Jehudiel Jiménez Loeza
Expediente 91/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jehudiel Jiménez Loeza
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 91/2022-I Puebla, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 955/2020-V. Puebla, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, de la Administración Regional en Puebla, mediante el cual solicita se le hagan unas modificaciones al edicto ordenado mediante diecinueve de enero del año en curso (sic), esto con el fin de poder llevar acabo el emplazamiento del tercero interesado En consecuencia, se ordena realizar por separado el edicto correspondiente con las especificaciones descritas en el oficio de cuenta, pero haciendo notar que el emplazamiento por edictos para llamar a este juicio al tercero interesado , se realizó en acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós en el que se ordenó emplazar por edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal al tercero interesado antes mencionado y remitir la versión electrónica mediante disco CD como documento enlace a los originales firmados en dos tantos por el secretario autorizado de este juzgado federal. Notifíquese.
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.-JUICIO DE AMPARO 91/2022. Puebla, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que promueve contra actos del Fiscal General del Estado Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Ahora de la lectura integral de la demanda de amparo, se observa que el quejoso, señala como acto reclamado lo siguiente: ".IV. ACTOS RECLAMADOS: La orden de citación y/o, ...". Tales actos, se los atribuye a las autoridades siguientes: 1. Fiscalía General del Estado de Puebla....3. - Entonces, de la transcripción anterior se advierten como actos reclamados: orden de citación, comparecencia, presentación, detención o aprehensión. De ellos, respecto del libramiento de una orden de citación, comparecencia, presentación, detención o aprehensión o cualquier otra determinación similar reclamadas a las fiscalías señaladas como responsables, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 21 constitucional. En efecto, el agente del Ministerio Público, tiene la facultad constitucional de investigar los delitos; y ese proceso de investigación se endereza a conocer determinados hechos no debe ser obstaculizado por cada acto de investigación que se pretenda llevar a cabo, como es la entrevista de quien es señalado como la persona que de manera probable participó en algún hecho que la ley señalada como delito. Sin pasar por alto que, durante la investigación inicial, de forma excepcional, la representación social puede ejecutar actos de investigación que pudieran quebrantar los derechos fundamentales, como la extracción de fluidos, la intervención de comunicaciones, las órdenes de cateos, entre otras. Sin embargo, para que el agente del Ministerio Público pueda llevar a cabo ese tipo de actuaciones, se requiere de la insaculación estricta del Juez de Control a través de un test de proporcionalidad, tal como lo prevé el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si el quejoso reclama como actos las órdenes que las fiscalías señaladas como responsables han dado para realizar algún acto de investigación para recabarle su entrevista, con independencia de la calidad que tenga en la investigación (testigo o imputado); es inconcuso que, ese acto de molestia no le produce afectación alguna a sus derechos fundamentales de manera directa e inmediata. Aunado a ello, es de precisar que en el sistema de justicia penal adversarial, el representante social carece de facultades legales y constitucionales para ordenar aprehensión de persona alguna, ya que esa potestad se encuentra reservada a la autoridad judicial, tal como lo prevén de manera expresa los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco puede ordenar su detención salvo que se trate de causa urgente; sin embargo, para que ello sea posible se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional y 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que el aquí quejoso lo cometió o participó en su comisión; exista riesgo fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia, y que razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, el representante social no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el aquí quejoso pueda evadirse. Sin embargo, de los hechos narrados en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, el quejoso sólo menciona que el veintinueve de enero de dos mil veintidós, llegando a su casa, le contaron que dos policías lo fueron a buscar, pues al parecer tienen una orden para que a la fuerza, se presente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Lo que evidencia de manera indudable que, si acaso, como lo supone el quejoso, se desarrolla una investigación en su contra, pero no que el representante social ordenara detenerlo; ya que una orden de detención o aprehensión sólo puede ser emitida por una autoridad jurisdiccional. Debe destacarse que, respecto de la citación reclamada también se actualiza la causa de improcedencia en cita, pues aun si el representante legal lo llegara a citar con la calidad de persona investigada, primero, tendría que cumplir con la obligación de darle a conocer los registros de la investigación tal como lo dispone el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con los principios y derechos de adecuada defensa, igualdad ante la ley y debido proceso. Incluso, después de haber cumplido con tales exigencias, el agente del Ministerio Público sólo podría recabarle su entrevista a fin de incorporarla como dato de prueba, y no su declaración porque en el sistema penal acusatorio el representante social carece de facultades para obtener pruebas de manera unilateral, como lo hacían en el sistema penal mixto; ahora, para obtener algún tipo de prueba de lo que una persona imputada llegue a decir, es indispensable que se cumplan con los principios de inmediación y contradicción, lo que en el caso, evidentemente no sucede. Además, la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la presentación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se impele al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a ser entrevistado, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo. Incluso, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface las exigencias constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, se encontrará en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. Por consiguiente, es improcedente el juicio de amparo contra el libramiento, mandato o dictado de una orden de citación, aprehensión o comparecencia, o cualquier otra determinación similar, reclamadas a las autoridades ministeriales. Resulta aplicable la tesis : "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. ." ( ). Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, pues se actualizaron las referidas causas de improcedencia manifiesta e indudablemente, conforme a las razones y fundamentos expuestos con antelación. Domicilio procesal y autorizados. Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. Sin que se pueda tener como tal, el correo electrónico mencionado, pues dicho medio de comunicación, no se encuentra previsto en la Ley de Amparo, para tal efecto. Además, queda autorizada la persona nombrada por aquél, con las facultades amplias que prevé el numeral 12 de la Ley de Amparo, pues su cédula se encuentra registrada en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Comunicación de las partes. Notifíquese en forma personal al quejoso.
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