Javier Uspango Martínez
Expediente 170/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Javier Uspango Martínez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, y no obstante que no obra el acuse correspondiente y para evitar dilaciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta al Ayuntamiento y Tesorero del Municipio de Canatlán, Durango, para que en el término de tres días, den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, máxime que a la fecha no hay justificación del retardo en su actuar, por lo tanto, se deben constreñir a los lineamientos señalados en la ejecutoria protectora, es decir: Acredite haber hecho la devolución del pago realizado por la parte quejosa por concepto de derecho de alumbrado público, por el mes de enero de dos mil veintiuno, así como la actualización correspondiente, a la cuenta bancaria proporcionada por dicha parte en su escrito inicial de demanda. Informe y acredite que dejó de aplicar los preceptos impugnados respecto del periodo en el que estén vigentes y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, por lo que a ese periodo se refiere (dos mil veintiuno). En el supuesto que se haya cobrado el derecho de alumbrado público por lo que respecta al periodo antes citado, deberá devolver dichas cantidades con su correspondiente actualización. Lo que es así, porque los efectos restitutorios que de una sentencia de amparo contra una norma fiscal obliga a la autoridad hacendaria a devolver las cantidades enteradas en aplicación de la misma, debidamente actualizadas, devolución que no se condiciona al agotamiento por la parte quejosa de la solicitud relativa, pues el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y exige la restitución en el pleno goce del derecho violado, derecho que surge en favor de aquélla de manera inmediata con motivo de la concesión del amparo, cuya fuerza vinculatoria deriva de un mandato constitucional. Lo anterior encuentra vigencia en la jurisprudencia cuyos datos son los siguientes: "Registro digital: 170708 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 221/2007 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 204 Tipo: Jurisprudencia LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS EN QUE SE FUNDÓ EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS).La declaratoria de inconstitucionalidad de las normas que rigen un tributo, derivada del juicio de garantías, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la respectiva obligación tributaria, y devolverle el saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Ahora bien, aun cuando la actualización del monto respectivo para este supuesto no esté expresamente previsto en la norma, el derecho del contribuyente a recibirla deviene de la propia naturaleza del sistema que rige las relaciones entre el fisco y el contribuyente, del que deriva que el monto pagado debe efectuarse en valor presente, pues de otra manera no podría restituirse al gobernado en el pleno goce de la garantía violada en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo.". Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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