Javier Ruiz Armenta
Expediente 1796/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 28 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1796/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 12/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Javier Ruiz Armenta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
El doce de agosto de dos mil dieciséis, el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que concluyó el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado dentro del juicio de amparo 1796/2015-6. DOY FE. En la misma fecha el secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, doce de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada el doce de julio de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que en relación al primero se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; en atención a que en dicho cuaderno se concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Comuníquese lo anterior, mediante oficio al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con sede en Culiacán, Sinaloa. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza. Doy fe. *María del Carmen*
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, TANTO EL AUTO DICTADO EN FECHA DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL DOCE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En diecinueve de julio de dos mil dieciséis, la secretaria da cuenta a la Juez con el oficio registrado bajo el número 13214 y anexos que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 1796/2015-6 (número auxiliar 292/2016-III), en el que el doce del mes y año en curso, el juez auxiliar emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, remite un disco compacto "CD", que contiene la versión pública de la resolución citada. Acúsese el recibo de estilo al órgano Jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que en la resolución emitida por el citado órgano Jurisdiccional auxiliar, se advierte que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por Javier Ruíz Armenta, contra los actos reclamados al Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas; notifíquese personalmente a las partes; remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se impongan del sentido en el que se resolvió el presente juicio. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AGENTE TERCERO INTERESADO Y ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLUTOR. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. JESSY SENTENCIA DE 12 DE JULIO DE 2016. VISTOS los autos relativos al juicio de amparo 1796/2015, promovido por Javier Ruiz Armenta contra actos del Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil quince ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, Javier Ruiz Armenta solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El entonces Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil quince radicó la demanda de amparo bajo el expediente 1796/2015 de su índice y la admitió a trámite; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; tuvo como terceros interesados a Martha Elvia Monreal Aguilar, Baldemar Esparza Perales, Jairo Alán Esparza Monreal y al Agente del Ministerio Público de la Federación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal; dio la intervención conducente al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis. TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas. CUARTO. Envío de expediente. La Juez Primera de Distrito en el Estado de Zacatecas en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo 1796/2015 de su control a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de catorce de junio de dos mil dieciséis se avocó al conocimiento del indicado juicio de amparo, lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el asunto 292/2016 y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito y, además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015 de siete de septiembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que esa Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman unos actos emitidos por una autoridad penal residente en la jurisdicción del Juzgado de Distrito auxiliado. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con el informe justificado, en términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo se concluye que los actos impugnados son los siguientes: Del Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas se reclaman: La celebración de la audiencia de uno de julio de dos mil quince y el auto de vinculación a proceso de seis del citado mes y año, emitidos en el proceso penal 32/2015 seguido contra Javier Ruiz Armenta y otros por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de extorsión agravada en grado de tentativa, contra la administración de justicia e intimidación. No se desatiende el hecho de que en la demanda de amparo el quejoso señaló como acto impugnado la resolución de siete de julio de dos mil quince; sin embargo, tomando en consideración que esa actuación constituye la versión escrita de la audiencia oral celebrada el seis del aludido mes y año, en la cual se determinó vincularlo a proceso por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos mencionados con antelación, esta última debe tenerse como el acto destacado en la presente instancia constitucional. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, toda vez que al rendir su informe con justificación -visible en las fojas 61 y 62 del expediente en que se actúa- admitió la existencia de los actos que se le atribuyen; además, dicha certeza se corrobora con las constancias que allegó al sumario relativas a la causa penal 32/2015, la cual contiene un disco versátil digital relativo al registro en audio y video de las audiencias de uno y de seis de julio de dos mil quince; medios de prueba a los cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Una vez que se fijaron los actos reclamados y se acreditó su existencia se procede al estudio de las causales de improcedencia, por ser un aspecto de orden público y de estudio preferente en el juicio de derechos fundamentales, tal como lo establece el precepto 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en la audiencia de uno de julio de dos mil quince y el auto de vinculación a proceso de seis del aludido mes y anualidad, dictados en el proceso penal 32/2015 se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para evidenciarlo se estima conveniente insertar el contenido del cardinal 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De las porciones normativas transcritas se advierte que las demandas de amparo promovidas fuera del plazo previsto por los artículos antes citados son improcedentes, ya que se considera que los actos reclamados en ellas fueron consentidos tácitamente al no haberse impugnado en los lapsos ahí previstos. Asimismo, se desprende que el plazo para la presentación de la demanda de amparo es de quince días hábiles, con las salvedades que de manera limitativa contemplan las fracciones de la I a la IV, a saber, que podrán ser de treinta días cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; de ocho años cuando se impugne una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal; de siete años cuando se controviertan actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal y, en cualquier tiempo, cuando se combatan actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Además, se observa que los plazos señalados con anterioridad deberán computarse a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, que se computará a partir del día de entrada en vigor de la ley que se pretenda impugnar. Ahora, de las constancias relativas a la causa penal 32/2015 que obran glosadas al presente juicio de amparo y de la información contenida en el disco versátil digital que fue remitido por el Juez responsable en apoyo de su informe justificado se advierte que por lo que concierne a los actos reclamados consistentes en la audiencia de uno de julio de dos mil quince y el auto de vinculación a proceso de seis de julio de la citada anualidad, dictados en el proceso penal 32/2015, el quejoso conoció de éstos desde esas propias datas. Es así, toda vez que de la consulta del material probatorio se aprecia que la audiencia inicial relativa a la causa penal 32/2015 instruida en contra de Javier Ruiz Armenta fue celebrada el uno de julio de dos mil quince (fojas 63 a 67 del expediente en que se actúa); que a ésta comparecieron los Agentes del Ministerio Público de la Federación Sonia López Vivar y Francisco Javier Camacho Rosas, los Auxiliares de la Sala, las víctimas Baldemar Esparza Perales y Martha Elvia Monreal Aguilar, el defensor Salvador Esaú Constantino Ruiz y el aquí inconforme, en la que una vez que la Agente del Ministerio Público de la Federación formuló imputación, el inculpado expuso que en el momento oportuno ejercería el derecho a declarar; luego, informado de los plazos en que se podía resolver su situación jurídica -previa consulta a su defensor- solicitó que se resolviera dentro del plazo constitucional de ciento cuarenta y cuatro horas, razón por la cual se fijó para la continuación de la diligencia las nueve horas del seis de julio de dos mil quince; finalmente, se decidió lo atinente a la medida cautelar solicitada por la representación social (presentación periódica cada ocho días ante el Centro de Justicia Penal Federal). Después, en en la Sala de Audiencias del Centro de Justicia Penal Federal (en la data y hora señaladas para la continuación de la audiencia inicial) se procedió a la reanudación de la referida diligencia, en la que según consta en el registro de audio y video correspondiente se encontraban presentes Francisco Javier Esquivel Cruz (fiscal de la Procuraduría General de la República), Sonia López Vivar y Francisco Javier Camacho Rosas (Agentes del Ministerio Público de la Federación), los Auxiliares de la Sala, las víctimas Jairo Alan Esparza Monreal, Martha Elvia Monreal Aguilar y Baldemar Esparza Perales, el defensor Salvador Esaú Constantino Ruiz y el aquí quejoso; además, que se resolvió decretar en contra de este último auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley califica como delitos de extorsión agravada en grado de tentativa, previsto y sancionado por el artículo 390, en relación con los numerales 12 y 63, párrafo primero, del Código Penal Federal; contra la administración de justicia, contemplado por el precepto 225, fracción XVIII, y sancionado acorde con lo dispuesto por el penúltimo párrafo de ese ordinal e intimidación, tipificado por el dispositivo 219, fracción I, y que sanciona el último párrafo del referido cardinal del código sustantivo; audiencias que en la parte final establecieron que las partes intervinientes quedaban legalmente notificadas de lo ahí determinado. En tal virtud, tomando en consideración que el presente juicio de garantías se ubica en el primer supuesto del artículo 18 de la Ley de Amparo, y que la parte quejosa fue legalmente notificada de la audiencia inicial y del auto de vinculación a proceso decretado en su contra en la causa penal 32/2015 el uno y el seis de julio de dos mil quince es a partir del día siguiente a aquél en que surtieron efectos esas notificaciones en que empezó a correr el plazo de los quince días que concede el ordinal 17 de la ley de la materia para la presentación de la demanda de amparo. Cierto, las mencionadas notificaciones surtieron efectos desde el día siguiente en que se practicaron, esto es, el dos y el siete de julio de dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 63 y 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código. Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; [.] II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Entonces, si se toma en consideración que en la especie la notificación surtió sus efectos al día siguiente en que se realizó, el término de quince días para promover el presente juicio de amparo en contra de la audiencia celebrada el uno de julio de dos mil quince en la referida causa penal transcurrió del tres al veintitrés del citado mes y año, descontándose del cómputo respectivo el cuatro, cinco, once, doce, dieciocho y diecinueve de julio por ser sábados, domingos e inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por otro lado, en cuanto al auto de vinculación a proceso de seis de julio de dos mil quince, el término de quince días para acudir a esta instancia constitucional a impugnarlo transcurrió del ocho al veintiocho del aludido mes y año, descontando el once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de julio por ser sábados, domingos e inhábiles, en términos del dispositivo mencionado en el párrafo que antecede. Consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, el veinticuatro de septiembre de dos mil quince es incuestionable que su presentación resulta extemporánea, al haber transcurrido en exceso el término de quince días a que se refiere el precepto 17 de la Ley de Amparo, dado que como se puntualizó el inconforme tenía hasta el veintitrés de julio de dos mil quince (por lo que hace a la audiencia inicial) y hasta el veintiocho del citado mes y año (por lo que respecta al auto de vinculación a proceso) para ejercer la acción constitucional. Máxime que los actos reclamados no se encuentran en alguno de los casos de excepción del citado artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en la especie no se reclama la aplicación de una norma general; no se trata de la sentencia definitiva condenatoria dictada en el proceso penal; no se impugnan actos que tengan por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la posesión o disfrute de los derechos agrarios; tampoco se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial (dado que derivan del proceso penal 32/2015 instruido en su contra), ni de actos de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales). Por lo tanto, es válido concluir que el promovente consintió tácitamente los actos reclamados que ahora pretende combatir en esta instancia constitucional al no haber promovido el presente juicio dentro del término de quince días al que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la tesis VI.2o. J/21 visible en la página 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), localizable en la página 38, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y texto: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." En esas condiciones, resulta patente que respecto de los actos reclamados consistentes en la audiencia de uno de julio de dos mil quince y el auto de vinculación a proceso de seis del citado mes y año se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, razón por la cual procede decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional en términos del numeral 63, fracción V, de ese ordenamiento legal. Finalmente, debe decirse que este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para analizar los conceptos de violación, ante la improcedencia del juicio de derechos fundamentales. Apoya la anterior la jurisprudencia II.3o. J/58, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, número 70, octubre de 1993, página 57, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Javier Ruiz Armenta contra los actos reclamados al Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese por conducto del Juzgado de Distrito de origen; se instruye a la Secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011 de quince de marzo de dos mil once, suscrita por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido del fallo en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, por lo que deberá quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 292/2016 del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, asistido de Ana Gabriel Toral Peralta, Secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy doce de julio de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe. En esta misma fecha, mediante el oficio 793/2016 se devolvieron los autos al juzgado de origen. Conste."
- Principal
En diecinueve de julio de dos mil dieciséis, la secretaria da cuenta a la Juez con el oficio registrado bajo el número 13214 y anexos que se acompañan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 1796/2015-6 (número auxiliar 292/2016-III), en el que el doce del mes y año en curso, el juez auxiliar emitió la sentencia constitucional respectiva; asimismo, remite un disco compacto "CD", que contiene la versión pública de la resolución citada. Acúsese el recibo de estilo al órgano Jurisdiccional resolutor y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. Ahora bien, toda vez que en la resolución emitida por el citado órgano Jurisdiccional auxiliar, se advierte que se sobreseyó el presente juicio de amparo, promovido por Javier Ruíz Armenta, contra los actos reclamados al Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Federal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas; notifíquese personalmente a las partes; remítase copia certificada de la citada resolución a la autoridad responsable, a efecto de que se impongan del sentido en el que se resolvió el presente juicio. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AGENTE TERCERO INTERESADO Y ÓRGANO JURISDICCIONAL RESOLUTOR. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. JESSY*
- Principal
En dos de mayo de dos mil dieciséis, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con un escrito registrado con el número 8743.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el aquí quejoso, mediante el cual solicita le sea entregado a Luis Velázquez Salgado el oficio número 21810/2016, dirigido al Agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Primera Investigadora de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción, adscrito a la Procuraduría General de la República con sede en la Ciudad de México, a efecto de evitar dilaciones innecesarias para la integración del juicio en que se actúa; por tanto, se autoriza la entrega del referido oficio con sus respectivos anexos, al mencionado previa identificación y toma de razón que por su entrega se asiente en autos, a fin de que se haga llegar a su destino. NOTIFIQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciséis, comunicada mediante oficio SEPLE./GEN./004/3450/2016, firmado por el licenciado Gonzalo Moctezuma Barragán, Secretario Ejecutivo del Pleno de dicho consejo, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. *María del Carmen*
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