Jeanpool Fernando Torres Cueva

Expediente 1957/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1957/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Jeanpool Fernando Torres Cueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a treinta de marzo de dos mil veintitrés. Oficio devuelto. Téngase por recibido únicamente para efectos de control, el oficio enviado por el Subdirector de Amparos Administrativos y Controversias Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México; mediante el cual, devuelve el diverso oficio 4936/2023 dirigido a la autoridad responsable Secretaría de Gobernación, con residencia en esta ciudad, con el cual se pretende notificar el proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, que declaró firme el sobreseimiento fuera de audiencia; toda vez que el presente juicio de amparo se envió al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinte de febrero de dos mil veintitrés. Firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Incidentes. No se ordenó su apertura. Documentos originales. No hay para devolver. Constancias o actuaciones. No hay para devolver. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Oficio devuelto. Finalmente, téngase por recibido únicamente para efectos de control, el oficio enviado por el Subdirector de Amparos Administrativos y Controversias Constitucionales de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México; mediante el cual, devuelve el diverso oficio 2913/2023 dirigido a la autoridad responsable Secretaría de Gobernación, con residencia en esta ciudad, con el cual se pretende notificar el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; toda vez que la determinación a notificar quedó firme en párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Luis Omar Pérez Ochoa, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTE VIA AL QUEJOSO Mexicali, Baja California, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Certificación. Vista la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que la Secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito entabló comunicación telefónica con (A) ********************, promovente de la demanda de amparo, en la que hizo saber a este órgano jurisdiccional que la parte directa quejosa (1) ********************, obtuvo su libertad de las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad; por tanto, se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la parte quejosa 1) ********************, en su escrito inicial demanda -la cual fue ratificada mediante diligencia de siete de diciembre del año en curso- solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "II. ACTOS RECLAMADOS: A.- SUB REPRESENTANTE FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN con sede en MEXICALI baja california. B.- SECRETARIA DE GOBERNACIÓN con residencia en MEXICALI baja california. a. El aseguramiento, alojamiento y detención administrativa, del quejoso, ********************, de nacionalidad PERUANA en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración domicilio conocido por más de 36 horas, Acto que se atribuye en su calidad de ordenadora y ejecutora a las autoridades responsables de la estación migratoria. b. La violación que consagran en los Derechos Humanos, así como los tratados internacionales de los que México forma parte, en razón a los artículos 1, 11, 14, 16, 18, 22, 21 p. tercero, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c. La aplicación incorrecta del Artículo 15 de la ley de migración. d. La violación al Derecho de pedir refugio como lo establece el Artículo 8 de Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, Artículo 5 y 11 de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, ya que se le debe permitir a la persona extranjera al acceso y la integración al país para que obtenga la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural. Así como el Derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de Refugiado. e. La omisión de las Autoridades responsables en: La aplicación de lo dispuesto en el Artículo 52 Fracción V de la Ley de Migración. f. El aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, en la estación migratoria del instituto nacional de migración la incomunicación de la quejosa con su abogado defensor Y amenaza de deportación y traslado a otra ciudad sin juicio previo ni oportunidad de tener una defensa adecuada." Ahora, de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa reclamó como acto destacado, su detención en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, la cual podía concluir con su deportación, extradición, expulsión o retorno asistido a su país de origen. Ahora, de la comunicación telefónica entablada por personal de este órgano jurisdiccional con ********************, promovente de la demanda de amparo, hizo saber a este órgano jurisdiccional que la parte directa quejosa (1) ********************, obtuvo su libertad de las instalaciones de la estación migratoria de esta ciudad. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional volvió al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la jurisprudencia cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas del tres de febrero de dos mil veintitrés. Sin efectos suspensión de plano decretada. Asimismo, se dejan sin efecto legal alguno, las providencias respecto a la suspensión de plano decretadas en auto de radicación de demanda. Notificación por lista. Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de radicación del presente juicio, en el cual se dijo: "Notificación personal. Hágasele todas las notificaciones a la parte quejosa de mérito de manera personal, en el lugar en el que actualmente esté privada de su libertad, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, entregándole para tal efecto copia del auto a notificar; por lo que en el supuesto de ya no encontrarse en las instalaciones migratorias correspondientes las notificaciones aún las personales serán por medio de lista en términos de la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo." Anotaciones. Por último, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese; y, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, a la parte directa quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado que por la vía telegráfica rinde el Director General de Procedimientos Constitucionales en representación del Secretario de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de que se trata, con el cual se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional respectiva. Pruebas. No ofreció. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas para ello en el informe justificado respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Ida Vargas Arias, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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