Jeanette Ozuna Podesta

Expediente 674/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
674/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
27/12/2022

Partes del expediente

  • Jeanette Ozuna Podesta

Actuaciones

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el auto donde se desechó la demanda de amparo, considerando que la parte promovente no interpuso recurso de queja en su contra. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. De conformidad con los artículos 12 y 14, ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), del artículo 21, del Acuerdo General antes citado, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del CITATORIO de trece de diciembre de dos mil veintidós, dejado junto con copia del auto que se notifica, en el domicilio procesal de la parte QUEJOSA *** por lo que se ordena la notificación del auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, por lista y por lista en una página electrónica, publicada el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda que promueve **** 1. Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 674/2022-I-A. DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta juzgadora se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. Luego, del contenido de la demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: La Sentencia Interlocutoria de fecha siete (7) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), dictada dentro del Juicio Ordinado Civil, radicado bajo el número de expediente 417/2021, del índice del Juzgado Primero Civil de esta ciudad, mediante la cual se declara infundado e improcedente el Recurso de Revocación Interpuesto en contra del auto de fecha primero (1) de agosto del año dos mil veintidós (2022)." (sic) Así, respecto de dicho acto reclamado, se advierte que, en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción e la Ley de Amparo en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley.". Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como puede apreciarse del arábigo transcrito en primer término (61, fracción XXIII), el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Argumento que se robustece con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , que dice: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen 1 Visible a página 373, del Tomo IX, junio de 1999, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Por su parte, el segundo de los numerales (artículo 107, fracción V), establece que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que los actos de autoridad que se combaten, sean de imposible reparación. Por éstos, debe entenderse aquéllos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directa e inminentemente alguno de los derechos sustantivos del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la libertad, las posesiones o derechos; ésta delimitación permite distinguir tales derechos de aquellos en los que las consecuencias de la posible violación padecida se extinguen en la realidad al obtener una sentencia favorable, sin dejar huella en su esfera jurídica; esa es la nota distintiva que orienta al juzgador para distinguir qué actos dentro de juicio son de imposible reparación, que ameritan la pronta intervención para remediar el agravio padecido. Tiene apoyo a lo anterior, el criterio emitido por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que aparece publicada bajo el número 3ª./J.43 29/89, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, 2 Visible en la Página 291, Tomo IV, Primera Parte, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación. FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De igual forma, sirve de apoyo, tal como se advierte de la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 3 , de rubro y sinopsis siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos 3 número P. LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, registro 180415, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Sobre ese tenor, los altos tribunales de la Nación han creado una doctrina alrededor de los actos ocurridos dentro de juicio que causen a la persona una afectación de imposible reparación; en principio, debe tratarse de actos judiciales y, además, éstos deben darse dentro de una contienda, que dicho sea de paso, para efectos del juicio de amparo inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia ejecutoriada. Ahora, hay diversos actos realizados en juicio que tienen ejecución irreparable, porque la afectación que producen no se destruye con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en dicho juicio; en cambio existen otros, que sólo producen efectos de carácter formal dentro del proceso, que atañen a los derechos procesales que las partes van adquiriendo de acuerdo al desarrollo del proceso, con vista a la obtención de un fallo favorable, de manera que cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos efectos o quedan borrados, sin que subsista una afectación en los derechos fundamentales o en la esfera jurídica del gobernado. El concepto de irreparabilidad a que se refiere la ley tiene una connotación más profunda, no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento, son reclamables, en juicio de amparo indirecto, lo que desde luego desvirtuaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo reservada como medio extraordinario de defensa tutelar del orden constitucional. Sin embargo, con la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo dejaron de tener aplicación -en la misma forma que lo tenían- los criterios relativos a la procedencia del amparo indirecto en contra de 'violaciones formales o adjetivas que produjeran una afectación a las partes en grado predominante o superior', que fueron sustentados al amparo de una legislación que dejó abierta la posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo que precisamente a la fecha ya no acontece en la misma forma. Entre otras tesis que a la actualidad abordan tal cuestión abonando a las consideraciones previamente expuestas, encontramos la siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos ". que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte .". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." 4 Pero sobre todo, vino a corroborar totalmente los asertos previamente expuestos, la siguiente tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que es la que sobre el tema de lo que debe entenderse por 'actos de imposible reparación' impera a la actualidad: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo 4 Décima Época. Registro: 2006338. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.). Página: 1539. indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." Y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo."5 (Énfasis añadido) De ahí que el acto que aquí se reclama de ninguna manera es de imposible reparación que afecte los derechos sustantivos de la quejosa, dado que de modo alguno tiende a atacar sus derechos fundamentales tutelados en la Constitución, habida cuenta que el mismo versa únicamente sobre cuestiones de legalidad y debido proceso (una situación relacionada con el derecho probatorio), cuya naturaleza y efectos son eminentemente intraprocesales. Sosteniéndose el anterior aserto, porque en el auto de uno de agosto de dos mil veintidós, en contra del cual la parte quejosa interpuso el recurso de revocación, la autoridad responsable determinó 5 Décima Época. Registro: 2011428. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 1/2016 (10a.). Página: 15. 29/06/23 15:02:23 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.42.22 MARIA DORA ESPINOZA AHUMADA 12 declarar desiertas las pruebas testimoniales a cargo de Miguel Ángel Cerón Popoca y Sofía Indira Díaz Astorga (ofrecidas por la parte actora, aquí quejosa), dado que se habían proporcionado domicilios inexactos de los testigos ofrecidos. En ese sentido, se estima que la falta de desahogo de pruebas ofrecidas por la parte actora, aquí quejosa, no causa de inmediato una situación de afectación que sea de imposible reparación. Por lo que, con la declaración de improcedencia del recurso que se estableció en la resolución traída a esta instancia de amparo (de siete de noviembre de dos mil veintidós), lo único que como efectos viene a condicionar, es una situación de firmeza procesal sobre inadmisión de probanzas, que como se evidenciará con posterioridad, es una cuestión que pudiera ser materia de un eventual juicio de amparo directo, de tener que promoverse por la actual quejosa, si es que lo que se determinara en ese juicio civil y su probable apelación, no satisfaciera sus intereses. Por tanto, la violación procesal que aduce la promovente del amparo podrá reclamarla al impugnar la sentencia que se dicte en el juicio del que emana el acto reclamado, sentencia que pudiera fallarse a favor de esa parte quejosa (se insiste, actora en el juicio natural), por lo cual, quedaría materialmente insubsistente la violación que refiere; y en caso contrario, podrá recurrir esa sentencia aduciendo como agravio el contenido del proveído reclamado. En ese orden de ideas, es claro que no se surte la hipótesis que establece el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, ya que es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia, y, como antes se dijo, en caso de que la misma sea contraria a los intereses de la aquí parte quejosa, podrá combatir la violación procesal de que se queja, al impugnar la sentencia relativa ya sea mediante el recurso de apelación previsto en la ley de la materia, o, en su momento, mediante juicio de amparo directo. Entonces, al ser el acto de reclamo una violación intraprocesal, pues si bien se reclama la resolución interlocutoria de siete de noviembre de dos mil veintidós, que declaró infundado e improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de uno de agosto de esta anualidad, donde la autoridad responsable determinó declarar desiertas las pruebas testimoniales a cargo de Miguel Ángel Cerón Popoca y Sofía Indira Díaz Astorga, dado que se habían proporcionado domicilios inexactos de éstos, es que debe atenderse a la naturaleza de la determinación recurrida; de ahí, que si el acto combatido en la vía ordinaria no es de ejecución irreparable, como ya se explicó, se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, aplicado este último a contrario sensu, de la referida Ley, debiendo por ello desecharse de plano la demanda por notoriamente improcedente; pues, como se ha dicho, las violaciones que dice la parte quejosa le causa la emisión del acto reclamado, deberá hacerlas valer en el eventual juicio de amparo directo que acorde a las circunstancias antes apuntadas precisara de promover en su momento, esto es, de serle adverso el fallo definitivo que recaiga en el juicio, y el de la apelación respectiva que tuviera que interponer. Lo anterior cobra también sustento por el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6 , de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Sirviendo también de apoyo a la presente decisión la siguiente tesis de Tribunal Colegiado: "RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO INTERPUESTO CONTRA UN ACTO INTRAPROCESAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA SI LA DETERMINACIÓN RECURRIDA EN LA VÍA ORDINARIA NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación, es decir, que no afecten materialmente derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Carta Magna o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Consecuentemente, si se insta el amparo contra la resolución recaída a 6 189, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 154, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000. un medio de defensa interpuesto contra un acto intraprocesal, para decidir sobre su procedencia, debe atenderse a la naturaleza de la determinación recurrida, pues la pretensión principal que subyace en la interposición de un recurso es que se revoque o modifique el acto materia de la impugnación, por lo que es partícipe de la naturaleza de este último. Luego, si el acto combatido en la vía ordinaria no es de ejecución irreparable, porque no trastoca derechos sustantivos del demandante, atendiendo al vínculo indisoluble que existe entre aquél y la resolución que decida el medio de defensa, si la acción constitucional no procede contra el acto primigenio, tampoco lo será contra la que recaiga al recurso."7 En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado éste último a contrario sensu, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por *****. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. 7 Registro digital: 2005092. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Común. Tesis: I.1o.A.7 K (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1231. Tipo: Aislada. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la Jurisprudencia8 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." AUTORIZADOS Y DOMICI

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