Jeisson Calzada Díaz
Expediente 1071/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jeisson Calzada Díaz
Actuaciones
- Principal
Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área del edificio habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Cumplen con vista. Intégrense el escrito de Ma. Luisa Dávalos León y Ma. Elena Dávalos León, albaceas de la sucesión de la quejosa María Isabel López Pérez o María Isabel León de Dávalos y tutora de la diversa quejosa Ma. De la Luz Dávalos León, se les tiene informando que -Alberto Dávalos León- quien promovió el juicio de amparo en que se actúa, aduciendo su representación por ser incapaces-, no cuenta con representación alguna de las quejosas directas. 1.1. Respecto de las manifestaciones que formulan en el sentido de que se desisten de la prueba pericial y juicio de amparo en que se actúa, tramitados por Alberto Dávalos León, antes de proveer al respecto, es necesario que se justifique la representación de quienes indican ser albaceas y tutora de las quejosas. Es decir, este juzgado federal cuando tuvo conocimiento del fallecimiento de la quejosa María Isabel León Pérez o María Isabel León de Dávalos, realizó la investigación correspondiente a fin de saber si se tramitó su sucesión, investigación de la cual el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Ciudad Hidalgo, Michoacán, informó la tramitación de la aludida sucesión, sin que enviara las constancias que lo justificaran. En ese orden, si el acto reclamado en el juicio de amparo emana de que el promovente indicó que no fueron debidamente llamadas al juico sucesorio testamentario número 374/2000, por lo que el tema a dilucidar es si efectivamente fueron o no debidamente llamadas al juicio de origen, no así su capacidad legal, por ende, es indispensable que esté acreditada la representación de quien gestiona el juicio de amparo. 1.2. Por tanto, requiérase a las ocursantes para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de que queden notificadas de este auto, acrediten la representación que ostentan. Una vez que acontezca lo anterior, provéase en cuanto al fondo la petición de desistimiento de pruebas y del juicio de amparo. 2. Respecto del ocurso signado por Alberto Dávalos León, se ordena reservar en cuanto al fondo, hasta en tanto, las diversas ocursantes cumplan o no con lo requerido en esta fecha.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, el siguiente acuerdo: Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jeisson Calzada Díaz y Luis Eber Calzada Díaz, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1071/2021. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama, lo siguiente: La citación para la audiencia de formulación de imputación en el proceso penal 917/2021, con NUC103202117631 a celebrarse a las once horas con quince minutos del catorce de diciembre del año en curso y sus consecuencias -la formulación de imputación-. Al respecto, se advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último aplicado en su interpretación inversa, ambos de la Ley de Amparo, los cuales en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." En el artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. De acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la misma ley, prevén que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de un acto de imposible reparación, que es aquél que tiene como consecuencia afectar directa e inmediatamente un derecho sustantivo protegido por la Carta Magna. Lo anterior, permite sostener que el acto reclamado relativo a la citación para la audiencia de formulación de imputación en el proceso penal 917/2021, a celebrarse a las once horas con quince minutos del catorce de diciembre del año en curso y sus consecuencias no es de aquéllos considerados de imposible reparación, ya que la violación reclamada no afecta derechos sustantivos, como la vida, la propiedad, la libertad, etcétera, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no trasciende al resultado del fallo, sino que cosiste sólo en la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable. Ello es así, acorde con la interpretación analógica aplicada al amparo indirecto, de lo previsto en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control;" El énfasis añadido en "Negrita" y "Subrayado" lo realiza este órgano jurisdiccional. Lo anterior, guarda estrecha relación con artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De lo anterior, se advierte que el acto reclamado en esta instancia, fue emitido iniciado el proceso penal, en atención a que se citó a los quejosos en calidad de imputados de acuerdo con el artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial ante el juez de control, como lo establece el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, en relación con lo anterior, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en lo relativo a las etapas del procedimiento penal, que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con sentencia firme. Por tanto, debe decirse que la citación que reclama la parte peticionaria de amparo, no encuadra dentro de los actos de imposible reparación a que se alude en párrafos precedentes, ya que no tiene por objeto privar de la libertad ni siquiera temporalmente, pues de acuerdo con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrá ordenarse orden de comparecencia a través de la fuerza pública, únicamente en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna. Además, la audiencia inicial según el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consiste en lo siguiente: "Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia." Por lo que el acto reclamado relativo a la citación para la audiencia de formulación de imputación, no puede considerarse como un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, o bien, un acto consistente en una medida restrictiva de la libertad ni siquiera temporalmente, por lo que si la citación reclamada genera solamente una afectación que desaparece por el hecho de obtener resolución definitiva favorable, entonces es claro que aquélla no trascendió y por ende, no provocó un daño real y concreto en la esfera jurídica del gobernado. En el entendido de que el derecho a controvertir las violaciones procesales, está sujeto a la preclusión, dado que conforme al citado artículo 107, fracción III, inciso a), de nuestra Constitución, si dichas violaciones no se invocaron en un primer juicio de amparo ni el tribunal colegiado las hizo valer de oficio -en los casos en que deba suplirse la deficiencia de la queja- no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en un juicio de amparo ulterior. Por tanto, las violaciones procesales están sujetas al principio de concentración, porque tienden a que el proceso se realice en el menor tiempo posible y con la mayor unidad lo que determina que las cuestiones accidentales o incidentales no deben entorpecer el estudio del debate fundamental. Para ello, es necesario, por una parte, restringir el derecho a interponer recursos o medios de defensa en contra de cada una de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y, por otra, establecer medios de defensa en los que tales cuestiones puedan resolverse de manera simultánea, concentrando así el debate judicial. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo. 2.1. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Félix Francisco Pedraza Barrera, Vicente Saucedo Pérez, Miguel Garcidueñas Soto y César Rodríguez Ruiz , toda vez que cuentan con cédula profesional registrada ante los Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de licenciado en derecho.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,407 expedientes
- Jazmín Reyes del Toro712/2022
- Jazmín Reyes del Toro840/2021
- Jazmín Zavala López111/2022
- Jean Cadet Odimba On´Etambalako Wetshokonda742/2021
- Jean Cadet Odimba On´Etambalako Wetshokonda856/2021
- Jefe de Tenencia Morelos423/2013
- Jennifer Hurtado Castro311/2020
- Jennifer Tena Fernández588/2021
- Jerónimo Madrigal Peña716/2019
- Jerónimo Rosales Silva1240/2014
- Jessica Domínguez Méndez62/2021
- Jessica Edith Piñon Villa356/2018