Javier Montes Soto

Expediente 850/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
850/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Javier Montes Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno, deberán desintegrarse materialmente las constancias y conservarse sólo la demanda de amparo, la sentencia y el presente proveído. Finalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la legislación de amparo, intégrese la presente actuación al expediente electrónico, a efecto de que éste coincida íntegramente con el impreso.

  2. Juicio de Amparo Directo

    por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido. concesión; esto es, que es trabajador de confianza, que no tiene estabilidad en el empleo, por ende, no es posible el cumplimiento del contrato individual de trabajo, en cuanto a su vigencia. Ante ello no es procedente la reinstalación reclamada, ni la procedencia de los pagos por concepto de salarios caídos o nombramiento como trabajador de base. Una vez reiterado lo anterior, proceda al estudio completo de las pruebas que obran en el sumario y ofrecidas para justificar lo relativo a la fecha de ingreso del trabajador y el salario devengado, de manera fundada y motivada, exprese con razonamientos lógicos y jurídicos si las mismas justifican o no las pretensiones del actor del juicio laboral. Posterior a ello resuelva como en derecho corresponda.". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable -Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala- mediante oficio de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ordenó dejar sin efecto el laudo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Posteriormente en esa misma fecha, envió el nuevo laudo emitido el dieciocho del mes y año citado en el cual analizó que el aquí quejoso en su carácter de trabajador de confianza en el juicio laboral de origen no gozan constitucionalmente del derecho de estabilidad en el empleo y por ende, no pueden reclamar prestaciones que deriven directamente de dicha prerrogativa, como la reinstalación o la indemnización constitucional, y absolvió al Ayuntamiento de Santa Cruz, Tlaxcala, de reinstalar al aquí quejoso. Seguido a ello, procedió al análisis de reconocimiento como tiempo efectivamente laborado a favor del demandado y el cómputo de su antigüedad. En ese sentido la responsable, procedió en el laudo que se analiza, al desglose de las pruebas aportadas por las partes entre ellas las del actor, dichas probanzas consistentes en la prueba de inspección, contrato individual de trabajo e informes de actividades. De igual manera analizó las pruebas ofrecidas por el ayuntamiento demandado; seguido a ello, en cuanto a la fecha de ingreso del trabajador, así como el tiempo laborado, estimó que las pruebas ofrecidas por el actor no fueron las idóneas para demostrar en lo que interesa, la fecha de ingreso del trabajador como servidor público del Ayuntamiento demandado; pues concluyó que ese carácter se obtiene a través de nombramientos, lista de nóminas del ente público. Además que el contrato individual de trabajo y los informes de actividades no revelan ese supuesto. Que el contrato individual de trabajo se aprecia que el trabajador se encontraría subordinado único y exclusivamente a la síndica municipal, brindando apoyo solo a ella y no al ayuntamiento demandado; lo que a su juicio implicó una diversa relación de trabajo de naturaleza distinta a la laboral; lo cual dice se robusteció con los informes de actividades. Así también en cuanto al salario, analizó las pruebas aportadas tanto por la actora como por la parte demandada, señalando que si bien en contrato de trabajo se estableció como pago la cantidad de $*(*pesos 57/100 M.N.), tal cantidad se encontraba en el contrato que exhibió el trabajador, que por ello dicha suma no correspondía al pago que el ayuntamiento le hacía al trabajador, pues para ello era necesario exhibir recibos de nómina correspondiente. En ese sentido, la autoridad laboral concluyó que el trabajador prestó sus servicios a partir del quince de febrero (segunda quincena) de dos mil quince y hasta el dos de junio de la misma anualidad y la autoridad responsable condenó al tercero interesado (ayuntamiento) a reconocer el tiempo laborado por JMS, así como a pagar el adeudo por conceptos de salarios devengados comprendido del quince de febrero al uno de junio de dos mil quince. Lo anterior, conforme al salario establecido por la cantidad de nueve mil pesos quincenales, mismo que obtuvo del análisis de las pruebas aportadas al juicio, acorde a lo expuesto anteriormente. Para lo anterior, en el laudo que se analiza, la autoridad laboral invocó el artículo 784 Fracciones I y XII de la ley Federal del Trabajo, los artículos 1°, 3 y 9 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Ahora el trabajador y quejoso JMS, en las manifestaciones que hizo respecto del laudo en cumplimiento a la ejecutoria, mismo que se analiza, señaló que la responsable hizo un estudio omiso de las pruebas que aportó al sumario, relativas a justificar la fecha de ingreso del trabajador y el salario devengado. Lo cual a su juicio se hizo una apreciación limitada, sin que se aprecie sustento alguno, por lo que se omitió dar cumplimiento a la ejecutoria. Al respecto cabe decirle al quejoso manifestante, ser verdad que en la ejecutoria se estableció, se procediera al estudio completo de las pruebas que obran en el sumario y ofrecidas para justificar lo relativo a la fecha de ingreso del trabajador y el salario devengado, debiendo expresar de manera fundada y motivada, con razonamientos lógicos y jurídicos si las mismas justifican o no las pretensiones del actor del juicio laboral. Para ello se dejó plenitud de jurisdicción, es decir, resolviera conforme a derecho corresponda. En el caso, como se dijo, la responsable sí analizó el cúmulo de pruebas para determinar lo relativo a la fecha de ingreso y tiempo laborado por el trabajador, así como en cuanto al salario, invocó los artículos aplicables al caso, así como los razonamientos que estimó lógicos y jurídicos para ello; cuestión que hace se cumpla con la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías. Por lo anterior, no le asiste razón al manifestante, pues de no convenir con las consideraciones de la responsable, puede inconformarse en un nuevo juicio de garantías directo, dado que la responsable sí cumplió con la ejecutoria, sin embargo, en cuanto a las consecuencias del estudio de las pruebas aportadas y valoradas respecto de la fecha de ingreso del trabajador y el salario devengado, aplicó su criterio, al haber dejado libertad de jurisdicción para tales efectos. De lo anterior se concluye qué, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó, precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido. concesión; esto es, que es trabajador de confianza, que no tiene estabilidad en el empleo, por ende, no es posible el cumplimiento del contrato individual de trabajo, en cuanto a su vigencia. Ante ello no es procedente la reinstalación reclamada, ni la procedencia de los pagos por concepto de salarios caídos o nombramiento como trabajador de base. Una vez reiterado lo anterior, proceda al estudio completo de las pruebas que obran en el sumario y ofrecidas para justificar lo relativo a la fecha de ingreso del trabajador y el salario devengado, de manera fundada y motivada, exprese con razonamientos lógicos y jurídicos si las mismas justifican o no las pretensiones del actor del juicio laboral. Posterior a ello resuelva como en derecho corresponda.". Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable -Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala- mediante oficio de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, ordenó dejar sin efecto el laudo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Posteriormente en esa misma fecha, envió el nuevo laudo emitido el dieciocho del mes y año citado en el cual analizó que el aquí quejoso en su carácter de trabajador de confianza en el juicio laboral de origen no gozan constitucionalmente del derecho de estabilidad en el empleo y por ende, no pueden reclamar prestaciones que deriven directamente de dicha prerrogativa, como la reinstalación o la indemnización constitucional, y absolvió al Ayuntamiento de Santa Cruz, Tlaxcala, de reinstalar al aquí quejoso. Seguido a ello, procedió al análisis de reconocimiento como tiempo efectivamente laborado a favor del demandado y el cómputo de su antigüedad. En ese sentido la responsable, procedió en el laudo que se analiza, al desglose de las pruebas aportadas por las partes entre ellas las del actor, dichas probanzas consistentes en la prueba de inspección, contrato individual de trabajo e informes de actividades. De igual manera analizó las pruebas ofrecidas por el ayuntamiento demandado; seguido a ello, en cuanto a la fecha de ingreso del trabajador, así como el tiempo laborado, estimó que las pruebas ofrecidas por el actor no fueron las idóneas para demostrar en lo que interesa, la fecha de ingreso del trabajador como servidor público del Ayuntamiento demandado; pues concluyó que ese carácter se obtiene a través de nombramientos, lista de nóminas del ente público. Además que el contrato individual de trabajo y los informes de actividades no revelan ese supuesto. Que el contrato individual de trabajo se aprecia que el trabajador se encontraría subordinado único y exclusivamente a la síndica municipal, brindando apoyo solo a ella y no al ayuntamiento demandado; lo que a su juicio implicó una diversa relación de trabajo de naturaleza distinta a la laboral; lo cual dice se robusteció con los informes de actividades. Así también en cuanto al salario, analizó las pruebas aportadas tanto por la actora como por la parte demandada, señalando que si bien en contrato de trabajo se estableció como pago la cantidad de $*(*pesos 57/100 M.N.), tal cantidad se encontraba en el contrato que exhibió el trabajador, que por ello dicha suma no correspondía al pago que el ayuntamiento le hacía al trabajador, pues para ello era necesario exhibir recibos de nómina correspondiente. En ese sentido, la autoridad laboral concluyó que el trabajador prestó sus servicios a partir del quince de febrero (segunda quincena) de dos mil quince y hasta el dos de junio de la misma anualidad y la autoridad responsable condenó al tercero interesado (ayuntamiento) a reconocer el tiempo laborado por JMS, así como a pagar el adeudo por conceptos de salarios devengados comprendido del quince de febrero al uno de junio de dos mil quince. Lo anterior, conforme al salario establecido por la cantidad de nueve mil pesos quincenales, mismo que obtuvo del análisis de las pruebas aportadas al juicio, acorde a lo expuesto anteriormente. Para lo anterior, en el laudo que se analiza, la autoridad laboral invocó el artículo 784 Fracciones I y XII de la ley Federal del Trabajo, los artículos 1°, 3 y 9 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. Ahora el trabajador y quejoso JMS, en las manifestaciones que hizo respecto del laudo en cumplimiento a la ejecutoria, mismo que se analiza, señaló que la responsable hizo un estudio omiso de las pruebas que aportó al sumario, relativas a justificar la fecha de ingreso del trabajador y el salario devengado. Lo cual a su juicio se hizo una apreciación limitada, sin que se aprecie sustento alguno, por lo que se omitió dar cumplimiento a la ejecutoria. Al respecto cabe decirle al quejoso manifestante, ser verdad que en la ejecutoria se estableció, se procediera al estudio completo de las pruebas que obran en el sumario y ofrecidas para justificar lo relativo a la fecha de ingreso del trabajador y el salario devengado, debiendo expresar de manera fundada y motivada, con razonamientos lógicos y jurídicos si las mismas justifican o no las pretensiones del actor del juicio laboral. Para ello se dejó plenitud de jurisdicción, es decir, resolviera conforme a derecho corresponda. En el caso, como se dijo, la responsable sí analizó el cúmulo de pruebas para determinar lo relativo a la fecha de ingreso y tiempo laborado por el trabajador, así como en cuanto al salario, invocó los artículos aplicables al caso, así como los razonamientos que estimó lógicos y jurídicos para ello; cuestión que hace se cumpla con la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías. Por lo anterior, no le asiste razón al manifestante, pues de no convenir con las consideraciones de la responsable, puede inconformarse en un nuevo juicio de garantías directo, dado que la responsable sí cumplió con la ejecutoria, sin embargo, en cuanto a las consecuencias del estudio de las pruebas aportadas y valoradas respecto de la fecha de ingreso del trabajador y el salario devengado, aplicó su criterio, al haber dejado libertad de jurisdicción para tales efectos. De lo anterior se concluye qué, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó, precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    se recibe Escrito signado por el quejoso JMS, por propio derecho, con una copia, en atención a su contenido, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 196 de la ley de la materia, se tienen por realizadas sus manifestaciones con relación al cumplimiento del fallo protector.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 2,480 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano