Jenaro Ramirez Alvarez

Expediente 657/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
657/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Jenaro Ramirez Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que mediante proveído de doce de noviembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó el presente asunto, y se ordenó su archivo; sin que se diera destino a los cuadernos incidentales. Por tanto, de conformidad con el punto 8.1.2, inciso 3, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, puesto que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; en ambos casos, contado a partir de esta data en que se ordenó el archivo definitivo. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  2. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada en el presente asunto, que sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se sobreseyó en el juicio. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Devolución de tomos de pruebas. Dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, devuélvase a la autoridad responsable el tomo de pruebas que allegó a su informe de ley.

  3. Principal

    En la ciudad de Celaya, Guanajuato, a las trece horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de amparo número 657/2021, promovido por Jenaro Ramírez Álvarez, se encuentra en audiencia pública, Francisco Javier Ramírez Álvarez, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, en funciones de juez, de conformidad con los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado a través de oficio CCJ/ST/2678/2021 de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de julio de dos mil veintiuno, asistido del maestro en Derecho Antonio Guiza Cabrera, secretario con quien actúa y da fe, la declara abierta, sin la comparecencia de las partes ni de persona alguna que las represente. Se destaca que ninguna de las partes solicitó que la presente se celebrara mediante el método denominado "videoconferencia", por lo que, al no requerirse la presencia física de alguna de las partes, se desahoga de la presente forma. Acto continuo, el secretario certifica: que la presente audiencia se desahoga mediante la modalidad de trabajo a distancia autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que la firma se realizará de forma digital. Seguidamente, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos, entre las que destacan: el escrito inicial de demanda; auto en el que se admitió a trámite, se dio la intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia de ley, y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, a lo que se acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que se indica para los efectos legales conducentes y por rendidos los citados informes de las autoridades responsables. Enseguida se cierra la etapa. Periodo probatorio. A continuación, se abre la etapa probatoria, en la que se da cuenta con las documentales exhibidas por el juez de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, a lo que el secretario en funciones de juez acuerda: se admiten y se tienen por desahogadas dada su naturaleza, sin perjuicio de que podrán ser tomadas en cuenta al resolver. Acto seguido, se cierra el periodo. Periodo de alegatos. Acto continuo, el secretario da cuenta que las partes no formularon. A lo que se acuerda: Se les tiene por omisas; con lo que se cierra esta etapa y se da por concluida la audiencia para, enseguida, dictar sentencia. V I S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 657/2021, promovido por ****; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno conoció el Juzgado Quinto, ******************* solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos, que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el Juzgado Quinto de Distrito admitió la demanda. En ese mismo proveído mandó pedir informe justificado a las autoridades responsables y dio intervención legal a la fiscal de la adscripción. TERCERO. El treinta de junio de dos mil veintiuno, la titular de dicho tribunal se declaró impedida para conocer del asunto. Tal impedimento fue declarado fundado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en resolución de veinte de agosto de dos mil veintiuno. CUARTO. En virtud de lo resuelto por la superioridad el asunto fue enviado a la Oficina de Correspondencia Común y, por razón de turno, tocó a este Juzgado Octavo. En auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se avocó al conocimiento del asunto y validó las actuaciones hasta entonces practicadas. Además, señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte conforme a la primera regla del artículo 37 en mención, pues los actos reclamados son ejecutables en esta ciudad de Celaya, en la que ejercer jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisan como acto reclamado: La orden emitida en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, con la finalidad de emplazarlo en su calidad de demandado al juicio oral ordinario **** del índice del Juzgado Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. No pasa inadvertido que también reclama, a manera de consecuencia: La ejecución de dicho mandato por parte del actuario designado por la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad y todos los autos y resoluciones que, con posterioridad, se emitan; empero, como se verá en el capítulo de antecedentes, dichas conductas aún no existían a la presentación de la demanda, por lo que no se tendrán en cuenta para efectos de resolver el presente asunto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las siguientes autoridades negaron la existencia de los actos reclamados: Juez Primero Menor (foja 45) Juez Segundo Menor (foja 35) Juez Tercero Menor (foja 36) Juez Cuarto Menor (foja 34) Juez Quinto Menor (foja 46) Juez Sexto Menor (foja 33) Juez Primero de Partido Civil (foja 32) Juez Segundo de Partido Civil (foja 41) Juez Tercero de Partido Civil (foja 42) Juez Cuarto de Partido Civil (foja 47) Juez Quinto de Partido Civil (foja 44) Juez de Oralidad Mercantil (foja 43) Su afirmación corroborada con las constancias del procedimiento, permiten advertir que no se desprende su participación. En esa medida, con fundamento en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de actos atribuibles a dichas autoridades, se sobresee en el presente juicio respecto de ellas. CUARTO. Existencia de actos. El juez de Partido Especializado en Materia Familiar aceptó la existencia del auto tildado de inconstitucional, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó. Por su parte, la actuaria adscrita a la Central de Actuarios, aceptó que existe la orden de emplazamiento reclamada, aunque a la fecha de rendición del informe no había sido ejecutada. Bajo esa perspectiva, al ser inminente, se tiene como cierta la conducta atribuida. Es aplicable la tesis siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Antecedentes. De la copia certificada de las constancias que integran el juicio oral ordinario *************** tanto en documento impreso como en DVD, a la que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden diversos antecedentes que, enseguida, se citan: Silvia Nava Hernández demandó en la vía oral ordinaria al aquí quejoso, **************, la disolución del vínculo matrimonial, entre otras prestaciones; además, solicitó medidas precautorias de separación de cónyuges y restricción de acercamiento. En auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por presentada la demanda de mérito y se despacharon las medidas. En cuanto al emplazamiento del aquí promovente, se reservó hasta que fueran ejecutadas las medidas. En proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno se señaló un diverso domicilio donde podía ser llamado a juicio y se ordenó nuevamente la ejecución de sendas medidas precautorias. Éste es el acto reclamado. El uno de junio de dos mil veintiuno se verificó diligencia de ejecución de medidas precautorias. En ese mismo acto, pero en un momento posterior, se emplazó al aquí quejoso personalmente. El dieciséis de junio, el aquí promovente se apersonó al juicio contestando la demanda instaurada en su contra. Seguido el juicio por su cauce legal, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno se verificó audiencia de juicio en la que se dictó sentencia y se decretó su firmeza, en virtud de que existió consentimiento de las partes. El fallo también fue asentado por escrito. En sus puntos resolutivos se estableció, en lo que interesa: PRIMERO. Este Juzgado resultó competente para conocer y resolver el presente juicio. SEGUNDO. La vía oral ordinaria bajo la que se tramitó el procedimiento fue la correcta. TERCERO. Conforme a los razonamientos y fundamentos de derecho asentados en la presente resolución, la parte actora acreditó la procedencia de la acción de disolución del vínculo matrimonial. Por tanto (.) se declara la disolución del vínculo matrimonial que une a *******************. (.) CUARTO. No se hace especial condena en costas procesales." SEXTO. Improcedencia. No se estudiará el fondo del asunto, habida cuenta que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es oficioso y preferente, acorde con lo que dispone el numeral 62 del mismo ordenamiento. Al efecto el primer numeral prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". En torno a la improcedencia transcrita, el Alto Tribunal, ha establecido diversos criterios, entre los que destaca la tesis de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica." Para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se deben cumplir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado haya motivado una situación jurídica determinada; b) Que por virtud de una resolución posterior se produzca una diversa situación jurídica que sustituya la anterior, y c) Que esta nueva resolución sea de tal naturaleza que permita la subsistencia de la nueva situación jurídica creada, aun a pesar de que fueran ciertas las violaciones cometidas en el acto que originó la situación precedente, de modo que estas deban considerarse consumadas irreparablemente en el juicio de amparo de que se trata, por no poder subsanarse sin afectar la nueva situación jurídica, esto es, sin desconocer eficacia a la resolución emitida en segundo término, que es posterior y diversa del acto reclamado. Ahora bien, en el caso concreto, se actualizan los supuestos reseñados pues el auto reclamado fue dictado dentro de un procedimiento judicial. Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronunció la sentencia que puso fin al juicio de origen y causó firmeza. Por otra parte, como consecuencia del dictado de la resolución definitiva que constituye una nueva determinación, se generó una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo de la resolución que puso fin al juicio en lo principal y que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Dicha situación sucede, porque cada acto de procedimiento tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los actos subsecuentes, a grado tal que puede ser determinante de todos y cada uno de los actos del procedimiento. En otras ocasiones esa influencia no alcanza más que a un número reducido de actos, sin afectar a todos los restantes. Esto obedece a que durante la tramitación de un procedimiento pueden dictarse algunos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los procedentes sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Esta autonomía es el fenómeno que permite el nacimiento de una nueva situación jurídica. De ahí que, como en el caso, si se impugnó el auto que ordenó emplazar a juicio al quejoso y la autoridad responsable dictó sentencia firme, con la que se puso fin al procedimiento, se está en presencia de un cambio de situación jurídica, lo que actualiza la causal referida. Es orientadora por analogía, el criterio que enseguida se transcribe: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. OPERA CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA EN LA VÍA EJECUTIVA MERCANTIL, Y DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO SE DICTA LA SENTENCIA DEFINITIVA. Cuando se señala como acto reclamado la resolución que confirma el auto admisorio de la demanda en la vía ejecutiva mercantil, y durante la tramitación del juicio de amparo se dicta la sentencia definitiva en el juicio natural, opera el cambio de situación jurídica, toda vez que en aquél el Juez natural abre la instancia y realiza un examen preliminar de la vía y, en esta última, cierra la instancia, califica nuevamente la procedencia de la vía, previo examen de las excepciones y, con vista de las probanzas aportadas por las partes, en la generalidad de los casos resuelve en definitiva acerca de la cuestión sometida al litigio; de tal manera que existe autonomía entre el auto admisorio y la sentencia definitiva que confirma la procedencia de la vía, ya que estos actos subsisten con independencia entre sí, y no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica creada por la sentencia definitiva; por tanto, se actualizan los elementos para que opere la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción X, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con la tesis 2a. CXI/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, página doscientos diecinueve, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Por ende, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63, del cuerpo de leyes invocado. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos en mención y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ****************, en contra del acto y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el citado tercero, así como en el diverso considerando sexto.

  4. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que por oficio acordado el veintiuno de dos mil veintiuno, la autoridad responsable juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, rindió su informe en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho del mismo mes y año; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de dar oportunidad a que las partes se impongan de su contenido, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere para las trece horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil veintiuno.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano