Javier Valdez Valdez

Expediente 353/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
353/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
30/05/2018

Partes del expediente

  • Javier Valdez Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    El licenciado Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del catorce al veinticinco de mayo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el cuatro de mayo del propio año, dentro del juicio de amparo número 353/2018; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se negó la suspensión definitiva solicitada por el amparista; La parte quejosa no exhibió billete de depósito por no haberse fijado garantía alguna; En el incidente de suspensión relativo no existe recurso alguno pendiente de resolver; No existen documentos por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, treinta de mayo de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra el auto dictado por este juzgado el cuatro de mayo del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En razón de que el indicado proveído no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, y que de igual forma el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, dado que este Juzgado considera que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ALICIA

  2. Principal

    El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción con registro 9547. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la promoción de cuenta signada por la autoridad responsable Juez de Control y de Tribunal de enjuiciamiento Oral del Primer Distrito Judicial de la capital, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado el treinta de abril del año en curso y remite la resolución de seis de marzo de dos mil dieciocho, en la que se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Javier Valdez Valdez, vinculándose a proceso por el delito de DAÑO EN LAS COSAS CULPOSO cometido en agravio de Zavala Plus Sociedad Anónima de Capital Variable. Atendiendo a lo anterior, el que resuelve advierte que durante la tramitación del presente juicio de amparo ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De la demanda de amparo se advierte que el quejoso Javier Valdez Valdez reclama el indebido llamamiento a juicio por parte de los jueces de control dentro de la causa penal 1192/2017, que se tramita ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la capital, así como la notificación de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, donde se le notifica una audiencia de formulación de la imputación dentro de la causa penal en cita. Por su parte, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el Juez responsable, al rendir su respectivo informe justificado, convino expresamente en la existencia de los actos que se le reclaman. Ahora bien, del oficio de cuenta, se obtiene que el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia pública en la que el ministerio público formuló imputación al aquí quejoso Javier Valdez Valdez, quien se reservó a declarar, solicitando la duplicidad del término constitucional, por lo que al darle continuidad a dicha audiencia, el seis de marzo del año en curso, resolvió la situación jurídica del quejoso, en la que fue vinculado a proceso por el delito de DAÑO EN LAS COSAS CULPOSO. Conforme a lo anterior, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario del amparo, toda vez que en nuestro sistema jurídico existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados, a saber, a través de la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, razón por la cual, cada una de dichas modalidades posee características peculiares. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos citados, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado respecto de la primera situación jurídica, en el caso particular, contra la citación a la audiencia de formulación de imputación en contra del quejoso, es decir, que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación legal. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, auto de vinculación a proceso que resolvió la situación jurídica del quejoso de mérito, inconcuso resulta que en el caso a estudio operó un cambio en su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado, sin afectar el actual status legal del quejoso. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de amparo por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en una citación a la audiencia de formulación de imputación, emanó de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de amparo se dictó auto de vinculación a proceso, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el agraviado, por virtud de la citación a la audiencia de formulación de imputación combatida en el presente amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dicha citación, sin afectar su vigente situación legal; lo anterior, se fortalece si se toma en consideración que el auto de vinculación a proceso es autónomo e independiente de aquella citación a la audiencia de formulación de imputación; consecuentemente, al haber operado un cambio de situación jurídica, con motivo de la emisión del auto de vinculación a proceso pronunciado en contra del promovente del amparo en la causa penal de origen, lógicamente que su actual situación legal ahora es consecuencia de esa resolución y no de la citación a la audiencia de formulación de imputación que reclamó en esta instancia constitucional. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Esto último encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, cuyo texto se lee: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase dicha circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución que se reclaman al oficial Notificadora adscrita al Juzgado de control y Tribunal de enjuiciamiento, con sede en esta ciudad. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción con registro 9547. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la promoción de cuenta signada por la autoridad responsable Juez de Control y de Tribunal de enjuiciamiento Oral del Primer Distrito Judicial de la capital, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fue formulado el treinta de abril del año en curso y remite la resolución de seis de marzo de dos mil dieciocho, en la que se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Javier Valdez Valdez, vinculándose a proceso por el delito de DAÑO EN LAS COSAS CULPOSO cometido en agravio de Zavala Plus Sociedad Anónima de Capital Variable. Atendiendo a lo anterior, el que resuelve advierte que durante la tramitación del presente juicio de amparo ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". De la demanda de amparo se advierte que el quejoso Javier Valdez Valdez reclama el indebido llamamiento a juicio por parte de los jueces de control dentro de la causa penal 1192/2017, que se tramita ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la capital, así como la notificación de veintiséis de enero de dos mil dieciocho, donde se le notifica una audiencia de formulación de la imputación dentro de la causa penal en cita. Por su parte, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que el Juez responsable, al rendir su respectivo informe justificado, convino expresamente en la existencia de los actos que se le reclaman. Ahora bien, del oficio de cuenta, se obtiene que el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia pública en la que el ministerio público formuló imputación al aquí quejoso Javier Valdez Valdez, quien se reservó a declarar, solicitando la duplicidad del término constitucional, por lo que al darle continuidad a dicha audiencia, el seis de marzo del año en curso, resolvió la situación jurídica del quejoso, en la que fue vinculado a proceso por el delito de DAÑO EN LAS COSAS CULPOSO. Conforme a lo anterior, resulta incuestionable que en la especie operó un cambio de situación jurídica dentro del proceso que se instruye al peticionario del amparo, toda vez que en nuestro sistema jurídico existen cuatro modalidades para que pueda restringirse la libertad personal de los gobernados, a saber, a través de la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena, razón por la cual, cada una de dichas modalidades posee características peculiares. Asimismo, al conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos citados, se le denomina situación jurídica, de tal manera que cuando ésta cambia, cesan los efectos de la situación jurídica anterior, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras, desapareciendo de esa manera los efectos del acto anterior, lo cual hace improcedente el amparo solicitado respecto de la primera situación jurídica, en el caso particular, contra la citación a la audiencia de formulación de imputación en contra del quejoso, es decir, que se está ante la presencia de una irreparabilidad jurídica en los efectos que produjo dicho acto reclamado, lo cual hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad al cambio de la anotada situación legal. En consecuencia, al haberse emitido durante la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, auto de vinculación a proceso que resolvió la situación jurídica del quejoso de mérito, inconcuso resulta que en el caso a estudio operó un cambio en su situación jurídica, de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, no podría resolverse el fondo del amparo solicitado, sin afectar el actual status legal del quejoso. Además, en el caso particular se satisfacen todos y cada uno de los requisitos exigidos para que opere la improcedencia del juicio de amparo por cambio de situación jurídica, ya que el acto reclamado, consistente en una citación a la audiencia de formulación de imputación, emanó de un procedimiento judicial, y posteriormente durante la tramitación del juicio de amparo se dictó auto de vinculación a proceso, es decir, se emitió una resolución que cambió la situación jurídica en que se encontraba el agraviado, por virtud de la citación a la audiencia de formulación de imputación combatida en el presente amparo; por tanto, no puede analizarse la constitucionalidad de dicha citación, sin afectar su vigente situación legal; lo anterior, se fortalece si se toma en consideración que el auto de vinculación a proceso es autónomo e independiente de aquella citación a la audiencia de formulación de imputación; consecuentemente, al haber operado un cambio de situación jurídica, con motivo de la emisión del auto de vinculación a proceso pronunciado en contra del promovente del amparo en la causa penal de origen, lógicamente que su actual situación legal ahora es consecuencia de esa resolución y no de la citación a la audiencia de formulación de imputación que reclamó en esta instancia constitucional. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo; y por ende, con apoyo en lo establecido por el numeral 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria en consulta, PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; lo anterior, en observancia al principio de prontitud en la impartición de justicia que se consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Esto último encuentra apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la Contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, cuyo texto se lee: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Consecuentemente, se deja sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; hágase dicha circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo por cuanto hace a los actos de ejecución que se reclaman al oficial Notificadora adscrita al Juzgado de control y Tribunal de enjuiciamiento, con sede en esta ciudad. Es aplicable a esto último la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci

  4. Principal

    El treinta de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con una promoción con registro 9166. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de abril de dos mil dieciocho. Vista la promoción de cuenta signada por la autoridad responsable Juez de Control y de Tribunal de enjuiciamiento Oral del Primer Distrito Judicial de la capital, mediante el cual informa que el seis de marzo de dos mil dieciocho, se resolvió la situación jurídica del quejoso JAVIER VALDEZ VALDEZ, en la que se le vinculó a proceso por el delito de DAÑO EN LAS COSAS CULPOSO cometido en agravio de Zavala Plus Sociedad Anónima de Capital Variable. En consecuencia, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días, remita a este tribunal federal copia debidamente certificada y legible de la resolución en la que se vinculó a proceso al antes nombrado, toda vez que se considera necesaria para resolver el presente juicio de amparo; bajo apercibimiento que de no hacerlo o no expresar el impedimento legal que tenga para hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *Amci

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