlas, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de ese término, las mismas serán destruidas, de conformidad con lo estipulado en el numeral 18, párrafo segundo, del Acuerdo General en comento. En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se hace del conocimiento de la parte quejosa que para recibir los documentos que se dejan a su disposición, será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. ?MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES? Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ocho de julio de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por +++ , por propio derecho, contra los actos que reclama del 1. Secretario de Salud del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo número 561/2021-I y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, es importante precisar que el artículo 113,1 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 64, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número. 80, Agosto de 1994, con registro digital 210751, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."2 2 El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante En ese tenor, se estima que en el caso concreto se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que se configura a partir del artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver todacontroversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" Del numeral transcrito en interpretación de la jurisprudencia número 2a./J. 164/20113, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", define como características de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales, en virtud de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. 3 Época: Novena Época, Registro: 161133, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 164/2011, Página: 1089. De acuerdo a ello, existen diferencias entre las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, pues las primeras (coordinación) corresponden a las entabladas entre particulares, en un mismo nivel, por lo que para dirimir sus controversias existen en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, debiendo acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas o contempladas por la ley. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y, los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado y los sujetos frente a los cuales actúa con imperio están regulados por el derecho público, de manera que este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad de quien tiene la capacidad de incidir en la esfera jurídica del otro, por lo que la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. De ahí que, la procedencia del juicio de amparo se encuentre supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que, con fundamento en una norma legal, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y el anexo que acompaña, se advierte que los acto que por esta vía reclama la parte quejosa al 1. Secretario de Salud del Estado de Chiapas, 2. Director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, 3. Subdirector de Recursos Humanos de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, 4. Director General del Instituto de Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, 5. Jefa de Distrito de Salud I o Jefa de Jurisdicción Sanitaria I, del Instituto de Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, y 6. Jefe del Departamento de Recursos Humanos de Jurisdicción Sanitaria I, del Instituto de Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, todos con residencia en esta ciudad, se hacen consistir en la orden verbal de retención de sus pagos salariales correspondientes a la segunda quincena de febrero, marzo, abril, mayo, junio del año en curso y las subsecuentes, así como la suspensión en sus funciones en el cargo que venía desempeñando como Medico General A, por tiempo indeterminado de la Jurisdicción Sanitaria I, del Instituto de Salud de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas. Expuesto lo anterior, se estima que el acto anteriormente citado no puede ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación, ya que su reclamo hacia las autoridades precisadas supralíneas, es en su calidad de servidora subordinada que presta sus servicios en la citada dependencia -Secretaría de Salud en el Estado de Chiapas- y en el cual pide el cumplimiento de sus obligaciones de pago derivado de esa relación laboral que tiene con esta. En este orden de ideas, si los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, no tienen como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que derivan de un vínculo laboral, el juicio de amparo resulta improcedente, pues la conducta de que se duele la quejosa, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúne las características de imperio para que se considere como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I4, constitucional. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." 4 "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituyen actos entre particulares, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, pues, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación; lo cual se encuentra robustecido con las documentales que anexó la promovente al escrito de demanda que hoy se provee, esto es, la constancia de vigencia de derechos a su favor expedida por Subdelegación de Afiliación y Vigencia de le Delegación Chiapas de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), de veinticinco de junio del año en curso, así como las nóminas de pago o facturas electrónicas relativas al puesto que venía desempeñando como Médico General A. Con base en lo anterior, es permisible concluir que los actos reclamados en esta vía, no constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo; pues se insistente devienen de una relación patrón-trabajador-; por ende, se dejan expeditos sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinente ante la autoridad competente. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo,, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Guarda aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 1995, página 509, Materia Común, Novena Época, con registro digital 203580, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."5 IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado en el escrito que se provee. En términos del numeral 12, párrafo segundo, en relación con el diverso 24, párrafo segundo de la ley de la materia, se tienen como autorizados a las personas que menciona por así haberlo solicitado expresamente la promovente. 5 De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. Ahora, atento a lo peticionado por la ocursante, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le autoriza la consulta electrónica del juicio de amparo en que se actúa; por tanto, se ordena a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio a la antes citada, registrada con el nombre de usuario Selvasdespacholegal, para consultar de manera electrónica el presente juicio. En otro orden, en cuanto al correo electrónico que proporciona, dígasele que de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General Acuerdo General 21/2020, prorrogado por el diverso 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, estos sólo son un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes. Por su parte, en cuanto a su autorización relativa a que las promociones que la ocursante presente ante esta potestad sean firmadas con el usurario Selvasdespacholegal, debido a que no cuenta con firma FIREL ni tampoco E.firma o FIEL, dígasele que no ha lugar acordar favorable la misma, toda vez que de conformidad con el numeral 6, del Acuerdo General conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al Expediente Electrónico, en lo que interesa que, dispone que las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho; de ahí que, resulte improcedente su pretensión. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. VI. MEDIOS MAGNÉTICOS Con sustento en la Circular número 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos que mencionan para los fines solicitados, previa razón que obre en autos, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta, tiene aplicación la tesis del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."6 VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 6 Tesis I.3o.C.725 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, marzo de 2009; Tribunales Colegiados de Circuito; Novena Época, página 2847, con número de registro 167640. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA.
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