Javier Torres Pérez

Expediente 3/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 45 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
3/2019
Año
2019
Actuaciones
45
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Javier Torres Pérez
  • Rubén Pacheco Pérez
  • Leticia Rodríguez Fernández
  • Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala
  • Gonzalo Cabrera Arámburu
  • Juzgado Tercero de Distrito En el Estado de Tlaxcala
  • Nuria Hernández Castillo
  • NURIA HERNÁNDEZ CASTILLO y Otros.
  • Instituto Mexicano del Segudo Social Delegción Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido...

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos y téngase a la parte tercera interesada Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, realizando sus respectivas manifestaciones mediante escrito presentado de manera electrónica el diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Ahora bien, en atención al estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, mediante oficios T.U.A. 33/248/20212 y T.U.A. 33/865/20213 y que con los mismos y sus anexos, por auto de quince de junio de dos mil veintiuno4 se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados, la cual sólo fue desahogada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, este tribunal hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de doce de febrero de dos mil veintiuno,5 este órgano jurisdiccional dictó ejecutoria en el presente asunto, en la que concedió la protección constitucional solicitada por el quejoso JTP, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 465/2010. 2. Emita una nueva sentencia, donde reitere los aspectos que no son materia de la presente concesión de amparo y, 3. Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en observancia a los principios de congruencia y exhaustividad: - Analice en forma íntegra, conforme a lo alegado en juicio y en términos de la legislación aplicable, la pericial en materia de valuación que ofreció la parte actora; exponiendo en su caso las razones de hecho y derecho por las cuales se estima que debe atenderse a la valuación que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. - Exponga el fundamento y motivos en que apoyó su determinación de otorgar a la demandada el plazo de sesenta días para que realice el pago de la indemnización por concepto de expropiación. 4. Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda.". Ahora bien de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que realizó lo siguiente: a) Mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno,6 dejó insubsistente la sentencia combatida de siete de noviembre de dos mil dieciocho, en congruencia con el efecto precisado en el numeral 1. b) El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno,7 emitió una nueva sentencia, donde reiteró aquellos aspectos que no son materia de la concesión de amparo, como lo fue declarar parcialmente procedentes las pretensiones marcadas con los número 1) y 2) de la litis y condenar a la demandada al pago de la indemnización correspondiente, con lo que se tiene por satisfecho el numeral 2. c) Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada y en observancia a los principios de congruencia y exhaustividad al emitir la sentencia correspondiente determinó lo siguiente: "(.) Siendo necesario precisar que, en materia de expropiación de tierras ejidales, el artículo 94 de la Ley Agraria, establece que el monto de la indemnización será determinado por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN), consecuentemente al quedar reglamentado quien se encargará del avalúo, ésta no queda a voluntad de las partes y deberán sujetarse al avalúo que emita dicha institución.- - - Asimismo, será el Registro Agrario Nacional, quien a partir de sus normas técnicas determine la superficie correcta que deberá desincorporarse de la parcela materia de la presente litis conforme a los artículos 67, 70 y 71 del Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural publicado el veintiocho de noviembre de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación, por tanto, es que no se valora dicha pericial en virtud de ser, como ya se estableció, el Registro Agrario Nacional quien determine la superficie correcta que deberá ser desincorporada del régimen ejidal, pudiendo tomar en consideración el dictamen pericial antes referido.- - - Cobra aplicación al caso concreto el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, 208702, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.240 K, página 482, bajo el rubro y texto siguientes:- - - "PRUEBA PERICIAL. LA SOLA EXISTENCIA DE DOS DICTAMENES ACORDES, NO OBLIGA A CONCEDERLE VALOR PROBATORIO (se trascribe)".- - - Así como el criterio jurisprudencial que es del tenor literal siguiente:- - - "DEFINICIÓN DE PERITO. VALOR PROBATORIO DE SUS DICTÁMENES (se trascribe)".- - - Toda vez que la pericial en topografía sirviera de base para poder realizar la pericial en valuación se tiene que dentro del sumario se nombró como perito en rebeldía de la parte actora al Ingeniero JAHP, como perito en rebeldía de la parte demandada al Ingeniero TGO y toda vez que dichas periciales fueran discordantes, es que se nombró como perito tercero en discordia al ingeniero JAAC.- - - En ese tenor, con relación a las periciales en materia de valuación este juzgador valorara dicho medio de convicción conforme a los criterios enseguida descritos.- - - 1. Que no existan datos que revelen la parcialidad del perito al emitir su dictamen. En este aspecto, aunque priva la idea generalizada de que los expertos benefician a la parte que los designa, el órgano jurisdiccional no puede partir de tal prejuicio, sino únicamente atenderá en este punto a si existen datos objetivos que revelen fehacientemente su parcialidad.- - - A partir de lo anterior y revisados los dictámenes elaborados por los peritos de las partes y el tercero en discordia, de los mismos no se desprenden datos que revelen parcialidad hacia alguna de las partes contendientes en este juicio.- - - 2. Que el perito posea los conocimientos necesarios para dictaminar sobre la materia de que se trate. Sobre el particular se atenderá a las constancias con las cuales los expertos demuestren tener los conocimientos sobre la materia de su peritación.- - - Con relación a este punto, el perito JAHP perito en rebeldía de la parte actora, aceptó y protesto el cargo el veintiuno de mayo de dos mil trece y para acreditar sus conocimientos sobre la materia, exhibió su cédula número 5721538, expedida por la Secretaría de Educación Pública, a través del cual acredita ser maestro en valuación.- - - Por su parte, el perito TGO perito en rebeldía de la parte demandada, aceptó y protesto el cargo el veintitrés de junio de dos mil catorce y para acreditar sus conocimientos sobre la materia, exhibió su cédula número **, expedida por la Secretaría de Educación Pública, a través del cual acredita ser Ingeniero Agrónomo especializado en fitotecnia.- - - Finalmente, el perito JAAC perito tercero en discordia, aceptó y protesto el cargo el quince de abril de dos mil quince y para acreditar sus conocimientos sobre la materia, exhibió su cédula número ***, expedida por la Secretaría de Educación Pública, a través del cual acredita ser Ingeniero Civil.- - - En ese tenor, este juzgador considera que los peritos cumplen con lo dispuesto en el artículo 144 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.- - - 3. Si el dictamen cumple con los requisitos internos: que se ocupe de los puntos cuestionados, así como que guarde coherencia interna y razonabilidad. Esto es, que dé respuesta a los puntos cuestionados, sin abordar aspectos ajenos al interrogatorio propuesto por las partes. Asimismo, que no contenga datos contradictorios, no sea confuso, oscuro o que no puedan apreciarse en forma clara las razones que lo sustentan, no desde el punto de vista científico sino desde la perspectiva meramente descriptiva. Asimismo, que se base en suficientes datos y muestras para sostener su conclusión.- - - Por cuanto hace a este apartado, perito en rebeldía de la parte actora al Ingeniero JAHP dio respuesta a los puntos cuestionados por las partes, para enseguida arribar a la conclusión de que de conformidad a la superficie real afectada de * metros cuadrados, el valor comercial de la superficie es de $**,000 (* pesos 00/100 m.n.) y el valor de las percepciones agrícolas es de $* (*pesos 00/100 m.n.) calculados desde el primero de marzo de dos mil diez, hasta la emisión del dictamen que fue el cuatro de junio de dos mil trece.- - - Ahora bien, el perito en rebeldía de la parte demandada al ITGO, dio respuesta a los puntos cuestionados por las partes, en donde arribó a la conclusión que de conformidad a la superficie afectada de * metros cuadrados, el valor de dicha superficie es de $* (** pesos 94/100 m.n.), que corresponde al valor físico de terreno más el valor de producción que ha dejado de percibir durante cuatro años, tres meses; y el valor de las percepciones agrícolas que podría producir dicha superficie es de $*con cultivo de maíz y forraje por año, y considerando los cuatro años, tres meses anteriores da un total de $* (* 04/100 m.n.) hasta la emisión del peritaje que fue el veintinueve de agosto de dos mil catorce.- - - Finalmente, el perito tercero en discordia al Ingeniero JAAC, dio respuesta a los puntos cuestionados por las partes, en donde arribó a la conclusión que de conformidad a la superficie afectada de * metros cuadrados, el valor de dicha superficie es de $* (*pesos 40/100 m.n.); y el valor de las percepciones agrícolas derivado del cultivo de maíz y forraje en dicha fracción, es de $* (* pesos 00/100 m.n.), para el día treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, ya que hasta el veintinueve de abril de dos mil quince (fecha de emisión del dictamen) es el inicio del ciclo del año dos mil quince.- - - Dicho perito refiere que, en los dictámenes rendidos los peritos en rebeldía de la parte actora y demandada, fue determinada de forma correcta el monto del valor comercial del metro cuadrado de la parcela 406 Z-3 P-1/2 ubicada en el ejido de Santa MT, Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala, resaltando que la diferencia en los montos estriba que el primer perito emitió su dictamen en el año dos mil trece -actor- y el del demandado en el año dos mil catorce.- - - Por tanto, es que este Juzgador con fundamento en el artículo 211 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone que el valor de la prueba pericial queda a la prudente apreciación del juzgador, se concede valor probatorio al dictamen emitido por el perito tercero en discordia, pues elaboró su dictamen sobre el estudio que realizó de la región como son datos geográficos, fisiográficos y actividades agropecuarias preponderantes en el municipio, así como las características generales de la parcela, los terrenos agrícolas de la región, pudiendo en consecuencia emitir sus conclusiones, además de ser quien al haber emitido en el año dos mil quince su dictamen, cuenta con los valores más actualizados, pues los calculó hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, siendo por ésta razón que se tomará en cuenta dicho dictamen y no los ofrecidos por las partes, amén de que el mismo a criterio de este Juzgador, se encuentra con información más clara y precisa, referente a los datos en que se basó para determinar el monto final establecido.- - - Por lo que, este juzgador considera que la cantidad monetaria total que refiere el perito tercero en discordia al Ingeniero JAAC asciende por los daños y perjuicios ocasionados a la parcela del actor que corresponde a la parcela 406 Z-3 P-1/2 del poblado de SMT, Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala, en el periodo correspondiente del primero de marzo de dos mil diez, al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce el monto asciende a la cantidad de $* (* pesos 00/100 m.n.), cantidad que corresponde únicamente a los daños y perjuicios de la superficie de $* metros cuadrados ubicados dentro de dicha parcela en el periodo establecido, por cuanto hace a las percepciones agrícolas dejadas de percibir, pues si bien también estableció el perito cantidad diversa, la misma corresponde al valor comercial de la superficie total y real que está siendo ocupada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a dicha parcela, la cual estableció de conformidad al valor de la tierra, el cual resulta ser el mismo que estableciera por el valor comercial de la superficie real y total afectada en dicho inmueble, como del mismo dictamen se conoce, pues dicho perito estableció un precio general por zona, habiendo referido el total del monto por su valor, pero se reitera, de forma general, lo cual no resulta procedente para este jurisdicente, pues un concepto es la valuación de la tierra y otro el atinente a los daños y perjuicios, por lo que la cantidad a que arriba como total el perito en valuación, éste Juzgador no lo toma en cuenta, pues dicho monto será establecido por Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, tal y como se estudiará más adelante en el considerando respectivo al pago de la desincorporación de la superficie ocupada de forma ilegal por la demandada del régimen ejidal.(.)" (Énfasis añadido) Por lo expuesto con antelación se hace patente que la autoridad responsable analizó la prueba pericial en materia de valuación que ofreció la parte actora exponiendo los motivos de hecho y derecho por los cuales consideró debe atenderse a la valuación que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con lo que se tiene por satisfecha una porción del efecto marcado con el número 3. d) Asimismo, respecto al plazo de sesenta días otorgado a la demandada para realizar el pago de indemnización por concepto de expropiación, expuso lo siguiente: "(.) Por lo que la demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberá informar el cumplimiento del presente fallo a este Tribunal, en un término que no exceda a sesenta días, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 70 y 77 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente a partir del veintinueve de noviembre del dos mil doce, que a la letra dicen:- - - "Artículo 70. (se trascribe)".- - - "Artículo 77 (se trascribe)".- - - Dicho término se otorga de conformidad a lo dispuesto por los numerales 59 y 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la materia agraria, el cual comenzará a transcurrir una vez que el Registro Agrario Nacional haya determinado la superficie a desincorporar pudiendo tomar como base la pericial realizada por el perito tercero en discordia.- - - Estimando dicho plazo suficiente para que la demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice el pago del monto que resulte del avalúo a valor comercial al momento de la afectación, como ya se dijo antelación, que lleve a cabo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, lo anterior resulta de conformidad a lo expuesto en el numeral 77 del Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural actual.- - - Lo anterior es así, máxime si se considera que la carretera está construida en totalidad y en funcionamiento, en consecuencia, para su realización se tuvieron que reunir información, acreditar la causa de utilidad pública, llevar a cabo los trabajos técnicos e informáticos necesarios, los estudios de factibilidad o de impacto ambiental, por lo que desde este momento se apercibe a la demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma al presente fallo, se le impondrán las medidas de apremio necesarias a fin de lograr su cabal cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 59 de Código Federal de Procedimientos." En atención a lo anterior queda satisfecha la parte restante del efecto marcado con el número 3 de la ejecutoria de amparo de mérito. e) Realizado lo anterior, resolvió lo que en derecho consideró pertinente, con lo que se encuentra cumplido el efecto número 4 del amparo concedido. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos reseñados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Ahora bien, por cuanto hace a los argumentos hechos valer por la parte tercera interesada en el escrito de cuenta, en contra del cumplimiento dado por el Tribunal responsable consistentes en: - La responsable omitió subsanar el desacierto al haber condenado de manera conjunta e indistinta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cubrir los daños y perjuicios originados por la ocupación previa, al pago legal y justo de la misma, así como el pago indemnizatorio de percepciones agrícolas no obtenidas, de modo que se omitió precisar que tales prestaciones son equiparables al derivar de la misma causa pedir. - La responsable no cumplió cabalmente con los lineamientos de la ejecutoria de mérito, pues emitió un fallo incongruente y carente de fundamentación y motivación en lo concerniente a la condena precisada en el párrafo anterior, y por ende existe un defecto en el cumplimiento relativo. - Se reserva el derecho para impugnar lo conducente, en caso de que se consideren transgredidos los derechos de su representada, como ocurre con la condena que se establece nuevamente a la Secretaría de Comunicación y Transportes e invoca como apoyo la tesis aislada de rubro: "AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN NO SE COMPUTA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ORDENA DAR VISTA DEL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA ANTERIOR." Como se puede apreciar de los planteamientos que anteceden la intención del inconforme versa sobre cuestiones que son ajenas a los efectos de la ejecutoria de amparo puesto que la condena a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cubrir los daños y perjuicios originados por la ocupación previa, al pago legal y justo de la misma, así como el pago indemnizatorio de percepciones agrícolas no obtenidas, no fue motivo de algún punto tocante de los cuatro efectos de la concesión realizada por este órgano jurisdiccional, asimismo por cuanto hace a la tesis aislada que invoca en apoyo a su argumento la misma no resulta aplicable ya que versa sobre un tema diverso a lo pretendido en el planteamiento, inclusive su contenido es únicamente ilustrativo en relación a que el término para la interposición del amparo no se computara a partir de la notificación del auto por el que se ordena dar vista con el cumplimiento de una ejecutoria previa, de ahí que no asista la razón a los argumentos esgrimidos por la parte tercera interesada. Hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo, para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a cinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos y téngase a la parte tercera interesada Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, realizando sus respectivas manifestaciones mediante escrito presentado de manera electrónica el diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Ahora bien, en atención al estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, mediante oficios T.U.A. 33/248/2021 y T.U.A. 33/865/2021 y que con los mismos y sus anexos, por auto de quince de junio de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y terceros interesados, la cual sólo fue desahogada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, este tribunal hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión remota ordinaria de doce de febrero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional dictó ejecutoria en el presente asunto, en la que concedió la protección constitucional solicitada por el quejoso JTP, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia de siete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 465/2010. 2. Emita una nueva sentencia, donde reitere los aspectos que no son materia de la presente concesión de amparo y, 3. Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada, en observancia a los principios de congruencia y exhaustividad: - Analice en forma íntegra, conforme a lo alegado en juicio y en términos de la legislación aplicable, la pericial en materia de valuación que ofreció la parte actora; exponiendo en su caso las razones de hecho y derecho por las cuales se estima que debe atenderse a la valuación que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. - Exponga el fundamento y motivos en que apoyó su determinación de otorgar a la demandada el plazo de sesenta días para que realice el pago de la indemnización por concepto de expropiación. 4. Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda.". Ahora bien de las constancias remitidas por la autoridad responsable se aprecia que realizó lo siguiente: a) Mediante acuerdo de dos de marzo de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la sentencia combatida de siete de noviembre de dos mil dieciocho, en congruencia con el efecto precisado en el numeral 1. b) El veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, emitió una nueva sentencia, donde reiteró aquellos aspectos que no son materia de la concesión de amparo, como lo fue declarar parcialmente procedentes las pretensiones marcadas con los número 1) y 2) de la litis y condenar a la demandada al pago de la indemnización correspondiente, con lo que se tiene por satisfecho el numeral 2. c) Con libertad de jurisdicción, de manera fundada y motivada y en observancia a los principios de congruencia y exhaustividad al emitir la sentencia correspondiente determinó lo siguiente: "(.) Siendo necesario precisar que, en materia de expropiación de tierras ejidales, el artículo 94 de la Ley Agraria, establece que el monto de la indemnización será determinado por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN), consecuentemente al quedar reglamentado quien se encargará del avalúo, ésta no queda a voluntad de las partes y deberán sujetarse al avalúo que emita dicha institución.- - - Asimismo, será el Registro Agrario Nacional, quien a partir de sus normas técnicas determine la superficie correcta que deberá desincorporarse de la parcela materia de la presente litis conforme a los artículos 67, 70 y 71 del Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural publicado el veintiocho de noviembre de dos mil doce, en el Diario Oficial de la Federación, por tanto, es que no se valora dicha pericial en virtud de ser, como ya se estableció, el Registro Agrario Nacional quien determine la superficie correcta que deberá ser desincorporada del régimen ejidal, pudiendo tomar en consideración el dictamen pericial antes referido.- - - Cobra aplicación al caso concreto el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, 208702, Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia(s): Común, Tesis: VI.1o.240 K, página 482, bajo el rubro y texto siguientes:- - - "PRUEBA PERICIAL. LA SOLA EXISTENCIA DE DOS DICTAMENES ACORDES, NO OBLIGA A CONCEDERLE VALOR PROBATORIO (se trascribe)".- - - Así como el criterio jurisprudencial que es del tenor literal siguiente:- - - "DEFINICIÓN DE PERITO. VALOR PROBATORIO DE SUS DICTÁMENES (se trascribe)".- - - Toda vez que la pericial en topografía sirviera de base para poder realizar la pericial en valuación se tiene que dentro del sumario se nombró como perito en rebeldía de la parte actora al Ingeniero JAHP, como perito en rebeldía de la parte demandada al Ingeniero TGO y toda vez que dichas periciales fueran discordantes, es que se nombró como perito tercero en discordia al ingeniero JAAC.- - - En ese tenor, con relación a las periciales en materia de valuación este juzgador valorara dicho medio de convicción conforme a los criterios enseguida descritos.- - - 1. Que no existan datos que revelen la parcialidad del perito al emitir su dictamen. En este aspecto, aunque priva la idea generalizada de que los expertos benefician a la parte que los designa, el órgano jurisdiccional no puede partir de tal prejuicio, sino únicamente atenderá en este punto a si existen datos objetivos que revelen fehacientemente su parcialidad.- - - A partir de lo anterior y revisados los dictámenes elaborados por los peritos de las partes y el tercero en discordia, de los mismos no se desprenden datos que revelen parcialidad hacia alguna de las partes contendientes en este juicio.- - - 2. Que el perito posea los conocimientos necesarios para dictaminar sobre la materia de que se trate. Sobre el particular se atenderá a las constancias con las cuales los expertos demuestren tener los conocimientos sobre la materia de su peritación.- - - Con relación a este punto, el perito Jorge Antonio Hernández Plascencia perito en rebeldía de la parte actora, aceptó y protesto el cargo el veintiuno de mayo de dos mil trece y para acreditar sus conocimientos sobre la materia, exhibió su cédula número ***, expedida por la Secretaría de Educación Pública, a través del cual acredita ser maestro en valuación.- - - Por su parte, el perito TGO perito en rebeldía de la parte demandada, aceptó y protesto el cargo el veintitrés de junio de dos mil catorce y para acreditar sus conocimientos sobre la materia, exhibió su cédula número ***, expedida por la Secretaría de Educación Pública, a través del cual acredita ser Ingeniero Agrónomo especializado en fitotecnia.- - - Finalmente, el perito JAAC perito tercero en discordia, aceptó y protesto el cargo el quince de abril de dos mil quince y para acreditar sus conocimientos sobre la materia, exhibió su cédula número ***, expedida por la Secretaría de Educación Pública, a través del cual acredita ser Ingeniero Civil.- - - En ese tenor, este juzgador considera que los peritos cumplen con lo dispuesto en el artículo 144 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.- - - 3. Si el dictamen cumple con los requisitos internos: que se ocupe de los puntos cuestionados, así como que guarde coherencia interna y razonabilidad. Esto es, que dé respuesta a los puntos cuestionados, sin abordar aspectos ajenos al interrogatorio propuesto por las partes. Asimismo, que no contenga datos contradictorios, no sea confuso, oscuro o que no puedan apreciarse en forma clara las razones que lo sustentan, no desde el punto de vista científico sino desde la perspectiva meramente descriptiva. Asimismo, que se base en suficientes datos y muestras para sostener su conclusión.- - - Por cuanto hace a este apartado, perito en rebeldía de la parte actora al Ingeniero JAHP dio respuesta a los puntos cuestionados por las partes, para enseguida arribar a la conclusión de que de conformidad a la superficie real afectada de *** metros cuadrados, el valor comercial de la superficie es de $*** y el valor de las percepciones agrícolas es de $*** calculados desde el primero de marzo de dos mil diez, hasta la emisión del dictamen que fue el cuatro de junio de dos mil trece.- - - Ahora bien, el perito en rebeldía de la parte demandada al Ingeniero TGO, dio respuesta a los puntos cuestionados por las partes, en donde arribó a la conclusión que de conformidad a la superficie afectada de 841.35 metros cuadrados, el valor de dicha superficie es de $***, que corresponde al valor físico de terreno más el valor de producción que ha dejado de percibir durante cuatro años, tres meses; y el valor de las percepciones agrícolas que podría producir dicha superficie es de $*** con cultivo de maíz y forraje por año, y considerando los cuatro años, tres meses anteriores da un total de $*** hasta la emisión del peritaje que fue el veintinueve de agosto de dos mil catorce.- - - Finalmente, el perito tercero en discordia al Ingeniero JAAC, dio respuesta a los puntos cuestionados por las partes, en donde arribó a la conclusión que de conformidad a la superficie afectada de *** metros cuadrados, el valor de dicha superficie es de $***; y el valor de las percepciones agrícolas derivado del cultivo de maíz y forraje en dicha fracción, es de $***, para el día treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, ya que hasta el veintinueve de abril de dos mil quince (fecha de emisión del dictamen) es el inicio del ciclo del año dos mil quince.- - - Dicho perito refiere que, en los dictámenes rendidos los peritos en rebeldía de la parte actora y demandada, fue determinada de forma correcta el monto del valor comercial del metro cuadrado de la parcela *** ubicada en el ejido de ***, Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala, resaltando que la diferencia en los montos estriba que el primer perito emitió su dictamen en el año dos mil trece -actor- y el del demandado en el año dos mil catorce.- - - Por tanto, es que este Juzgador con fundamento en el artículo 211 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone que el valor de la prueba pericial queda a la prudente apreciación del juzgador, se concede valor probatorio al dictamen emitido por el perito tercero en discordia, pues elaboró su dictamen sobre el estudio que realizó de la región como son datos geográficos, fisiográficos y actividades agropecuarias preponderantes en el municipio, así como las características generales de la parcela, los terrenos agrícolas de la región, pudiendo en consecuencia emitir sus conclusiones, además de ser quien al haber emitido en el año dos mil quince su dictamen, cuenta con los valores más actualizados, pues los calculó hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, siendo por ésta razón que se tomará en cuenta dicho dictamen y no los ofrecidos por las partes, amén de que el mismo a criterio de este Juzgador, se encuentra con información más clara y precisa, referente a los datos en que se basó para determinar el monto final establecido.- - - Por lo que, este juzgador considera que la cantidad monetaria total que refiere el perito tercero en discordia al Ingeniero JAAC asciende por los daños y perjuicios ocasionados a la parcela del actor que corresponde a la parcela *** del poblado de ***, Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala, en el periodo correspondiente del primero de marzo de dos mil diez, al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce el monto asciende a la cantidad de $***, cantidad que corresponde únicamente a los daños y perjuicios de la superficie de $*** metros cuadrados ubicados dentro de dicha parcela en el periodo establecido, por cuanto hace a las percepciones agrícolas dejadas de percibir, pues si bien también estableció el perito cantidad diversa, la misma corresponde al valor comercial de la superficie total y real que está siendo ocupada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a dicha parcela, la cual estableció de conformidad al valor de la tierra, el cual resulta ser el mismo que estableciera por el valor comercial de la superficie real y total afectada en dicho inmueble, como del mismo dictamen se conoce, pues dicho perito estableció un precio general por zona, habiendo referido el total del monto por su valor, pero se reitera, de forma general, lo cual no resulta procedente para este jurisdicente, pues un concepto es la valuación de la tierra y otro el atinente a los daños y perjuicios, por lo que la cantidad a que arriba como total el perito en valuación, éste Juzgador no lo toma en cuenta, pues dicho monto será establecido por Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, tal y como se estudiará más adelante en el considerando respectivo al pago de la desincorporación de la superficie ocupada de forma ilegal por la demandada del régimen ejidal.(.)" (Énfasis añadido) Por lo expuesto con antelación se hace patente que la autoridad responsable analizó la prueba pericial en materia de valuación que ofreció la parte actora exponiendo los motivos de hecho y derecho por los cuales consideró debe atenderse a la valuación que realice el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con lo que se tiene por satisfecha una porción del efecto marcado con el número 3. d) Asimismo, respecto al plazo de sesenta días otorgado a la demandada para realizar el pago de indemnización por concepto de expropiación, expuso lo siguiente: "(.) Por lo que la demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes, deberá informar el cumplimiento del presente fallo a este Tribunal, en un término que no exceda a sesenta días, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 70 y 77 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural vigente a partir del veintinueve de noviembre del dos mil doce, que a la letra dicen:- - - "Artículo 70. (se trascribe)".- - - "Artículo 77 (se trascribe)".- - - Dicho término se otorga de conformidad a lo dispuesto por los numerales 59 y 420 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la materia agraria, el cual comenzará a transcurrir una vez que el Registro Agrario Nacional haya determinado la superficie a desincorporar pudiendo tomar como base la pericial realizada por el perito tercero en discordia.- - - Estimando dicho plazo suficiente para que la demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice el pago del monto que resulte del avalúo a valor comercial al momento de la afectación, como ya se dijo antelación, que lleve a cabo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, lo anterior resulta de conformidad a lo expuesto en el numeral 77 del Reglamento de la Ley Agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural actual.- - - Lo anterior es así, máxime si se considera que la carretera está construida en totalidad y en funcionamiento, en consecuencia, para su realización se tuvieron que reunir información, acreditar la causa de utilidad pública, llevar a cabo los trabajos técnicos e informáticos necesarios, los estudios de factibilidad o de impacto ambiental, por lo que desde este momento se apercibe a la demandada Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en caso de no dar cumplimiento en tiempo y forma al presente fallo, se le impondrán las medidas de apremio necesarias a fin de lograr su cabal cumplimiento, conforme lo dispone el artículo 59 de Código Federal de Procedimientos." En atención a lo anterior queda satisfecha la parte restante del efecto marcado con el número 3 de la ejecutoria de amparo de mérito. e) Realizado lo anterior, resolvió lo que en derecho consideró pertinente, con lo que se encuentra cumplido el efecto número 4 del amparo concedido. De lo anterior se concluye que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector, como se hace patente de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y las actuaciones practicadas por aquélla en los términos reseñados en párrafos anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Ahora bien, por cuanto hace a los argumentos hechos valer por la parte tercera interesada en el escrito de cuenta, en contra del cumplimiento dado por el Tribunal responsable consistentes en: - La responsable omitió subsanar el desacierto al haber condenado de manera conjunta e indistinta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cubrir los daños y perjuicios originados por la ocupación previa, al pago legal y justo de la misma, así como el pago indemnizatorio de percepciones agrícolas no obtenidas, de modo que se omitió precisar que tales prestaciones son equiparables al derivar de la misma causa pedir. - La responsable no cumplió cabalmente con los lineamientos de la ejecutoria de mérito, pues emitió un fallo incongruente y carente de fundamentación y motivación en lo concerniente a la condena precisada en el párrafo anterior, y por ende existe un defecto en el cumplimiento relativo. - Se reserva el derecho para impugnar lo conducente, en caso de que se consideren transgredidos los derechos de su representada, como ocurre con la condena que se establece nuevamente a la Secretaría de Comunicación y Transportes e invoca como apoyo la tesis aislada de rubro: "AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN NO SE COMPUTA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE ORDENA DAR VISTA DEL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA ANTERIOR." Como se puede apreciar de los planteamientos que anteceden la intención del inconforme versa sobre cuestiones que son ajenas a los efectos de la ejecutoria de amparo puesto que la condena a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cubrir los daños y perjuicios originados por la ocupación previa, al pago legal y justo de la misma, así como el pago indemnizatorio de percepciones agrícolas no obtenidas, no fue motivo de algún punto tocante de los cuatro efectos de la concesión realizada por este órgano jurisdiccional, asimismo por cuanto hace a la tesis aislada que invoca en apoyo a su argumento la misma no resulta aplicable ya que versa sobre un tema diverso a lo pretendido en el planteamiento, inclusive su contenido es únicamente ilustrativo en relación a que el término para la interposición del amparo no se computara a partir de la notificación del auto por el que se ordena dar vista con el cumplimiento de una ejecutoria previa, de ahí que no asista la razón a los argumentos esgrimidos por la parte tercera interesada. Hágase del conocimiento a las partes el presente acuerdo, para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Se tiene por recibida la razón actuarial de dieciocho del mes y año en curso, signada por el licenciado Juan Francisco Giorgana Cruz, de la que se advierte la imposibilidad de notificar el oficio 550/2021 a la tercera interesada Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el auto de quince del mes y año en curso, por los motivos asentados en la misma; en tales condiciones, instrúyase al actuario adscrito para que reenvíe el citado oficio a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación de la referida tercera interesada a su domicilio oficial.

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