Jeimmy Lisbeth Bejarano Díaz

Expediente 443/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
443/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Jeimmy Lisbeth Bejarano Díaz
  • César Armando Gómez Acosta

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de abril de dos mil veintitrés. Se devuelve exhorto sin diligenciar. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica por el Secretario del Juzgado Sétimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, por medio de cual devuelve SIN DILIGENCIAR el exhorto 84/2023-III, número de orden 84/2023-III, del índice de este Juzgado, deducido del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, remítase vía sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) el oficio que derive del presente proveído la comunicación oficial al juicio de amparo 322/2023-7, del índice del Juzgado Sétimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, para que obren como corresponda, así como las promociones subsecuentes que pertenezcan a dicho juicio de amparo. Baja de comunicación oficial. En consecuencia, dese de baja la comunicación oficial de mérito y realícense las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya lugar a acusar de recibo correspondiente, en razón de que el mismo se genera al momento de recibirlo a través de la Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Juzgado de Distrito informa. Por otra parte, agréguese el oficio firmado electrónicamente con su respectiva evidencia criptográfica y remitido por el Secretario del Juzgado Sétimo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, por el que hace de conocimiento de este órgano jurisdiccional el auto de cinco de los corrientes, dictado en el juicio de amparo ********************de su registro, mediante el cual -en lo que interesa- informa a este juzgado lo siguiente: Al respecto, esta autoridad judicial toma conocimiento para los efectos conducentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo Vigésimo Primero. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Décimo Quinto, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI; Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el citado artículo en su penúltimo párrafo. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, tres de abril de dos mil veintitrés. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, en representación de ********************, contra actos del Delegado Federal de la Oficina de Representación de Instituto Nacional de Migración en el Estado de Aguascalientes y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 443/2023-III. Falta de firma. Previo a acordar lo conducente respecto a los actos que se ubica en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia y el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace la indicación que si bien la demanda de amparo fue presentada de manera electrónica y carece de evidencia criptográfica, a la que hace referencia el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, y el diverso Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; se dará trámite a la misma dado que encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Actos reclamados Ahora bien, del análisis integral de la demanda, los directos quejosos ********************, a través de su representante señalan como actos los siguientes: Consideración previa El Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Al respecto, es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Precisión de actos por los que se analizará la suspensión de oficio y de plano. Privación de la libertad Deportación Se concede suspensión de plano respecto de privación de libertad Por lo que hace a la privación de la libertad, con fundamento en los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede a los quejosos directos ********************, la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las autoridades responsables efectúen lo siguiente: a) Si la detención es en relación a la comisión de un delito, sin demora cese la detención, poniendo a los quejosos en libertad o a disposición del Ministerio Público. En el caso de que los quejosos ya hayan sido puestos a disposición del Ministerio Público, la suspensión se concede en términos del artículo 165 de la Ley de Amparo, es decir, para el único efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas, o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesto en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En el entendido que la autoridad responsable tiene la obligación de poner a los quejosos a disposición de la autoridad judicial que estime competente dentro del término que establece la ley, o bien, dejarlo en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. b) Si la detención es con motivo de que los quejosos no acreditan su estancia legal en el país, sean puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración de la Delegación que corresponda. Para el caso de que haya transcurrido el plazo de treinta y seis horas, de que fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración de la Delegación correspondiente, deberán ser puestos en inmediata libertad. Asimismo, la autoridad responsable deberá dictar las medidas de aseguramiento (diversas a las que impliquen la privación de libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que los quejosos no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio y protección complementaria, entre ellas, la obligación de presentarse ante dicha autoridad migratoria cuantas veces le sea exigido, otorgar garantía suficiente y a satisfacción de dicha autoridad, o establecer domicilio o lugar en el que permanecerán. Apoya lo anterior, las tesis XVI.1o.A.5 K (11a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de la Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SU CONCESIÓN CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SEA PUESTO EN LIBERTAD Y PARA QUE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DICTEN LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO NECESARIAS PARA GARANTIZAR QUE NO SE SUSTRAIGA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO. Hechos: La quejosa migrante interpuso recurso de queja en contra del auto del Juez de Distrito mediante el cual le concedió la suspensión de oficio y de plano para que permaneciera en el alojamiento del Instituto Nacional de Migración (INM) y durante éste, las autoridades responsables le informaran y garantizaran en todo momento el cúmulo de derechos que prevé la legislación migratoria; argumentando que el efecto de la medida cautelar decretada debió ser para que fuera puesta en libertad, pues se encontraba en calidad de presentada en la estación migratoria en razón de un procedimiento administrativo que se siguió en su contra, no por la comisión de algún delito. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la concesión de la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo indirecto contra el alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, debe ser para el efecto de que sea puesto en libertad y para que el Instituto Nacional de Migración dicte las medidas de aseguramiento (diversas a las que impliquen la privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria o asilo político, entre ellas, la obligación de presentarse ante aquél cuantas veces le sea exigido, otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, o establecer domicilio o lugar en el que permanecerá. Justificación: Lo anterior, porque la libertad de las personas se encuentra reconocida y se exigen garantías para evitar su afectación, en los artículos 14, párrafo segundo y 21, párrafo cuarto, de la Constitución General, de los que deriva que toda persona debe gozar de la libertad personal, la cual sólo puede ser restringida o privada mediante juicio previo en el cual se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y que tratándose de restricciones a la libertad personal como sanción administrativa, no puede durar más de treinta y seis horas. Ahora bien, en materia de personas migrantes y sujetas de protección internacional es indispensable atender a que las irregularidades derivadas de la internación irregular al país, por sí mismas no constituyen delito alguno, sino que se podrían considerar como una falta administrativa. Así, tomando en cuenta los principios constitucionales y convencionales que consagran el derecho fundamental a la libertad personal, aplicando el principio pro persona previsto en el artículo 1o. constitucional, debe privilegiarse la solución conforme al derecho a la libertad personal de la parte quejosa, lo que no impide que la autoridad con competencia legal dicte las medidas que aseguren que aquélla no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria o asilo político. En consecuencia, la tutela judicial debe considerar la especial relevancia de la libertad personal, a efecto de garantizar la eficaz protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional." Así como, la diversa las tesis II.4o.A.1 K (11a.), Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 3043, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de la Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Hechos: Una familia extranjera integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, en su condición de migrantes promovieron juicio de amparo indirecto contra el alojamiento, detención, presentación o aseguramiento por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la deportación o expulsión del país y solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados, para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados los dos menores de edad mencionados. El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para el efecto de impedir cualquier acto que tuviera como resultado su expulsión o deportación del país, incomunicación o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y para que quedaran en el lugar donde se encontraban detenidos a disposición de dicha autoridad. Inconformes, interpusieron recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar." c) Si la detención no tiene relación con la comisión de un delito o con la comprobación de su estancia legal en el país, los quejosos deberán ser puestos en inmediata libertad. La presente medida cautelar surte efectos de inmediato sin que sea necesario otorgar garantía alguna, toda vez que no se tiene conocimiento ante qué autoridad se encuentra a disposición el quejoso directo, tal como se advierte de la demanda de derechos. Se concede suspensión de plano respecto de la deportación Asimismo, respecto a la deportación, con fundamento en los artículos 15, 126, párrafo segundo, y 147, párrafo segundo y 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano a los directos quejosos ********************, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de deportación de los quejosos en mención; asimismo, en caso de que se haya emitido con motivo del ejercicio de la facultad de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración, los directos quejosos quedarán a disposición del órgano de control constitucional respecto a su libertad personal y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente, ya que, de hacerlo, los actos reclamados quedarían irreparablemente consumados. Obligación de las autoridades responsables. Por cuanto a la privación de la libertad de los directos quejosos ********************, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que se encuentran obligadas a velar por la integridad física, psicológica y personal de los impetrantes, a fin de evitar situaciones que conlleven a una posible vulneración al derecho a la vida y a la salud de los mismos; lo anterior, en la inteligencia de que la seguridad y salud integral queda bajo su más estricta responsabilidad, sin que ello implique una orden para abstenerse a ejecutar los actos inherentes a sus funciones, así como la obligación de poner de inmediato a la quejosa a disposición de la autoridad ministerial o judicial que estime competente, o bien, dejarla en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. La presente determinación no tiene el alcance de impedir que en su caso, el Ministerio Público ejerza la acción penal, en caso de ser procedente. Plazo en el que las autoridades deben rendir informe sobre la suspensión. En el entendido que las responsables deberán informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibidas que de no hacerlo, podrán ser puestas a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual forma, se les apercibe que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o nieguen la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 262 de la ley de la materia; para tal efecto, remítanseles copia simple de la demanda de amparo. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo". Ratificación de demanda vía exhorto. Por otra parte, tomando en cuenta la naturaleza de los actos sobre los que se provee, es necesario que el que suscribe tome las medidas necesarias para lograr la comparecencia de los quejosos; por tanto, con apoyo en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se solicita al Juzgado de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en turno, para que comisione al actuario judicial de su adscripción, a fin de que se constituya en las instalaciones que ocupa el Instituto Nacional de Migración del Estado de Aguascalientes, lugar en el que el promovente refiere que se encuentran privados de su libertad los directos quejosos ********************; los localice y, en el acto de la diligencia, realice lo siguiente: 1) Les notifique el presente auto. 2) Los requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifiesten si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. 3) Los aperciba que, de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efectos las medidas decretadas. 4) De fe del estado físico en el que se encuentren los quejosos directos. 5) Deberá ratificarle a la autoridad ante quien esté la suspensión de plano decretada en este propio auto, respecto de los actos reclamados, debiendo acatar dicha suspensión la autoridad responsable e informar al juzgado respectivo, en el improrrogable término de veinticuatro horas sobre el cumplimiento dado a la medida decretada. 6) Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. 7) Aunado a lo anterior, se solicita a la autoridad exhortada para que instruya al Actuario de su adscripción a efecto de que notifique a las autoridades responsables los oficios que con motivo de la presente determinación se emiten. En el entendido que al exhorto electrónico únicamente se adjuntará una minuta de los oficios a fin de que sean impresos por el Juzgado exhortado, tantas veces sean necesario; lo anterior, a fin de evitar problemas con el envío del archivo digitalizado mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Obligación de autoridades de dar acceso al Actuario del Juzgado exhortado. Para tal efecto, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a dar acceso al actuario judicial a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración del Estado de Aguascalientes, y en cualquier otro lugar en donde pudieran estar detenidos los quejosos ********************, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo este juzgado dará vista a la autoridad correspondiente por la probable comisión de los delitos a que haya lugar. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese vía exhorto. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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