Javiera Guerrero Román
Expediente 682/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Javiera Guerrero Román
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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PRAL 682/2022 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Informa cumplimiento de sentencia. Agréguese el oficio del presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en la ciudad de Oaxaca, mediante el cual, en acato al requerimiento que se le hizo en proveído de ocho del mes actual, comunica que el diecisiete de noviembre del año en curso, el actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Villahermosa, Tabasco, fijó la convocatoria de dependencia económica, en el domicilio del último centro de trabajo del extinto *****; al efecto remite copia certificada de la constancia que lo acredita. Vista a la parte quejosa. En su atención, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, así como con el diverso oficio agregado en acuerdo dictado el ocho de noviembre de dos mil veintidós, dese vista a la parte quejosa, para que, en el plazo de tres días siguiente al en que surta sus efectos la notificación, manifieste lo que a sus derechos convenga. Transcurrido ese plazo, resuélvase lo procedente al acato de la ejecutoria de mérito. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Carrera Judicial, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/5737/2022, de la misma fecha; y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 682/2022 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vías de cumplimiento. Agréguese el oficio 627/2022, del presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el que, en atención al requerimiento que se le hizo en proveído de veintiuno de octubre del año en curso, remite copia certificada de: a) La diligencia de investigación económica desahogada el nueve de septiembre de dos mil veintidós; y, b) Acuerdo de veintisiete de octubre del año en curso, en el que, entre diversas cuestiones: - Señaló las nueve horas con treinta minutos del trece de enero de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución en el juicio laboral *****; y, - a) Giró un exhorto a la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a fin de que comisione a quien corresponda, fije las convocatorias que anexó, por el plazo de treinta días, en el domicilio del último centro de trabajo del extinto, esto es, en la Comisión Federal de Electricidad. En su atención, se le tiene en vías de cumplimiento de la sentencia dictada en esta instancia constitucional. Requerimiento a la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al presidente de la Junta Especial Numero Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que continúe informando lo relativo al acato de la ejecutoria de mérito y remita copia certificada de las constancias que acredite que se fijaron las referidas convocatorias, debiendo imponer todas las medidas que estén a su alcance para lograr el cumplimiento total del laudo. Apercibimiento. Multa. Se le apercibe que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la suma de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós dos pesos, 00/100, moneda nacional), relativa a cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en relación con lo dispuesto por los preceptos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis I.13º.T. 3 K (10ª), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1767, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADO DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). Procedimiento de inejecución de sentencia. Y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, en turno, del Décimo Tercer Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Hágase del conocimiento de las partes procesales que, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, en lo relativo a la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a lo indicado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, en razón de su entrada en vigor en esa data. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 682/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. 1° Ejecutoria de la sentencia. Visto el estado de autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la dictada en audiencia celebrada el doce de septiembre de dos mil veintidós, firmada y autorizada el veintinueve de septiembre siguiente, en la que, por una parte, se sobreseyó en este juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa *****, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2° Requerimiento de cumplimiento de la sentencia. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo solicítese a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días siguiente a su notificación, cumpla conforme a la sentencia concesoria de amparo y remita copia certificada de las constancias que lo acredite. 2.1. Apercibimiento. 2.1.1. Multa. Se les apercibe que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a la suma de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós dos pesos, 00/100, moneda nacional), relativa a cien días valores diarios de la unidad de medida y actualización, en relación con lo dispuesto por los preceptos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la tesis I.13º.T. 3 K (10ª), del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1767, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con el rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADO DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). 2.2 Procedimiento de inejecución de sentencia. Y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo, en turno, del Décimo Tercer Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución. 3° Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la referida sentencia se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 682/2022 MESA 2 Sentencia. Visto para resolver el juicio de amparo número 682/2022; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintidós en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y remitido en la misma fecha, por razón de turno a este órgano jurisdiccional, Javiera Guerrero Román, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado y autoridad que se precisarán en el considerando relativo. 1.2. Bajo protesta de decir verdad, la parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Federal y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y admisión. Por auto diez de junio del año que transcurre, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente impreso y electrónico, se registró en el libro de gobierno con el número 682/2022, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral y el acto reclamado no tiene ejecución material, por lo que debe atenderse a la presentación de la demanda, la cual se realizó en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por la quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, como se advierte de la demanda de amparo, consisten en: a) La omisión de emplazar a la parte demandada, en el juicio laboral J.32/152/2021. b) La abstención de realizar la investigación de dependencia económica ordenada en acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós (atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda), dictado en dicho expediente, con apoyo en el numeral 503 de la Ley Federal del Trabajo; y, c) La omisión de señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, en el juicio laboral J.32/152/2021 y adoptar las medidas necesarias a fin de estar en posibilidad de celebrar la audiencia de declaración de beneficiarios. Lo que atribuye a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. La agraviada también señala como acto reclamado, la denegación de justicia provocada por las referidas omisiones de la autoridad responsable; sin embargo, se estima que esa calificación no constituye un verdadero acto reclamado, sino que se relaciona con el precepto vinculado con los conceptos de violación que estima se actualizan por esos actos; por tanto, ante la obligación que tiene este órgano jurisdiccional de resolver la verdadera cuestión planteada, tal argumento se abordará, de ser procedente el juicio, como parte de los conceptos de violación y no como acto destacado. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION" Tercero. Inexistencia de uno de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado por la quejosa, consistente en la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada, en el juicio laboral J.32/152/2021, en virtud que, como señaló la Junta responsable en su informe justificado y como se advierte de las constancias que allegó a esta instancia constitucional, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte que mediante diligencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, fecha anterior a la presentación de la demanda (nueve de junio del año que transcurre), el actuario judicial adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje emplazó a la persona jurídica demandada Comisión Federal de Electricidad, en el juicio laboral de origen (foja 28). En ese contexto, si la autoridad responsable ya había llamado a juicio a esa parte procesal, desde el dieciocho de marzo del año que transcurre, es inconcuso que a la fecha presentación de la demanda, nueve de junio siguiente, ese acto reclamado era inexistente. Ante ello, procede sobreseer en este juicio de amparo, respecto de dicho acto reclamado, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de diversos actos. La autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir informe justificado por conducto de su presidente, convino en la existencia de diversos actos que se le atribuyen y que fueron precisados en los incisos b) y c) del considerando segundo de esta sentencia, aduciendo que: - No se ha llevado a cabo la investigación de la dependencia económica, en virtud que el actuario de su adscripción manifestó la imposibilidad para efectuarlo, por lo que en acuerdo de dieciséis de junio del año en curso requirió a la aquí quejosa proporcionara el domicilio en que debía realizarse esa indagación, encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del extinto Mario García Caballero; y, - Respecto a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, dice, se asentaron los motivos por los que no fue posible desahogarla y, en consecuencia, se señaló nueva hora y fecha para que tuviera verificativo. Como justificación a su informe, remitió copia certificada de constancias deducidas del juicio laboral J.32/152/2021, las que fueron justipreciadas con anterioridad, de las que se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, nueve de junio de dos mil veintidós, no se había realizado la investigación de dependencia económica ordenada en el referido expediente, ni resuelto el procedimiento especial de declaración de beneficiarios del extinto trabajador Mario García Caballero. Quinto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de la cuestión planteada, procede analizar si, en la especie, existe alguna causal de improcedencia, pues su estudio es preferente y de orden público, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al no haberse planteado alguna causal de improcedencia y tampoco advertirse alguna que opere de oficio, se estudian los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Sexto. Estudio del asunto. La parte quejosa expresó sus respectivos conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras del principio de economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción, ni existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Juzgado Federal a transcribirlos , sin que ello conlleve a incumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que toda sentencia de amparo debe observar . Es fundado el argumento que hace valer la parte quejosa, en el que aduce medularmente que la Junta responsable vulneró en su perjuicio los derechos humanos de impartición de justicia pronta y expedita previstos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 503 de la Ley Federal del Trabajo, ya que ha sido omisa en realizar la investigación de dependencia económica ordenada en el juicio natural, lo que implica que el procedimiento se encuentre paralizado. En efecto, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal dispone lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El citado párrafo de ese precepto constitucional consagra el derecho a la tutela jurisdiccional en su vertiente de acceso a la justicia, que se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita -esto es, sin obstáculos- a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. El requisito de prontitud en la impartición de justicia tiene como elemento esencial, descrito con exactitud en el propio párrafo segundo, que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes; de esta manera se puede afirmar que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto mira la celeridad, cuando las autoridades emiten sus resoluciones, en general, dentro de los plazos y términos legales, que son elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda, carga que también le impone la ley a la autoridad que juzga, para que pronuncie su resolución dentro de un determinado espacio temporal. Ahora, los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo retoman el contenido del segundo párrafo del artículo 17 constitucional, dado que el primero de los numerales establece que todo proceso en la materia "será público, gratuito, inmediato", y que las Juntas se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso"; en tanto que el segundo de esos preceptos prevé que los presidentes de las Juntas y los auxiliares cuidarán que los juicios que ante ellos se tramiten "no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo". Como se ve, el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad, y que en el caso no se ha respetado. Así, los preceptos constitucional y legales mencionados, relativos a procurar el derecho humano de seguridad jurídica, conllevan el hecho de que las Juntas no pueden ni deben retardar indefinidamente su función de administrar justicia, por el contrario, es una de sus obligaciones el impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que deben procurar practicar las diligencias, en los términos que establece la legislación laboral. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 124, Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". La Ley Federal del Trabajo vigente con anterioridad al "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL, LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA", publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve y aplicable al juicio laboral origen, conforme al primer párrafo del artículo OCTAVO TRANSITORIO de dicho decreto ; en sus artículos 503 y 893 prevé: "Artículo 503. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos; II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios; IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje; V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización; VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron." "Artículo 893. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas ante la Junta competente, la cual con diez días de anticipación, citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que se refiere el artículo 503 de esta Ley.". La interpretación de los numerales transcritos permite advertir que tratándose de los casos en los que se demande el pago de indemnización por muerte del trabajador, la Junta del conocimiento mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante ella dentro de un término de treinta días, a ejercer sus derechos. De las documentales públicas que obran en autos, consistentes en copia certificada de diversas actuaciones del expediente laboral J.32/152/2021, a las que se les reitera el valor probatorio anteriormente conferido, se aprecia, en lo sustancial, lo siguiente: - El tres de junio de dos mil veintidós se encontraba señalada la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución en el juicio laboral de origen, en donde la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje hizo constar que no era posible desahogarla, toda vez que no obraba la investigación de dependencia económica encaminada a averiguar quiénes dependen económicamente del extinto Mario García Caballero, ni la fijación de la convocatoria en su último centro de trabajo, razones por las que señaló las nueve horas con treinta minutos del veinticuatro de agosto siguiente para que tuviera verificativo (fojas 31 y 32). Asimismo, a) giró un exhorto a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de que requiera a su actuario fijara las convocatorias que anexaba, por el plazo de treinta días, en el domicilio del último centro de trabajo del extinto, esto es, en la Comisión Federal de Electricidad y b) comisionó al fedatario de su adscripción, para que realizara la investigación de la dependencia económica, certificara la fecha de fijación de la convocatoria, el tiempo en que permaneció fijada en el boletín de la Junta, así como la data en que fue desprendida (foja 31 reverso). - Llegada la fecha señalada para la celebración de la audiencia, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, la Junta responsable nuevamente determinó que no era posible que tuviera verificativo y programó como hora y data, para tal efecto, las nueve horas con treinta minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós (fojas 67 y 68 del tomo anexo); de igual forma refirió que no obraba la investigación de dependencia económica encaminada a averiguar quiénes dependen económicamente del extinto Mario García Caballero, ni la fijación de la convocatoria en su último centro de trabajo. Al igual que la vez anterior, 1) giró un exhorto a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de que requiera a su fedatario fijara las convocatorias, por el plazo de treinta días, en el domicilio del último centro de trabajo del extinto, acorde a lo previsto en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo y 1) comisionó al actuario de su adscripción, para que efectuara la investigación de la dependencia económica, certificara la fecha de fijación de la convocatoria, el tiempo en que permaneció fijada en el boletín de la Junta, así como la data en que fue desprendida (foja 67 reverso). Sin embargo, desde la fecha en que la Junta comisionó al actuario para que realizara la investigación de dependencia económica a que se refiere el numeral 503, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo (tres de junio del año en curso, atendiendo a la data en que se presentó la demanda de amparo) y giró un exhorto a la Junta Especial Número Cuarenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de que requiera a su fedatario fijara las convocatorias, por el plazo de treinta días, en el domicilio del último centro de trabajo del extinto, a la en que se dicta esta sentencia, no existe constancia alguna que demuestre que se llevaron a cabo esas diligencias. Además, aun cuando el veinticuatro de agosto siguiente (fecha posterior a la presentación de la demanda) la Junta nuevamente ordenó enviar una comunicación oficial, con la finalidad de fijar las convocatorias e instruyó al actuario adscrito para que efectúe la investigación de la dependencia económica, no se advierte que ello se hubiese realizado. Por ende, al haber transcurrido en exceso el término previsto por el artículo 503, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, para que se realice la referida investigación de dependencia económica, la Junta Laboral vulnera, en perjuicio de la parte quejosa, el derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto que éste consigna que la impartición de justicia deber ser pronta, completa y expedita. Séptimo. Efectos de la sentencia. En consecuencia, se concede el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa Javiera Guerrero Román, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca adopte todas las medidas necesarias a fin de estar en posibilidad de celebrar la audiencia de declaración de beneficiarios en el expediente laboral J.32/152/2021, de su índice, en concreto: I. A la brevedad, en el juicio laboral J.32/152/2021, realice la investigación de dependencia económica, prevista en el artículo 503, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. II. Efectúe las gestiones necesarias para que se lleve a cabo la convocatoria de dependencia económica dentro del referido juicio laboral, atendiendo al procedimiento previsto en el citado numeral o, en el supuesto, se haga constar el impedimento legal que tenga para ello. III. Una vez realizado lo anterior, sólo en el caso de que no se celebre la audiencia señalada con posterioridad de la presentación de la demanda, para el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, deberá fijar hora y fecha, ajustándose al plazo legal previsto en el artículo 893 de la Ley Federal del Trabajo aplicable al juicio origen. Con la precisión que deberá remitir las constancias con las que acredite el cumplimiento de lo ordenado. Precisión. Se precisa que los efectos de la concesión del amparo no abarcan la etapa posterior a los actos reclamados, como lo solicita la parte quejosa, debido a que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. En ese sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a. CV/2013 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 732, que dispone: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado además en los artículos 1, 74 y 76 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Javiera Guerrero Román, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la parte demandada en el juicio laboral J.32/152/2021, que atribuye a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal ampara y protege a la quejosa Javiera Guerrero Román, en relación a los actos reclamados relativos a: a) La abstención de realizar la investigación de dependencia económica ordenada en el juicio laboral J.32/152/2021; y, b) La omisión de señalar día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución en dicho expediente y adoptar las medidas necesarias a fin de estar en posibilidad de celebrar la audiencia de declaración de beneficiarios, que reclama a la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje. En términos del considerando sexto y para los efectos establecidos en el considerando séptimo de esta resolución. Tercero. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió , Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este órgano de control constitucional.
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