Jennifer Lougee Mingramm
Expediente 561/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jennifer Lougee Mingramm
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos copia del oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, por medio del cual remite los autos del cuaderno incidental 2504/2022, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, y el testimonio de la resolución pronunciada en el toca I.R. 50/2023, por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, formado con motivo del incidente en revisión interpuesto por ********************, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa ********************, contra la sentencia interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 2504/2022; de la cual se advierte que la citada Superioridad, en su primer punto resolutivo, declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por la nombrada quejosa, así como el recurso de revisión adhesiva, interpuesto por la Titular de la División de Amparos Fiscales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en suplencia del Director General del propio instituto. En ese sentido, ya que mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se reservó acordar lo relativo al archivo del presente juicio hasta que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, resolviera lo conducente respecto al recurso de revisión interpuesto en los autos incidentales por la parte quejosa; lo cual ya aconteció. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó la suspensión provisional y se declaró sin materia la suspensión definitiva por todos los actos reclamados; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo antes citado, se determina el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son susceptibles de destrucción en un plazo de tres años. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia académica de la titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial; por autorización comunicada mediante oficios CCJ/ST/3320/2023 y CCJ/ST/3793/2023, de fechas doce y veintiséis de junio ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, suscritos por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Incidental
Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, por medio del cual remite los autos del cuaderno incidental 2504/2022, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, y el testimonio de la resolución pronunciada en el toca I.R. 50/2023, por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, formado con motivo del incidente en revisión interpuesto por ********************, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa ********************, contra la sentencia interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 2504/2022. Ahora bien, se advierte que la citada Superioridad, en su primer punto resolutivo, declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por la nombrada quejosa, así como el recurso de revisión adhesiva, interpuesto por la Titular de la División de Amparos Fiscales del Instituto Mexicano del Seguro Social, en suplencia del Director General del propio instituto. De lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese recibo vía interconexión. En consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo, y con copia del mencionado oficio, dese cuenta nuevamente en el expediente principal del cual deriva este incidente, a efecto de acordar lo que en derecho proceda. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia académica de la titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial; por autorización comunicada mediante oficios CCJ/ST/3320/2023 y CCJ/ST/3793/2023, de fechas doce y veintiséis de junio ambos de dos mil veintitrés, respectivamente, suscritos por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto que sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo. Por tanto, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la citada ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que de los autos incidentales derivados del presente juicio de amparo, se advierte que la autorizada de la parte quejosa Jennifer Lougge Mingramm, interpuso recurso de revisión en contra de la resolución interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, resérvese archivar este expediente como asunto definitivamente concluido, hasta que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, resuelva lo conducente. Hágase lo anterior del conocimiento del aludido Tribunal Colegiado, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I. Téngase por recibido el oficio 8634/2023, suscrito por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, quien a su vez, anexa los autos del juicio de amparo indirecto 482/2023, de su índice, promovido por ********************el original y duplicado de los cuadernos incidentales, así como sus anexos. Ahora, ya que de dicho oficio se advierte que el mencionado Órgano de Control Constitucional, recibió el oficio de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Ciudad de México, con el que informó la determinación a la consulta planteada por el Juzgado homólogo, mediante la cual resolvió que corresponde a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, el conocimiento del juicio de amparo 482/2023, dado que se actualiza el criterio de relación previsto en la fracción V, del artículo 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, porque el juicio de amparo materia de consulta fue promovido con motivo del cumplimiento ordenado en un diverso juicio de amparo (396/2019, del índice de este órgano jurisdiccional); por lo que, ordenó remitir los autos del expediente 482/2023, junto con el original y duplicado de los cuadernos incidentales y sus anexos a este Juzgado de Distrito, por conducto de la Oficinal de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad; en tal virtud, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo, 51 y 107 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. Comuníquese lo anterior al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente, vía interconexión. En otro orden, hágase lo anterior del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en relación al toca I.R.50/2023, formado con motivo del recurso de revisión contra la resolución interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 2504/2022; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ********************contra el acto que reclama del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; se acuerda: Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 561/2023-I. Ahora, no obstante que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo, considera innecesario señalar fecha de audiencia constitucional, pues se advierte se actualiza una causal de sobreseimiento. Una vez sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, del Director del Hospital General Número 12 "Benito Juárez" de la Delegación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán del Hospital General Número 12 "Benito Juárez" de la Delegación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social: 1. El oficio número 339001400100/JDSJ/DC/F/15801/2022, en el cual se negó a la quejosa la prescripción institucional excepcional del medicamento denominado ZEMAIRA, por no encontrarse en el cuadro básico institucional, con base en el Compendio Nacional de Insumos; la ejecución de dicha orden; y, la omisión de prescripción institucional excepcional del medicamento ZEMAIRA, para tratar el padecimiento de la quejosa. 2. La aplicación de los artículos 28 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro; 50 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de junio de dos mil once; y 111 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado el treinta de noviembre de dos mil seis. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados: 3. La emisión, discusión, aprobación y promulgación del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado el treinta de noviembre de dos mil seis; del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de junio de dos mil once; y de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro. Ahora bien, no pasa inadvertido para esta juzgadora el juicio de amparo indirecto 396/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se invoca como hecho notorio, del que se advierte que la aquí quejosa ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado del Delegado en el Estado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, consistente en la afectación al derecho humano a la salud, particularmente por la negativa a proporcionarle el medicamento conocido comercialmente como Zemaira (inhibidor de la Alfa-1 proteinasa humana), que requiere para el padecimiento de Deficiencia de Alfa-1 Antitripsina; el medicamento conocido comercialmente como Combivent Respimat (Bromuro de Ipratropio/Salbutamol), desde septiembre de dos mil dieciocho y el oxígeno portátil que requiere para su movilidad, en virtud de su deficiencia respiratoria; juicio de amparo en el que se dictó sentencia definitiva el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve y el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés se tuvo por cumplida en los términos siguientes: "Finalmente, mediante oficio de catorce de febrero del año en curso, signado por la Directora del Hospital General Regional Número 12 Benito Juárez, con sede en esta ciudad, informó las medidas tomadas con base en el dictamen elaborado por la Jefa del Departamento Clínico de Neumología Adultos de la Unidad Médica de alta Especialidad "La Raza", y que consistieron sustancialmente, en que se continuaría con el suministro a la quejosa del medicamento inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (Zemaira) en la dosis, control y administración determinadas por su médico privado tratante. Con ello, se estima satisfecho el efecto de la sentencia en el sentido de que "una vez que dicha Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, emita el dictamen respectivo, las autoridades responsables del Instituto, deberán determinar lo conducente en relación al tratamiento de la Deficiencia de Alfa 1 antitripsina de la quejosa"; pues no obstante no fue incluido el medicamento en cuestión en el Cuadro Básico del Instituto, ni se encuentra previsto en el Cuadro Básico y Catálogo Nacional de Insumos del Sector Salud, el médico especialista tratante de la quejosa, prescribió su tratamiento para dar seguimiento a su padecimiento. No obsta puntualizar que a la presente fecha, el Instituto responsable ha mantenido informada a la suscrita de la continuidad en el suministro del medicamento Zemaira a la quejosa. En virtud de lo anterior, a criterio de esta resolutora federal, se colman a cabalidad los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo, así como también a lo puntualizado por el Tribunal de Alzada, arribándose a la convicción de que las autoridades responsables cumplieron a cabalidad con su estricto cumplimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos". Asimismo, el veintinueve de marzo pasado, se tuvo por consentida el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al caso, la jurisprudencia con número de Tesis VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". De las constancias del aludido juicio de amparo 396/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte el oficio de catorce de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por la Directora del Hospital Regional Número doce "Benito Juárez", de esta ciudad, en los términos siguientes: "En respuesta al Oficio 3984/2023 de fecha 10 de febrero del 2023 en autos del Juicio de Amparo 11.39672019 y al requerimiento de que en el término 24 hrs se remita copia certificada de las constancias donde se advierte las medidas tomadas con base al Dictamen elaborado por la Jefa del Departamento Clínico de Neumología Adultos de la unidad Médica de alta especialidad "La Raza". De la paciente ******************** con NSS 9299-73-0896 50973PE nos permitimos manifestar lo siguiente: ".. Como parte de las gestiones y a fin de poder atender al requerimiento de la autoridad para la dotación de dicho medicamento por parte del Instituto se solicitó su inclusión al Catálogo Nacional de Insumos para la salud, respondiendo por el grupo colegiado de expertos del Comisión Interinstitucional de Cuadros Básicos, con una Negativa. Adicionalmente como parte de las gestiones realizadas se solicitó opinión técnico-médica al tercer nivel de atención, teniendo la respuesta por parte de la Jefa del Departamento Clínico de Neumologia Adultos que con base a la evolución clínica presentada por la paciente en los últimos años, pudiera continuarse con el tratamiento, sin que dicha unidad de tercer nivel de atención realizara prescripción al respecto de la dosis y/o modo de uso del medicamento. Por lo anterior de conformidad con las resoluciones de la autoridad y opinión técnico medica del tercer nivel y el Instituto ha continuado y continuará con la compra y la dotación del medicamento Inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (Zemaira) para la paciente, misma cuya dosis, control y administración ha sido por médico tratante ajeno a este Instituto". Asimismo, obra el oficio 339001400100/JDSJ-DC/AMP/2827/2023, de catorce de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Yucatán, en el cual se informó en lo que interesa: "Con base en lo anterior, la Dirección del Hospital General Regional N12, de conformidad con las resoluciones de la autoridad jurisdiccional y la opinión técnico médica de tercer nivel, expresa que el instituto ha continuado y continuará otorgando el medicamento a través de la compra y la dotación del inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (zemaira) para la paciente, misma cuya dosis, control y administración ha sido por médico tratante ajeno a este Instituto. Adicionalmente, se cuenta con nota médica de atención de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, que en el cuerpo de su contenido indica revaloración y control en seis meses con estudios de laboratorio y gabinete, misma nota que ya obra en autos del presente expediente, así como la ya descrita evidencia documental del surtimiento del medicamento por la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente de este Instituto, en el presente mes de febrero." Sentado lo anterior, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del acto aquí reclamado, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama: El oficio número 339001400100/JDSJ/DC/F/15801/2022, en el cual se negó a la quejosa la prescripción institucional excepcional del medicamento denominado ZEMAIRA, por no encontrarse en el cuadro básico institucional, con base en el Compendio Nacional de Insumos; la ejecución de dicha orden; y, la omisión de prescripción institucional excepcional del medicamento ZEMAIRA, para tratar el padecimiento de la quejosa. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que obran en el juicio de amparo 396/2019, de este juzgado, se advierte que mediante oficio de catorce de febrero del año en curso, signado por la Directora del Hospital General Regional Número 12 Benito Juárez, con sede en esta ciudad, informó las medidas tomadas con base en el dictamen elaborado por la Jefa del Departamento Clínico de Neumología Adultos de la Unidad Médica de alta Especialidad "La Raza", y que consistieron sustancialmente, en que se continuará con el suministro a la quejosa del medicamento inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (Zemaira) en la dosis, control y administración determinadas por su médico privado tratante. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos del oficio reclamado a la autoridad responsable, toda vez posterior a la presentación a la demanda de amparo, el Instituto responsable determinó continuar suministrando el medicamento conocido comercialmente como Zemaira (inhibidor de Alfa-1 antitrispsina), en la forma que fue analizada y determinada por el médico tratante de la quejosa. De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable señaló que se continuará con el suministro a la quejosa del medicamento inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (Zemaira) en la dosis, control y administración determinada por su médico privado tratante, el cual se encuentra vinculado con el acto reclamado en el presente juicio de amparo mediante el oficio 339001400100/JDSJ/DC/F/15801/2022. Por lo que con tal proceder, cesaron los efectos del acto reclamado. Ello, ya que a la quejosa se le continua suministrando el medicamento señalado en su escrito inicial de demanda, tal y como se advierte de las constancias que obran en el expediente 396/2019-II, del índice de este órgano jurisdiccional, esto es, la autoridad responsable, al señalar, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo generadora de este juicio, lo siguiente: ".Por lo anterior de conformidad con las resoluciones de la autoridad y opinión técnico medica del tercer nivel y el Instituto ha continuado y continuará con la compra y la dotación del medicamento Inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (Zemaira) para la paciente, misma cuya dosis, control y administración ha sido por médico tratante ajeno a este Instituto; sin que se advierta de autos del aludido juicio de amparo 396/2019-II, que se inconformara con el tratamiento médico decidido por la responsable; por lo que en tales términos, ya le fue otorgado un tratamiento médico al padecimiento que presentó, cuya materia de reclamo se encuentra vinculada con el presente juicio. Además, con posterioridad a la emisión del oficio de catorce de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por la Directora del Hospital Regional Número doce "Benito Juárez", se emitió el diverso oficio 339001400100/JDSJ-DC/AMP/2827/2023, de catorce de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Yucatán, en el cual se informó en lo que interesa: "Con base en lo anterior, la Dirección del Hospital General Regional N12, de conformidad con las resoluciones de la autoridad jurisdiccional y la opinión técnico médica de tercer nivel, expresa que el instituto ha continuado y continuará otorgando el medicamento a través de la compra y la dotación del inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (zemaira) para la paciente, misma cuya dosis, control y administración ha sido por médico tratante ajeno a este Instituto..." Esto es, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Yucatán, avaló lo señalado por la Directora del Hospital Regional Número doce "Benito Juárez", en el oficio de catorce de febrero de dos mil veintitrés, y señaló que se continuará con la compra y la dotación del medicamento Inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (Zemaira) para la paciente, aquí quejosa, siendo que si bien, no es la autoridad aquí responsable, lo cierto es, que dicha autoridad involucrada en el acto reclamado, forma parte del ente responsable, Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, en relación con los actos reclamados consistentes en la aplicación de los artículos 28 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro; 50 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de junio de dos mil once; y 111 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado el treinta de noviembre de dos mil seis, que se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, así como su aplicación, también resulta improcedente la demanda de amparo. Lo anterior es así, ya que el reclamo de dichas normas se hace derivar de su aplicación realizada en el acto reclamado en el punto 1, esto es, del oficio número 339001400100/JDSJ/DC/F/15801/2022, en el cual se negó a la quejosa la prescripción institucional excepcional del medicamento denominado ZEMAIRA, por no encontrarse en el cuadro básico institucional, con base en el Compendio Nacional de Insumos. Luego, si se toma en consideración que el juicio de amparo resultó improcedente contra dicho acto de aplicación reclamado por sustitución procesal, entonces, la misma suerte debe correr la inconstitucionalidad de las normas impugnadas contenidas en el Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y la Ley General de Salud, ya que el reclamó de los mismos se hace depender de la aplicación que en el citado oficio realizó la autoridad responsable, y por tanto, los actos no se pueden desvincular, resultando improcedentes. En efecto, debe decirse que en el caso, la quejosa reclama la inconstitucionalidad de las normas con motivo de su aplicación, a saber, el oficio número 339001400100/JDSJ/DC/F/15801/2022, por lo que, si en el caso particular, al estudiar el acto concreto de aplicación, consistente en el citado oficio, éste resultó improcedente, en tal virtud, la misma suerte debe correr los aludidos reglamentos y ley reclamados, dado que por la forma en que fue planteado el reclamo de las normas (como norma heteroaplicativa) no puede desvincularse su estudio, pues impide examinar a uno prescindiendo del otro, ya que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende al decreto, ley o reglamento, reclamado. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 232361, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 181-186 Primera Parte, página 251, que dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo contra ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, y no por si solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis CXIV/89, Registro digital: 207318, de la Octava Época, emitida por la otra Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Primera Parte, página 239 que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, SI SE DECRETA RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN CON MOTIVO DE LOS CUALES SE IMPUGNO UNA LEY, DEBE COMPRENDER TAMBIÉN A ESTA. Si en la demanda de amparo se impugnó una ley con motivo de actos de aplicación no puede desvincularse el estudio de la ley correspondiente a tales actos. En consecuencia, si se sobresee en el juicio respecto de los actos de aplicación dicho sobreseimiento debe comprender también la ley". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por otro lado, como señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado en su escrito de demanda, y como sus autorizados para tal efecto en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, y con las limitaciones que establece el invocado numeral, a los restantes que señala la quejosa. Por otro lado, como solicita la quejosa, en el sentido de que se le otorgue a sus autorizados el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio y formular promociones, y para ello, proporciona los siguientes datos: - ********************, nombre de "ADDYPATRICIA"; - ********************, nombre de usuario "ASESORIAYUC01AJ"; - ********************, nombre de usuario "ASESORIAYUC03AJ"; y - ********************, nombre de usuario "SANDOVALIFDP". Asimismo, solicita la autorización para el acceso al expediente electrónico en términos restringidos a: - ********************, con nombre de usuario "ROXANACACHON"; - ********************, con nombre de usuario "Ngmecottt"; - ********************, con nombre de usuario "Leonardo.Lopez"; e - ********************, con nombre de usuario "itzhelperez". En tal virtud, con apoyo en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los usuarios "ADDYPATRICIA", "ASESORIAYUC01AJ", "ASESORIAYUC03AJ"; y "SANDOVALIFDP", para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar y promover con su nombre de usuarios, o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan; y únicamente para que tengan acceso al expediente, a los usuarios "ROXANACACHON", "Ngmecottt", "Leonardo.Lopez" e "itzhelperez". Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente de los referidos usuarios en el presente juicio de amparo. Asimismo de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correo de la parte quejosa el que proporciona en su demanda de mérito, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.Mérida, Yucatán, diez de abril de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 8634/2023, suscrito por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, quien a su vez, anexa los autos del juicio de amparo indirecto 482/2023, de su índice, promovido por ********************el original y duplicado de los cuadernos incidentales, así como sus anexos. Ahora, ya que de dicho oficio se advierte que el mencionado Órgano de Control Constitucional, recibió el oficio de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en Ciudad de México, con el que informó la determinación a la consulta planteada por el Juzgado homólogo, mediante la cual resolvió que corresponde a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, el conocimiento del juicio de amparo 482/2023, dado que se actualiza el criterio de relación previsto en la fracción V, del artículo 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, porque el juicio de amparo materia de consulta fue promovido con motivo del cumplimiento ordenado en un diverso juicio de amparo (396/2019, del índice de este órgano jurisdiccional); por lo que, ordenó remitir los autos del expediente 482/2023, junto con el original y duplicado de los cuadernos incidentales y sus anexos a este Juzgado de Distrito, por conducto de la Oficinal de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad; en tal virtud, con fundamento en los artículos 37, primer párrafo, 51 y 107 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto. Comuníquese lo anterior al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente, vía interconexión. En otro orden, hágase lo anterior del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en relación al toca I.R.50/2023, formado con motivo del recurso de revisión contra la resolución interlocutoria de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 2504/2022; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por ********************contra el acto que reclama del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades; se acuerda: Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno electrónico de este Juzgado como juicio de amparo 561/2023-I. Ahora, no obstante que este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo, considera innecesario señalar fecha de audiencia constitucional, pues se advierte se actualiza una causal de sobreseimiento. Una vez sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México, del Director del Hospital General Número 12 "Benito Juárez" de la Delegación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Yucatán del Hospital General Número 12 "Benito Juárez" de la Delegación Yucatán del Instituto Mexicano del Seguro Social: 1. El oficio número 339001400100/JDSJ/DC/F/15801/2022, en el cual se negó a la quejosa la prescripción institucional excepcional del medicamento denominado ZEMAIRA, por no encontrarse en el cuadro básico institucional, con base en el Compendio Nacional de Insumos; la ejecución de dicha orden; y, la omisión de prescripción institucional excepcional del medicamento ZEMAIRA, para tratar el padecimiento de la quejosa. 2. La aplicación de los artículos 28 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro; 50 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de junio de dos mil once; y 111 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado el treinta de noviembre de dos mil seis. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados: 3. La emisión, discusión, aprobación y promulgación del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado el treinta de noviembre de dos mil seis; del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de junio de dos mil once; y de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro. Ahora bien, no pasa inadvertido para esta juzgadora el juicio de amparo indirecto 396/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, el cual, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se invoca como hecho notorio, del que se advierte que la aquí quejosa ********************solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado del Delegado en el Estado del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, consistente en la afectación al derecho humano a la salud, particularmente por la negativa a proporcionarle el medicamento conocido comercialmente como Zemaira (inhibidor de la Alfa-1 proteinasa humana), que requiere para el padecimiento de Deficiencia de Alfa-1 Antitripsina; el medicamento conocido comercialmente como Combivent Respimat (Bromuro de Ipratropio/Salbutamol), desde septiembre de dos mil dieciocho y el oxígeno portátil que requiere para su movilidad, en virtud de su deficiencia respiratoria; juicio de amparo en el que se dictó sentencia definitiva el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve y el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés se tuvo por cumplida en los términos siguientes: "Finalmente, mediante oficio de catorce de febrero del año en curso, signado por la Directora del Hospital General Regional Número 12 Benito Juárez, con sede en esta ciudad, informó las medidas tomadas con base en el dictamen elaborado por la Jefa del Departamento Clínico de Neumología Adultos de la Unidad Médica de alta Especialidad "La Raza", y que consistieron sustancialmente, en que se continuaría con el suministro a la quejosa del medicamento inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (Zemaira) en la dosis, control y administración determinadas por su médico privado tratante. Con ello, se estima satisfecho el efecto de la sentencia en el sentido de que "una vez que dicha Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, emita el dictamen respectivo, las autoridades responsables del Instituto, deberán determinar lo conducente en relación al tratamiento de la Deficiencia de Alfa 1 antitripsina de la quejosa"; pues no obstante no fue incluido el medicamento en cuestión en el Cuadro Básico del Instituto, ni se encuentra previsto en el Cuadro Básico y Catálogo Nacional de Insumos del Sector Salud, el médico especialista tratante de la quejosa, prescribió su tratamiento para dar seguimiento a su padecimiento. No obsta puntualizar que a la presente fecha, el Instituto responsable ha mantenido informada a la suscrita de la continuidad en el suministro del medicamento Zemaira a la quejosa. En virtud de lo anterior, a criterio de esta resolutora federal, se colman a cabalidad los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo, así como también a lo puntualizado por el Tribunal de Alzada, arribándose a la convicción de que las autoridades responsables cumplieron a cabalidad con su estricto cumplimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos". Asimismo, el veintinueve de marzo pasado, se tuvo por consentida el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al caso, la jurisprudencia con número de Tesis VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento". De las constancias del aludido juicio de amparo 396/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte el oficio de catorce de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por la Directora del Hospital Regional Número doce "Benito Juárez", de esta ciudad, en los términos siguientes: "En respuesta al Oficio 3984/2023 de fecha 10 de febrero del 2023 en autos del Juicio de Amparo 11.39672019 y al requerimiento de que en el término 24 hrs se remita copia certificada de las constancias donde se advierte las medidas tomadas con base al Dictamen elaborado por la Jefa del Departamento Clínico de Neumología Adultos de la unidad Médica de alta especialidad "La Raza". De la paciente ******************** con NSS 9299-73-0896 50973PE nos permitimos manifestar lo siguiente: ".. Como parte de las gestiones y a fin de poder atender al requerimiento de la autoridad para la dotación de dicho medicamento por parte del Instituto se solicitó su inclusión al Catálogo Nacional de Insumos para la salud, respondiendo por el grupo colegiado de expertos del Comisión Interinstitucional de Cuadros Básicos, con una Negativa. Adicionalmente como parte de las gestiones realizadas se solicitó opinión técnico-médica al tercer nivel de atención, teniendo la respuesta por parte de la Jefa del Departamento Clínico de Neumologia Adultos que con base a la evolución clínica presentada por la paciente en los últimos años, pudiera continuarse con el tratamiento, sin que dicha unidad de tercer nivel de atención realizara prescripción al respecto de la dosis y/o modo de uso del medicamento. Por lo anterior de conformidad con las resoluciones de la autoridad y opinión técnico medica del tercer nivel y el Instituto ha continuado y continuará con la compra y la dotación del medicamento Inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (Zemaira) para la paciente, misma cuya dosis, control y administración ha sido por médico tratante ajeno a este Instituto". Asimismo, obra el oficio 339001400100/JDSJ-DC/AMP/2827/2023, de catorce de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Yucatán, en el cual se informó en lo que interesa: "Con base en lo anterior, la Dirección del Hospital General Regional N12, de conformidad con las resoluciones de la autoridad jurisdiccional y la opinión técnico médica de tercer nivel, expresa que el instituto ha continuado y continuará otorgando el medicamento a través de la compra y la dotación del inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (zemaira) para la paciente, misma cuya dosis, control y administración ha sido por médico tratante ajeno a este Instituto. Adicionalmente, se cuenta con nota médica de atención de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós, que en el cuerpo de su contenido indica revaloración y control en seis meses con estudios de laboratorio y gabinete, misma nota que ya obra en autos del presente expediente, así como la ya descrita evidencia documental del surtimiento del medicamento por la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente de este Instituto, en el presente mes de febrero." Sentado lo anterior, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del acto aquí reclamado, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama: El oficio número 339001400100/JDSJ/DC/F/15801/2022, en el cual se negó a la quejosa la prescripción institucional excepcional del medicamento denominado ZEMAIRA, por no encontrarse en el cuadro básico institucional, con base en el Compendio Nacional de Insumos; la ejecución de dicha orden; y, la omisión de prescripción institucional excepcional del medicamento ZEMAIRA, para tratar el padecimiento de la quejosa. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que obran en el juicio de amparo 396/2019, de este juzgado, se advierte que mediante oficio de catorce de febrero del año en curso, signado por la Directora del Hospital General Regional Número 12 Benito Juárez, con sede en esta ciudad, informó las medidas tomadas con base en el dictamen elaborado por la Jefa del Departamento Clínico de Neumología Adultos de la Unidad Médica de alta Especialidad "La Raza", y que consistieron sustancialmente, en que se continuará con el suministro a la quejosa del medicamento inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (Zemaira) en la dosis, control y administración determinadas por su médico privado tratante. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; esto es, cuando por virtud de la cesación de efectos la reparación constitucional carezca de materia. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos del oficio reclamado a la autoridad responsable, toda vez posterior a la presentación a la demanda de amparo, el Instituto responsable determinó continuar suministrando el medicamento conocido comercialmente como Zemaira (inhibidor de Alfa-1 antitrispsina), en la forma que fue analizada y determinada por el médico tratante de la quejosa. De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable señaló que se continuará con el suministro a la quejosa del medicamento inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (Zemaira) en la dosis, control y administración determinada por su médico privado tratante, el cual se encuentra vinculado con el acto reclamado en el presente juicio de amparo mediante el oficio 339001400100/JDSJ/DC/F/15801/2022. Por lo que con tal proceder, cesaron los efectos del acto reclamado. Ello, ya que a la quejosa se le continua suministrando el medicamento señalado en su escrito inicial de demanda, tal y como se advierte de las constancias que obran en el expediente 396/2019-II, del índice de este órgano jurisdiccional, esto es, la autoridad responsable, al señalar, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo generadora de este juicio, lo siguiente: ".Por lo anterior de conformidad con las resoluciones de la autoridad y opinión técnico medica del tercer nivel y el Instituto ha continuado y continuará con la compra y la dotación del medicamento Inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (Zemaira) para la paciente, misma cuya dosis, control y administración ha sido por médico tratante ajeno a este Instituto; sin que se advierta de autos del aludido juicio de amparo 396/2019-II, que se inconformara con el tratamiento médico decidido por la responsable; por lo que en tales términos, ya le fue otorgado un tratamiento médico al padecimiento que presentó, cuya materia de reclamo se encuentra vinculada con el presente juicio. Además, con posterioridad a la emisión del oficio de catorce de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por la Directora del Hospital Regional Número doce "Benito Juárez", se emitió el diverso oficio 339001400100/JDSJ-DC/AMP/2827/2023, de catorce de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Yucatán, en el cual se informó en lo que interesa: "Con base en lo anterior, la Dirección del Hospital General Regional N12, de conformidad con las resoluciones de la autoridad jurisdiccional y la opinión técnico médica de tercer nivel, expresa que el instituto ha continuado y continuará otorgando el medicamento a través de la compra y la dotación del inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (zemaira) para la paciente, misma cuya dosis, control y administración ha sido por médico tratante ajeno a este Instituto..." Esto es, el apoderado legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Yucatán, avaló lo señalado por la Directora del Hospital Regional Número doce "Benito Juárez", en el oficio de catorce de febrero de dos mil veintitrés, y señaló que se continuará con la compra y la dotación del medicamento Inhibidor de proteinasa de alfa 1 antitripsina (Zemaira) para la paciente, aquí quejosa, siendo que si bien, no es la autoridad aquí responsable, lo cierto es, que dicha autoridad involucrada en el acto reclamado, forma parte del ente responsable, Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, en relación con los actos reclamados consistentes en la aplicación de los artículos 28 de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro; 50 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de junio de dos mil once; y 111 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado el treinta de noviembre de dos mil seis, que se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus atribuciones, así como su aplicación, también resulta improcedente la demanda de amparo. Lo anterior es así, ya que el reclamo de dichas normas se hace derivar de su aplicación realizada en el acto reclamado en el punto 1, esto es, del oficio número 339001400100/JDSJ/DC/F/15801/2022, en el cual se negó a la quejosa la prescripción institucional excepcional del medicamento denominado ZEMAIRA, por no encontrarse en el cuadro básico institucional, con base en el Compendio Nacional de Insumos. Luego, si se toma en consideración que el juicio de amparo resultó improcedente contra dicho acto de aplicación reclamado por sustitución procesal, entonces, la misma suerte debe correr la inconstitucionalidad de las normas impugnadas contenidas en el Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud y la Ley General de Salud, ya que el reclamó de los mismos se hace depender de la aplicación que en el citado oficio realizó la autoridad responsable, y por tanto, los actos no se pueden desvincular, resultando improcedentes. En efecto, debe decirse que en el caso, la quejosa reclama la inconstitucionalidad de las normas con motivo de su aplicación, a saber, el oficio número 339001400100/JDSJ/DC/F/15801/2022, por lo que, si en el caso particular, al estudiar el acto concreto de aplicación, consistente en el citado oficio, éste resultó improcedente, en tal virtud, la misma suerte debe correr los aludidos reglamentos y ley reclamados, dado que por la forma en que fue planteado el reclamo de las normas (como norma heteroaplicativa) no puede desvincularse su estudio, pues impide examinar a uno prescindiendo del otro, ya que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende al decreto, ley o reglamento, reclamado. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 232361, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 181-186 Primera Parte, página 251, que dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo contra ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, y no por si solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis CXIV/89, Registro digital: 207318, de la Octava Época, emitida por la otra Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Primera Parte, página 239 que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO, SI SE DECRETA RESPECTO DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN CON MOTIVO DE LOS CUALES SE IMPUGNO UNA LEY, DEBE COMPRENDER TAMBIÉN A ESTA. Si en la demanda de amparo se impugnó una ley con motivo de actos de aplicación no puede desvincularse el estudio de la ley correspondiente a tales actos. En consecuencia, si se sobresee en el juicio respecto de los actos de aplicación dicho sobreseimiento debe comprender también la ley". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos anotados en los párrafos que preceden. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la causal de improcedencia que se actualizó, de conformidad con la jurisprudencia 1028, que se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por otro lado, como señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el mencionado en su escrito de demanda, y como sus autorizados para tal efecto en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, y con las limitaciones que establece el invocado numeral, a los restantes que señala la quejosa. Por otro lado, como solicita la quejosa, en el sentido de que se le otorgue a sus autorizados el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio y formular promociones, y para ello, proporciona los siguientes datos: - ********************, nombre de "ADDYPATRICIA"; - ********************, nombre de usuario "ASESORIAYUC01AJ"; - ********************, nombre de usuario "ASESORIAYUC03AJ"; y - ********************, nombre de usuario "SANDOVALIFDP". Asimismo, solicita la autorización para el acceso al expediente electrónico en términos restringidos a: - ********************, con nombre de usuario "ROXANACACHON"; - ********************, con nombre de usuario "Ngmecottt"; - ********************, con nombre de usuario "Leonardo.Lopez"; e - ********************, con nombre de usuario "itzhelperez". En tal virtud, con apoyo en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los usuarios "ADDYPATRICIA", "ASESORIAYUC01AJ", "ASESORIAYUC03AJ"; y "SANDOVALIFDP", para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar y promover con su nombre de usuarios, o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan; y únicamente para que tengan acceso al expediente, a los usuarios "ROXANACACHON", "Ngmecottt", "Leonardo.Lopez" e "itzhelperez". Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente de los referidos usuarios en el presente juicio de amparo. Asimismo de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correo de la parte quejosa el que proporciona en su demanda de mérito, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Finalmente, con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE."
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