Javier Tinoco Avilés

Expediente 1128/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1128/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
20/12/2022

Partes del expediente

  • Javier Tinoco Avilés
  • Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado en este juicio de amparo el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia, el con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En tal, virtud y toda vez de que por auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Luego, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva, el original del incidente de suspensión es susceptible de Destrucción, en términos de los artículos 20, fracción I y, 21, inciso c), del referido Acuerdo General. Por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo cual, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual manifiesta que es su deseo desistirse de la presente demanda de amparo. Ahora bien, de la constancia practicada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, se advierte que el quejoso ********************, el contenido del escrito presentado en párrafos que anteceden, así como la firma que lo calza, manifestando que desiste del presente juicio de amparo; por tanto, bajo esa asociación de ideas, y atento que el desistimiento de la acción constitucional, constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado; por consiguiente, el desistimiento del presente asunto, expresado por el promovente, ante una autoridad investida de fe pública, como es la Actuaria que practicó la diligencia, actualiza la hipótesis prevista en la fracción I, del ordinal 63 de la Ley de Amparo en vigor, por tanto, se decreta el sobreseimiento del presente juicio. Háganse las anotaciones que corresponden en el Libro de Gobierno, comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales consiguientes y en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido. Sirve de apoyo al anterior criterio la Tesis Jurisprudencial número 2a./J.33/2000, visible en la Página 147, Segundo Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Igualmente la diversa tesis publicada en la página 240, del Tomo XI correspondiente al mes de abril de 1993, octava época, del Semanario Judicial de la federación que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo. También se cita la diversa tesis aislada XIX.1o.1 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 1758, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. ES INNECESARIA SU RATIFICACIÓN CUANDO QUEDA ACREDITADO ANTE EL SECRETARIO DE LA JUNTA RESPONSABLE LA VOLUNTAD DEL QUEJOSO EN ESE SENTIDO, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS CON APOYO EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA. En virtud de que el objeto de la ratificación del desistimiento es constatar que es voluntad auténtica y libre del quejoso terminar la tramitación del juicio de amparo en el estado en que se encuentre por así convenir a sus intereses, debe considerarse que tanto su voluntad de desistir, como la libertad con la que lo manifiesta, quedan acreditadas al expresar en su comparecencia ante un funcionario investido de fe pública como lo es el secretario de la Junta responsable, su intención de desistir de la demanda de amparo, sin necesidad de ratificación, por lo que debe sobreseerse en el juicio de garantías, con apoyo en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que hace falta la totalidad de las constancias del expediente administrativo ********************, de donde derivan los actos reclamados, en tal virtud requiérase a la Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación de las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado en cuanto Presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Subsecretario de Operación Policita, Subsecretario de Información Inteligencia y Contra inteligencia, y del Director de Tránsito y Movilidad, todos con sede en esta ciudad; a fin de que con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, por resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita el original, duplicado, o bien, copias certificadas de la totalidad expediente administrativo ********************, a fin de estar en posibilidad de resolver el presente asunto, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K(10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Por otra parte, de autos se desprende que está transcurriendo el término de ocho días que señala el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a fin de que las partes, principalmente la parte quejosa, se impongan del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado en cuanto Presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Subsecretario de Operación Policita, Subsecretario de Información Inteligencia y Contra inteligencia, y del Director de Tránsito y Movilidad, todos con sede en esta ciudad; del cual se proveyó en auto de diez de noviembre del año en curso, en consecuencia, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy se difiere señalándose como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número SSP/CHJ/ST/0362/2022 signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación de las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado en cuanto Presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Subsecretario de Operación Policita, Subsecretario de Información Inteligencia y Contra inteligencia, y del Director de Tránsito y Movilidad, todos con sede en esta ciudad; así como con el oficio SSP/UAJDH/4017/2022 signado por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en representación de la autoridad responsable Delegada Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe justificado que les fue solicitado; con los cuales se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, téngase a Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos en representación de la autoridad responsable Delegada Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, designando como delegados a las personas que indica y señalando como domicilio el ubicado en calle Teodoro Gamero número 165, colonia Sentimientos de la Nación, de esta ciudad; lo anterior, con fundamento en los artículos 9 y 28 fracción I de la Ley de Amparo; y, además, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la citada responsable ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que acompaña a la misiva de cuenta, mismas que dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Finalmente, téngase a la Secretaria Técnica de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación de las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado en cuanto Presidente de la Comisión de Honor y Justicia, Subsecretario de Operación Policita, Subsecretario de Información Inteligencia y Contra inteligencia, y del Director de Tránsito y Movilidad, todos con sede en esta ciudad; señalando como domicilio el ubicado en calle Teodoro Gamero número 165, colonia Sentimientos de la Nación, de esta ciudad; lo anterior, con fundamento en el artículo 28 fracción I de la Ley de Amparo; y, además, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a las citadas responsables ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que acompañan a la misiva de cuenta, mismas que dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Notifíquese.

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