Javier Silva Hernández

Expediente 55/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
55/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
15/02/2018

Partes del expediente

  • Javier Silva Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de febrero de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de veintinueve de enero del año en curso, mediante el cual SE DESECHÓ la demanda de garantías promovida por Carlos Hernández Silva apoderado de Javier Silva Hernández, en consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE DA CUENTA CON ESTADO DE AUTOS Y SE ORDENA ARCHIVO. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al ARCHIVO el cuaderno de antecedentes en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no obra glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que trascurran cinco años a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintinueve de enero de dos mil dieciocho. TRIBUNAL DE ALZADA SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE. Por recibido el oficio de cuenta número 0793, signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que se acompaña el original de la demanda de garantías promovida por Carlos Hernández Silva apoderado de Javier Silva Hernández, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad; el informe justificado rendido por la autoridad en cita; las constancias de emplazamiento realizado a la parte tercera interesada; así como las copias certificadas de diversas constancias que integran el juicio agrario 1174/2015, en un tomo. Ahora, como del oficio de cuenta se advierte que en proveído de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente, para conocer de la demanda de garantías planteada por Carlos Hernández Silva apoderado de Javier Silva Hernández, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, consistente en: ". La omisión de solicitar a la Asamblea de Comuneros de la Comunidad Indígena de Chilchota, Michoacán, por conducto de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de esa comunidad, que exhiban el plano de la Colonia la Mesa también conocida como la Mesa de las Flores de dicha Comunidad, para llegar a la verdad de la Litis fijada dentro del expediente 1174/2015, relativo a la controversia agraria que se sigue en contra de mi representado el señor SANTOS ZINZUN CONSTANTINO"; por considerar que el fallo reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al mismo, como lo prevén los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos, 170, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, estimó que la competencia se surte a favor de un Juez de Distrito, residente en esta ciudad. AVOCAMIENTO En consecuencia, con apoyo en los artículos 45 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se avoca al conocimiento del asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente. HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. No pasa inadvertido para el suscrito que, atento a la jurisprudencia número 51/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 32/94, visible en la foja 93, del Tomo I, Primera Parte, Novena Época, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO INTENTADA EN VÍA DIRECTA PROCEDIENDO LA INDIRECTA, EL JUEZ DE DISTRITO AL AVOCARSE A SU CONOCIMIENTO DEBE PREVENIR AL QUEJOSO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 116 DE LA LEY DE AMPARO", el Juez de Distrito al avocarse al conocimiento de la demanda de amparo intentada en vía directa procediendo la indirecta, debe prevenir al quejoso para que la adecue a los requisitos de la demanda en la vía indirecta; sin embargo, no es el caso de proceder en esos términos solicitando a la parte promovente adecue su libelo a los mencionados requisitos, en atención a que aún y cuando la demanda fue intentada en la vía de amparo directo, la misma en esencia reúne los requisitos que establece el invocado artículo 108, para interposición de la demanda de garantías en la vía indirecta. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. En esas condiciones, provéase sobre la admisión o desechamiento de la demanda de garantías promovida por Carlos Hernández Silva apoderado de Javier Silva Hernández, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad. El artículo 62, de la Ley de Amparo, establece: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Por su parte, el diverso artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral de la demanda se considera que la misma deviene improcedente, primeramente, cabe precisar que la parte quejosa en esencia señala como acto reclamado la omisión de allegarse a los autos del juicio agrario 1174/2015 una prueba documental, sin embargo, del informe justificado la autoridad responsable manifiesta que en auto de uno de julio de dos mil diecisiete, se le dio contestación la parte aquí quejosa en el sentido de que: " se estima que la prueba documental no reúne lo calidad de superveniente; en consecuencia, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado."; por lo que se estima necesario fijar la litis y tener como acto reclamado la negativa de allegarse de la documental que la parte aquí quejosa ofreció como superveniente dentro del juicio de origen. En mérito de lo anterior, en relación con el referido acto reclamado al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad en se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, como se expone a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En tanto, el precepto 107, fracción V, de la ley de la Materia, dispone: "El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Por su parte, articulo 171, de la ley en cita, determina: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo....". Y, en el artículo 172, fracción III, de la invocada ley, se establece: "Articulo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: ...III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;." De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se conoce que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos que no tienen sobre las personas y las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como en la especie lo es el auto de uno de julio de dos mil diecisiete, en el que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, proveyó que no eran supervenientes las pruebas que la parte quejosa había solicitado dentro del juicio agrario 1174/2015, por tanto, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no trastoca los derechos sustantivos de la parte quejosa sino que, en todo caso, provoca una afectación adjetiva o procesal. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra Constitución Federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución favorable a sus pretensiones en el juicio del que dimanan, es decir, que aun cuando obtenga resolución favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que durante el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la resolución que se dicte en el juicio de origen podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada tanto la demanda generadora del presente expediente y como los preceptos legales invocados, se arriba a la conclusión de que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado en la demanda de amparo que se analiza, si se tiene en cuenta que el mismo se hace consistir en el auto de uno de julio de dos mil diecisiete, en el que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad, proveyó que no eran supervenientes las pruebas que la parte quejosa ofreció dentro del juicio agrario 1174/2015, dado que esa negativa no produce a la parte aquí quejosa, una afectación directa e inmediata a alguno de sus derechos sustantivos, sino únicamente ocasiona efectos formales dentro del procedimiento, que en todo caso, podrían tener como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, 171 y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por tanto se impone desechar la demanda de amparo analizada. Por contener razomientos afines, se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, contenida en la Tesis VI. 2o. J/258, localizable en Página 53, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 65, Mayo de 1993, Octava Época, que dice: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo." También resulta aplicable al respecto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia por contradicción número P./J. 24/92, visible a fojas 11, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Los anteriores criterios se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SE DESECHA Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Carlos Hernández Silva apoderado de Javier Silva Hernández, contra el acto del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, con sede en esta ciudad. Cabe resaltar que aun en el supuesto de que en un momento dado pudiera llegar a considerarse que el acto en análisis no es de aquellos intrapocesales que son de imposible reparación, también respecto del mismo, se actualizaría la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en atención a que el auto reclamado fue dictado el uno de julio de dos mil dieciséis, notificado a las partes por lista en su misma fecha, de manera que respecto del demandado, en el juicio de origen, hoy quejoso, resulta evidente que al día de la presentación de la demanda amparo originadora de este juicio, transcurrió en exceso el término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, además de que en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción que para la materia prevé el artículo 17, fracción II de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no tiene como finalidad privar de la posesión o propiedad a algún núcleo de población ejidal o comunal. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a María Noria Rodríguez Ruiz, por así habérselo conferido. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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