Jemina Judith Cervantes García

Expediente 889/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
889/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/08/2023

Partes del expediente

  • Jemina Judith Cervantes García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, ********************. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Sin mayor acuerdo informe justificado. Agréguese sin mayor acuerdo el oficio con anexos, signado por el Oficial 01 del Registro Civil del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, a través del cual rinde su informe justificado; en virtud que por resolución de diecisiete de julio del año en curso, se sobreseyó el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento tercero interesado. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el tercero interesado Edgar Alonso Baños, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el sentido de señalar domicilio en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificado del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que el tercero interesado de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, al tercero interesado Edgar Alonso Baños, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Autoridad rinde informe justificado. Por otra parte, agréguese el oficio signado por la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Prueba. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo como prueba de su parte la documental pública consistente en copia certificada de la resolución de once de julio del presente año, dictada en el expediente 807/2020, de su índice, misma que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Por otra parte, de autos se advierte que la promovente en su escrito inicial de demanda hizo consistir los actos reclamados en el siguiente: La omisión de dictar sentencia definitiva en el expediente 807/2020, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo al juicio ordinario de desconocimiento de paternidad. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, ponen de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama de la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el acto siguiente: La omisión de dictar sentencia definitiva en el expediente 807/2020, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo al juicio ordinario de desconocimiento de paternidad. Lo anterior, pues la parte quejosa estima que la omisión reclamada vulnera su derecho fundamental reconocido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que, de la documental exhibida por la autoridad responsable Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en apoyo a su informe justificado, se desprende que el once de julio de dos mil veintitrés, dictó la sentencia definitiva en el expediente 807/2020, de su índice. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados, toda vez que al dictarse la resolución en el expediente 807/2020, del índice de la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, consistentes en: La omisión de dictar sentencia definitiva en el expediente 807/2020, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo al juicio ordinario de desconocimiento de paternidad. En términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con veinte minutos del dos de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que en los presentes autos, aún no obra la constancia de emplazamiento del tercero interesado Víctor Saúl Alonso Cervantes; sin embargo, dicha resolución no le perjudica, sino por el contrario lo beneficia. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P. V/98, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés: Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Efectivo apercibimiento tercero interesado. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el tercero interesado Edgar Alonso Baños, no dio cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el sentido de señalar domicilio en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, ante este Juzgado Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término de tres días contados a partir de la fecha en que quedara notificado del proveído en comento, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harían por medio de lista. En consecuencia y toda vez que el tercero interesado de referencia no dio cumplimiento a lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, practíquense la presente y subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, al tercero interesado Edgar Alonso Baños, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Autoridad rinde informe justificado. Por otra parte, agréguese el oficio signado por la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Prueba. Asimismo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo como prueba de su parte la documental pública consistente en copia certificada de la resolución de once de julio del presente año, dictada en el expediente 807/2020, de su índice, misma que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Por otra parte, de autos se advierte que la promovente en su escrito inicial de demanda hizo consistir los actos reclamados en el siguiente: La omisión de dictar sentencia definitiva en el expediente 807/2020, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo al juicio ordinario de desconocimiento de paternidad. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, ponen de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama de la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, el acto siguiente: La omisión de dictar sentencia definitiva en el expediente 807/2020, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo al juicio ordinario de desconocimiento de paternidad. Lo anterior, pues la parte quejosa estima que la omisión reclamada vulnera su derecho fundamental reconocido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que, de la documental exhibida por la autoridad responsable Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en apoyo a su informe justificado, se desprende que el once de julio de dos mil veintitrés, dictó la sentencia definitiva en el expediente 807/2020, de su índice. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos de los actos reclamados, toda vez que al dictarse la resolución en el expediente 807/2020, del índice de la Jueza Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados por la parte quejosa. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, consistentes en: La omisión de dictar sentencia definitiva en el expediente 807/2020, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, relativo al juicio ordinario de desconocimiento de paternidad. En términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con veinte minutos del dos de agosto de dos mil veintitrés. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que en los presentes autos, aún no obra la constancia de emplazamiento del tercero interesado Víctor Saúl Alonso Cervantes; sin embargo, dicha resolución no le perjudica, sino por el contrario lo beneficia. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P. V/98, Tomo VII, Febrero de 1998, página 45, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/3542/2023 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa ante Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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