Javier Zagal Vergara

Expediente 825/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
825/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
05/09/2016

Partes del expediente

  • Javier Zagal Vergara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable, informó la manera en que dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dándose vista por el término de tres días a las partes de tal circunstancia, para que expresaran lo que a sus intereses conviniera, sin que hicieran manifestación al respecto; por tanto, este Juzgado Federal emprenderá el análisis para determinar si se encuentra cumplida la ejecutoria de mérito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la tesis de jurisprudencia número 2ª. XXXVIII/99, sostenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, marzo de 1999, Pleno y Salas, Página 315, con el rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Luego entonces, es procedente pronunciarse respecto del cumplimiento dado por parte de la responsable la JUNTA ESPECIAL NÚMERO DOS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. Ahora bien, la protección concedida a la parte quejosa, fue para el efecto de que la autoridad responsable: ".Deje sin efectos el proveído de veintiséis de abril del año en curso, dictado dentro del expediente de origen 06/97/11, únicamente en lo que respecta a la fecha excesiva y lejana para el desahogo de la audiencia en su etapa de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, y fije nueva fecha dentro de los plazos legalmente establecidos, tomando las medidas legales conducentes para tal efecto, haciendo uso de los medios de apremio establecidos en la Ley Federal del Trabajo." En acatamiento a la concesión del amparo, la autoridad responsable remitió el oficio 3011/2016-JE2, a través del cual adjuntó, copia certificada del auto cuatro de agosto de dos mil dieciséis, misma con el cual se le dio vista, y se le corrió traslado por conducto del actuario judicial adscrito; por lo anterior, de acuerdo con el estudio de dichas constancias y al haber dado cumplimiento al fallo protector; de conformidad con el dispositivo 196 de la Ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida; por lo que, previa la anotación en el libro de gobierno, con fundamento en el numeral antes citado, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos del artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001, en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia definitiva. Notifíquese Personalmente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE Cuernavaca, Morelos, a quince de agosto de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta, en términos de los ordinales 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos, el escrito de demanda signado por Luisa Pérez Armenta; por el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de los Magistrados integrantes de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libere y Soberano de Morelos; ahora bien, SE DESECHA DE PLANO en términos del artículo 112 y 113 de la Ley de Amparo, toda vez que de su estudio integral, este Juzgado de Distrito advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. El artículo 113 de la ley de la materia, establece que: ".El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El dispositivo 112 ibidem indica: ".Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." Sustenta lo anterior la jurisprudencia I.1o.A. J/4, Página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En efecto, el promovente señala como acto reclamado en esencia, lo siguiente: ".La resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el Toca penal 25/2016-18, resolución que me fuera notificada el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis." Al respecto, este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Acotado lo anterior, en la especie, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que por esta vía combate desde el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, tal y como se aprecia del escrito de cuenta. Así pues, al realizar el cómputo del plazo que tuvo el quejoso para presentar su demanda de amparo, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda la presenta hasta el doce de agosto de dos mil dieciséis, toda vez que transcurrió del veintiséis de mayo de dos mil dieciséis al quince de junio del año en curso; de donde se advierte que cuando menos desde esa fecha el impetrante estuvo en aptitud de promover este juicio de amparo, y si la demanda de amparo fue presentada hasta el doce de agosto de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es inconcuso que resulta extemporánea. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la Ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo vigente. En esas condiciones, el juzgador al proveer sobre la admisión de su demanda, se encuentre obligado a computar el término para determinar la oportunidad de su presentación a partir de la fecha en que se hizo sabedor del acto reclamado, en el cual se desprende que fue enterado del acto que señala como violatorio de amparo el veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, por tanto, como se adelantó resulta notoriamente extemporánea la demanda de amparo presentada por Luisa Pérez Armenta. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede desechar la demanda de amparo intentada por Luisa Pérez Armenta, por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Es aplicable también al caso, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 30/994, publicada en la página 40 del Anexo al Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente, al terminar el año de mil novecientos noventa y seis, que aparece bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Licenciado Víctor Hugo Hiram Magallanes Martínez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del titular, que comprenden del uno al quince de agosto de dos mil dieciséis, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el cinco de julio de dos mil dieciséis, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3191/2016, asistido de la Secretaria María Del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil dieciséis. SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a siete de julio de dos mil dieciséis. se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el oficio signado por Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual, remite diversas constancias, con las cuales acredita los actos tendientes que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en relación al requerimiento formulado en autos; al respecto téngase por hecha la comunicación que refiere para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

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