Jennifer Alejandra Saez Cruz

Expediente 457/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
457/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
22/05/2017

Partes del expediente

  • Jennifer Alejandra Saez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación anterior y apareciendo que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en Vigor, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de nueve de mayo de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por Jennifer Alejandra Saez Cruz y Ana Elizabeth Cruz Cantoral, la primera por propio derecho y la segunda en representación de los menores J. L. y A. P, de apellidos S.C. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Por otra parte, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo no hay diligencia o trámite alguno por realizar; con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Vista; la certificación anterior y apareciendo que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en Vigor, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de nueve de mayo de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por Jennifer Alejandra Saez Cruz y Ana Elizabeth Cruz Cantoral, la primera por propio derecho y la segunda en representación de los menores J. L. y A. P, de apellidos S.C. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO. Por otra parte, tomando en cuenta que en el presente juicio de amparo no hay diligencia o trámite alguno por realizar; con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a nueve de mayo de dos mil diecisiete. Visto; el escrito de cuenta suscrito por JENNIFER ALEJANDRA SAEZ CRUZ y ANA ELIZABETH CRUZ CANTORAL EN REPRESENTACIÓN DE J.L.S.C Y A.P.S.C., mediante el cual dan cumplimiento al requerimiento que se les hizo en proveído de veintiocho de abril del presente año. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora bien, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Informa de lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que las impetrantes de amparo señalan como acto reclamado: a). La resolución de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal número 290.B-2PO1/2017, en la que la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, confirmó el auto de incoación de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictado por el Juez del Ramo Penal para la atención de delitos no graves de Chiapa de Corzo, Chiapas, dentro del expediente 157/2017, en el cual negó la orden de aprehensión solicitada, contra de JOSE LUIS SAEZ CHEE. En atención a lo anterior, oficiosamente, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente cuando se combata un acto consentido expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Se dice lo anterior, ya que si bien el artículo 21 Constitucional, en su primer y segundo párrafos, dispone que corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos, así como el ejercicio de la acción penal, lo cierto es que al ser la víctima o el ofendido, parte en el procedimiento penal, tiene derecho de apelar las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional. De ahí que la circunstancia antes referida no significa que el ofendido pueda prescindir de los medios de defensa ordinarios, previo a la promoción del juicio de garantías, ni tampoco significa que no pueda coadyuvar en el proceso, y, en el caso específico que se falle contrario a sus intereses, pueda impugnar la resolución relativa, pues los derechos y prerrogativas de la parte ofendida se elevaron a rango constitucional en el artículo 20, apartado C, de la Ley Fundamental. Específicamente, en el caso en concreto, en el que el juzgador de primera instancia dictó una resolución en la que negó la orden de aprehensión contra JOSE LUIS SAEZ CHEE, resolución que puede traducirse en un agravio a la víctima, impugnable mediante el recurso de apelación, con independencia de que también lo haga el Ministerio Público, pues como ya se precisó, cada uno está legitimado para ese efecto y las obligaciones constitucionales conferidas a la representación social no excluyen las prerrogativas y derechos conferidos al ofendido, quien, en consecuencia, también debe agotar los medios de defensa con que cuente. Así, en el caso concreto la parte quejosa, manifiesta bajo protesta de decir verdad que únicamente el Ministerio Público interpuso el recurso de apelación en contra del auto de incoación de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, en el que negó la orden de aprehensión solicitada por la representación social, en la causa penal 157/2017, misma resolución que fue confirmada el veintinueve de marzo de la misma anualidad, por la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla, en el toca penal 290-B-2PO1/2017, por lo que se ordenó la remisión del expediente a la Fiscalía de Distrito Metropolitano, Centro Administrativo de Justicia 4, Las Delicias, en esta ciudad, para su tratamiento. En ese sentido, si al dictarse la ejecutoria en el toca penal 290-B-2PO1/2017, no se modifica lo resuelto por el Juez de Primera Instancia, en el sentido de negar la orden de aprehensión por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, contra JENNIFER ALEJANDRA SAEZ CRUZ y ANA ELIZABETH CRUZ CANTORAL EN REPRESENTACIÓN DE J.L.S.C Y A.P.S.C., debe concluirse que el juicio de amparo indirecto que promueve la parte quejosa como ofendida o víctima, contra la sentencia de segunda instancia, resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque ese acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye una manifestación de voluntad en ese sentido, que no es subsanable por el hecho de que la sentencia de primera instancia haya sido apelada por el Ministerio Público. En estas condiciones, debe insistirse, si la legislación establece un medio de impugnación -como es el caso del recurso de apelación-, para que la parte ofendida impugne la resolución que llegue a pronunciarse, contra sus intereses, entonces se entiende que existe obligación de agotar ese medio de defensa, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, es decir, no se trata de una cuestión que quede a su discreción, sino que es forzoso hacer uso del recurso establecido legalmente. De lo antes expuesto, no se inadvierte que la autoridad ministerial representa los intereses del ofendido, los que desde luego incluyen la pretensión de que se condene al responsable de un ilícito; empero, esa representación no significa que aquél esté liberado de sus obligaciones procesales, de lo que queda claro que si éste apela, lo hace como parte de su obligación constitucional y para salvaguardar los derechos del ofendido, pero sin que ello signifique que al interponer el recurso de apelación, lo haya hecho a nombre de la parte ofendida, ya que, se insiste, éste tiene expedito su derecho conforme a la legislación adjetiva. Resulta aplicable a lo anterior, por su contenido jurídico sustancial, la jurisprudencia que reza: AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO AQUÉLLA CONFIRMÓ LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE NUEVO LEÓN). Cuando el juzgador de primera instancia dicta sentencia condenatoria al considerar comprobados el delito y la responsabilidad penal del inculpado, pero en lo relativo a la reparación del daño resuelve absolverlo, ello se traduce en un agravio a la víctima impugnable mediante el recurso de apelación, independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, y en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, en caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, y la ejecutoria de segundo grado confirme lo relativo a la reparación del daño, se concluye que el juicio de amparo directo promovido por el ofendido contra esta última resolución es improcedente en términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que la sentencia de primera instancia haya sido apelada por la autoridad ministerial. Así como la tesis de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. ES IMPROCEDENTE SI QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO ES LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EN SU CONTRA EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Cuando el Juez de primera instancia dicta un auto de no vinculación a proceso y decreta la libertad absoluta del inculpado, por no obrar algún elemento configurativo del delito materia de impugnación, y ello afecta directamente la reparación del daño o la responsabilidad civil, esa circunstancia se traduce en un agravio a la víctima u ofendido del delito impugnable mediante el recurso de apelación, conforme al artículo 398 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y los derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, en caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, y la resolución de segundo grado confirme dicho auto de no vinculación a proceso, el juicio de amparo indirecto promovido por el ofendido contra esta última resolución es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que el auto de primera instancia haya sido apelado por la autoridad ministerial. Máxime que la Ley de Amparo no faculta al Ministerio Público para que promueva juicio de garantías en favor del agraviado, situación que reafirma el hecho de que es el titular de la acción persecutoria y representante social, pero no sustituye al ofendido en los casos en que a éste corresponde el inconformarse con independencia de que también lo haga aquél. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías promovida por promovida por JENNIFER ALEJANDRA SAEZ CRUZ y ANA ELIZABETH CRUZ CANTORAL EN REPRESENTACIÓN DE J.L.S.C Y A.P.S.C., por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación el criterio de la literalidad siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS. De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR OFICIOS. Por último, se faculta a la Secretaria para firmar los oficios correspondientes.

  4. Principal

    se notifica a la parte tercero interesada Banco Nacional de Mexico (Banamex)... POR CUANTO EL TRIBUNAL DE ALZADA RESOLVIO LO SIGUIENTE: "PRIMERO. SE MODIFICA LA SENTENCIA RECURRIDA. SEGUNDO. PARA LOS EFECTOS PRECISADOS POR EL JUEZ DE DISTRITO, SE CONCEDE EL AMPARO SOLICITADO... TERCERO. SE CONCEDE EL AMPARO LISO Y LLANO AL QUEJOSO...";REQUIERASE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE...

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