Jazziel Yusep Angulo Uriarte

Expediente 684/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
684/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
04/10/2019

Partes del expediente

  • Jazziel Yusep Angulo Uriarte

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA ******, NO ATENDIO EL AVISO QUE LE FUE DEJADO EL 7 DE OCTUBRE DE 2019, SE LE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN EL MISMO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE A LA LETRA DICE: Mexicali, Baja California, a cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual remite copia certificada de la resolución del recurso de revisión de fecha veintiséis de septiembre del año en curso; por lo que con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe, sin que en el presente contradictorio federal sea necesario poner a la vista de las partes las constancias de cuenta, virtud de las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que integran el presente contradictorio federal, se desprende que la parte quejosa reclamó del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar la correspondiente sentencia dentro del expediente número ****** Por tanto, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo precepto legal que establece: "61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [. . .]" La cesación de efectos se ha interpretado como aquélla situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Ello genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la quejosa, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la quejosa es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Criterio aplicable en tanto que no se oponen a la presente Ley de Amparo, por lo que continua su vigencia, conforme al artículo sexto transitorio de la ley de la materia. De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. [.] En el caso concreto, la parte quejosa se duele de la omisión del del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, de dictar la correspondiente sentencia dentro del expediente número 3384/2016 S.S. Sin embargo, de las constancias allegadas en esta misma fecha por la Secretaria General de Acuerdos del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, se advierte que la citada autoridad responsable, dictó la resolución del recurso de revisión, en fecha veintiséis de septiembre del año en curso; dentro del expediente ******, promovido por ******(aquí quejoso), contra la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Publica de Tijuana y otra autoridad; documental que tiene valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Por tanto, si la parte gestora del amparo se adolece en este juicio de amparo de la omisión por parte de autoridad responsable de dictar la resolución respectiva dentro del expediente número ****** solicitando el amparo para efecto de que lo hiciera; en consecuencia se está en presencia de una situación que destruyó los efectos del acto negativo que motivó el amparo, y con ello se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla omisión, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo, y ocasiona el sobreseimiento del presente en términos del diverso ordinal 63, fracción V, de esa legislación. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. [...] Cabe señalar que el Máximo Tribunal de la Nación ha determinado que el análisis de los actos reclamados deben delimitarse a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, por lo que no puede extenderse dicho análisis al cumplimiento de los plazos y términos subsecuentes. [...] Jurisprudencias que resultan aplicables y se encuentran vigentes de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, al no oponerse a las disposiciones de ésta. Se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del ocho de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración, las once horas con veinte minutos del ocho de octubre de dos mil diecinueve.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes, y toda vez que de la lectura de la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que les fue otorgado a los licenciados mediante auto de veintidós de agosto del año en curso, en el que se le requirió para que mediante escrito aceptaran y protestaran el cargo conferido por la parte quejosa; sin que a la fecha hubieren hecho manifestación alguna. Efectivo apercibimiento. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado acuerdo y, por tanto, ténganseles como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas antes citados.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali · 7,690 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano