Jazmín Hernández Acevedo
Expediente 54/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jazmín Hernández Acevedo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los artículos 21, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, tanto el expediente principal, como el duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, son susceptibles de destrucción; por tanto, el duplicado una vez que transcurra el término de seis meses y el expediente principal, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo se destruirán. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se declara que es susceptible de depuración el original del ?????? incidente de suspensión; en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la demanda, las resoluciones del otorgamiento de la suspensión y, en su caso, violación a la misma, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva; consecuentemente, en su momento procédase al desglose de las demás constancias que lo integran para su destrucción. Agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata. Por otra parte, de los presentes autos se aprecia que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente 147/2018- 1, con el que se formó un tomo de pruebas por separado; por tanto, dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido se ordena devolverlas, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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CITATORIO. SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2021, QUE DICE: ÚNICO. SE SOBRESEE...
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiséis de enero de dos mil veintiuno. VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 54/2020, promovido por ****, por derecho propio, y en el ejercicio de la patria potestad de los menores M.L.H. y L.L.H., contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito, Jazmín Hernández Acevedo, por derecho propio, y en el ejercicio de la patria potestad de los menores M.L.H. y L.L.H., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLES: a).- C. JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, (.). IV.- ACTOS RECLAMADOS.- RECLAMO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: EL INFUNDADO E ILEGAL AUTO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADO EN EL JUICIO DE GUARDA Y CUSTODIA, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 147-1/2018, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES; MEDIANTE EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE REQUIERE A LA SUSCRITA PROGENITORA DE LOS MENORES HIJOS MAR Y LOT DE APELLIDOS LEDESMA HERNÁNDEZ LA CONVIVENCIA DE LOS MENORES CON SU PROGENITOR BAJO UN RÉGIMEN DE CONVIVENCIAS INADECUADO Y QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y SANO DESARROLLO DE LOS MENORES, LO QUE CONTRAVIENE EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos humanos transgredidos los contenidos en los numerales 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes de los actos reclamados que estimó conducentes. TERCERO. Tramitación del juicio. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, la cual se registró bajo el número 54/2020; solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete; instruyó la designación de un representante especial a los menores M.L.H. y L.L.H., designándose para tal efecto a Noemí Carreón Mata, Asesora Jurídico Federal adscrita al Instituto Federal de Defensoría Pública Delegación Guerrero; comisionó el emplazamiento del tercero interesado ****, quien por ocurso de diez de febrero de dos mil veinte, se apersonó al presente juicio; y, finalmente, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos se llevó a cabo su celebración al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes: C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; así como conforme al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior, porque el presente asunto se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos que se atribuyen a una autoridad que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, ya que constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene que la parte quejosa reclama: a)El auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio relativo a la pérdida de la patria potestad con número de expediente 147-1/2018, promovido por Gilberto Ledesma Pérez, en contra de Jazmín Hernández Acevedo, mediante el cual, se determina incumplimiento por la demandada para presentar a los menores de edad para la convivencia con su padre, y se le requiere nuevamente para que presente a los menores en las condiciones pactadas en auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve; y, b)Las consecuencias jurídicas que se deriven del auto impugnado. 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. CUARTO. Oportunidad en la demanda. La demanda se presentó dentro del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, debido a que el acto reclamado fue notificado el catorce de enero de dos mil veinte; por lo que el plazo transcurrió del dieciséis de enero al seis de febrero. Luego, si el escrito de demanda se presentó el veintidós de enero de dos mil veinte, es inconcuso que se interpuso en tiempo. QUINTO. Certeza del Acto. Una vez que se llevó a cabo la fijación clara y precisa de los actos reclamados, este órgano jurisdiccional de amparo analizará su certeza o inexistencia, en observancia a la tesis de jurisprudencia número XVII.2o. J/10, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO."3 Debe tenerse por cierto el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, pues así lo manifestó al rendir informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas del expediente generador 147-1/2018, documental que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, encuentra aplicación el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia localizable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, página 830, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". De igual forma, soporta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." 3 Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, tomo 76, abril de 1994, Octava Época, materia común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto resulta conveniente reseñar los antecedentes relevantes que se advierten de las constancias del expediente generador 147-1/2018. En proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, el juez responsable determinó autorizar la convivencia de los menores M.L.H. y L.L.H., con su progenitor, aquí tercero interesado, en forma externa (libre tránsito) de la Unidad de Atención Jurídica Integral Acapulco del Consejo de la Judicatura del Estado, en un horario de las diez a las diecisiete horas, los días sábados de cada semana, en la modalidad de entrega-recepción de los citados menores que se llevara a cabo en las instalaciones de la citada unidad de atención jurídica (fojas 1 a 4, tomo de pruebas), proveído que le fue notificado a la aquí quejosa el siete de noviembre de dos mil diecinueve (foja 35, tomo de pruebas). El juez responsable en proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, a fin de verificar si se estaban llevando a cabo las convivencias en mención, requirió a la directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura Federal para que informara al respecto (foja 55, tomo de pruebas). En proveído de diecinueve del citado mes, dicho juzgador con el informe de la citada unidad jurídica, en el sentido de que la demandada no presentó a los menores en los términos que le fueron señalados, le requirió nuevamente en los mismos términos, y le apercibió que de incumplir con dicha determinación, se le impondría una multa de cincuenta días de salario mínimo, a favor del fondo auxiliar para la Administración de Justicia, proveído que notificó a la demandada al día siguiente -veinte de noviembre- (fojas 57, tomo de pruebas). Por auto de veinte de noviembre de dos mil diecinueve, el juez responsable requirió nuevamente a la titular de la unidad referida para que informara si se llevó a cabo la entrega y regreso de los menores por parte de la demandada el veintitrés de noviembre citado (foja 61, tomo de pruebas). En proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, el juez responsable con sustento en la información proporcionada por la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral Acapulco del Consejo de la Judicatura del Estado, en el sentido de que la demandada Jazmín Hernández Acevedo, no había presentado a los menores ante esa unidad jurídica; hizo efectivo apercibimiento y le impuso una multa de cincuenta días de salario mínimo, que asciende a la cantidad de $5,134.00 (cinco mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), ordenando su pago a través del depósito respectivo, de lo contrario se iniciaría el procedimiento económico coactivo, y la requirió nuevamente para que cumpliera con lo ordenado en proveído de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, con el apercibimiento que de no hacerlo se le duplicaría la multa impuesta, proveído que le fue notificado el cuatro siguiente (fojas 80 a 84, tomo de pruebas). En proveído de trece de diciembre de dos mil diecinueve, el juez responsable determinó nuevamente incumplimiento por la demandada para presentar a los menores de edad para la convivencia con su padre, y en consecuencia, hizo efectivo apercibimiento, imponiendo a aquélla, una multa por la cantidad de $10,162.00 (diez mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), y le requirió nuevamente para que presentara a los menores en las condiciones pactadas en el aludido auto de veinticinco de octubre del citado año, con el apercibimiento de arresto en caso de no hacerlo (foja 106, tomo de pruebas); acuerdo este último que le fue notificado a la demandada el catorce de enero de dos mil veinte (foja 117, tomo de pruebas). En proveído de trece de enero de dos mil veinte, el juez responsable ordenó girar oficio al Secretario de Administración y Finanzas del Estado, para el cobro de la multa impuesta a la demandada de referencia, y además solicitó a la directora del (CECOFAM) Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Acapulco del Consejo de la Judicatura Federal, informara si la demandada presentó a los menores de edad los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve, cuatro, cinco, once y doce, de enero de dos mil veinte, con apercibimiento de multa de cincuenta días en caso de no hacerlo (fojas 113 y 114, tomo de pruebas). En proveído de veinticuatro de enero de dos mil veinte, el juez responsable, entre otros aspectos, determinó, con base en el informe que rindió la institución requerida - CECOFAM-, en el sentido de que la demandada no presentó a los mencionados infantes en las fechas citadas, hacer efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de diciembre y ordenó su arresto de seis horas, conforme al artículo 144, fracción III, del Código Procesal civil en vigor, por lo que ordenó girar oficio al Director de Seguridad Pública de esta ciudad para su ejecución (fojas 121 y 122, tomo de pruebas). Hasta aquí la relatoría de los antecedentes de los actos reclamados. Ahora bien, de la lectura de las actuaciones que integran el diverso juicio de amparo 68/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, mismas que resultan ser un hecho notorio para este juzgador en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se constata diversas actuaciones llevadas a cabo por el juez responsable dentro del expediente generador 147-1/20184; observándose que en proveído de veintisiete de enero de dos mil veinte, el juez responsable en cumplimiento a la suspensión provisional concedida en los cuadernos incidentales formados con motivo de la substanciación del 4 Ordenándose integrar al presente juicio de amparo, copias certificadas del cuarto legajo de pruebas para mayor referencia de lo expuesto y para certeza de las partes, así como del procedimiento. presente juicio de amparo, ordenó girar oficio a la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada Acapulco del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, para informarle que la convivencia de los menores M.L.H. y L.L.H., con su progenitor Gilberto Ledesma Pérez, debían continuarse en la forma en la que venían estado llevándose, precisándole que éstas serían los sábados de cada semana, en un horario de las diez a las trece horas del día. De igual forma, se observa la emisión de los proveídos de siete, trece, diecisiete y veinticinco, de febrero, diecisiete y doce de marzo y cuatro de septiembre de dos mil veinte, en los que la autoridad judicial responsable tuvo por recibidos los informes de la Directora del Centro de Convivencia Familiar Supervisada Acapulco, con los que remitió los reportes de convivencia familiar de manera supervisada entre los menores de edad con su padre, correspondientes a los días veinticinco y veintisiete de enero de dos mil veinte, uno, ocho, quince, veintidós y veintinueve de febrero, siete y catorce de marzo de dos mil veinte. Pero sobre todo, en lo que interesa, se observa que por auto de ocho julio de dos mil veinte, el juez responsable en atención al interés superior de los menores, ordenó que la convivencia de éstos con su padre se realizaran a través de videollamadas o videoconferencia, atendiendo a la emergencia sanitaria que se vive en nuestro país por el coronavirus (covid19), pues estimó arriesgado llevar las convivencias de manera personal en el que se tenga por transportar a los menores, desde el domicilio en el que se encuentran viviendo hasta donde se ubican las instalaciones del Centro de Convivencias Familiares (CECOFAM), por lo que giró oficio a la titular de esta institución, para que supervisara la verificación de esas convivencias, y requirió a Las partes proporcionaran sus números telefónicos para efecto de que se llevaran a cabo las mismas. SÉPTIMO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferencial, debe examinarse lo relativo a la procedencia del amparo, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." La improcedencia del juicio constitucional, es una figura jurídica que se traduce en la imposibilidad de los juzgadores de amparo, para analizar la irregularidad que el gobernado atribuye a un acto de autoridad, conforme a los parámetros de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad que sean aplicables; de modo tal que cuando se actualiza representa un obstáculo para realizar un estudio de fondo. En ese contexto, el suscrito juzgador advierte de oficio que respecto a los actos reclamados por la quejosa Jazmín Hernández Acevedo, por derecho propio, y en el ejercicio de la patria potestad de los menores M.L.H. y L.L.H., al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, consistentes en el auto dictado el trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el expediente 147-1/2018, mediante el cual, se determina incumplimiento por la demandada para presentar a los menores de edad para la convivencia con su padre, y se le requiere nuevamente para que presente a los menores en las condiciones pactadas en auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve (libre tránsito de la Unidad de atención Jurídica Integral Acapulco del Consejo de la Judicatura del Estado, en un horario de las diez a las diecisiete horas, los días sábados de cada semana, en la modalidad de entrega-recepción de los citados menores que se llevara a cabo en las instalaciones de la citada unidad de atención Jurídica); y, sus consecuencias jurídicas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo al haberse actualizado un cambio de situación jurídica. Para justificar lo anterior, se estima pertinente citar el texto del artículo y fracción citados de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." En efecto, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el precepto legal transcrito, la instancia constitucional es improcedente cuando con posterioridad al acto reclamado en la demanda de amparo recae una determinación en el propio procedimiento seguido por la autoridad responsable que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa, por virtud del acto que reclamó en el amparo, porque no puede decidirse sobre su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica. Conforme a su texto, la improcedencia se actualiza cuando concurran los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, sea pronunciada una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, aun cuando el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior tiene sustento en la tesis 2a. CXI/965, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En ese tenor, para que exista un cambio de situación jurídica resulta indispensable que con posterioridad a la presentación de la demanda se emita un nuevo acto dentro del mismo procedimiento que venga a modificar esa situación, y que no sea factible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Inclusive, para que una resolución emitida dentro de un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio provoque un cambio de situación jurídica, resulta necesario que el acto cuya constitucionalidad se reclamó sirva de sustento a la determinación que provoca el cambio y, de acontecer esto último, se advierta que, por haberse dictado en una diversa etapa, sea autónomo e independiente del nuevo acto, de modo 5 Visible en la página 219, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, Novena Época, registro 199808. que éste pueda subsistir, con independencia de que el impugnado resulte o no inconstitucional. En el caso a estudio, se determina que se colman los anteriores requisitos, que hacen patente la improcedencia del presente juicio de amparo. Como ya quedó precisado, en el caso, el acto reclamado lo constituye el auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio relativo a la pérdida de la patria potestad con número de expediente 147-1/2018, promovido por Gilberto Ledesma Pérez, en contra de Jazmín Hernández Acevedo, mediante el cual, se determina incumplimiento por la demandada para presentar a los menores de edad para la convivencia con su padre, y se le requiere nuevamente para que presente a los menores en las condiciones pactadas en auto de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. En efecto, se destaca que la autoridad responsable a través del acto reclamado, ordenó requerir nuevamente a la demandada para que dé cumplimiento a lo ordenado en auto del veinticinco de octubre de año pasado, es decir, presente a sus menores hijos los días sábados de cada semana en las instalaciones de la Unidad de atención Jurídica Integral Acapulco del Consejo de la Judicatura del Estado, en un horario de las diez de la mañana y recibirlos a las diecisiete horas del mismo día, en la referida unidad para la realización de las convivencias establecidas en el auto referido en último término, apercibiéndole que de no hacerlo se le impondría un arresto, tal como lo establece el artículo 144, fracción III, del Código Procesal Civil en vigor. Empero, por diverso auto de ocho julio de dos mil veinte, el juez responsable en atención al interés superior de los menores, ordenó que la convivencia entre éstos con su padre se realizara a través de videollamadas o videoconferencias, atendiendo a la emergencia sanitaria que se viven en nuestro país por el coronavirus (covid19), pues estimó arriesgado llevar las convivencias de manera personal en el que se tenga por transportar a los menores, desde el domicilio en el que se encuentran viviendo hasta donde se ubican las instalaciones del Centro de Convivencias Familiares (CECOFAM), por lo que giró oficio a la titular de esta institución, para que supervisara la verificación de esas convivencias, y requirió a Las partes proporcionaran sus números telefónicos para efecto de que se llevaran a cabo las mismas De lo que se desprende que si la quejosa reclama el auto dictado el trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio relativo a la pérdida de la patria potestad con número de expediente 147-1/2018; empero, por auto de ocho julio de dos mil veinte, el juez responsable en atención al interés superior de los menores, ordenó que la convivencia entre éstos con su padre se realizara a través de videollamadas o videoconferencias, atendiendo a la emergencia sanitaria que se viven en nuestro país por el coronavirus (covid19); ello motiva la existencia de un cambio de situación jurídica. Es decir, la situación jurídica en la que se encontraba el régimen de convivencias de los menores M.L.H. y L.L.H.,con su padre Gilberto Ledesma Pérez, al momento en que se promovió la demanda de amparo, es distinta y autónoma a la actual; ya que en proveído de ocho julio de dos mil veinte, el juez responsable en atención al interés superior de los menores, ordenó que la convivencia entre éstos con su padre se realizara a través de videollamadas o videoconferencias, atendiendo a la emergencia sanitaria que se viven en nuestro país por el coronavirus (covid19). Lo anterior -sin que implique un pronunciamiento de la legalidad de la determinación adoptada por la autoridad responsable-, atendiendo precisamente la corta edad de los infantes, así como las providencias necesarias para su resguardo e incluso limitar su asistencia de manera física, frente al hecho notorio que actualmente en el mundo prevalece la contingencia por el virus denominado Covid-19 y acorde a los lineamientos precisados en el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.C.T.36 C (10a.), Décima Época, Registro: 2022082, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, consultable en la página 977, del siguiente tenor: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES, FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE, CORRESPONDE PRIVILEGIAR SU DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD, SOBRE EL DERECHO A LA CONVIVENCIA CON AQUÉLLOS, POR ENDE, EL JUEZ DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ESTA ÚLTIMA SE EFECTÚE A DISTANCIA. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 23 dispone que las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez; de manera que el derecho del infante a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional; sin embargo, puede suspenderse cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar su interés superior. Luego, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control, entre las que prevalecen el resguardo domiciliario corresponsable; que consiste en la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular el mayor tiempo posible. Bajo ese contexto, tratándose del régimen de visitas y convivencias del infante con uno de sus padres durante la situación pandémica en cuestión, debe estimarse que el solo hecho de sustraer al infante de su domicilio, trasladarlo e incorporarlo a un nuevo ambiente, implica realizar un evento que lo hace más propenso a contraer el virus, lo que conllevaría poner en riesgo su salud y, en consecuencia, la vida; por ende, atento al interés superior de aquél, corresponde privilegiar su derecho a la vida y la salud sobre el de convivir con su progenitor, el cual se limitará a una modalidad a distancia, por lo que el órgano jurisdiccional debe procurar el resguardo del infante y dictar las providencias necesarias, según las particularidades del caso, para el desarrollo de la convivencia a distancia a través de los medios de comunicación disponibles, y a los que se pudiera tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, u otros similares, con la regularidad suficiente, a fin de mantener comunicación continua entre el infante y su progenitor, estableciendo como obligación del progenitor con quien cohabite, el permitir el sano desarrollo de tales convivencias, de manera que se lleven a cabo en forma libre y espontánea." En tal virtud, no puede decidirse la situación reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica creada, por virtud de que el juez de origen dejó por el momento sin efectos el régimen de convivencia en forma externa de los menores M.L.H. y L.L.H. (libre tránsito de la Unidad de atención Jurídica Integral Acapulco del Consejo de la Judicatura del Estado, en un horario de las diez a las diecisiete horas, los días sábados de cada semana, en la modalidad de entrega-recepción de los citados menores que se llevara a cabo en las instalaciones de la citada unidad de atención Jurídica); puesto que atendiendo la emergencia sanitaria que se viven en nuestro país por el coronavirus (covid19), ordenó que tal régimen de convivencia se realizara a través de videollamadas o videoconferencia; circunstancia que imposibilita analizar la constitucionalidad del acto combatido en la demanda y precisado en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVII, y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis6, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o 6 Visible en la página 145, tomo VIII, septiembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 221961. constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resuelta conforme a derecho, esta es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógica y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso." En este orden de ideas, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo promovido por Jazmín Hernández Acevedo, por derecho propio, y en el ejercicio de la patria potestad de los menores M.L.H. y L.L.H., respecto de los actos reclamados al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, que fueron antes precisados, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 63, de la Ley de Amparo. En virtud de que se actualizó una causa de improcedencia respecto de los actos reclamados en la demanda generadora de este juicio, es innecesario analizar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.1o. J/237, 7 Visible en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, Octava Época, registro 226555. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 54/2020 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 17 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, se precisa que no se analizarán las manifestaciones que en vía de alegatos hizo valer la asesora jurídico federal Noemí Carreón Mata, en su calidad de representante especial de los menores, y los diversos formulados por el tercero interesado, ya que no forman parte de la litis, pues únicamente constituyen opiniones el fundamento de sus pretensiones. Confirma lo anterior, la jurisprudencia 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dispone: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO"8. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 65, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Visto; se tiene por recibido el escrito con la evidencia criptográfica correspondiente de Lenin Braine Dolores Díaz, autorizado por la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; atento a su contenido y como lo solicita se autoriza a Lenin Braine Dolores Díaz, para consultar el expediente electrónico; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona en su ocurso de cuenta, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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