Javier Tadeo Covarrubias Rodriguez

Expediente 473/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
473/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
28/05/2019

Partes del expediente

  • Javier Tadeo Covarrubias Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, acompañó a su escrito inicial de demanda un disco compacto, por tanto, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger dicho disco compacto, previa razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de mayo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Rodolfo Antonio Reyes Morales, quien se ostenta abogado defensor del directamente quejoso Javier Tadeo Covarrubias Rodríguez, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 473/2019-IV. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al dispositivo legal en cita, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la parte quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". Así, el análisis integral del ocurso de demanda pone de manifiesto que la parte quejosa comparece a la presente instancia constitucional a reclamar: - La determinación que calificó de legal la detención del aquí quejoso, emitida en audiencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho, relativa a la causa penal 265/2018, que se instruye en su contra. - El auto de vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja, pronunciado en su contra por el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Sala Sede San Luis Potosí, en audiencia de once de diciembre de dos mil dieciocho, en la citada causa penal. En ese contexto y por las razones que enseguida se expondrán, el suscrito considera que respecto de los actos reclamados en el presente juicio constitucional, se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos preceptos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". La parte inicial del primero de los preceptos en comento establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los citados dispositivos legales prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, de los antecedentes narrados por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su ocurso de demanda, así como de los constancias que integran el diverso juicio de amparo 465/2018-IV, del índice de este órgano de control constitucional, el cual se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del numeral 2, se advierte lo siguiente: a). El cuatro de mayo de dos mil dieciocho Javier Tadeo Cavarrubias Rodríguez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Penal, Sala Sede San Luis Potosí, de quien reclamó: - La determinación que calificó de legal la detención del quejoso Javier Tadeo Covarrubias Rodríguez, en audiencia inicial de catorce de abril de dos mil dieciocho, relativa a la causa penal RI/SLP/CP-265/2018, que se instruye en su contra. - El auto de vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, pronunciado contra el quejoso el diecinueve de abril de dos mil dieciocho en la continuación de la audiencia inicial. b). Seguidos los trámites legales respectivos, mediante sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez responsable: 1. Deje insubsistente la audiencia inicial de catorce de abril de dos mil dieciocho, en la que se calificó de legal la detención del quejoso Javier Tadeo Covarrubias Rodríguez, relativa a la causa penal RI/SLP/CP-265/2018, que se instruye en su contra, así como su continuación de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en la que se decretó su vinculación a proceso, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado. Esto, atendiendo a que tales actos fueron emitidos dentro de la audiencia inicial a que se refiere el numeral 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 2. Señale inmediatamente nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia inicial, dentro de la causa penal TI/SLP/CP-265/2018. 3. Una vez celebrando la audiencia en cuestión, de insistir la representación social en que se califique de legal la detención de Javier Tadeo Covarrubias Rodríguez, determine: 3.1 Que es inválida la entrevista que en la audiencia -se dijo- fue realizada a Juana Daniela Saldaña Paidon y anexada al informe policial homologado del agente aprehensor Luis Enrique Espinoza Vázquez, al tratarse aquélla de un dato de prueba que fue recabado al margen de la garantía de puesta a disposición sin demora del hoy quejoso y que, por ende, es ilícita. Ello conforme los lineamientos de esta sentencia de amparo. 3.2 Requiera a las partes para que ante la anotada circunstancia (esta es, que una vez detenido el imputado fue llevado al lugar de los hechos en lugar de puesto a disposición del Ministerio Público), le proporcionen toda la información que en ese momento le permita establecer si habría más elementos de prueba que tuvieron como fuente directa la demora injustificada en la puesta disposición del quejoso, para -sobre esa base- declarar su exclusión del material probatorio, así como -de ser el caso- decretar la nulidad de aquellas pruebas que a pesar de estar vinculadas directamente con el hecho delictivo fueron recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora so pretexto de una búsqueda de la verdad o debida integración del material probatorio, sin la conducción y mando del Ministerio Público; es decir, sin la autorización de este último, durante la retención de aquél. Igualmente conforme los lineamientos de esta sentencia de amparo. Por ende, sin soslayar que ello no implica dejar de considerar que las pruebas obtenidas estrictamente con motivo de la detención en flagrancia no pueden ser invalidadas con motivo de lo anterior, puesto que la captura del imputado y su puesta a disposición son momentos distintos. 4. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, valore nuevamente el restante material probatorio y resuelva conforme a sus atribuciones si fue legal o no la detención del imputado y, de ser el caso, si hay lugar o no a vincularlo a proceso. Esto último sin perjuicio de que aquél ejerza de nueva cuenta su derecho para que se resuelva en los plazos previstos en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales". c) En acatamiento a la ejecutoria de mérito, mediante oficio CIJPR/RI/SLP-6109/2018, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede, San Luis Potosí, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, y al efecto acompañando el disco versátil digital, en que se contienen las audiencias de control de la legalidad de la detención y de vinculación a proceso celebradas los días siete y once de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente, dentro de la causa penal RI/SLP/CP-265/2018. d) Del disco versátil digital a que se hace referencia en la parte final del inciso que antecede, se advierte que en audiencia de siete de diciembre de dos mil dieciocho, en la cual estuvo presente el inculpado Javier Tadeo Covarrubias Rodríguez, como su abogado defensor particular Víctor Hugo Liceaga Rojas, el Juez dejó sin efectos la audiencia inicial de catorce de abril del año dos mil dieciocho, en la que se calificó de legal la detención del quejoso y su continuación de diecinueve del mismo mes y año, donde se decretó su vinculación a proceso. (12:20:55 del video de la audiencia). Y en esa propia audiencia, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia inicial, previo señalamiento de fecha y hora en auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho (12:21:20 del video de la audiencia); así, una vez que se atendieron los extremos de la ejecutoria de amparo, el Juez responsable calificó de legal la detención de Javier Tadeo Covarrubias Rodríguez (13:20:58 del video). Posteriormente, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional (13:59:50 del video de la audiencia), y se fijaron las once horas con treinta minutos del once de diciembre de dos mil dieciocho, para la continuación de la audiencia inicial, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa. e) Del referido disco versátil digital, se advierte que en la continuación de la audiencia de vinculación, celebrada el once de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal RI/SLP/CP-265/2018, en la cual también estuvo presente el imputado Javier Tadeo Covarrubias Rodríguez, y su abogado defensor particular Víctor Hugo Liceaga Rojas, una vez analizados los datos de prueba expuestos por las partes, el Juez responsable dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja (12:27:12 del video de la audiencia). Expuesto lo anterior, y a efecto de evidenciar la actualización de la causa de improcedencia en análisis, cabe destacar el contenido de los artículos 63, 67, 82 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 63. Notificación en audiencia. Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; III. La de control de la detención; IV. La de vinculación a proceso; V. La de medidas cautelares; VI. La de apertura a juicio; VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; VIII. Las de sobreseimiento, y IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario." "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; [.]." Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad o cualquier otra circunstancia que le impida comprender el alcance de la notificación, deberá realizarse en los términos establecidos en el presente Código." De conformidad con dichos dispositivos, tratándose de resoluciones que se emitan en audiencia, los órganos jurisdiccionales las pronunciaran en forma oral, quedando los intervinientes formalmente notificados de su emisión. Asimismo, los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional que son emitidos oralmente, surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Debiendo constar por escrito, después de su emisión oral, entre otras, las resoluciones de vinculación a proceso. En relación con las notificaciones, éstas se practicarán, entre otras, de manera personal, pudiendo ser en audiencia; caso en el cual, surtirán sus efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Lo hasta aquí expuesto permite advertir de manera inconcusa, que tanto Javier Tadeo Covarrubias Rodríguez -a favor de quien Rodolfo Antonio Reyes Morales promueve el presente amparo, al ostentarse su abogado defensor-, como Víctor Hugo Liceaga Rojas, en su carácter de defensor particular, comparecieron a las audiencias celebradas el siete y once de diciembre de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal RI/SLP/CP-265/2018, en las cuales, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Regional, Sala Sede en esta ciudad, por su orden, (i) calificó de legal la detención del directamente quejoso y (ii) dictó auto de vinculación a proceso en su contra, respectivamente. En ese tenor, resulta evidente que tanto el quejoso como su defensor quedaron notificados de la determinación que declaró legal la detención del inculpado, desde el siete de diciembre de dos mil dieciocho, data en que se llevó a cabo la diligencia respectiva en la cual estuvieron presentes. En la misma tesitura, quedaron notificados del auto de vinculación a proceso reclamado, desde el once de diciembre del año próximo pasado, fecha en la que tuvo lugar la continuación de la audiencia en que se emitió tal determinación, y en la cual también estuvieron presentes. Surtiendo sus efectos dichas notificaciones al día siguiente en que se emitieron, esto es los días diez y doce de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente. Por tanto, el término de quince días con el que contó Javier Tadeo Covarrubias Rodríguez para promover nuevo juicio de amparo contra la determinación que calificó de legal su detención, así como, contra el auto de vinculación a proceso que se emitieron en su contra por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja, transcurrió, por lo que se refiere al primero, del once de diciembre de dos mil dieciocho al tres de enero de dos mil diecinueve, y por lo que hace al segundo de ellos, del trece de diciembre del año próximo pasado al cuatro de enero de la anualidad en curso, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veinticinco, veintinueve y treinta de diciembre de dos mil dieciocho, así como el uno de enero de dos mil diecinueve, por haber sido inhábiles. Luego, si la presente demanda constitucional se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado el trece de mayo de dos mil diecinueve, turnada al día siguiente a este órgano de control constitucional, según se advierte del sello receptor de dicha oficina, es inconcuso que ya había transcurrido con exceso el término de quince días previsto por el artículo 17 de la ley de la materia. Por lo que resulta patente que se hizo fuera del plazo legal correspondiente, lo que jurídicamente implica que deben estimarse consentidos tácitamente los actos ya existentes a la fecha de presentación de la demanda y que por esta vía pretende impugnar la parte quejosa. En ese orden de ideas, tal conducta jurídicamente revela conformidad con los actos reclamados, por así estar dispuesto en el precepto legal en cita; consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional, si previamente la consintió. Apoya lo anterior la tesis III.2o.P.137 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, página 3475, décima época, registro: 2016394, bajo el rubro y texto: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE. De los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales, así como quienes estaban obligados a acudir a ellas formalmente, deben tenerse por notificados en ese acto, de las determinaciones que ahí se tomen, sin necesidad de formalidad alguna, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración, y dichas notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo." Asimismo, adquiere aplicación la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Así pues, como la parte quejosa no instó la acción constitucional dentro del término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, es evidente, que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el dispositivo 61, fracción XIV, del mismo cuerpo normativo. Sin que pase inadvertido que la presente demanda de amparo la promueve Rodolfo Antonio Reyes Morales, ostentándose abogado defensor de Javier Tadeo Covarrubias Rodríguez, quien si bien no compareció a las citadas audiencias celebradas los días siete y once de diciembre de dos mil dieciocho, en que se emitieron los actos reclamados; es de señalarse que de conformidad con el artículo 123 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado podrá designar el número de defensores que considere conveniente, además, de conformidad con el dispositivo 57 del mismo cuerpo normativo, en el caso de que estuvieren asignados varios defensores, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva. De ahí que si a dichas diligencias compareció diversa persona como abogado defensor particular del imputado directamente quejoso, deviene inconcuso que el término con que contaba para instar la acción constitucional en representación de su defenso inició a partir de que a la "defensa" y el propio imputado les surtió efectos la notificación de sendos actos reclamados. En la misma tesitura, no pasa inadvertido que el promovente aduce que el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se le notificó el proveído emitido el día quince del mismo mes y año en autos del diverso juicio de amparo 465/2018-IV del índice de este Juzgado de Distrito, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo respectiva, motivo por el cual "una vez que ha quedado firme para los efectos de ser combatida de nueva cuenta por vía constitucional, es que se retoman los conceptos de violación que no fueron estudiados". Sin embargo, cabe destacar que cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo respectiva, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo. Sobre el particular, es aplicable la Jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, publicada en el Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Oscar Candelas Reyes y Rodolfo Antonio Reyes Morales, quienes cuentan con sus cédulas profesionales 2804268 y 08756872 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgado de Distrito, y en términos restringidos del aludido numeral a las demás personas que menciona, por no contar con su cédula profesional debidamente registrada en referido sistema. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese; y personalmente al promovente del amparo.

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