Jazmín Reyes del Toro

Expediente 840/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
840/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Jazmín Reyes del Toro

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. CERTIFICACIÓN. De la certificación de cuenta se evidencia un retraso injustificado en la integración de este asunto, por lo que, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que acuerde lo que en derecho corresponda.

  2. Principal

    De igual forma, el Secretario certifica: que el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, aún no trascurre. A lo anterior, el Juez acuerda: Ténganse por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales a que hubiere lugar, y cuanto al oficio por medio del cual la responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por conducto de su Presidente, rinde informe con justificación, téngase por rendido y tómese en cuenta al momento de pronunciar la sentencia; en ese aspecto, se tienen como pruebas de la oficiante las documentales que exhibe, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, dese cuenta con ellas en la fase respectiva. Respecto a la certificación que precede, no obstante que a la fecha no transcurre el plazo que prevé el arábigo 117 de la ley de la materia para que las partes se impongan del contenido del informe justificado, procédase a resolver el presente sumario, toda vez que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a aquélla, pues en todo caso, sólo vinculará a la autoridad responsable, quien al tener funciones jurisdiccionales, no está legitimada para combatir la decisión que aquí se emita. Acto seguido, el Juez declara abierto el periodo probatorio y el Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable en su informe justificado; y, sobre el particular, el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza, con lo cual se cierra esta fase. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que ninguna de las partes presentó pedimento alguno; a lo que el Juez acuerda: ténganse haciendo la anterior constancia y se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 840/2021, promovido por Jazmín Reyes del Toro, por alegada violación de los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por lo que este órgano jurisdiccional ha decidido: RESULTANDO ÚNICO. Demanda. Mediante escrito presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este órgano jurisdiccional; Jazmín Reyes del Toro, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Admitida la demanda, seguidas las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Este Juzgado es competente resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la omisión puede tener ejecución dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de la norma general, acto u omisión reclamada. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama lo siguiente: La falta de emisión del laudo en el juicio ordinario laboral 645/2018. TERCERO. Norma, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. Al rendir el informe justificado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por conducto de su Presidente, manifestó que el acto que se le reclama no era cierto; sin embargo del propio contenido del informe se advierten manifestaciones que entrañan su certeza, pues indicó que el cuatro de octubre de dos mil veintinueve, emitió el laudo respectivo; en virtud de lo anterior, lo procedente es tener por desvirtuada la negativa propuesta, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -seis de septiembre de dos mil veintiuno-, no había emitido el laudo en el juicio laboral de origen; por tanto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierta la omisión reclamada. Lo que además, se corrobora con las documentales que adjuntó al mismo, cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. (Causas de improcedencia).Establecida la existencia de la omisión reclamada, como se precisó en el considerando que precede, se impone analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia en el juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este juzgador lo advierta de oficio, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, de oficio, resulta pertinente analizar la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se advierte de las constancias que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió como justificación al informe. Precepto legal que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Ahora, a efecto de justificar la actualización de la causal invocada, es pertinente fijar su alcance, para lo cual conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad o la abstención de llevar a cabo actuaciones en los términos y condiciones que marca la ley, generan el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, o crean inseguridad jurídica a las partes y las deja en estado de indefensión. Esto lleva aparejado determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo o la obligación de la autoridad de actuar conforme a las normas legales, por estimar que el acto o la omisión son violatorios de los derechos fundamentales, o sus garantías. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos y garantías que un determinado acto u omisión de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce de las prerrogativas que le han sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio constitucional, los que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica de quien obtenga la protección constitucional. Entre dichos requisitos que genera la improcedencia del juicio constitucional (aludidos por la Primera Sala de nuestro Alto Tribunal en sentido positivo) se encuentra la cesación de los efectos del acto reclamado; causal respecto de la que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para su actualización es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado y, además, que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiese otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje huella alguna; tal como puede advertirse de las tesis que se reproducen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En sentido negativo, esto es, cuando se reclaman omisiones, la cesación se presenta cuando la autoridad abandona la contumacia y actúa en el sentido que exige el orden jurídico. Ahora, como se obtiene del escrito que dio origen a este controvertido constitucional la quejosa reclama, en esencia, la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 645/2018, por parte de la autoridad responsable. En ese sentido, de las constancias remitidas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, se aprecia que el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se dictó el laudo dentro del juicio laboral 645/2018, en el que resultó procedente la acción principal intentada por la quejosa. Es verdad, conforme a lo señalado se desprende que se actualiza la referida causal de improcedencia, puesto que la omisión reclamada dejó de existir con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de septiembre de dos mil veintiuno), toda vez que la responsable el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, emitió el laudo en el juicio de origen. En tales condiciones, se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues al ser de carácter negativo, la finalidad del amparo sería obligar a la autoridad responsable a que obrara en el sentido de respetar la garantía contenida en el artículo 17 constitucional y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija; lo que ya ocurrió en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, pues la propia autoridad responsable, ya resolvió el juicio laboral 645/2018. Acerca de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del arábigo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, procede sobreseer en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. En apoyo, se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Atento al sentido del presente fallo, no se entra al estudio del fondo de los conceptos de violación, en virtud de la actualización de la causa de improcedencia estudiada, razón por la que, nada obliga a efectuar el análisis del fondo del asunto, circunstancia que deriva de una elemental lógica, pues ante ella se ha presentado una razón de mayor peso, como lo es una causa de improcedencia, que resulta preferente para su estudio y, al ser fundada, operó como una razón excluyente de todas aquéllas restantes que lo llevarían a efectuar el estudio de la litis planteada, es decir, una vez encontrado el impedimento procesal para conocer de determinado negocio, ilógico resultaría analizar su fondo; por ello, se disipa que no se trata de un pretexto para no entrar al estudio de las cuestiones de fondo, tampoco se traduce en una negación de justicia. Respalda el criterio anterior la jurisprudencia 509 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 77 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Jazmín Reyes del Toro, respecto del acto atribuido a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero de esta sentencia, conforme a los razonamientos expuestos en el diverso cuarto.

  3. Principal

    En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Jazmín Reyes del Toro contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 836/2021. 1.2. Suspensión. Sin lugar a tramitarse por no haberse solicitado. 1.3. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá verificativo a las diez horas con cinco minutos del seis de octubre de dos mil veintiuno, para su verificativo. 1.4. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 1.4.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional; y, 1.4.2. Remitir copia certificada legible de las constancias que evidencien que ha cesado la omisión reclamada. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 1.5. Ministerio público. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. 1.6. Tercero interesado. Resérvese su emplazamiento hasta en tanto obre el informe justificado. 1.7. Domicilio. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda; asimismo, por designadas para esos efectos a las personas que indica. 1.8. Causas de sobreseimiento. Solicítese a las partes que, de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $2,688.60 (dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional), como lo dispone el numeral 251 del citado ordenamiento. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Morelia, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: Correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del juzgado 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.9.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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