Jenny Arlene Perez Flota

Expediente 311/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
311/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
12/03/2021

Partes del expediente

  • Jenny Arlene Perez Flota

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de veintitrés de febrero del presente año, pronunciado en este juicio de amparo, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó de plano la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ya obra el oficio suscrito por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, que el término concedido a la parte quejosa en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que haya hecho manifestación al respecto; en tal virtud, esta Juzgadora procederá a resolver sobre el cumplimiento de la resolución de amparo, con base a los elementos que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis bajo el rubro siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En este sentido, se aprecia que por sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, por este órgano de control constitucional, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del acto reclamado al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán. Asimismo, por auto de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la autoridad responsable su debido cumplimiento. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: . EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA. Por tanto, se concede la protección constitucional instada, para el efecto de que la autoridad responsable de manera inmediata, culmine con el procedimiento y/o trámite con folio 31190000742, y en breve término, sea expedido y entregado al promovente el certificado correspondiente, del ejido de Temozon, municipio de Temozon, Estado de Yucatán, relativo a derechos otorgados al quejoso en sentencia de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, por sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, en el expediente 34-1745/2018, de no existir inconveniente legal alguno debidamente justificado. Así, de las constancias que obran en este sumario, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, dio debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, ello en virtud de que la citada autoridad en representación del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, informó que el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se entregó a la quejosa Luciana Canul Dzib, el certificado parcelario 1013475 y el certificado de uso común 1010808 del ejido de Temozón, municipio de Temozón, Estado de Yucatán, relativo a derechos otorgados a la quejosa en sentencia de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro, en el expediente 34-1745/2018 y que recayó a su solicitud número 31190000742; anexando la copia certificada del citatorio-recibo, de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, firmado por la nombrada quejosa. Por tanto, es evidente que la responsable dio cumplimiento con ello, y se le restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales, por cuya infracción se concedió el amparo, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por en representación de ********, contra el acto que reclama del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres del Ministerio Público del Fuero Común, , con sede en esta ciudad. Al efecto, se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 311/2021-I. Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En ese sentido, la parte quejosa señala en esencia como acto reclamado, el acuerdo de nueve de febrero del año en curso, en el que el Ministerio Público no accedió a ejercitar acción penal o solicitar audiencia para formulación de imputación en autos de la carpeta de investigación UNATD35-GC/3204/2019, al considerar que no se contaba con pruebas suficientes para formalizar dicha carpeta de investigación y solicitar fecha y hora ante el Juez de Control para la audiencia inicial. En tal virtud, la suscrita Juzgadora estima que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a ello, resulta indispensable asentar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los referidos numerales señalan: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley (.) Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principio de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Del transcrito precepto legal en concordancia con el artículo 20, apartado C, fracción VIl, Constitucional, se advierten los siguientes aspectos: Las decisiones y omisiones del Ministerio Público, entre ellas, la abstención de investigar cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito, es susceptible de ser impugnada ante el Juez de Control. El Juez de Control convocará a una audiencia, en la cual se podrá dejar sin efectos la decisión del Ministerio Público, así como ordenarle abrir la investigación dentro de la Carpeta de Investigación y continuar con la persecución penal. Por su parte, la porción normativa referida en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. Lo anterior, se traduce en la potestad de esos sujetos para agotar el control judicial en contra de las determinaciones destacadas, derecho el cual no incide hasta el punto de considerarlo como una obligación de las víctima u ofendidos. Es decir, ese derecho al tener su génesis en lo dispuesto por la fracción VIl, apartado "C", del artículo 20 Constitucional, se debe de considerar como la prerrogativa de las víctimas u ofendidos de impugnar cierto tipo de omisiones y determinaciones del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación, lo cual engloba dos aspectos: El derecho del gobernado (víctima u ofendido) quien podrá o no agotar ese medio ordinario de defensa y, La obligación de la autoridad (Juez de Control), respecto la admisión y decisión en definitiva al ejercer un control judicial. Los dos puntos destacados, no pueden llegar al extremo de considerar al derecho de las víctimas u ofendidos como una imposición que dé cabida incluso a una interpretación restrictiva de esa prerrogativa. Ahora, los medios de impugnación son los instrumentos legales a través de los cuales se corrigen los errores cometidos tanto en el curso de un procedimiento como en el dictado de la resolución de un asunto, el más común es el recurso. Así, los recursos constituyen una especie dentro de los medios de impugnación, que se interponen ante la autoridad mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error; se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica. Por tanto, el recurso es un medio de impugnación que se interpone contra una resolución pronunciada en un proceso ya iniciado, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada. Cabe agregar que al margen de la manera como el legislador aluda o designe a un "recurso" o a la acción de interponerlo (verbigracia, inconformarse, recurrir, etcétera), debe considerarse que lo relevante para determinar si se está en presencia de dicha figura jurídica es el hecho de que a través de la misma se pueden revocar o modificar los efectos jurídicos de la resolución impugnada. Ahora, el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido pueden ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, mismo que deberá agotarse antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. Sostener que es innecesario agotar el medio de impugnación ordinario -control judicial-, previo a la promoción de la demanda de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio de amparo, soslayando la intención del legislador permanente, pues bastaría aducir que una omisión, abstención o resolución del fiscal investigador, durante la integración de la carpeta de investigación es violatoria de derechos humanos, para hacer procedente el juicio de amparo, obligando al Juez de Distrito que debe conocer del mismo, al estudio de las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis en el recurso ordinario correspondiente; es decir, sin que hayan quedado establecidas esas conculcaciones con el carácter de definitivas. En ese orden de ideas, cuando la víctima, el ofendido o el representante legal de estos, reclamen la negativa del Ministerio Público de ejercitar acción penal, previo a acudir al juicio de amparo, deberán interponer los medios ordinarios de defensa (control judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es decir, estarán obligados a agotar el principio de definitividad. Dicho principio que rige al juicio de amparo en materia penal, encuentra su justificación en el hecho de que al conocerse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Por tanto, al constituir el acto reclamado el acuerdo de nueve de febrero del año en curso, que no accedió a ejercitar acción penal o solicitar audiencia para formulación de imputación en la carpeta de investigación UNATD35-GC/3204/2019. En ese contexto, la parte quejosa puede reclamar dicho acto mediante el control judicial ante el juez de control, en los términos en que dispone el artículo 258 del citado cuerpo de leyes, el cual no constituye una excepción al principio de definitividad que impera en el presente procedimiento. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, que dice. NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado. De ahí que si la promovente no observó el principio de definitividad a que se encuentra obligada, debiendo ejercer el control judicial en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por ser este el medio de defensa idóneo contra actos del Ministerio Público consistente en no acceder a ejercitar acción penal o solicitar audiencia para formulación de imputación en autos de la carpeta de investigación UNATD35-GC/3204/2019 y que constituye el acto reclamado en el presente juicio, entonces, es notoriamente improcedente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia señalada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia, SE DESECHA la demanda de amparo promovida por Jenny Arlene Pérez Flota. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda de amparo, en los términos que precisa. Teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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