Javier Santos Plata Herrera
Expediente 40/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 33 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 40/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 11/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Javier Santos Plata Herrera
- JAVIER SANTOS PLATA HERRERA y Otros.
- N.N. P. P.
- Maria Luisa Cruz Paredes
- Benjamin Carbajal Rodríguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Incidental
Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. SE ACUSA RECIBO Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, Michoacán, atento a su contenido, como lo solicita se acusa recibo del oficio 5052/2221 de diez de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual devolvió debidamente diligenciado el exhorto 115/2021-44.E., por el que se le encomendó para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional notificara a la parte quejosa el auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, anexando las constancias con las que acreditó haber llevado la diligencia encomendada. En el entendido que no se acusó recibo correspondiente, toda vez que así lo preciso en su comunicado. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de febrero de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA SOBRESEE Y NIEGA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEEYÓ y NEGÓ el amparo promovido por Javier Santos Herrera Plata, por su propio derecho y en representación de la menor de iniciales K.R.P.C.; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 40/2021-VII, promovido por Javier Santos Plata Herrera, por su propio derecho y en representación de la menor de iniciales K. R. P. C., contra actos que reclama del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, en su calidad de autoridad sustituta; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, Michoacán, Javier Santos Plata Herrera, promovió demanda de amparo por su propio derecho y en representación de las menores N. N. P. P. y K. R. P. C., contra actos que reclama de los Jueces Segundo y Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, en los términos siguientes: "ACTOS RECLAMADOS: De la juez Segundo de Primera Instancia en materia familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. La omisión de no garantizar la integridad física y emocional, y una vida digna, así como la protección jurisdiccional de la menor de edad, dentro del proceso ordinario oral familiar sobre pérdida de la patria potestad número 692/2019, que promoví y tengo el carácter de actor, realizándose actos de imposible reparación las omisiones dentro de juicio, ya que se afecta materialmente los derechos sustantivos de mi menor hija N. N., ya que los derechos sustantivos tutelados como derechos humanos a una vida digna, subsistencia del interés superior del menor, legalidad, acceso a la justicia pronta expedita, a un recurso efectivo, seguridad jurídica, audiencia, tutela jurisdiccional efectiva, igualdad jurídica reconocidos en los artículos XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 25 de la Convención Americana sobre los derechos Humanos y así como de la garantía de impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DE LA JUEZ TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE URUAPAN, MICHOACÁN. La omisión de no garantizar la integridad física y emocional y, una vida digna, así como la protección jurisdiccional de la menor de edad, dentro del proceso ordinario oral familiar sobre reconocimiento de paternidad número 799/2019, que promoví y tengo el carácter de actor, realizándose actos de imposible reparación las omisiones dentro de juicio, ya que se afecta materialmente los derechos sustantivos de mi menor hija, derechos sustantivos tutelados como derechos humanos a una vida digna, subsistencia, del interés superior del menor, legalidad, acceso a la justicia pronta y expedita, a un recurso efectivo, seguridad jurídica, audiencia, tutela jurisdiccional efectiva, igualdad jurídica reconocidos en los artículos XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y así como de la garantía de impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". [.]" En auto de seis de diciembre de dos mil diecinueve, el juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, Michoacán, tuvo por recibida la demanda y ordenó la separación de autos, determinando que el juzgado de su adscripción sólo conocería de los actos emanados del juicio de origen 692/2019, reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia en materia Familiar, así como del acto de ejecución del titular de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema del Desarrollo de la Familia (DIF) en esta ciudad. En cambio, respecto de los actos del diverso controvertido 799/2019, ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia, a efecto de iniciar un nuevo juicio de amparo; por lo que en nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se remitieron los autos al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Michoacán, el que por auto de diez de ese mes y año radicó la demanda de amparo con el número 628/2019 y realizó prevención a la parte quejosa a efecto de que entre otras cuestiones, precisara el acto reclamado; requerimiento que se trató de desahogar por escritos presentados el doce y diecinueve, ambos de diciembre de dos mil diecinueve, en los que en esencia señaló que reclama los autos de treinta de octubre y veinticinco de noviembre, ambos de dos mil diecinueve, dictados en el juicio de origen. Luego de diversa prevención, en veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda respecto de Javier Santos Plata Herrera, por su propio derecho y en representación de la menor K. R. P. C., por lo que se solicitaron los informes justificados, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó día hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Michoacán, se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del juicio de amparo, remitiendo los autos a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, en razón de que el Juez de origen informó que declinó la competencia al Juez Octavo Oral Familiar de Morelia, Michoacán, quien registró el juicio bajo el número 789/2020. Por oficio número 16282/2020, de la fecha anotada, la Jueza de referencia remitió los autos del juicio 628/2019, a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado en esta ciudad, SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. El catorce de enero de dos mil veintiuno, se remitió a este juzgado por razón de turno la incompetencia planteada. En auto de quince del mes y año en cita, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, aceptó la competencia planteada; se formó el expediente y lo registró bajo el número 40/2021; se ordenó emplazar a la autoridad sustituta; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama como actos destacados los siguientes: El auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio ordinario oral familiar 799/2019, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar (ahora 789/2020 del Juzgado Octavo Oral Familiar en esta ciudad, en su calidad de autoridad sustituta), en el que se acordó que no procedía tener a la parte actora por ofrecida la inspección judicial; y negó la orden de cateo, por tratarse de un medio de apremio, previo a su autorización debía existir una negativa de la demandada, lo que no acontecía, porque aún no había sido emplazaba. El proveído emitido el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve dentro del juicio en cita, en el que se dijo a la parte actora que la inspección debería haberse ofertado en el escrito inicial de demanda o contestación de la vista, y respecto a la orden de cateo se le requirió para que precisara el efecto para el cual la solicitaba. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Octavo Oral Familiar, con sede en esta ciudad (en su calidad de autoridad sustituta), toda vez que al rendir su informe con justificación, el juez de origen aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia fotostática certificada del juicio de origen 799/2019, ahora 789/2020. Documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, con relación al acto reclamado, consistente en el auto dictado el treinta de octubre de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse tramitado fuera del término que para tales efectos prevé la ley de la materia, ello con apoyo en las siguientes consideraciones. Los preceptos en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.]". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los preceptos legales trascritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de los actos que se impugnen vía amparo; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Del penúltimo de los preceptos reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a). A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; b). A partir del día siguiente al en que el impetrante haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c). A partir del día siguiente al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Destaca que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera, debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de garantías, mientras tanto no se declare su nulidad en la vía correspondiente. Al respecto, ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 193743 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Julio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 1a. XIV/99 Página: 63 "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado". La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; mas tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de garantías conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado, es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que dice: Época: Quinta Época Registro: 1002485 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Tercera Sección - Plazos y notificaciones Materia(s): Común Tesis: 419 Página: 447 "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". Por su parte, en la tercera forma contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva de la quejosa a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte de la afectada porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedora del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. Así, cuando la parte quejosa se manifiesta sabedora en determinada fecha de los actos reclamados, no es necesario que, además, se exija que conoció en forma plena, directa y completa el acto reclamado, toda vez que ello se encuentra inmerso al ostentarse sabedora del mismo, de tal manera que basta con que, con pleno conocimiento de lo que expresa, se ostente sabedora del acto reclamado en determinada fecha, sin que medie coacción ni violencia de tal hecho y que éste le perjudique, para que el juzgador de amparo contabilice el término de la presentación de la demanda a partir de la fecha en que la quejosa se hizo sabedora del acto reclamado; tal como lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que enseguida se reproduce: Época: Novena Época Registro: 200092 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: P./J. 28/96 Página: 21 "DEMANDA DE AMPARO. TÉMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). ES INAPLICABLE SI EL QUEJOSO CONOCIÓ POR VIA TELEFÓNICA LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS RECLAMADOS. El último párrafo del artículo 22 de la Ley de Amparo señala que "no se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo..." a quienes "...en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado." La expresión "en cualquiera forma" autoriza a considerar como apto para este fin a cualquier medio de comunicación del que se haya servido el agraviado para tener noticia del procedimiento seguido en su contra, si a través de ese medio el quejoso conoce los datos necesarios que le permitan, por sí o por conducto de un mandatario, comparecer ante el Juez del proceso y ejercer con plenitud la defensa de sus derechos en el juicio respectivo". Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de garantías comenzara a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Ahora bien de la demanda de garantías se advierte que Javier Santos Plata Herrera, por sí y en representación de la menor de iniciales K.R.P.C., reclamó de la autoridad señalada como responsable; entre otros, el acto siguiente: El auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, en el que se acordó que no había lugar a tenerle ofertando como prueba de su parte la inspección judicial, porque el ofrecimiento de las pruebas debería hacerse en el escrito inicial de demanda, contestación y vista de esta; aunado a que la inspección debería practicarse en el domicilio de la demandada, quien aun no era llamada a juicio; y respecto de la orden de cateo, por tratarse de un medio de apremio, previo a su autorización debería existir una negativa de la demandada, lo que no acontecía, porque aún no había sido emplazaba. El anterior proveído se ordenó notificar por medio de lista, lo que así se hizo constar en el propio acuerdo, y cuya publicación se realizó en la misma fecha, lo cual puede ser constatado en la página electrónica oficial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el micrositio: https://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/tramites/verList.aspx?acronimo=URUA3JF&fecha=191030. Lo anterior constituye un hecho notorio para este Juzgador, en términos de lo que estatuye el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente la tesis que dice: Registro digital: 2023779 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Civil Tesis: I.3o.C.450 C (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada "HECHO NOTORIO. LO CONFIGURA LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA EN EL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO PÁGINA ELECTRÓNICA OFICIAL DE GOBIERNO. Hechos: Una entidad gubernativa reconvino la prescripción adquisitiva de un inmueble que adquirió por contrato privado de compraventa y que ha usado como paradero para el transporte público de pasajeros, por su cercanía con una estación del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El tribunal de apelación decidió que era procedente la reconvención y en relación con el segundo elemento de esa acción, consistente en revelar y probar la causa generadora de la posesión, la Sala Civil invocó datos que obtuvo de una página oficial de Internet gubernamental. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México es una página electrónica oficial de gobierno, cuyo contenido es fiable, por lo que la información difundida en éste puede invocarse como hecho notorio. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 286 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, otorga a los juzgadores la facultad de tomar en cuenta hechos notorios para la resolución de los asuntos. Entre ellos se encuentran los datos de las páginas electrónicas oficiales que las entidades de gobierno utilizan para poner a disposición del público sus servicios. Por tanto, si la información cargada en el portal aludido está regulada por la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, cuyo objeto consiste en implementar un "gobierno abierto" en el que la información de interés general sea transparente y se difunda a todo interesado; aunado a que su artículo 5, fracciones VI y XVIII, establece como principios rectores los de "certeza y seguridad jurídica" que garantizan que la información se extrajo de la fuente originaria la cual no ha sido modificada ni alterada, y el de "calidad" que estatuye que la información ahí cargada se integra con datos ciertos, que son conservados de forma permanente, salvo sus actualizaciones, y que mantienen disponibles las versiones históricas que les precedieron; se colige que ese hecho notorio es útil para acreditar que el bien raíz litigioso ha sido utilizado para fines de interés público, como parte de la infraestructura de la red de transporte público de dicha ciudad, pues proviene de una fuente fidedigna que, al estar normada, hace prueba plena de la fiabilidad de su contenido". Así, de la referida publicación se advierte que la parte quejosa quedó notificada por medio de lista, desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve, notificación que, al no haber sido impugnada, debe surtir todos sus efectos y por tanto, a partir de dicha comunicación procesal, debe realizarse el cómputo respectivo para la promoción del presente juicio de amparo. En esos términos, la publicación de la lista de acuerdos del Juzgado responsable, es suficiente para concluir que la quejosa fue notificada del acto que ahora reclama por medio de lista, desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve, notificación que surtió efectos en la misma fecha, y al ser ello así, se concluye que la demanda en estudio se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior es así, porque si desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve estuvo en posibilidad de reclamar el auto de treinta de ese mes y año, dentro del plazo que el precepto legal le otorga (quince días, el cual transcurrió del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, al veintiuno de noviembre de dicha anualidad); sin embargo, al no haberlo hecho, es evidente que consintió el acto reclamado, toda vez que al día en que presentó su demanda de garantías, esto es, el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, habían transcurrido un mes cuatro días, lo que excede, el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes puedan promover el juicio de amparo. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 1003629 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento Materia(s): Común Tesis: 1750 Página: 2002 "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". De ahí que, como ya se anotó, respecto del acto reclamado en auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido dentro del término otorgado en el artículo 17, y situarse en el segundo de los supuestos establecidos en el artículo 18 de la ley en cita y anteriormente expuestos; lo anterior aunado a que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, con fundamento en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, únicamente respecto del auto dictado el treinta de octubre de dos mil diecinueve. No impide determinarlo así, el hecho de que la demanda de garantías haya sido admitida y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si aquéllas se encuentran plenamente probadas a través de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. En el caso concreto las partes no hicieron valer causales causales de improcedencia y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Previo el análisis que el caso requiere, se estima necesario precisar que los actos reclamados derivan de un procedimiento de índole familiar, respecto del cual nuestro Máximo Tribunal ha sostenido, en diversos criterios, que en los casos en que se ventilen cuestiones relacionadas directa o indirectamente con menores de edad o sujetos con capacidad disminuida o diferente, los jueces están obligados a suplir la deficiencia de sus planteamientos, pese al carácter del promovente. Por tanto, al derivar el acto reclamado de una controversia familiar en que están relacionados derechos de menores, este juzgador está facultado para suplir la deficiencia de la queja en favor de los menores, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Novena Época Registro: 175053 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Mayo de 2006 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 191/2005 Página: 167 "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz". Señala el quejoso en una porción de sus conceptos de violación, que el juez responsable viola sus derechos humanos, así como de la menor, al no decretar todas las medidas de protección solicitadas urgentes, entre ellas la inspección judicial, en el domicilio de la menor, y por el contrario, en autos de treinta de octubre y veinticinco de noviembre, ambos de dos mil diecinueve, le negó tales medidas, sin resolver en definitiva que se le protegiera. Que con lo anterior también se priva a la menor de una vida digna e integral, porque no se ajusta al parámetro de regularidad constitucional y los lineamientos establecidos en el Código Familiar del Estado de Michoacán, así como al principio propersona e interpretación conforme relacionada con el interés superior del menor. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa resultan inoperantes, por las siguientes razones: De las constancias remitidas por el juez responsable, se advierte que Javier Santos Plata Herrera, por propio derecho, y en cuanto representante de la menor de iniciales K.R.P.C., reclamó del juez responsable entre otro: El auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se determinó que la inspección debería haberse ofertado en el escrito inicial de demanda o contestación de la vista, y respecto a la orden de cateo se le requirió para que precisara el efecto para el cual la solicitaba y hecho lo anterior, se acordaría lo procedente. Ahora, de las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado, se advierten los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito remitido el veinte de septiembre de dos mil diecinueve al Juzgado Tercero de Primera Instancia, en materia Familiar en esta ciudad, Javier Santos Plata Herrera, por propio derecho, promovió en la vía ordinaria oral familiar reconocimiento e investigación de la paternidad de la menor de iniciales K.R.P.C. 2. En auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se realizó prevención al allá promovente, y el veintisiete de ese mes y año, se admitió a trámite la demanda y se ordenó emplazar a la parte demandada. 3. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el quejoso solicitó la inspección judicial al domicilio habitado por la menor, a efecto de corroborar las condiciones de su entorno, al existir temor de un posible maltrato en su integridad física; de igual forma, solicitó una orden de cateo al referido inmueble, para conocer las condiciones socioeconómicas físicas y psicológicas en que se encuentra dicha menor, todo ello con el fin de garantizar el interés superior de menor. 4. En auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, el juez responsable proveyó en los términos siguientes: "[.] dígasele que no ha lugar a tenerle ofertando como prueba de su parte la inspección judicial, porque para el ofrecimiento de pruebas deberá ser en el escrito inicial de demanda, contestación y vista de esta, de conformidad con lo que disponen los numerales 970 971 del Código Familiar para el Estado, que en lo que interesan disponen: ""Artículo 970. La demanda, reconvención, contestación a estas y desahogo de vistas, deberán presentarse por escrito ante el juez de instrucción. Artículo 971. En los escritos a que se refiere el artículo anterior, las partes ofrecerán sus pruebas""; además para su admisión y preparación serán en la audiencia preliminar; atento al artículo 971, fracción III, del mismo ordenamiento legal; máxime que la inspección judicial que solicita es en el domicilio de la demandada María Luisa Cruz Paredes, sito el ubicado en Prolongación Paseo de la Cima número 669, colonia Lomas del Valle Sur, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y la referida aun no es llamada a juicio o sea no ha sido emplazada para que oponga sus defensas y excepciones. En cuanto a su último pedimento, esto es, la orden de cateo al domicilio de dicha demandada pues la orden de cateo es un medio de apremio que establece el artículo 925 fracción III del ordenamiento citado con antelación, pero para ello se debe seguir el orden establecido en dicho numeral, que para en su caso poderlo autorizar sería por la negativa de la demandada, lo que no sucede, pues previo a sus pedimentos se deberá emplazar debidamente a la citada María Luisa Cruz Paredes, lo anterior para no dejarla en estado de indefensión; razón por la cual no es posible acceder a sus peticiones por lo anteriormente citado. [.]" 5. En diverso escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso solicitó de nueva cuenta la inspección al domicilio de la menor de edad Kamila Renata Padilla Cruz; así como la autorización de una orden de cateo a su domicilio actual, a efecto de conocer las condiciones socioeconómicas, físicas y psicológicas en que se encuentra. 6. El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, el juez responsable acordó lo siguiente: "[.] Visto el escrito que suscribe Javier Santos Plata Herrera, con el carácter que tiene reconocido en autos, dentro del expediente 799/2019, téngasele insistiendo con el domicilio señalado como de la parte demandada María Luis Cruz Paredes, sito el ubicado en la calle Prolongación Paseo de la Cima número 721, colonia Lomas del Valle Sur, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, y como lo solicita, se habilitan días y horas inhábiles de despacho para que el actuario adscrito a este juzgado cumplimente en sus términos el proveído de fecha 27 veintisiete de septiembre del año en curso. En cuanto a su última petición, dígasele que por lo que ve a la inspección judicial que refiere, debió ofertarla en su escrito inicial de demanda o contestación de la vista lo cual no sucede en el presente caso; tocante a la orden de cateo, deberá expresar para que efecto lo solicita, porque no lo menciona y una vez hecho lo anterior se acordará lo conducente". Ambas determinaciones se notificaron al ahora quejoso por medio de lista que se publicó en la misma fecha. De la anterior narración se advierte que desde el diverso auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, el juez de origen ya se había pronunciado en relación a la petición de inspección judicial a realizar en domicilio habitado por la menor, puesto que al respecto indicó que el ofrecimiento de las pruebas debería realizarse en el escrito inicial de demanda, contestación y vista de esta, de conformidad con los artículos 970 971 del Código Familiar para el Estado; además su admisión y preparación sería en la audiencia preliminar, en términos del artículo 971, fracción III, del mismo ordenamiento legal, y es el caso que la primera determinación se le notificó por medio de lista que se publicó en la misma fecha, puesto que así se hizo constar en el mismo acuerdo. Por lo tanto, si la parte quejosa quedó notificada por lista del auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, ello es suficiente para concluir que desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve, el quejoso estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo respectivo contra el auto de la misma data, por ser en el que se le hizo saber el momento en que debía ofrecer la prueba de inspección judicial, y al no haberlo hecho así, se concluye que consintió dicho acto, tal como se ha analizado en párrafos precedentes. Lo anterior es así, porque desde el treinta de octubre de dos mil diecinueve estuvo en posibilidad de reclamar el auto en el que se le hizo del conocimiento la etapa en la que debía ofrecer la inspección judicial, sin que tal determinación se haya reclamado dentro del plazo de quince días con que contaba para presentar la demanda, acorde a lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo . En consecuencia, debe estimarse que respecto del acto que ahora reclama la parte quejosa de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en la porción relativa a la inspección judicial, es una mera consecuencia del diverso de treinta de octubre de dos mil diecinueve que no se combatió oportunamente y por ende se entiende que el acto que ahora reclama en lo relativo a la inspección judicial, deriva de un acto consentido; de ahí lo inoperante de dicha porción de sus conceptos de violación. Es aplicable al respecto la tesis aislada del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 182264 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Febrero de 2004 Materia(s): Común Tesis: XXI.4o.6 K Página: 971 "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada". Por otra parte, en el acto combatido de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, respecto a la orden de cateo el juez responsable requirió a la parte actora para que expresara el efecto para el cual solicitaba la orden de cateo, y una vez que cumpliera lo anterior, se acordaría lo conducente. En ese sentido, el quejoso señala en sus conceptos de violación que el acto reclamado no cumple con los requisitos de legalidad; así como que es contrario a su derecho fundamental a un recurso efectivo y al interés superior de la menor quejosa, dicho concepto de violación resulta fundado, pero inoperante. Lo anterior es así, porque si bien lo proveído en relación a la orden de cateo carece de la suficiente motivación, puesto que el juez de origen no expuso el fundamento jurídico que le permite formular dicho requerimiento, ni la suficiente motivación que lo llevó a realizar dicho requerimiento, lo cual contraviene el principio de legalidad. Sin embargo, es el caso que dicho concepto de violación aun cuando puede declararse fundado, resulta inoperante, porque a nada práctico llevaría concederle el amparo para el efecto de que el juez responsable motive el acto reclamado exponiendo las razones jurídicas y fundamento jurídico que le permitieron concluir en los términos que lo hizo. De modo que una eventual concesión del amparo no tendría ningún efecto práctico, ya que sólo llevaría a que el juez de origen fundara y motivara la determinación emitida, lo que sin duda alargaría el pronunciamiento sobre la petición de cateo en detrimento del ahora quejoso. Es aplicable al respecto la jurisprudencia del contenido y datos de localización que enseguida se anotan: Época: Séptima Época Registro: 394126 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 170 Página: 114 "CONCEPTOS DE VIOLACION FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado". Lo anterior es así, pues con independencia de la insuficiente motivación del acto, lo cierto es que dicha petición de cateo es improcedente. Ello porque de conformidad con los artículos 883 y 925, fracción III, del Código Familiar del Estado de Michoacán, el cateo es una medida de apremio utilizada por el juez para vencer la contumacia u oposición para restituir un menor de edad. Empero, en el caso, el quejoso la solicitó para un fin distinto para el que legalmente fue creada dicha figura, en concreto, para saber las condiciones socioeconómicas, físicas y psicológicas en que se encontraba la menor. De ahí que el juez no podría autorizar una medida improcedente, al ser contraria a la ley. Máxime que, contrario a lo pretendido por el quejoso, el principio pro persona no implica ignorar el diverso principio de legalidad y seguridad jurídica, que rigen la actuación del juez responsable, quien debe ajustar su función al marco legal aplicable. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis siguiente: Registro digital: 2006485 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 56/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 772 Tipo: Jurisprudencia "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Javier Santos Plata Herrera, por su propio derecho y en representación de la menor de apellidos K. R. P. C. Sin que este juzgado advierta que exista algún motivo para suplir la queja deficiente a favor de la menor. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 215 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número promovido por Javier Santos Plata Herrera, por su propio derecho y en representación de la menor de apellidos K. R. P. C., contra actos que reclama de la autoridad que precisada quedó en el considerando tercero de esta resolución, por las razones anotadas en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Javier Santos Plata Herrera, por su propio derecho y en representación de la menor de apellidos K. R. P. C., en contra del acto reclamado y autoridad señalada como responsable en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, a través del cual cumple con el requerimiento hecho en la resolución interlocutoria de violación a la suspensión, de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, y al efecto precisa las diversas actuaciones que ha realizado a fin de dar cumplimiento con dicha resolución, anexando copia certificada del auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, de lo anterior este juzgado toma nota para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Andrés Leyva Mercado, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
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