Jennifer López Valdez

Expediente 344/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
344/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2017

Partes del expediente

  • Jennifer López Valdez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de diez de julio de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez que transcurra tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Jennifer López Valdez, contra actos de: Junta Especial Número 01 de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número344/2017-VIII-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 ó 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 294/2017, donde se tiene a la demandada CERVECERÍA LA TRANSPENINSULAR S. DE R.L. DE C.V., contestando la demanda en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y como consecuencia la omisión de acordar de conformidad su solicitud de tener por precluido el derecho de la demandada a dar contestación a la demanda. Lo anterior por considerar que en el caso, el acto reclamado lo constituye una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido el criterio de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Sobre la base expuesta, debe estimarse que el acuerdo de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitido por la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el expediente laboral 294/2017, en el que tuvo a la parte demandada Cervecería La Transpeninsular S, de R. L. de C.V, dando contestación a la demanda, dentro de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en su etapa de demanda y excepción, y como consecuencia la omisión de acordar de conformidad la solicitud de la parte actora respecto a declarar precluido el derecho a contestar la demanda, no quebranta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que se trata de un acto dictado dentro del procedimiento laboral, de carácter meramente procesal, el cual no tiene una consecuencia de imposible reparación. En efecto, el acto aquí reclamado, no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sólo producen efectos formales dentro del procedimiento, sino que únicamente afecta derechos adjetivos o procesales, que sólo tiene consecuencias de carácter formal o intraprocesal, es decir, su emisión no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, y la afectación procesal que en todo caso pudiera sufrir puede subsanarse con la obtención de un fallo benéfico a sus intereses, en caso de serle favorable al quejoso, y en el supuesto de no ser así, éste estará en aptitud de impugnar la violación procesal referida, a través del juicio de amparo directo que promueva en contra de la referida sentencia definitiva que en su momento se dicte. Resulta aplicable al caso por identidad jurídica substancial, por el espíritu que la rige y únicamente en lo conducente, la Tesis 3ª. 43, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". También es aplicable la Tesis I.6o.T.286 L sustentada por la Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 993, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE LA TIENE POR ADMITIDA NO ES RECLAMABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El proveído que admite a trámite una demanda laboral, en el que se señala día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, no tiene las características de un acto de imposible reparación en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que únicamente afecta derechos adjetivos o procesales, que sólo tiene consecuencias de carácter formal o intraprocesal, es decir, su emisión no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, y la afectación procesal que en todo caso pudiera sufrir puede subsanarse con la obtención de un fallo benéfico a sus intereses; consecuentemente, si en el juicio de amparo biinstancial se señala como acto reclamado el auto que da entrada a una demanda laboral, es correcto que el Juez Federal deseche la demanda de garantías. Asimismo, es aplicable por identidad jurídica al caso la Tesis 2a. L/2014 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1095, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común Décima Época, cuyo rubro y texto son: DEMANDA LABORAL. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES UN ACTO INTRAPROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN NI CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AFECTE AL QUEJOSO. El auto que admite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos de procedimiento que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, como los desarrollados ante la autoridad en materia de trabajo, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella, o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; así es que el amparo promovido contra dicho auto es improcedente y debe sobreseerse, pues únicamente produce el efecto de someter a las partes a un procedimiento jurisdiccional, donde tendrán la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar; de ahí que los vicios que pudiera llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a la esfera jurídica del quejoso." En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Jennifer López Valdez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Juan Manuel Ávila Silva; y, únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Brayan López Magdaleno, José Manuel Ochoa Guerra, Laura Susana Ramírez Elizalde, Esmeralda Haime Reyes Ríos, esto, en virtud de que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

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