Jaziel Elena Gutierrez Delgado

Expediente 1542/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1542/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • Jaziel Elena Gutierrez Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Tomos de pruebas. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Quinto Familiar en el Estado los tomos de pruebas que remitió en vía de justificación al juicio en que se actúa. Archivo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha; por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el presente asunto obren documentos que por sus características deban ser devueltos. Depuración del cuaderno original y destrucción del duplicado del Incidente de suspensión. Se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto del artículo 18, inciso a), del citado acuerdo, puesto que fue concedida la suspensión definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Devolución de documentos. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda documentos que por sus características deben ser devueltos, por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia de los documentos originales que acompañó a su escrito inicial de demanda para que se realice el cotejo y devolución de los originales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y oficio a las autoridades responsables representante del menor.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Tomos de pruebas. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Quinto Familiar en el Estado los tomos de pruebas que remitió en vía de justificación al juicio en que se actúa. Archivo. Ahora, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo de que se trata, determinación que causó estado en esta fecha; por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el presente asunto obren documentos que por sus características deban ser devueltos. Depuración del cuaderno original y destrucción del duplicado del Incidente de suspensión. Se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto del artículo 18, inciso a), del citado acuerdo, puesto que fue concedida la suspensión definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. No relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Devolución de documentos. Toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda documentos que por sus características deben ser devueltos, por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal documento, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente. Para lo cual deberá de presentarse en este órgano jurisdiccional con copia de los documentos originales que acompañó a su escrito inicial de demanda para que se realice el cotejo y devolución de los originales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y oficio a las autoridades responsables representante del menor.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y anexo que acompaña; en consecuencia, se provee: Llegada de autos. Se tiene por recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de trece de abril de dos mil veintitrés, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja ********************. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja." Ordena destruir anexo. Procédase a la destrucción inmediata de las reproducciones relativas al controvertido constitucional en que se actúa, toda vez que no es necesario que obren agregadas en virtud de que son una fiel reproducción de éste. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: la sentencia interlocutoria de once de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el recurso de revocación promovido en contra del auto dictado el doce de agosto de dos mil veintidós, que autorizó girar un oficio para el desahogo de una probanza ofertada por el demandado, actor incidentista, dentro del incidente de modificación al convenio celebrado con la aquí quejosa en la controversia familiar por pago de pensión alimenticia en favor de la niña de identidad reservada ******************** radicada bajo el consecutivo ********************/2019 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar en esta ciudad. Antecedentes del acto reclamado. Ahora bien, resulta necesario precisar los antecedentes del acto reclamado, los cuales manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad y que son del tenor siguiente: 1. Ante la autoridad responsable compareció la quejosa ******************** promoviendo juicio de controversia familiar en contra de ********************, por el pago de una pensión alimenticia a favor de la niña de iniciales ******************** demanda que se admitió a trámite quedando registrada bajo el número ********************/2019. 2. Dentro del citado juicio, el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, las partes celebraron convenio en el que acordaron que la guarda y custodia de la niña involucrada quedaría a cargo de su progenitora, actora del juicio de origen, así como también la forma en que se llevarían a cabo las convivencias de la niña con su progenitor, aquí recurrente. 3. El diez de julio de dos mil veinte, el demandado promovió incidente de modificación del convenio celebrado por las partes y, respecto de éste, ofreció diversas pruebas, las cuales se desahogaron dentro de la continuación de la audiencia de ley. 4. Posteriormente, y en base al resultado del desahogo de las probanzas dentro del citado incidente, el autorizado del demandado presentó promoción en la que solicitó se girara oficio a la persona jurídica ahí señalada a efecto de que rindiera información laboral relacionada con la aquí quejosa. 5. Por auto de doce de agosto de dos mil veintidós, se acordó de conformidad lo solicitado, autorizándose girar el oficio mencionado. 6. Inconforme con tal determinación, la parte actora, aquí quejosa, promovió recurso de revocación al cual recayó la sentencia interlocutoria de fecha once de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el recurso de que se trata. Determinación que constituye el acto reclamado. De lo anterior, se advierte que la resolución reclamada deriva de la autorización del desahogo de una probanza ofertada por el actor incidentista, aquí tercero interesado, en el incidente de modificación de convenio tramitado. Desechamiento. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad en la ejecutoria de trece de abril del año en curso y tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Causal de improcedencia. Respecto de la demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento. Marco normativo. Por tanto, es dable transcribir el contenido de los citados dispositivos normativos, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Caso concreto. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que en la especie se reclama la sentencia interlocutoria de once de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el recurso de revocación promovido por la misma en contra del auto dictado el doce de agosto de dos mil veintidós, que autorizó girar un oficio para el desahogo de una probanza ofertada por el demandado, actor incidentista, dentro del incidente de modificación al convenio celebrado con la aquí quejosa en la controversia familiar por pago de pensión alimenticia en favor de la niña de identidad reservada ******************** radicada bajo el consecutivo ********************/2019 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar en esta ciudad. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si se dicta resolución a su favor en el incidente de modificación de convenio promovido dentro de la controversia familiar por regulación de alimentos ********************/2019 pues el mismo aún no se ha concluido, y en caso contrario, de estimar que la prueba se admitió o fue desahogada en forma indebida, tal hipótesis revela una eventual violación procesal reclamable que aún puede remediarse a través del juicio de amparo que se promueva en contra de dicha resolución. Adquiere aplicación por igualdad de razón jurídica sustancial, la Jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente; notifíquese por medio de lista y mediante oficio que se remita al Tribunal de Alzada, autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y anexo que acompaña; en consecuencia, se provee: Llegada de autos. Se tiene por recibida la copia certificada del testimonio de la ejecutoria de trece de abril de dos mil veintitrés, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja ********************. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; notifíquese el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "ÚNICO. Es fundado el presente recurso de queja." Ordena destruir anexo. Procédase a la destrucción inmediata de las reproducciones relativas al controvertido constitucional en que se actúa, toda vez que no es necesario que obren agregadas en virtud de que son una fiel reproducción de éste. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consiste los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Con base en estas premisas, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama: la sentencia interlocutoria de once de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el recurso de revocación promovido en contra del auto dictado el doce de agosto de dos mil veintidós, que autorizó girar un oficio para el desahogo de una probanza ofertada por el demandado, actor incidentista, dentro del incidente de modificación al convenio celebrado con la aquí quejosa en la controversia familiar por pago de pensión alimenticia en favor de la niña de identidad reservada ******************** radicada bajo el consecutivo ********************/2019 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar en esta ciudad. Antecedentes del acto reclamado. Ahora bien, resulta necesario precisar los antecedentes del acto reclamado, los cuales manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad y que son del tenor siguiente: 1. Ante la autoridad responsable compareció la quejosa ******************** promoviendo juicio de controversia familiar en contra de ********************, por el pago de una pensión alimenticia a favor de la niña de iniciales ******************** demanda que se admitió a trámite quedando registrada bajo el número ********************/2019. 2. Dentro del citado juicio, el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, las partes celebraron convenio en el que acordaron que la guarda y custodia de la niña involucrada quedaría a cargo de su progenitora, actora del juicio de origen, así como también la forma en que se llevarían a cabo las convivencias de la niña con su progenitor, aquí recurrente. 3. El diez de julio de dos mil veinte, el demandado promovió incidente de modificación del convenio celebrado por las partes y, respecto de éste, ofreció diversas pruebas, las cuales se desahogaron dentro de la continuación de la audiencia de ley. 4. Posteriormente, y en base al resultado del desahogo de las probanzas dentro del citado incidente, el autorizado del demandado presentó promoción en la que solicitó se girara oficio a la persona jurídica ahí señalada a efecto de que rindiera información laboral relacionada con la aquí quejosa. 5. Por auto de doce de agosto de dos mil veintidós, se acordó de conformidad lo solicitado, autorizándose girar el oficio mencionado. 6. Inconforme con tal determinación, la parte actora, aquí quejosa, promovió recurso de revocación al cual recayó la sentencia interlocutoria de fecha once de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el recurso de que se trata. Determinación que constituye el acto reclamado. De lo anterior, se advierte que la resolución reclamada deriva de la autorización del desahogo de una probanza ofertada por el actor incidentista, aquí tercero interesado, en el incidente de modificación de convenio tramitado. Desechamiento. En cumplimiento a lo ordenado por la superioridad en la ejecutoria de trece de abril del año en curso y tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Causal de improcedencia. Respecto de la demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento. Marco normativo. Por tanto, es dable transcribir el contenido de los citados dispositivos normativos, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Caso concreto. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que en la especie se reclama la sentencia interlocutoria de once de octubre de dos mil veintidós, en la que se declaró infundado el recurso de revocación promovido por la misma en contra del auto dictado el doce de agosto de dos mil veintidós, que autorizó girar un oficio para el desahogo de una probanza ofertada por el demandado, actor incidentista, dentro del incidente de modificación al convenio celebrado con la aquí quejosa en la controversia familiar por pago de pensión alimenticia en favor de la niña de identidad reservada ******************** radicada bajo el consecutivo ********************/2019 del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar en esta ciudad. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si se dicta resolución a su favor en el incidente de modificación de convenio promovido dentro de la controversia familiar por regulación de alimentos ********************/2019 pues el mismo aún no se ha concluido, y en caso contrario, de estimar que la prueba se admitió o fue desahogada en forma indebida, tal hipótesis revela una eventual violación procesal reclamable que aún puede remediarse a través del juicio de amparo que se promueva en contra de dicha resolución. Adquiere aplicación por igualdad de razón jurídica sustancial, la Jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente; notifíquese por medio de lista y mediante oficio que se remita al Tribunal de Alzada, autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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