Javier Ramírez Suárez
Expediente 1006/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1006/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier Ramírez Suárez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio número 1035, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; por medio del cual acusa recibo del oficio número 16423/2019, mediante el cual se le notificó el proveído nueve de octubre de dos mil diecinueve, y se le devolvieron los autos originales del juicio ordinario civil número 661/2013, y los cuadernos de amparo que cita; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra de los autos de diecisiete y veintiséis, ambos de septiembre de dos mil diecinueve, mediante los cuales se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hicieran, mismo que transcurrió del veinte al veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve y del uno al siete, ambos de octubre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARAN FIRMES dichos proveídos, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido y por lo que respecta al juicio ordinario civil 661/2013, de donde emana el acto reclamado, así como los cuadernos de amparo 3/2018 y 8/2019, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Zitácuaro, Michoacán, devuélvanse a su lugar de origen por ser innecesario que sigan obrando en autos. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, así como del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que en proveído de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, se requirió al quejoso ***, para que compareciera ante este órgano federal a ratificar el escrito donde desiste de la demanda de amparo, presentado ante la autoridad responsable el dos de septiembre de dos mil diecinueve, sin que se haya presentado a realizar lo propio; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en tal proveído, y se procede a proveer lo que en derecho corresponde; en consecuencia, de las constancias remitidas como complemento al informe justificado por la autoridad responsable, se advierte que resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada por el aludido quejoso, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación los artículos 17 de la Ley de Amparo, del texto literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." El marco jurídico transcrito pone de manifiesto que la implantación de un término para la promoción del juicio de amparo obedece a una cuestión de seguridad jurídica en relación al acto de autoridad, ya que si no se estableciera un plazo para su impugnación, podría pensarse válidamente en la presentación de la demanda en cualquier momento, dejando con ello en incertidumbre a la autoridad responsable, así como a quien se haya visto beneficiado con el acto de referencia. En efecto, tal postura se reitera en la causal de improcedencia prevista en el primero de los preceptos en cita, ya que en él se establece la consecuencia que se deriva de la falta de cumplimiento con el término prejudicial estatuido por el segundo de los referidos numerales, esto es, la improcedencia del juicio constitucional por el consentimiento expreso del acto reclamado, que no es otra cosa más que la inactividad del afectado por el acto de autoridad para defenderse, de conformidad con la ley reglamentaria de los imperativos 103 y 107 constitucionales, dentro de los términos establecidos por ella misma. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De acuerdo con el dispositivo 17 previamente transcrito, el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, salvo para los casos previstos en sus cuatro fracciones, el cual, de conformidad con el siguiente numeral 18, también citado, comenzará a contarse a partir de dos momentos: el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rija, y al día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor el quejoso del acto reclamado o su ejecución, excluyendo el amparo promovido contra normas generales con motivo de su entrada en vigor. Así, el indicado artículo hace dos distinciones para el cómputo respectivo, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Se afirma de esa manera, toda vez que del testimonio de amparo 8/2019, que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, formado con motivo del juicio de amparo indirecto 627/2019, del índice de este juzgado federal, con el que se formó el cuaderno de pruebas, se desprende que el quejoso JAVIER RAMÍREZ SUÁREZ presentó demanda Constitucional, que dio origen al juicio de previa alusión, en el que señaló como acto reclamado el siguiente: ". LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2014, ASÍ COMO SE DECLARE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN EL PRESENTE JUICIO DESDE EL EMPLAZAMIENTO HASTA LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN Y SOBRE TODO LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONSISTENTE DICTADA (SIC) EN AUTO 23 DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN LA POSIBLE ORDEN DE LANZAMIENTO CON USO DE LA FUERZA PÚBLICA." Y como fecha de conocimiento el diez de mayo de dos mil diecinueve. Ahora, el promovente del amparo, en su escrito de demanda que dio origen al expediente en que se actúa, se desprende que señaló como acto reclamado: "...LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2014 ASI COMO SE DECLARE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN EL PRESENTE JUICIO DESDE EL EMPLAZAMIENTO HASTA LA ULTIMA ACTUACION Y SOBRE TODO LA POSIBLE ORDEN DE EJECUCION DE LA SENTENCIA CONSISTENTE EN LA POSIBLE ORDEN DE LANZAMIENTO DECRETADA EN AUTO 16 DE AGOSTO DEL 2019 ASI COMO LA RAZON DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2019..." Anterior acto, que dice tuvo conocimiento el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. De ahí, que si el quejoso desde el diez de mayo de dos mil diecinueve, conoció de la existencia del juicio ordinario civil 661/2013, la autoridad ante quien se tramita, así como el estado que guardaba, es inconcuso, que la demanda de amparo que ahora promueve resulta extemporánea, al reclamar en esencia todo lo actuado en el mismo, incluso la sentencia definitiva y orden de lanzamiento, como consecuencia de no haber sido oído y vencido en juicio. De lo expuesto con antelación, es de señalarse que el conocimiento del acto reclamado lo tuvo el diez de mayo de dos mil diecinueve, y la demanda de amparo que se provee se presentó ante la autoridad responsable el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, es decir, cuando ya había transcurrido en exceso el término genérico de quince días a que alude el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, para acudir a esta instancia federal. Lo anterior, toda vez que, como ya se dijo, la referida promovente tuvo conocimiento directo, exacto y completo de lo que constituye el acto reclamado, esto es, todo lo actuado en el juicio ordinario civil 661/2013, con motivo de no haber sido oído en juicio, pues así se advierte de las constancias de previa alusión. En consecuencia, deben estimarse consentidos de manera tácita el acto reclamado, por no haberse promovido dentro del término legal que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, la correspondiente demanda de garantías, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia. Para justificar lo anterior, es menester señalar que de acuerdo con el criterio de Máximo Tribunal del País, si bien al interpretar la legislación abrogada, la que también resulta aplicable al caso, al no contravenir disposiciones actuales, para establecer a partir de cuándo surge la oportunidad para que la persona extraña a juicio pueda válidamente promover el juicio de garantías, sostuvo que debe atenderse a la afectación a su interés jurídico, de donde se infiere que el término o plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de ese acto que le cause un agravio personal, actual y directo. No obsta lo anterior, que el quejoso mencione en su escrito de demanda que se emitió un acuerdo que ordenó lanzarlo del bien inmueble materia del juicio 661/2013, específicamente el dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, del cual conoció el veintitrés del propio mes y año, toda vez que como se anticipó tuvo conocimiento de la existencia del aludido juicio desde el diez de mayo de dos mil diecinueve. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO ****.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio 4775, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo civil 693/2019, que contiene inserta la resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, a través de la cual dicho Tribunal declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ******* Y *****, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Zitácuaro, Michoacán y otras autoridades. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se AVOCA a su estudio; acúsese el recibo de estilo, y téngase por recibido el juicio ordinario civil 661/2013, de donde emana el acto reclamado, así como los cuadernos de amparo 3/2018 y 8/2019; por tanto, debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmense dos cuadernos de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado. De los que se advierte que resulta notoriamente improcedente, aunque únicamente, respecto del quejoso RAÚL CARLOS MARISCAL RAMÍREZ, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XI del artículo 61, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." A su vez, la fracción X, del precepto en cita, dispone textualmente que el juicio de amparo es improcedente: "Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas.". Es decir, para que se actualice la causal en estudio es necesario que se reúnan las siguientes condiciones: Identidad en ambos juicios, respecto del quejoso, la autoridad responsable y el acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y El primer juicio de amparo haya sido resuelto por sentencia definitiva y que haya causado ejecutoria. Al respecto, la primera condición se encuentra debidamente satisfecha. Es así, pues del testimonio de amparo 3/2018, que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado, formado con motivo del juicio de amparo indirecto 259/2018, del índice de este órgano federal, con el que se formó el cuaderno de pruebas, se desprende que el quejoso ******, por derecho propio, también promovió juicio de amparo, mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, quien mediante oficio 281, de dos de marzo de dos mil dieciocho, la remitió al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; así, mediante resolución de trece de marzo del propio año, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, por lo que en auto de dieciséis de marzo del citado año, este órgano federal se avocó al conocimiento del mismo, y la admitió a trámite. De esa manera, es evidente que existe identidad de quejoso en ambos juicios, pues es precisamente ****, quien por derecho propio, promovió el juicio de amparo, en que se actúa, así como el diverso 259/2018. Por otra parte, de la lectura del escrito de demanda del diverso juicio de amparo 259/2018, del índice de este órgano federal, así como del que dio origen a este juicio, se advierte que los actos reclamados en ambos contradictorios constitucionales son atribuidos al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, y Actuarios de su adscripción, en su calidad de autoridades ordenadora y ejecutoras, respectivamente. Además, se observa que en el amparo que ahora se resuelve, el citado promovente reclama de la autoridad señalada como responsable ordenadora, el siguiente acto: - Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zitácuaro, Michoacán: "...LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2014" ASI COMO SE DECLARE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN EL PRESENTE JUICIO DESDE EL EMPLAZAMIENTO HASTA LA ULTIMA ACTUACION Y SOBRE TODO LA POSIBLE ORDEN DE EJECUCION DE LA SENTENCIA CONSISTENTE EN LA POSIBLE ORDEN DE LANZAMIENTO DECRETADA EN AUTO 16 DE AGOSTO DEL 2019 ASI COMO LA RAZON DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2019 DICHA NULIDAD SE PIDE POR LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL SUSCRITO QUEJOSO DERIVADO DEL JUICO QUE SE LLEVA ANTE EL JUEZ RESPONSABLES (sic) JUICIO ORDINARIO CIVIL: SOBRE CUESTIONES RELATIVAS A LA RESCiSIÓN O CUMPLIMENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA PROMOVIDO POR EL TERCERO PERJUDICADO MIGUEL RAMIREZ GUZMAN EN CONTRA DEL C. JAVIER RAMIREZ SUAREZ EXPEDIENTE 661/2013 YA QUE EL PROCEDIMIENTO SE HA ESTADO LLEVANDO A MI ESPALDA EN DONDE NUNCA SE EMPLAZO CONFORME A DERECHO AMEN DE LA SERIE DE IRREGULARIDADES LLEVADAS EN DICHO PROCEDIMIENTO QUE CONLLEVAN A LA NULIDAD DEL MISMO Y SOBRE TODO LA NULIDAD DEL LANZAMIENTO RESPECTO DEL INMUEBLE MATERIA DEL PRESENTE JUICIO". En tanto que en el diverso juicio de amparo 259/2018, del índice de este juzgado federal, que se promovió en primer lugar, el ahora quejoso RAÚL CARLOS MARISCAL RAMÍREZ, reclamó de la autoridad responsable ordenadora, el siguiente acto: - Del Juez Segundo Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Zitácuaro, Michoacán: "ES LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2014, ASÍ COMO SE DECLARE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO EN EL PRESENTE JUICIO DESDE EL EMPLAZAMIENTO HASTA LA ULTIMA ACTUACIÓN Y SOBRE TODO LA EJECUCION DE LA SENTENCIA CONSISTENTE EN LA POSIBLE ORDEN DE LANZAMIENTO CON USO DE LA FUERZA PUBLICA DICHA NULIDAD SE PIDE POR LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL SUSCRITO QUEJOSO DERIVADO DEL JUICIO QUE SE LLEVA ANTE EL JUEZ RESPONSABLE JUICIO ORDINARIO CIVIL: SOBRE CUESTIONES RELATIVAS A LA RESCISIÓN O CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRAVENTA PROMOVIDO POR EL TERCERO PERJUDICADO MIGUEL RAMÍREZ GUZMAN EN CONTRA DEL C. JAVIER RAMIREZ SUAREZ, EXPEDIENTE 661/2013 YA QUE EL PROCEDIMIENTO SE HA ESTADO LLEVANDO A MI ESPALDA EN DONDE NUNCA SE EMPLAZO CONFORME A DERECHO AMEN DE LA SERIE DE IRREGULARIDADES LLEVANDAS EN DICHO PROCEDIMIENTO QUE CONLLEVAN A LA NULIDAD DEL MISMO Y SOBRE TODO LA NULIDA DEL LANZAMIENTO RESPECTO DEL INMUEBLE NMATERIA DEL PRESENTE JUICIO". Esto es, de la lectura de ambas demandas se desprende que el promovente del amparo reclama el mismo acto a la autoridad ordenadora; asimismo, se advierte que existe identidad tanto en la causa de pedir, como en el hecho jurídico generador del derecho, dado que reclama, específicamente, todo lo actuado en el juicio 661/2013, promovido por Miguel Ramírez Guzmán, frente a Javier Ramírez Suárez, a consecuencia de la falta de emplazamiento y, con motivo de ello, la inminente privación de la propiedad y posesión del bien inmueble materia de ese juicio. Finalmente, el diverso requisito de la causal de improcedencia en estudio, relativo a que el primer juicio de amparo haya sido resuelto por sentencia definitiva que haya causado ejecutoria, también se encuentra satisfecho cabalmente. Se afirma de esa manera, pues como se advierte del juicio de amparo indirecto 259/2018, este juzgado federal emitió sentencia definitiva el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el juicio, misma que fue recurrida, por lo que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en sesión de siete de febrero de dos mil diecinueve, al resolver el recurso de revisión 297/2018, determinó confirmar en sus términos al sentencia impugnada. Anteriores antecedentes de los que se desprende que la sentencia definitiva dictada en aquel sumario, respecto del acto reclamado consistente en esencia, en todo lo actuado en el juicio ordinario civil 661/2013, por la falta de llamamiento a juicio del quejoso en su calidad de tercero extraño a juicio, y que por ese motivo se le pretende privar de la posesión y propiedad del bien inmueble en conflicto, ya es cosa juzgada. De ahí que este órgano jurisdiccional no puede admitir la demanda respecto de un auto que ya fue dilucidado en otra instancia similar. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 282, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto literal siguiente: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Se cita también, en lo conducente, la tesis proveniente del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, aunque únicamente, respecto del quejoso RAÚL CARLOS MARISCAL RAMÍREZ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto del quejoso JAVIER RAMÍREZ SUÁREZ, de constancias se advierte que en auto de dos de los actuales, el juez responsable reservó proveer en cuanto al fondo del escrito presentado por el aludido promovente el dos de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual, desiste de la demanda de amparo; por tanto, para que este juzgado tenga una mayor certeza de la intención del promovente se estima indispensable que el referido escrito sea ratificado ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, consecuentemente, resérvese proveer lo que en derecho corresponda respecto del citado ocurso y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiérase al promovente para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, comparezca ante el personal de este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, a manifestar si ratifica el contenido del escrito de cuenta, la firma que lo calza, apercibido que de no hacerlo en el lapso concedido para tal efecto, se acordará lo que en derecho corresoponda. No ha lugar a tener a los promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, en los estrados de este juzgado, por no encontrarse prevista esa circunstancia en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2°; en consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley reglamentaria en cita, las notificaciones que deban hacerse al promovente, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista. Asimismo, se le tiene al quejoso autorizando únicamente para tal efecto a JORGE ***********, toda vez que en esos términos fueron autorizados. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el actuario de este juzgado hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades que se señalan como responsables y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, le serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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