Jenifer Fernández Rodríguez
Expediente 667/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 667/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jenifer Fernández Rodríguez
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de este juicio, se advierte que el quejoso omitió recurrir el acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho en el que se tuvo no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente asunto en el que se tuvo no presentada la demanda, es susceptible de destrucción, en atención al sentido del proveído dictado en el mismo. Empero, se hace notar que el presente asunto carece de relevancia documental. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.
- Principal
De la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda este asunto, se advierte que terminó el plazo de cinco días concedido a la quejosa, por acuerdo de dieciséis de julio del año en curso, pues fue notificada el veinte de julio de dos mil dieciocho (foja 13) sin que desahogara el requerimiento inmerso en dicho acuerdo. Por tanto, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos signada por +++++, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda se advierten irregularidades, en las denominaciones de algunas autoridades responsables. Para demostrarlo, se hace notar que en el capítulo específico de las autoridades responsables, introdujo la quejosa de manera errónea, las siguientes denominaciones: Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Puebla; y Comandante de la Policía Estatal del Estado de Puebla. Ello, porque conforme a la actual estructura de la Fiscalía General del Estado de Puebla, refleja la inexistencia de esas autoridades. Todo lo cual obliga a declarar la irregularidad de la demanda en las autoridades citadas; y de admitirla en los términos propuestos, se imposibilitaría el emplazamiento de las mismas al grado de generar la posibilidad de sobreseimiento, por la falta de una responsable concreta. Inclusive puede señalarse que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, la cual desde luego debe ser la correcta, completa y actual; cuya carga procesal corresponde al peticionario del amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa +++++ para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: ? Proporcione la denominación correcta y actual de las autoridades que se precisaron en este acuerdo. Se hace saber a la quejosa que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio, para distribuirlas de la siguiente forma: una (1) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una (1) para cada autoridad responsable, una (1) para el fiscal adscrito al proceso y una (1) para el tercero interesado si lo hubiere en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia. Además se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento formulado en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber a la quejosa, la prevención anterior, habrá de evitar que se le deje en estado de indefensión (por las autoridades inexistentes), para conseguir una pronta y expedita impartición de justicia como lo ordena el artículo 17 constitucional. Por otra parte, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en su escrito de demanda, y por autorizado para los mismos efectos a la persona que precisó, porque así lo expresó, además de haber omitido señalarla en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. También se hace saber a la quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a ésta o autorizado, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse los autorizados (y la quejosa) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información
- Principal
SE DEJÓ CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Se recibe la demanda de protección de derechos signada por **, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda se advierten irregularidades, en las denominaciones de algunas autoridades responsables. Para demostrarlo, se hace notar que en el capítulo específico de las autoridades responsables, introdujo la quejosa de manera errónea, las siguientes denominaciones: Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Puebla; y Comandante de la Policía Estatal del Estado de Puebla. Ello, porque conforme a la actual estructura de la Fiscalía General del Estado de Puebla, refleja la inexistencia de esas autoridades. Todo lo cual obliga a declarar la irregularidad de la demanda en las autoridades citadas; y de admitirla en los términos propuestos, se imposibilitaría el emplazamiento de las mismas al grado de generar la posibilidad de sobreseimiento, por la falta de una responsable concreta. Inclusive puede señalarse que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, la cual desde luego debe ser la correcta, completa y actual; cuya carga procesal corresponde al peticionario del amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa Jenifer Fernández Rodríguez, para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: ? Proporcione la denominación correcta y actual de las autoridades que se precisaron en este acuerdo. Se hace saber a la quejosa que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio, para distribuirlas de la siguiente forma: una (1) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una (1) para cada autoridad responsable, una (1) para el fiscal adscrito al proceso y una (1) para el tercero interesado si lo hubiere en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia. Además se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento formulado en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber a la quejosa, la prevención anterior, habrá de evitar que se le deje en estado de indefensión (por las autoridades inexistentes), para conseguir una pronta y expedita impartición de justicia como lo ordena el artículo 17 constitucional. Por otra parte, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señaló en su escrito de demanda, y por autorizado para los mismos efectos a la persona que precisó, porque así lo expresó, además de haber omitido señalarla en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. También se hace saber a la quejosa que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a ésta o autorizado, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse los autorizados (y la quejosa) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.
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