Jaziel Vásquez Díaz
Expediente 1054/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jaziel Vásquez Díaz
Actuaciones
- Principal
PRLA.1054/2019-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. ... Notifíquese personalmente. ...
- Principal
CR-PRAL.1054/2019-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de diciembre de dos mil diecinueve. Se ordena devolver documental. Agréguese el escrito signado por el quejoso Jaziel Vásquez Díaz; mediante el cual solicita la devolución del recibo de pago original de dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve, que adjuntó a su demanda de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, previo cotejo que se realice de la citada documental, con la copia simple que exhibe, devuélvase la misma. Téngase por autorizados para recibirlas a las personas que faculta para ello, previa identificación y razón de entrega que se dejen en este expediente. Se forma cuaderno relacionado. Toda vez que el juicio de amparo 1054/2019 se encuentra en la actuaría de este Juzgado para notificación personal, fórmese cuaderno relacionado y, en su oportunidad, sin ulterior acuerdo, glósese al expediente del cual deriva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1054/2019-6A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. ... Notifíquese personalmente. ...
- Principal
NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. 1. Demanda de amparo y registro. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el tres del actual, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, promovida por el quejoso Jaziel Vásquez Díaz, por propio derecho, contra un acto del juez calificador del Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, y de otra autoridad; por tanto, con la boleta de turno de amparos indirectos, con la demanda y con este proveído, fórmese el expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 1054/2019. 2. Desechamiento. En el caso, se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en estricta observancia a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, pues conforme a la lectura integral de su escrito queda de manifiesto que el medio de control constitucional que intenta, es evidente e indudablemente improcedente, al no haberse agotado el principio de definitividad, ni actualizarse excepción alguna, como presupuesto para promover el amparo en la vía indirecta, por lo que se actualiza la causal que más adelante se mencionará. El numeral citado en último término establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" La anterior disposición legal es el fundamento con el cual este órgano jurisdiccional estima que se debe desechar la demanda de amparo; además, es ineludible precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho; esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; por lo que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta, es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Tiene aplicación la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 180663, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Jaziel Vásquez Díaz reclama lo siguiente (foja 2 vuelta): ".La imposición de la multa económica por conducir en estado de ebriedad, conmutable por el arresto administrativo, misma que ascendió a la cantidad de $4,700.00 (cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.), la cual pague y solicito la devolución de esta cantidad, más actualizaciones e intereses como pago de lo indebido, correspondiente a un perjuicio ocasionado al que suscribe." 2.1 Antecedentes. A fin de establecer el motivo por el cual se ve actualizada la causa de improcedencia precisada con antelación, se estima necesario indicar que dentro de los hechos que narró el quejoso como antecedentes del acto que pretende reclamar por esta vía, se tiene que a) el dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve fue interceptado por un operativo de alcoholímetro realizado por elementos de la policía vial del Municipio de Santa Lucía del Camino, que se encontraba en el crucero de Avenida Hornos y Avenida Ferrocarril; b) posteriormente, le realizaron la prueba de alcoholímetro y sin darle a conocer el resultado de la misma, le manifestaron que se subiera a una patrulla porque se encontraba detenido y lo pondrían a disposición del juez Calificador; c) finalmente, pagó una multa económica por la cantidad de $4,700.00 (cuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.), y quedó en libertad (fojas 2 vuelta y 3). Hechas estas precisiones y considerando que el acto reclamado (imposición de una multa) proviene de un procedimiento administrativo, pues está vinculado con la detención realizada con motivo del operativo vial (alcoholímetro); por tanto, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Del mencionado numeral se puede advertir que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes, de oficio o con la sola interposición del recurso, se suspendan los efectos del acto. En ese sentido, el principio de definitividad, que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa, previo a su promoción, debe acudir a las instancias ordinarias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. 2.2 Legislación aplicable. Al respecto, los artículos 1, 2, 3, 17, 22, 23, 98, 133, 163 y 166, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en lo sustancial, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. La presente Ley no será aplicable a las materias de carácter electoral, de justicia agraria y laboral, resoluciones administrativas que tengan relación con la defensa de los derechos humanos, con las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; ni por las dictadas por la Fiscalía General de Estado en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos o de la representación social, ni con los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, así mismo tampoco se aplicará a los actos desplegados por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, ni por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal. ARTÍCULO 2.- Para los efectos de la presente Ley se entiende por: I. Acto Administrativo: la declaración unilateral de voluntad, externa y de carácter individual, emanada del Poder Ejecutivo del Estado, sus Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, así como de los Ayuntamientos, sus Dependencias y por sus Entidades Paramunicipales, que tiene por objeto crear, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica concreta. II. Administrado: La persona física o moral, a quien beneficia o perjudica el acto administrativo. III. Administración Pública Estatal o del Estado: Aquella a la que se refiere el artículo 116 Fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. Autoridad: La que dicta, ordena, ejecuta o trata de cumplir determinaciones de naturaleza administrativa, creando, modificando o extinguiendo situaciones de derecho con fundamento en la Ley o instrumento jurídico con el que habitualmente actúa, o en su decreto o instrumento de creación y que da origen al cumplimiento de la presente Ley o a ser parte en el Procedimiento Contencioso Administrativo; V. Ayuntamientos: Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca; (.) "ARTÍCULO 3.- Esta Ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas, reglamentos, bandos y demás ordenamientos que tengan vigencia en el Estado de Oaxaca. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, se aplicará supletoriamente a esta Ley en el desarrollo de los procedimientos que establezca. ARTÍCULO 17.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo: I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto en que se funde para emitirlo; II. Que el objeto materia del mismo, sea determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley; III. Cumplir con la finalidad de interés público, regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; IV. Constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición o se trate de negativa ficta; V. Estar fundado y motivado; VI. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley; VII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; VIII. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; IX. Mencionar el órgano del cual emana; X. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas; XI. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; XII. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en donde se encuentra y pueda ser consultado el expediente respectivo; XIII. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan y el plazo de interposición de los mismos; XIV. Ser expedido mencionando expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley; y XV. Los demás requisitos y elementos específicos que exijan las leyes o reglamentos aplicables al acto. "ARTÍCULO 22.- Las autoridades a las que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, en sus relaciones con los particulares, tendrán las siguientes obligaciones: I. Solicitar la comparecencia de éstos, sólo cuando así esté previsto en la Ley, previa citación en la que se hará constar expresamente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla; II. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realización de visitas de verificación, sólo en aquellos casos previstos en ésta u otras leyes; III. Hacer del conocimiento de éstos o a las personas autorizadas por éstos, en cualquier momento, del estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan interés jurídico, y a proporcionar copia de los documentos contenidos en ellos; IV. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, la presentación de los mismos; V. Admitir las pruebas permitidas por la Ley y recibir alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta por el órgano competente al dictar resolución; VI. Abstenerse de requerir documentos o solicitar información que no sean exigidos por las normas aplicables al procedimiento, o que ya se encuentren en el expediente que se está tramitando; VII. Proporcionar información y orientar acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar; VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los términos previstos en ésta u otras leyes; IX. Tratar con respeto a los particulares y facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, y X. Dictar resolución expresa sobre cuantas peticiones les formulen; así como en los procedimientos iniciados de oficio, cuya instrucción y resolución afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo fijado por la ley. "ARTÍCULO 23.- El administrado deberá promover lo que a sus derechos convenga ante las autoridades responsables a las que se refiere el ámbito de aplicación de la presente Ley, y la autoridad deberá respetar el derecho de petición a la que se constriñen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pero si no lo hicieren, operará de inmediato la negativa ficta." "ARTÍCULO 98.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Amparo, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta ley." "ARTÍCULO 133.- Las Salas Unitarias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 17 de ésta ley; II. Las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales, estatales, municipales y de sus órganos descentralizados y desconcentrados, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije ésta en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley o cualquiera otra que cause agravios de carácter fiscal; III. Las resoluciones en materia de responsabilidad administrativa; IV. Las resoluciones que se dicten sobre interpretación y cumplimiento de contratos celebrados con la administración pública estatal y municipal; V. Los actos fiscales o administrativos que impliquen una resolución (sic) negativa ficta, configurándose ésta cuando las promociones o peticiones que se formulen ante las autoridades no sean resueltas en los plazos que la ley o reglamento fijen o a falta de dicho plazo en noventa días naturales; En el caso de positiva ficta, que emane de otra autoridad distinta a la fiscal, bastará que el actor presente su petición, apegada al artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y acredite con el sello de la oficina o por cualquier otro medio, que fue recibida por la demandada; y esta no dio satisfacción al Derecho de Petición, el Tribunal declarará la existencia o inexistencia de la positiva ficta; VI. Las resoluciones administrativas y fiscales favorables a los particulares que se promuevan por las autoridades para que puedan ser modificadas o nulificadas; VII. Las resoluciones que se dicten negando a los particulares la indemnización a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca, o en los términos del último párrafo del Artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; VIII. El procedimiento administrativo de ejecución cuando el afectado en dicho procedimiento opte por no interponer el recurso ordinario ante las autoridades competentes y cuando afirme: a) Que el crédito que le exige se ha extinguido legalmente; b) Que el monto del crédito es inferior al exigible; c) Que es poseedor, a título de propietario, del bien embargado; y d) Que el procedimiento coactivo no se ajuste a la ley. En este caso, la oposición no se podrá hacer valer, sino contra la resolución que apruebe el remate; salvo que se trate de resoluciones cuya ejecución material sea (sic) imposible reparación. IX. Conocerá del recurso de queja, procediendo en los términos de esta Ley; X. Del resarcimiento de daños y perjuicios que las autoridades administrativas deban pagar a los particulares, cuando aquellas, por la ejecución de obras, o por irresponsabilidad en el incumplimiento de sus obligaciones, le causen a un particular un menoscabo en su patrimonio pecuniario o moral; XI. De la legalidad o nulidad de remates, subastas o similares, embargos y pretensiones de requerimiento dictadas por autoridades diversas a las del Poder Judicial del Estado; y XII. De los asuntos cuya resolución esté reservada al Tribunal conforme a lo dispuesto por ésta u otras leyes.. ARTÍCULO 163.- Son partes en el juicio contencioso administrativo: I. El actor. Tendrá ese carácter: a) El Administrado, que será el particular que tenga interés jurídico o legítimo que funde su pretensión; y b) La autoridad en el juicio de lesividad. II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto impugnado, o que omita dar respuesta a las peticiones o instancias de los particulares; b) La persona o institución que funja como autoridad administrativa o fiscal en el ámbito estatal o municipal o en los Organismos Públicos Descentralizados, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto o resolución impugnados; y c) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad demande la autoridad administrativa, estatal o municipal. III. El tercero afectado, pudiendo intervenir con ese carácter cualquier persona física o moral, cuyos intereses puedan resultar incompatibles con las pretensiones del actor y que demuestre interés en que subsista el acto administrativo combatido. ARTÍCULO 166.- El plazo para interponer la demanda ante el tribunal será de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley aplicable al acto, la notificación de la resolución o acto que se combata; o conste fehacientemente que el o los interesados o afectados tienen conocimiento del acto. Cuando se impugne la negativa ficta o se demande la declarativa de configuración de la positiva ficta, el interesado podrá presentar la demanda en cualquier tiempo, mientras no se dicte la resolución expresa y siempre que hayan transcurrido los plazos a que se refiere el artículo 133 en su fracción V de esta Ley. En el juicio que tenga por objeto el resarcimiento de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 133, fracción X, de esta Ley, la demanda podrá interponerse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se originó la causa de responsabilidad. En el juicio de lesividad, referido en el artículo 133, fracción VI, las autoridades para ejercitar su acción, gozarán del término de cinco años, siguientes a la fecha en que sea emitida la resolución que pretenden nulificar, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en que se podrá demandar la nulidad en cualquier época, sin exceder de los cinco años del último efecto. Cuando el particular radique en el extranjero y no tenga representante en la República, el plazo para iniciar el juicio será de cuarenta y cinco días. Cuando el particular falleciere dentro de los plazos a que se refiere este artículo, se suspenderá el término hasta que haya sido designado albacea o representante de la sucesión." Los artículos transcritos revelan que cuando un acto administrativo emana de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas o ejecutándolas, lesionan los derechos del gobernado, quien tiene expedito su derecho para interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes; en el caso, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal correspondiente. Por tanto, al tratarse de un acto administrativo derivado de autoridades pertenecientes al Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca, se estima que el ahora quejoso Jaziel Vásquez Díaz está, jurídicamente, obligado a agotar el recurso o proseguir el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado, a través del cual puede subsanarse el acto que aquí reclama; máxime que no se está en alguno de los supuestos de excepción a ese principio. Además, el artículo 98, último párrafo, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca establece como requisito que, para poder acudir al juicio de amparo, será necesario agotar los medios previstos en esa ley. Tiene aplicación la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 187016, cuyo contenido dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese contexto, si la parte quejosa tiene a su alcance el juicio contencioso administrativo o un medio ordinario de defensa para combatir el acto de molestia aquí reclamado, es inconcuso que, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el principio de definitividad; por lo cual, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda de amparo promovida por el quejoso Jaziel Vásquez Díaz, contra la imposición de una multa reclamada al juez calificador y el tesorero del Municipio de Santa Lucia del Camino, Oaxaca. Sin que obste lo anterior el hecho que el quejoso indique en su demanda de amparo que las autoridades responsables no le dieron oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en las que basara su defensa y manifestara lo que a su derecho conviniera; pues, contrario a ello, aseveró que en la misma fecha en que quedó en libertad se le notificó el inicio del procedimiento administrativo, en el cual se dictó el acuerdo en el que se determinó su responsabilidad en una falta administrativa y, como consecuencia, la sanción de ser arrestado y privado de su libertad; por tanto, sí tuvo conocimiento del inicio del referido procedimiento administrativo (foja 3 vuelta). Por otro lado, se estima que, en el caso, no es aplicable la jurisprudencia de rubro "ARRESTO ADMINISTRATIVO POR CONDUCIR EN ESTADO DE EBRIEDAD. PREVIO A SU IMPOSICIÓN DEBE RESPETARSE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA." Ello es así, porque el acto destacado es la imposición de la multa administrativa por conducir en estado de ebriedad, más no así el arresto administrativo del que fue objeto. Finalmente, conviene precisar que la actualización de la hipótesis de improcedencia analizada no implica una denegación al derecho de acceso para la parte quejosa a la impartición de la justicia prevista en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que el reconocimiento de tales prerrogativas no genera el alcance de soslayar o inobservar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia del amparo, dado que al estimarse el juicio de amparo como un medio extraordinario de defensa; el quejoso debe someterse a las condiciones de procedencia, lo cual no implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se le permite al gobernado acudir al juicio de amparo bajo tal condición ocasionaría una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, la causa de improcedencia analizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por tanto, no configura una denegación de justicia. Sostener lo contrario, implicaría que los órganos jurisdiccionales dejen de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función, lo que provoca un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, porque se desconocería la forma de actuación de tales órganos; además, se afectarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables; máxime que al firmarse la Convención Americana sobre Derechos Humanos, México se comprometió a observar tales disposiciones en armonía con todo su sistema jurídico compuesto con todas y cada una de las leyes que lo conforman, y así se tiene que en la propia legislación mexicana se encuentra el medio de defensa sencillo y rápido a que se ha hecho referencia en líneas anteriores. Es aplicable la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1587, Libro XIV, Noviembre de 2012, tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Así como la tesis 15 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2274, Tomo 3, Libro XIX, Abril de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia que prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la ley de la materia, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. 3. Domicilio y personas autorizadas. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda; y por autorizado en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a Héctor Gómez Hernández, por no haberse encontrado registro de su cédula profesional en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, mediante el acceso informático a la página ciber.cjf.gob.mx/regprof/; así como a Rogelio Martínez García. Es aplicable al respecto, la tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1384, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". 4. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución dictada, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, desde ahora se habilita al actuario judicial adscrito, para que realice las notificaciones personales que se ordenen, en días y horas inhábiles. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno impreso y electrónico, siempre y cuando así proceda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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