Jeniffer Aziel Cabrera Torres
Expediente 289/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jeniffer Aziel Cabrera Torres
- JENIFFER AZIEL CABRERA TORRES y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, con transcripción del proveído de diecisiete de marzo del año actual, donde comunica que ese órgano jurisdiccional federal se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********, que admitió a trámite bajo el expediente judicial 389/2022 de su estadística. Por tanto, archívese el presente cuaderno de antecedentes como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito que firma la quejosa ******** Torres, a través del cual da cumplimiento en sus términos a la prevención decretada por auto de siete de marzo del año actual; pues al efecto, aclara que el acto reclamado al director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la ciudad de Guanajuato, capital, es la orden dada para negarle ingresar a esa unidad administrativa para visitar a su concubino privado de la libertad personal, así como la ejecución de tal ordenanza. Análisis de la competencia Ahora, dado que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, en principio debe establecerse si este órgano jurisdiccional tiene competencia legal para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal trascrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: 1) La regla que se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) La siguiente previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente al juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. 3) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juzgado de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. Del análisis integral del escrito inicial de demanda, acorde a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la ley de la materia, aplicable también a este tipo de determinaciones judiciales, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden girada por el director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la ciudad de Guanajuato, capital, para negarle -a la quejosa- ingresar a esa unidad administrativa para visitar a su concubino privado de la libertad personal; así como la ejecución de tal ordenanza. Esos actos son atribuidos a las siguientes autoridades: Como ordenadora 1. Director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la ciudad de Guanajuato, capital. Como ejecutoras 2. Subdirector del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la ciudad de Guanajuato, capital; y, 3. "El técnico y/o del Servicio Social", residente en Guanajuato capital. Ahora, el acto que reclama la quejosa a la autoridad señalada como responsable ordenadora, consistente en la orden encaminada a impedir el acceso, para visitar a su concubino privado de la libertad personal, al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, es ejecutable en Guanajuato, capital, donde se ubica dicho centro de reclusión, pues sus efectos y consecuencias son impedir que la agraviada ingrese a ese lugar cuantas veces se presente a ello. Determinación jurídica Por lo expuesto se concluye que este juzgado de Distrito carece de competencia legal, por cuestión de territorio, en razón de que el acto reclamado dictado por el director del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de la ciudad de Guanajuato, capital, lleva inmersa una ejecución material en el mismo lugar en que se dictó la orden prohibitiva que reclama la agraviada, donde este órgano jurisdiccional no ejerce competencia territorial. Para corroborar el anterior aserto conviene indicar que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, en sus partes conducentes, establece: "ACUERDO PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: . XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: Estado de Guanajuato. . SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: . XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: 1. Seis tribunales colegiados especializados: dos en materias administrativa y de trabajo, tres en materias civil y de trabajo y uno en materia penal con residencia en Guanajuato, Guanajuato. 2. Tres tribunales unitarios con sede en Guanajuato. 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato: dos con residencia en la ciudad del mismo nombre, tres con sede en León, tres con residencia en Celaya y dos con sede en Irapuato. . CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: . XVI. DECIMOSEXTO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Atarjea, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Guanajuato, San Diego de la Unión, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú (.)". En ese sentido, conforme al trascrito punto cuarto del acuerdo en comento, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juzgado de Distrito en turno, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, en virtud de que cuenta con jurisdicción territorial en el municipio del mismo nombre, donde se ejecutó o ejecutará la determinación reclamada. Determinaciones administrativas En términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: 1. Remitir el presente asunto, así como las copias de la demanda y de su aclaración, al Juzgado de Distrito en turno en Guanajuato, Guanajuato para lo que a bien tenga acordar. 2. Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente, informando si se avoca al conocimiento del asunto. 3. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y un tanto más en original del presente proveído; y, 4. Realizar las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, por el cual remite un tanto de la audiencia de dos de marzo del año en curso, y manifiesta que adjunta copia cotejada del ticket correspondiente al envío del exhorto dirigido a su homólogo en Monterrey, Nuevo León, a efecto de citar a ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, a la audiencia laboral a celebrarse a las once horas del veintinueve de abril de dos mil veintidós. No obstante, omitió remitir la documental con la que refiere acreditar el envió del exhorto a su homólogo en la ciudad de Monterrey. Por tanto, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, a fin de que, en el improrrogable plazo de tres días, remita las constancias con las que acredite la remisión del exhorto girado dentro del expediente ********************de su estadística. Se apercibe a la autoridad que, de no cumplir con lo requerido se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 192, 197 y 258 de la ley de la materia; asimismo se hace de su conocimiento que de no acatar lo ordenado, además de la multa, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la continuación del trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación al juez penal competente por la comisión del delito de desacato.
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