Jazmín Hernández Acevedo

Expediente 379/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 35 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
379/2021
Año
2021
Actuaciones
35
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Jazmín Hernández Acevedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°; agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, la copia simple del proveído de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal del juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno incidental, tal y como esta ordenado en dicho auto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, es susceptible de depuración conservándose únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento, ya sea provisional, definitiva y/o violación; y, en cuanto al resto de las constancias que lo integran procédase a su desintegración material.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. MARIELLA JARAMILLO PINEDA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.84.54 16/05/24 18:36:30 Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, tanto el expediente principal, como el duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, son susceptibles de destrucción; el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el expediente principal, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 379/2021, promovido por ****, por derecho propio, y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales M.L. H. y L.L.H., contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el doce de abril de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito, Jazmín Hernández Acevedo, por derecho propio, y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales M.L.H. y L.L.H., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: "[.] "III.- AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: a).- C. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES [.] IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Reclamo de la autoridad responsable Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares: El infundado e ilegal AUTO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, dictado en el juicio de guarda y custodia, con número de expediente 147- 1/2018; mediante el cual se ordena la convivencia de los menores hijos MAR y LOT de apellidos LEDESMA HERNÁNDEZ con su progenitor, bajo un RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS INADECUADO Y QUE PONE. EN RIESGO LA SALUD, INTEGRIDAD Y SANO DESARROLLO DE LOS MENORES, LO OUE CONTRAVIENE el INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR." SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 379/2021; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se solicitó al Delegado en el Estado de Guerrero del Instituto Federal de Defensoría Pública, designara un representante especial a los menores de referencia. Además, se tuvo como tercero interesado a Gilberto Ledesma Pérez, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b) de la ley de la materia, quien fue emplazado como se desprende las constancias de autos. De igual manera, mediante por comparecencia de veintiuno y auto de veintitrés, ambos de abril del año en curso, en el que se tuvo por designada a la licenciada Noemí Carreón Mata, Asesora Jurídica Federal, adscrita a la Delegación Guerrero del Instituto Federal de Defensoría Pública, como representante de los menores de iniciales M. L. H. y L. L. H. En dieciséis de agosto del año que transcurre, previos diferimientos de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado asentado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos atribuidos a una autoridad judicial con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamados que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto, acorde con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 40/2000 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."2; por lo que, el suscrito concluye que el reclamado por la parte quejosa en esta vía constitucional, consiste en: ? El proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 147-1/2018, del índice de la responsable, en el que se estableció el régimen de convivencia de los menores de iniciales M. L. H. y L. L. H., con su progenitor Gilberto Ledesma Pérez. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia del acto reclamado; lo anterior, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo; es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia XVII.2º. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Abril de 1994, página 68, de rubro: "ACTOS 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32. RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.". La autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, reconoció como cierto el acto reclamado, por lo que debe acogerse positivamente la manifestación de su existencia. Encuentra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.", visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, página ochocientos treinta. Certeza que se corrobora con las documentales que anexó, relativas al juicio civil 147-1/2018, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo segundo, al haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable, en cuanto a la documental la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Apéndice, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres. QUINTO. Causales de Improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo3; asimismo, en términos de la tesis de jurisprudencia número II.1o. J/5, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." 3 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". En el presente asunto, quien ahora resuelve advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los actos del acto reclamado." De la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Orienta a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491). Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto contenido en el inciso b). Para demostrar lo anterior, es oportuno señalar que el proveído motivo del presente juicio de amparo, emitido por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, el treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual estableció que las convivencias entre los menores de iniciales M. L. H. y L. L. H., con su progenitor Gilberto Ledesma Pérez, en el juico civil de origen 147-1/2018, se realizarían en forma externa (libre tránsito) los días sábado de cada semana, en un horario comprendido de las diez a las diecisiete horas, proveído que es del tenor siguiente: Ahora bien, la juez responsable el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dicta un diverso acuerdo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio 68/2020, en relación y forma en que se llevaran a cabo las convivencias entre los menores de iniciales M. L. H. y L. L. H., con su progenitor Gilberto Ledesma Pérez, siendo del tenor siguiente: Por tanto, es claro que el proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el que se establecieron las convivencias entre los menores de iniciales M. L. H. y L. L. H., con su progenitor Gilberto Ledesma Pérez, en el juico civil de origen 147-1/2018, se realizarían en forma externa (libre tránsito) los días sábado de cada semana, en un horario comprendido de las diez a las diecisiete horas, fue sustituido procesalmente por el diverso de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el que se estableció la manera y forma en que se llevarían a cabo las convivencias entre los menores de edad y el tercero interesado, atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 68/2020, de esta estadística, proveído que se le hizo del conocimiento a las partes en sumario civil de origen. Consecuentemente, no podría estudiarse la legalidad del acto reclamado, sin afectar el nuevo pronunciamiento que se hizo los autos del juicio civil de origen el veinticuatro de mayo del año en curso, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado, como ya se evidenció. Orienta a lo anterior, por las razones jurídicas que aporta, la tesis III.2o.C.J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1579) Asimismo, es aplicable la tesis V.5o.1K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 845) En consecuencia, si la autoridad responsable emitió un acuerdo el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio subyacente; resulta evidente, que cesaron los efectos de los actos combatidos en el presente juicio y en tal virtud, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, por lo cual, con fundamento en la fracción V, de su artículo 63, del aludido ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210) La conclusión que antecede, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo 2014, Tomo II, página mil novecientos cuarenta y siete. Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa contra el acto reclamado aquí estudiado, al no ser factible en ese tenor, el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, página ciento quince. Finalmente, se precisa que en atención al sentido del presente fallo, no se analizarán los alegatos hechos valer por la Asesora Jurídica Federal, en su carácter de representante especial de los menores de iniciales M. L. H. y L. L. H,, así como los diversos formulados por el tercero interesado, ya que éstos no forman parte de la litis, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones. Confirma tal aserto, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 80, Agosto de 1994, Página catorce. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ****, por derecho propio, y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales M.L.H. y L.L.H., contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta el día de hoy veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO LA SENTENCIA DE VEINTITRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE INDICA: VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 379/2021, promovido por ****, por derecho propio, y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales M.L. H. y L.L.H., contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el doce de abril de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito, Jazmín Hernández Acevedo, por derecho propio, y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales M.L.H. y L.L.H., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: "[.] "III.- AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: a).- C. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES [.] IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Reclamo de la autoridad responsable Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares: El infundado e ilegal AUTO DE FECHA 30 DE MARZO DE 2021, dictado en el juicio de guarda y custodia, con número de expediente 147- 1/2018; mediante el cual se ordena la convivencia de los menores hijos MAR y LOT de apellidos LEDESMA HERNÁNDEZ con su progenitor, bajo un RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS INADECUADO Y QUE PONE. EN RIESGO LA SALUD, INTEGRIDAD Y SANO DESARROLLO DE LOS MENORES, LO OUE CONTRAVIENE el INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR." SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 379/2021; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se solicitó al Delegado en el Estado de Guerrero del Instituto Federal de Defensoría Pública, designara un representante especial a los menores de referencia. Además, se tuvo como tercero interesado a Gilberto Ledesma Pérez, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b) de la ley de la materia, quien fue emplazado como se desprende las constancias de autos. De igual manera, mediante por comparecencia de veintiuno y auto de veintitrés, ambos de abril del año en curso, en el que se tuvo por designada a la licenciada Noemí Carreón Mata, Asesora Jurídica Federal, adscrita a la Delegación Guerrero del Instituto Federal de Defensoría Pública, como representante de los menores de iniciales M. L. H. y L. L. H. En dieciséis de agosto del año que transcurre, previos diferimientos de ley, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado asentado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos atribuidos a una autoridad judicial con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamados que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto, acorde con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 40/2000 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."2; por lo que, el suscrito concluye que el reclamado por la parte quejosa en esta vía constitucional, consiste en: ? El proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio 147-1/2018, del índice de la responsable, en el que se estableció el régimen de convivencia de los menores de iniciales M. L. H. y L. L. H., con su progenitor Gilberto Ledesma Pérez. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia del acto reclamado; lo anterior, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo; es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia XVII.2º. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Abril de 1994, página 68, de rubro: "ACTOS 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32. RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.". La autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, reconoció como cierto el acto reclamado, por lo que debe acogerse positivamente la manifestación de su existencia. Encuentra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.", visible en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, página ochocientos treinta. Certeza que se corrobora con las documentales que anexó, relativas al juicio civil 147-1/2018, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo segundo, al haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Es aplicable, en cuanto a la documental la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Apéndice, Tomo VI, página ciento cincuenta y tres. QUINTO. Causales de Improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia representa una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo3; asimismo, en términos de la tesis de jurisprudencia número II.1o. J/5, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." 3 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". En el presente asunto, quien ahora resuelve advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los actos del acto reclamado." De la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. Orienta a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491). Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto contenido en el inciso b). Para demostrar lo anterior, es oportuno señalar que el proveído motivo del presente juicio de amparo, emitido por la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, el treinta de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual estableció que las convivencias entre los menores de iniciales M. L. H. y L. L. H., con su progenitor Gilberto Ledesma Pérez, en el juico civil de origen 147-1/2018, se realizarían en forma externa (libre tránsito) los días sábado de cada semana, en un horario comprendido de las diez a las diecisiete horas, proveído que es del tenor siguiente: Ahora bien, la juez responsable el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, dicta un diverso acuerdo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio 68/2020, en relación y forma en que se llevaran a cabo las convivencias entre los menores de iniciales M. L. H. y L. L. H., con su progenitor Gilberto Ledesma Pérez, siendo del tenor siguiente: Por tanto, es claro que el proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el que se establecieron las convivencias entre los menores de iniciales M. L. H. y L. L. H., con su progenitor Gilberto Ledesma Pérez, en el juico civil de origen 147-1/2018, se realizarían en forma externa (libre tránsito) los días sábado de cada semana, en un horario comprendido de las diez a las diecisiete horas, fue sustituido procesalmente por el diverso de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el que se estableció la manera y forma en que se llevarían a cabo las convivencias entre los menores de edad y el tercero interesado, atendiendo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el juicio 68/2020, de esta estadística, proveído que se le hizo del conocimiento a las partes en sumario civil de origen. Consecuentemente, no podría estudiarse la legalidad del acto reclamado, sin afectar el nuevo pronunciamiento que se hizo los autos del juicio civil de origen el veinticuatro de mayo del año en curso, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado, como ya se evidenció. Orienta a lo anterior, por las razones jurídicas que aporta, la tesis III.2o.C.J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1579) Asimismo, es aplicable la tesis V.5o.1K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 845) En consecuencia, si la autoridad responsable emitió un acuerdo el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio subyacente; resulta evidente, que cesaron los efectos de los actos combatidos en el presente juicio y en tal virtud, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, por lo cual, con fundamento en la fracción V, de su artículo 63, del aludido ordenamiento legal, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." (Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210) La conclusión que antecede, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo 2014, Tomo II, página mil novecientos cuarenta y siete. Es oportuno indicar que dado el sobreseimiento decretado, no es posible analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa contra el acto reclamado aquí estudiado, al no ser factible en ese tenor, el estudio del fondo del asunto. Es aplicable al caso concreto, la tesis V.2o. J/15, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.", visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1992, página ciento quince. Finalmente, se precisa que en atención al sentido del presente fallo, no se analizarán los alegatos hechos valer por la Asesora Jurídica Federal, en su carácter de representante especial de los menores de iniciales M. L. H. y L. L. H,, así como los diversos formulados por el tercero interesado, ya que éstos no forman parte de la litis, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones. Confirma tal aserto, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 80, Agosto de 1994, Página catorce. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXI, y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ****, por derecho propio, y en representación de los menores de identidad reservada con iniciales M.L.H. y L.L.H., contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta el día de hoy veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido por Omar Tomás Velázquez López, Secretario que autoriza. Doy fe

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